Promotores del pez basa preparan un proyecto de ley para legalizarlo
Durante una audiencia pública, dos representantes a la Cámara anunciaron que lanzarían un proyecto de ley para regular el pez basa o pangasius en Colombia, una especie exótica con potencial invasor que fue introducida ilegalmente al país y que se está cultivando de manera informal. El anuncio generó varias inquietudes, pues la decisión debería estar a cargo de un comité que reúne a ministerios y la autoridad pesquera.
Daniela Quintero Díaz
El jueves, en el Congreso de la República, se realizó una nueva audiencia pública sobre el pez basa. Es la segunda en menos de cuatro meses y, según sus convocantes, busca poner sobre la mesa, una vez más, la discusión de regular la producción, reproducción y comercialización de esta especie en el país.
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El jueves, en el Congreso de la República, se realizó una nueva audiencia pública sobre el pez basa. Es la segunda en menos de cuatro meses y, según sus convocantes, busca poner sobre la mesa, una vez más, la discusión de regular la producción, reproducción y comercialización de esta especie en el país.
El pez basa (Pangasianodon hypophthalmus), popularmente conocido como pangasius, es originario de la cuenca del río Mekong, en Asia, y fue introducido ilegalmente a Colombia hace más de una década. Pese a las alertas de institutos de investigación y del sector ambiental por su “potencial invasor”, y a que en el país está prohibida su producción, crianza y comercialización, solo en 2023 se produjeron más de 20 mil toneladas de esta especie en más de 13 departamentos (según datos de los acuicultores, ya que no hay datos oficiales), como lo reveló El Espectador en esta nota.
Tras escuchar a acuicultores, academia, delegadas del Minagricultura y Minambiente, y la Autoridad Nacional para la Acuicultura y Pesca (Aunap), los organizadores la audiencia pública y representantes a la Cámara —Héctor Mauricio Cuéllar, del Partido Conservador por Caquetá, y Flora Perdomo, del Partido Liberal por Huila— entregaron a los asistentes un folleto en el que anunciaban un nuevo proyecto de ley. “Proyecto de ley por medio del cual se regula la producción, reproducción y comercialización del pangasius”, lo titularon.
Entre los objetivos del proyecto, que aparecen en el documento entregado, está la declaración del pez basa como un recurso pesquero de aprovechamiento económico, “habilitando su cultivo y comercialización en el país bajo ciertos requisitos”. El tema, que ha sido motivo de años de negociaciones, mesas técnicas y tensiones entre la cartera de Agricultura y Ambiente, volvió a generar varias inquietudes. (Le recomendamos: Pez basa: el otro “hipopótamo” en Colombia del que nadie quiere hablar)
La principal es que, según la resolución 380 de 2021, en la que se definen los recursos pesqueros, estos solo pueden ser declarados a través del Comité Ejecutivo para la Pesca. Una instancia que, desde que se creó en 1991, tiene asignado “definir las especies, los volúmenes susceptibles de ser aprovechados y las tallas mínimas permisibles”, y en la que tienen asiento tres instituciones: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y la Aunap.
De hecho, hace unos meses la Aunap realizó un “Foro Académico” en el que presentó cuál sería el “procedimiento normativo para la declaración del pez basa como recurso pesquero”. Como lo muestra la siguiente diapositiva, que presentaron en ese espacio, la decisión estaría a cargo del Comité Ejecutivo para la Pesca.
Además, regular la reproducción y la comercialización del pez basa en el país, como lo señalaron diferentes ponentes en la audiencia pública, iría también en contravía de los compromisos internacionales que adquirió Colombia en materia de biodiversidad. “Es como si se pusiera el interés particular y sectorial por encima de la defensa del Patrimonio Ambiental de los colombianos y del cumplimiento de compromisos internacionales, especialmente en el momento en el que prescindiremos y hospedaremos la cumbre más importante (COP16)”, aseguró otro de los asistentes. (Le recomendamos: De Vietnam a Huila: los miedos de la producción del pez basa)
A lo que se refiere, precisamente, es a que en el Nuevo Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal que se firmó internacionalmente en 2022 para proteger y frenar la pérdida de biodiversidad (y que Colombia acogió), la meta seis pide, en palabras sencillas, eliminar minimizar o reducir las especies exóticas invasoras, mitigar sus impactos y reducir las tasas de introducción y establecimiento “a través de la erradicación o el control”.
