Pelea de médicos en cuidados intensivos

El pasado jueves 24 de mayo en Medellín, en desarrollo de la asamblea general de la Sociedad de Cirugía Plástica, en medio de los debates propios del gremio especializado, surgió un asunto que alborotó el ambiente y sacó a relucir su preocupación mayor. La competencia y el crecimiento descontrolado del ejercicio de la medicina estética, al que aspiran frenar si se abre paso en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar los dos tipos de cirugía, poniendo límites y exigencias a quienes se dediquen a estas actividades.

El momento álgido de la discusión llegó cuando el médico Juan Hernando Santamaría, entonces presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, comentó que se estaba trabajando en el proyecto de ley con el senador de la U Juan Lozano, a quien incluso habían invitado a la asamblea con gastos pagos que el congresista rechazó recalcando que no necesitaba que le dieran nada, pero que si en algún momento se necesitaba dinero para fortalecer la iniciativa, había que pensar en una cuota extraordinaria de un millón de pesos por cada miembro de la asociación.

La observación del médico Santamaría sacó a relucir la desconfianza de los cirujanos plásticos respecto al trámite sin presiones del proyecto de ley y los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa por considerar que sólo apunta a constituir un monopolio en el millonario mercado de la cirugía estética. El que puso los puntos sobre las íes fue el médico Rafael Polo, quien señaló que antes de seguir divagando o hablando pendejadas, quería compartir un correo que demostraba que mientras ellos debatían sobre el proyecto, los médicos generales se dedicaban al lobby.

El médico Polo reveló que los médicos generales estaban compartiendo una comunicación a través de la cual quedaba clara su intención de hacer lobby en contra del proyecto de ley ante un alto número de congresistas. Y resaltó que si ellos podían ejercer presión y se compartían los teléfonos de los congresistas, este era un arma que los cirujanos plásticos también podían utilizar. En tal sentido, puntualizó que seguramente a nadie le iba a dar miedo aportar la cuota extraordinaria, sin amenazar a nadie, pero sabiendo claramente cuál era el ambiente en el Congreso.

Esta intervención incentivó la controversia en torno al monto de la cuota extraordinaria, hasta que el médico John Sanabria le sumó otro inesperado detalle a los cálculos económicos. Lo hizo al recomendar que no cometieran los mismos errores de lo sucedido en 2004 con un proyecto de ley semejante, cuando se le pagó una “cantidad grande” a un senador que prometió sacarlo al otro lado, y faltando una semana para la aprobación del articulado, el grupo de médicos generales, que son mayoría, lograron echar atrás la iniciativa con su argumento de la igualdad del trabajo.

Mientras el médico Sanabria recordaba este antecedente, se oyó una voz fuerte en el auditorio que ratificaba que ese senador ahora estaba en la cárcel (escuchar audio). Nadie mencionó su nombre, pero revisando los antecedentes del proyecto que se hundió en el Congreso en 2004, se constata que el autor de la iniciativa fue el entonces senador del Polo Samuel Moreno Rojas, hoy detenido por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Tras esta referencia, el médico Sanabria concluyó que por eso estaba de acuerdo con el doctor Polo: primero un plan y luego sí dinero.

De todos modos, terminó quedando en claro que el proyecto que esta semana estuvo gestionándose en la Comisión Séptima de la Cámara es el complemento del que se tramitó en la segunda legislatura de 2004. Aún así y bajo la convicción de que no pueden ahorrar esfuerzos para buscar una debida reglamentación del ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia, la asamblea de los cirujanos plásticos aprobó la cuota extraordinaria, y se declaró dispuesta a convocar una audiencia pública o acciones afines, pero que se dé un debate abierto sobre esta actividad.

Al margen de las deliberaciones internas de los cirujanos plásticos, de la mano del representante a la Cámara Didier Burgos, poco a poco toma forma el proyecto de ley que busca reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia. Y, como quedó escrito en la ponencia para primer debate, formalizada el pasado 7 de mayo, el punto de partida para posicionar el tema ante la opinión pública nacional es la evaluación del publicitado caso ocurrido con la modelo y presentadora de televisión Jessica Cediel.

Como se recordará, la hermosa Jessica se vio seriamente afectada en su salud luego de un procedimiento estético y hace algunos meses contó lo sucedido a los medios de comunicación. En la ponencia del representante Burgos se lee que este episodio “logró tocar la entraña ciudadana y advertir los inmensos peligros que se derivan para toda la sociedad por cuenta de la ausencia de una regulación adecuada en estas materias”. Es decir, el caso Cediel se volvió el paradigma para justificar la reglamentación de la cirugía plástica y estética.

