En los últimos meses, el Parque Nacional Natural Chiribiquete ha estado en boca de todo el mundo. No solo porque es una de las áreas protegidas más emblemáticas de Colombia, que hospedará la Cumbre mundial de Biodiversidad (COP16) en algunas semanas, en Cali. Ni porque el famoso actor Leonardo DiCaprio lo posteara en su Instagram —con más de 62 millones de seguidores— presentándolo como un “lugar vital” para la biodiversidad. Sino también porque, en abril de este año, se logró un acuerdo sin precedentes para su conservación.
El fondo alemán Legacy Landscapes Fund incluyó al PNN Serranía de Chiribiquete en su lista de lugares “biológicamente excepcionales”, y anunció que invertiría un millón de dólares anuales para su protección y restauración. En principio, el financiamiento sería por 30 años, pero podría ampliarse “a perpetuidad”.
Las razones sobraban. Más allá de ser el área protegida continental más grande de Colombia, con 4’268.095 hectáreas (unas 35.000 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar), es la única en el mundo que conecta las sabanas de la Orinoquía, la Cordillera de los Andes, el Escudo Guyanés y el bosque amazónico. Además, resguarda el complejo de arte rupestre más grande de Suramérica y a pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, la deforestación, el crecimiento de cultivos ilícitos, la ganadería y las vías ilegales tienen hoy a buena parte de estas riquezas bajo amenaza.
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El Espectador conoció un documento reservado de la Policía que revela cómo avanza la deforestación en uno de los puntos críticos del PNN Chiribiquete: el núcleo conocido como “El Palmar” o “Guaduales”, ubicado en el departamento del Guaviare. Informes de sobrevuelos, imágenes satelitales, reportes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam y aportes de Parques Nacionales permitieron concluir que en esta zona se han abierto 264 parches y se han deforestado 1.472 hectáreas de bosque desde enero de 2016 hasta mayo de este año.
Como buena parte del fenómeno de deforestación en la Amazonia, la pérdida de bosque en núcleo de El Palmar está asociada a una vía ilegal que atraviesa el área protegida. El eje principal, de 9,7 km, sale del río Tunia y el Resguardo Indígena Llanos de Yarí Yaguará II hacia el centro poblado de Cachicamo (San José del Guaviare).
Ese tramo hacía parte de una red de vías ilegales construidas entre 2000 y 2002 por las antiguas FARC-EP, pero llevaba años en “estado de abandono”. Sin embargo, a partir de 2017 empezó a reactivarse y en 2019 se convirtió en el acceso y motor de la deforestación en esa área del Parque. En 2022, se construyeron 1,6 km de nuevas vías; en 2023, 1,27 nuevos kilómetros y, hasta abril del 2024, se registraban otros 1,28 nuevos kilómetros, señala el informe. Actualmente, se han detectado 13,8 kilómetros de vías ilegales en el núcleo El Palmar.
El documento de 34 páginas que conoció El Espectador sostiene que “con la apertura de esta vía se vienen realizando quemas progresivas para el acaparamiento de tierras por personas indeterminadas (...) realizando asentamientos humanos, ganadería extensiva y posibles cultivos ilícitos dentro del área del Parque Nacional Natural Chiribiquete”.
En un solo tramo, las autoridades identificaron dos vías ilegales con 21 polígonos asociados a la deforestación de 1.035 hectáreas. Además de la tala del bosque, entre 2018 y 2021 se construyeron 18 infraestructuras, entre las que se encuentran cinco posibles viviendas, cinco puentes y tres corrales de ganadería, así como cinco “infraestructuras para el procesamiento y cultivo de hoja de coca”.
Los hallazgos fueron enviados a la Fiscalía General, a través del informe, con un claro propósito: adelantar un operativo conjunto con el fin de recolectar información sobre quiénes están detrás de esta grave afectación al área protegida. Las pruebas serían usadas para adelantar capturas de personas y que respondan ante la justicia por los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica y daños a los recursos naturales.
Una fuente cercana al proceso, que por eso pidió mantener su nombre en reserva, le dijo a este diario que, hasta el momento, no ha sido posible identificar individualmente a las personas involucradas. “A esa área, y al parque, en general, no se ha podido entrar desde 2020. Lo que queremos ahora es saber quiénes están ahí”, aseguró. Hasta ahora, la única herramienta para diferenciar si se tratan de familias campesinas o grandes ganaderos y latifundistas es la dimensión de los lotes deforestados.