En el documento se afirma que la medicina terminó por crear una nueva disciplina que promueve la belleza mediante procesos y procedimientos estéticos, pero que urge adoptar medidas para evitar resultados desafortunados, como ha ocurrido con algunos implantes mamarios o la práctica de intervenciones que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. Con un agravante, según la ponencia, pues además de la falta de normatividad, muchas veces no hay un control cuidadoso y adecuado por parte de las autoridades del Invima.

En esencia, lo que se busca con el proyecto de ley es imponer requisitos para la práctica de procedimientos quirúrgicos, definir las medidas de higiene y seguridad que tienen que asumir los establecimientos de cirugía estética, crear un registro único de procedimientos estéticos y reconstructivos, así como establecer mecanismos de protección para el paciente, incluyendo el llamado “consentimiento informado”, para que las familias o acudientes de los pacientes tengan claridad sobre los detalles de las intervenciones o prácticas estéticas.

Obviamente la piedra de escándalo es que a la hora de los requisitos la propuesta inequívoca del proyecto es que la persona que ejerza la cirugía plástica, estética y reconstructiva tenga que aportar su condición de médico titulado con especialización en cirugía plástica. Además, la norma plantea que quienes se dediquen a los temas estéticos y reconstructivos anualmente tendrán que acreditar su idoneidad a través de un examen organizado por los ministerios de Educación y Salud. La calificación dará la vía libre o el cerrojo para la práctica de la medicina estética.

De igual modo, respecto al acápite de las medidas sanitarias y de seguridad, el proyecto de ley busca exigirles a los establecimientos o consultorios estrictas técnicas de limpieza, además de contar con sala de espera, mobiliario lavable, unidades sanitarias limpias, vestieres de uso individual, condiciones específicas para el manejo de la lencería, equipos esterilizadores avalados por el Invima, programas de control de artrópodos y roedores durante tres meses al año, aislantes de ruido y hasta separación de áreas cuando los servicios que se prestan sean incompatibles entre sí.

Pero más se demoró el representante Didier Burgos Ramírez en presentar su ponencia que en recibir la réplica de los médicos generales. El pasado 17 de mayo a su despacho llegó una misiva en la cual le dicen que es la sexta vez que se presenta un proyecto de ley de similares condiciones y que todas las iniciativas han sido archivadas en las comisiones séptimas de Senado y Cámara después del primer debate por la misma razón: lo que se busca, recalcan los médicos generales, es crear un monopolio de orden laboral para otorgar a los cirujanos plásticos el multimillonario negocio de la cirugía estética.

Según los firmantes de la misiva, no es cierto que la cirugía plástica sea sinónimo de la cirugía estética. La primera se emplea en el tratamiento de enfermedades y lesiones congénitas o adquiridas, mientras la segunda lo que pretende es el mejoramiento de la imagen corporal o facial en pacientes sanos. Además de que, sostiene el documento, no existe un solo país en el mundo que tenga una ley que les permita a los cirujanos plásticos tener el monopolio completo de la cirugía estética. Por el contrario, en países como México o España, muchos especialistas se dedican al tema del trabajo estético.

Los médicos generales y especialistas añadieron que, tal como está concebido el proyecto, se está atropellando, por ejemplo, el derecho de los otorrinos o los oftalmólogos, que desde hace varios años realizan procedimientos estéticos. Asimismo, agregan que otorgarles el monopolio a los cirujanos plásticos sería incurrir en una injusticia social porque hay muchos colombianos con bajos niveles de ingresos que nunca podrían acceder a este tipo de procedimientos y que realmente lo que se necesita es hacer cumplir las leyes existentes a través de las Secretarías de Salud.

Y como la pelea es peleando, en su misiva los especialistas aportan estadísticas según las cuales son más los cirujanos plásticos los que enfrentan procesos éticos, penales, civiles o administrativos por complicaciones y muertes en sus procedimientos, que los que actualmente enfrentan profesionales por complicaciones derivadas de liposucciones o tratamientos estéticos. En últimas, recalca la carta, lo único que haría la ley sería afectar el trabajo de miles de médicos y especialistas que actualmente realizan procedimientos estéticos.

Como estaba previsto, al despacho de cada representante a la Cámara de la Comisión Séptima le llegó una carta firmada por los presidentes de otras asociaciones médicas distintas a los cirujanos plásticos, en la cual insisten en la inconstitucionalidad del proyecto de ley que quiere regular la cirugía plástica, la saturación de normas sobre el mismo tema que existe hoy en Colombia y las razones por las cuales el proyecto que defendió en 2004 el entonces senador Samuel Moreno Rojas tuvo que ser archivado sin que sufriera trámite alguno en la célula legislativa.