Sin embargo, el informe conocido por este diario también plantea algunas hipótesis. “El proceso de deforestación muestra cómo la frontera agrícola va avanzando hasta lugares muy alejados de la colonización que, hasta hace una década, eran bosques sin intervención. Estas zonas, además, coinciden con la presencia de grupos disidentes de las antiguas FARC-EP”, dice.
Por eso, las autoridades plantean que esta nueva y acelerada colonización puede tener dos grandes motivaciones. Una financiera, respaldada con la ampliación de las áreas de cultivos de coca. Y otra, por accesibilidad y control territorial, “para incrementar la movilidad regional no solo a través de vías fluviales, sino a través de la activación de una amplia red vial”.
El informe de la Policía dice que detrás habría una red de deforestación conformada por cerca de 300 personas que, en su mayoría, podrían ser parte de algunos de los frentes de las disidencias al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, o Iván Mordisco, como de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. En un organigrama del informe al que accedió El Espectador aparece, por ejemplo, Gener Molina, más conocido como Jhon 40, líder del Frente Acacio Medina y conocido como la ficha más importante (y que más se lucra) de la estructura ilegal de Iván Márquez, de acuerdo con la Policía.
El documento también señala que en esta zona hace presencia el frente Jorge Briceño que, según el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, habría estado detrás de la reciente retención de 98 soldados durante tres días en San José del Guaviare. Este diario pudo conocer que, tras ese episodio, el operativo que acaba de lanzarse para allanar y recuperar varios de los predios invadidos al interior del parque estuvo en duda de ser adelantado. Incluso, el mismo informe, pide que se tomen medidas de seguridad pertinentes, “ya que se han tenido antecedentes de inseguridad y situaciones de orden público en áreas de Parques Naturales en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare”.
Chiribiquete es una de las áreas protegidas más afectadas por la deforestación en el país. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, solo entre 2020 y 2022 perdió más de 5.500 hectáreas de bosque (unas 50 veces el Parque Simón Bolívar). Aunque en 2023 empezábamos a ver cifras alentadoras, pues la deforestación en la Amazonia fue la más baja en los últimos 23 años; en el primer trimestre de 2024 las alarmas se encendieron nuevamente.
La escalada, que no estaba prevista en estas dimensiones, tendría que ver, justamente, con la “coacción significativa” de grupos armados y las condiciones favorables del fenómeno del Niño, aseguró la ministra de Ambiente, Susana Muhamad. La alerta fue mayor porque la temporada seca, que suele ser cuando más aumenta la deforestación (entre noviembre y marzo), aún no ha comenzado.
Como han documentado otras investigaciones, hay por lo menos tres vías en los alrededores de Chiribiquete que se aproximan al área protegida. Una de esas, monitoreada por la Sociedad Zoológica de Frankfurt, alcanzó en solo cuatro meses una longitud de 22,7 km y generó la pérdida de 241 metros de bosque denso amazónico por día. De hecho, gran parte de la deforestación en la Amazonia se ha expandido a raíz de la red de carreteras, en un efecto que los expertos han descrito como “espina de pescado”, en el que, a la par de la vía ilegal, se van abriendo nuevos parches y a construirse otras vías que escalan la deforestación.
La pérdida de bosque se acerca cada vez más a los tepuyes, las icónicas formaciones rocosas de 900 metros de altura que sobresalen entre la selva y esconden cerca de 70 mil pictogramas desde hace 20 mil años. También a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que se encuentran en el área protegida, poniendo en riesgo el valor ambiental y cultural que hizo que la Unesco nombrara al PNN Chiribiquete como Patrimonio Mundial Mixto en 2018. Además, la presencia de grupos armados ilegales en la zona ha impedido que los guardaparques puedan ingresar al área protegida o a sus municipios vecinos desde 2020.
Con este operativo desplegado por la Fiscalía General y la Policía Nacional, señalan personas cercanas al proceso, las autoridades esperan empezar a resolver la deuda pendiente con el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Sin embargo, hay otras 4.700 vías ilegales (o más) que continúan extendiéndose por más de nueve mil kilómetros en la Amazonia colombiana. El asunto aún está lejos de resolverse.