Esta semana el proyecto de ley fue retirado de la Comisión Séptima de la Cámara. Pero el próximo jueves los cirujanos plásticos se reunirán en Bogotá con el propósito de hacerle varios ajustes y presentarlos a los parlamentarios. La iniciativa será radicada nuevamente en la legislatura que comienza el 20 de julio. La polémica apenas comienza.

Posición de los cirujanos plásticos asociados

El cirujano plástico Juan Hernando Santamaría Durán, miembro, vocero y expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, uno de los gremios de mayor reconocimiento en el país luego de varias décadas de su constitución, explicó los alcances del proyecto de ley. “Bajo ninguna circunstancia busca quitarle el derecho al trabajo a ningún médico. Lo que busca la iniciativa es que quien haga procedimientos de este tipo tenga el suficiente entrenamiento. De esta manera se protege al paciente, porque tiene menos opción de que el resultado que persigue con la operación sea malo”.

El especialista explicó que en la asamblea de Medellín se aprobó una cuota extraordinaria, pero con el propósito de divulgar y hacer pedagogía del proyecto. Frente a la grabación en donde se afirma que se le pagó a un senador, Santamaría señaló que no tiene conocimiento al respecto. “Eso no se ha hecho”, dijo.

La opinión del otro sector de profesionales

Desde el momento en el que se conoció que en el Legislativo se empezaba a tramitar el proyecto de reglamentación de la práctica de la cirugía plástica, cinco presidentes de asociaciones médicas en las áreas de otorrinolaringología, cirugía oral, cosmética y estética, así como dos directivos, dirigieron el 28 de mayo una carta a los 19 parlamentarios que conforman la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En la misiva manifestaron su desacuerdo con la iniciativa al considerar que es inconstitucional porque viola el derecho al trabajo, hay saturación de algunas disposiciones y ya están definidas en las leyes vigentes, por eso dicen en 2004 el proyecto presentado por el entonces senador Samuel Moreno fue archivado.

Según médicos consultados, los procedimientos que mayores problemas han presentado son en glúteos, implantaciones mamarias, liposucciones y cara. Los casos complicados se registran en Medellín, Cali y Bogotá, principalmente. 

El pasado jueves 24 de mayo en Medellín, en desarrollo de la asamblea general de la Sociedad de Cirugía Plástica, en medio de los debates propios del gremio especializado, surgió un asunto que alborotó el ambiente y sacó a relucir su preocupación mayor. La competencia y el crecimiento descontrolado del ejercicio de la medicina estética, al que aspiran frenar si se abre paso en el Congreso un proyecto de ley para reglamentar los dos tipos de cirugía, poniendo límites y exigencias a quienes se dediquen a estas actividades.

El momento álgido de la discusión llegó cuando el médico Juan Hernando Santamaría, entonces presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, comentó que se estaba trabajando en el proyecto de ley con el senador de la U Juan Lozano, a quien incluso habían invitado a la asamblea con gastos pagos que el congresista rechazó recalcando que no necesitaba que le dieran nada, pero que si en algún momento se necesitaba dinero para fortalecer la iniciativa, había que pensar en una cuota extraordinaria de un millón de pesos por cada miembro de la asociación.

La observación del médico Santamaría sacó a relucir la desconfianza de los cirujanos plásticos respecto al trámite sin presiones del proyecto de ley y los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa por considerar que sólo apunta a constituir un monopolio en el millonario mercado de la cirugía estética. El que puso los puntos sobre las íes fue el médico Rafael Polo, quien señaló que antes de seguir divagando o hablando pendejadas, quería compartir un correo que demostraba que mientras ellos debatían sobre el proyecto, los médicos generales se dedicaban al lobby.

El médico Polo reveló que los médicos generales estaban compartiendo una comunicación a través de la cual quedaba clara su intención de hacer lobby en contra del proyecto de ley ante un alto número de congresistas. Y resaltó que si ellos podían ejercer presión y se compartían los teléfonos de los congresistas, este era un arma que los cirujanos plásticos también podían utilizar. En tal sentido, puntualizó que seguramente a nadie le iba a dar miedo aportar la cuota extraordinaria, sin amenazar a nadie, pero sabiendo claramente cuál era el ambiente en el Congreso.

Esta intervención incentivó la controversia en torno al monto de la cuota extraordinaria, hasta que el médico John Sanabria le sumó otro inesperado detalle a los cálculos económicos. Lo hizo al recomendar que no cometieran los mismos errores de lo sucedido en 2004 con un proyecto de ley semejante, cuando se le pagó una “cantidad grande” a un senador que prometió sacarlo al otro lado, y faltando una semana para la aprobación del articulado, el grupo de médicos generales, que son mayoría, lograron echar atrás la iniciativa con su argumento de la igualdad del trabajo.

Mientras el médico Sanabria recordaba este antecedente, se oyó una voz fuerte en el auditorio que ratificaba que ese senador ahora estaba en la cárcel (escuchar audio). Nadie mencionó su nombre, pero revisando los antecedentes del proyecto que se hundió en el Congreso en 2004, se constata que el autor de la iniciativa fue el entonces senador del Polo Samuel Moreno Rojas, hoy detenido por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá. Tras esta referencia, el médico Sanabria concluyó que por eso estaba de acuerdo con el doctor Polo: primero un plan y luego sí dinero.

De todos modos, terminó quedando en claro que el proyecto que esta semana estuvo gestionándose en la Comisión Séptima de la Cámara es el complemento del que se tramitó en la segunda legislatura de 2004. Aún así y bajo la convicción de que no pueden ahorrar esfuerzos para buscar una debida reglamentación del ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia, la asamblea de los cirujanos plásticos aprobó la cuota extraordinaria, y se declaró dispuesta a convocar una audiencia pública o acciones afines, pero que se dé un debate abierto sobre esta actividad.

Al margen de las deliberaciones internas de los cirujanos plásticos, de la mano del representante a la Cámara Didier Burgos, poco a poco toma forma el proyecto de ley que busca reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en Colombia. Y, como quedó escrito en la ponencia para primer debate, formalizada el pasado 7 de mayo, el punto de partida para posicionar el tema ante la opinión pública nacional es la evaluación del publicitado caso ocurrido con la modelo y presentadora de televisión Jessica Cediel.

Como se recordará, la hermosa Jessica se vio seriamente afectada en su salud luego de un procedimiento estético y hace algunos meses contó lo sucedido a los medios de comunicación. En la ponencia del representante Burgos se lee que este episodio “logró tocar la entraña ciudadana y advertir los inmensos peligros que se derivan para toda la sociedad por cuenta de la ausencia de una regulación adecuada en estas materias”. Es decir, el caso Cediel se volvió el paradigma para justificar la reglamentación de la cirugía plástica y estética.

En el documento se afirma que la medicina terminó por crear una nueva disciplina que promueve la belleza mediante procesos y procedimientos estéticos, pero que urge adoptar medidas para evitar resultados desafortunados, como ha ocurrido con algunos implantes mamarios o la práctica de intervenciones que han puesto en riesgo la vida de los pacientes. Con un agravante, según la ponencia, pues además de la falta de normatividad, muchas veces no hay un control cuidadoso y adecuado por parte de las autoridades del Invima.

En esencia, lo que se busca con el proyecto de ley es imponer requisitos para la práctica de procedimientos quirúrgicos, definir las medidas de higiene y seguridad que tienen que asumir los establecimientos de cirugía estética, crear un registro único de procedimientos estéticos y reconstructivos, así como establecer mecanismos de protección para el paciente, incluyendo el llamado “consentimiento informado”, para que las familias o acudientes de los pacientes tengan claridad sobre los detalles de las intervenciones o prácticas estéticas.

Obviamente la piedra de escándalo es que a la hora de los requisitos la propuesta inequívoca del proyecto es que la persona que ejerza la cirugía plástica, estética y reconstructiva tenga que aportar su condición de médico titulado con especialización en cirugía plástica. Además, la norma plantea que quienes se dediquen a los temas estéticos y reconstructivos anualmente tendrán que acreditar su idoneidad a través de un examen organizado por los ministerios de Educación y Salud. La calificación dará la vía libre o el cerrojo para la práctica de la medicina estética.

De igual modo, respecto al acápite de las medidas sanitarias y de seguridad, el proyecto de ley busca exigirles a los establecimientos o consultorios estrictas técnicas de limpieza, además de contar con sala de espera, mobiliario lavable, unidades sanitarias limpias, vestieres de uso individual, condiciones específicas para el manejo de la lencería, equipos esterilizadores avalados por el Invima, programas de control de artrópodos y roedores durante tres meses al año, aislantes de ruido y hasta separación de áreas cuando los servicios que se prestan sean incompatibles entre sí.

Pero más se demoró el representante Didier Burgos Ramírez en presentar su ponencia que en recibir la réplica de los médicos generales. El pasado 17 de mayo a su despacho llegó una misiva en la cual le dicen que es la sexta vez que se presenta un proyecto de ley de similares condiciones y que todas las iniciativas han sido archivadas en las comisiones séptimas de Senado y Cámara después del primer debate por la misma razón: lo que se busca, recalcan los médicos generales, es crear un monopolio de orden laboral para otorgar a los cirujanos plásticos el multimillonario negocio de la cirugía estética.

Según los firmantes de la misiva, no es cierto que la cirugía plástica sea sinónimo de la cirugía estética. La primera se emplea en el tratamiento de enfermedades y lesiones congénitas o adquiridas, mientras la segunda lo que pretende es el mejoramiento de la imagen corporal o facial en pacientes sanos. Además de que, sostiene el documento, no existe un solo país en el mundo que tenga una ley que les permita a los cirujanos plásticos tener el monopolio completo de la cirugía estética. Por el contrario, en países como México o España, muchos especialistas se dedican al tema del trabajo estético.

Los médicos generales y especialistas añadieron que, tal como está concebido el proyecto, se está atropellando, por ejemplo, el derecho de los otorrinos o los oftalmólogos, que desde hace varios años realizan procedimientos estéticos. Asimismo, agregan que otorgarles el monopolio a los cirujanos plásticos sería incurrir en una injusticia social porque hay muchos colombianos con bajos niveles de ingresos que nunca podrían acceder a este tipo de procedimientos y que realmente lo que se necesita es hacer cumplir las leyes existentes a través de las Secretarías de Salud.

Y como la pelea es peleando, en su misiva los especialistas aportan estadísticas según las cuales son más los cirujanos plásticos los que enfrentan procesos éticos, penales, civiles o administrativos por complicaciones y muertes en sus procedimientos, que los que actualmente enfrentan profesionales por complicaciones derivadas de liposucciones o tratamientos estéticos. En últimas, recalca la carta, lo único que haría la ley sería afectar el trabajo de miles de médicos y especialistas que actualmente realizan procedimientos estéticos.

Como estaba previsto, al despacho de cada representante a la Cámara de la Comisión Séptima le llegó una carta firmada por los presidentes de otras asociaciones médicas distintas a los cirujanos plásticos, en la cual insisten en la inconstitucionalidad del proyecto de ley que quiere regular la cirugía plástica, la saturación de normas sobre el mismo tema que existe hoy en Colombia y las razones por las cuales el proyecto que defendió en 2004 el entonces senador Samuel Moreno Rojas tuvo que ser archivado sin que sufriera trámite alguno en la célula legislativa.

Esta semana el proyecto de ley fue retirado de la Comisión Séptima de la Cámara. Pero el próximo jueves los cirujanos plásticos se reunirán en Bogotá con el propósito de hacerle varios ajustes y presentarlos a los parlamentarios. La iniciativa será radicada nuevamente en la legislatura que comienza el 20 de julio. La polémica apenas comienza.

Posición de los cirujanos plásticos asociados

El cirujano plástico Juan Hernando Santamaría Durán, miembro, vocero y expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, uno de los gremios de mayor reconocimiento en el país luego de varias décadas de su constitución, explicó los alcances del proyecto de ley. “Bajo ninguna circunstancia busca quitarle el derecho al trabajo a ningún médico. Lo que busca la iniciativa es que quien haga procedimientos de este tipo tenga el suficiente entrenamiento. De esta manera se protege al paciente, porque tiene menos opción de que el resultado que persigue con la operación sea malo”.

El especialista explicó que en la asamblea de Medellín se aprobó una cuota extraordinaria, pero con el propósito de divulgar y hacer pedagogía del proyecto. Frente a la grabación en donde se afirma que se le pagó a un senador, Santamaría señaló que no tiene conocimiento al respecto. “Eso no se ha hecho”, dijo.

La opinión del otro sector de profesionales

Desde el momento en el que se conoció que en el Legislativo se empezaba a tramitar el proyecto de reglamentación de la práctica de la cirugía plástica, cinco presidentes de asociaciones médicas en las áreas de otorrinolaringología, cirugía oral, cosmética y estética, así como dos directivos, dirigieron el 28 de mayo una carta a los 19 parlamentarios que conforman la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En la misiva manifestaron su desacuerdo con la iniciativa al considerar que es inconstitucional porque viola el derecho al trabajo, hay saturación de algunas disposiciones y ya están definidas en las leyes vigentes, por eso dicen en 2004 el proyecto presentado por el entonces senador Samuel Moreno fue archivado.

Según médicos consultados, los procedimientos que mayores problemas han presentado son en glúteos, implantaciones mamarias, liposucciones y cara. Los casos complicados se registran en Medellín, Cali y Bogotá, principalmente.