Una decisión que genera tensiones
Solo este año se han realizado cerca de cinco eventos alrededor del pez basa. Dos audiencias públicas, mesas técnicas, reuniones de comités especializados y un foro académico organizado por el Minagricultura, la Aunap, gremios de acuicultores (Fedeacua, Aspiurabá) y la comercializadora Redfish. Y al cierre de esos espacios, es recurrente escuchar las voluntades y compromisos para realizar mesas de trabajo amplias, con todos los actores, y poner la información técnica y científica sobre la mesa para tomar decisiones.
Pero luego de varios años de discusiones alrededor del pez basa, las decisiones no han llegado. Como admitieron desde el Ministerio de Agricultura en la audiencia pública de esta semana, se trata de un “escenario bastante polarizado. Y el esfuerzo institucional debe buscar una solución que sea medianamente conforme para todas las partes. La directora de la Aunap, Karen Mejía, también aseguró que hay “posiciones encontradas. La del sector productivo, al que nos debemos como autoridad de acuicultura y pesca, y la de la sostenibilidad ambiental, que es una posición de Gobierno”.
Por su parte, desde el Ministerio de Ambiente aseguraron que a cada una de las entidades le corresponde mirar el tema desde su competencia. “Como sector ambiental, estamos hablando de una especie potencialmente invasora. Y tenemos que tomar medidas efectivas para garantizar que la especie esté erradicada de nuestro medio natural”, aseguraron. Los estudios que se han realizado desde la academia y el Sistema Nacional Ambiental muestran que con la presencia del pez basa en cuencas naturales podrían verse afectadas 234 especies y 40 amenazadas. De estas, 192 son endémicas y 25 de uso alimenticio. Además, podría afectar cinco áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad.
Pese a los años de mesas técnicas, foros académicos, estudios y discusiones, actualmente el pez basa en Colombia no está catalogado ni como recurso pesquero ni como recurso hidrobiológico. Es, según las autoridades, una especie exótica introducida de manera no formal y potencialmente invasora según los análisis de riesgo realizados en 2012 y 2021. Y, según la norma, una especie exótica no puede declararse como recurso pesquero.
Los esfuerzos por “domesticar” el pez basa en Colombia
Aunque el debate ha vuelto a tomar fuerza en los últimos meses, lo cierto es que los esfuerzos para introducir, reglamentar o domesticar el pez basa en Colombia no son nuevos. Según datos entregados por la Aunap, la discusión alrededor del pez basa inició oficialmente desde 2009, cuando el sector privado inició el proceso para evaluar la introducción de la especie. En 2012, se adelantó la primera solicitud de licencia ambiental ante la autoridad nacional (Anla), que tras un análisis de impactos decidió negarla al concluir, luego de la primera evaluación de riesgo, que se trataba de una especie de “alto riesgo” y con potencial invasor.
Desde 2015, la especie empezó a reportarse en cuerpos de agua naturales en varios puntos de la cuenca Magdalena - Cauca. Desde entonces, su presencia y extensión ha ido en aumento.
Entre 2018 y 2021, el sector productivo le solicitó al gobierno del entonces presidente Iván Duque, a través del exsenador del Huila, Ernesto Macías y miembro del partido de Gobierno, permitir el cultivo del pez basa en Colombia. En ese momento, se establecen convenios entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Agricultura y la Aunap para desarrollar mesas técnicas de trabajo y tomar una decisión que, finalmente, no llega.
En 2021, tras un convenio interadministrativo, se hace una actualización de la evaluación de riesgo que reúne estudios científicos y académicos que se han realizado alrededor del pez basa en el país. Una vez más, la conclusión es que esta especie tiene un potencial invasor y es de alto riesgo para los ecosistemas nativos.
En 2023, durante una visita de la entonces Ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, al Huila durante la Asamblea Nacional de Acuicultores, el sector productivo insiste retomar, ahora con el nuevo Gobierno, los esfuerzos de reglamentación del cultivo, producción y comercialización de esta especie. Desde entonces, han iniciado unas mesas de trabajo, espacios académicos y, ahora, audiencias públicas con los que se espera llegar a un acuerdo.
Los argumentos de los acuicultores
Alejandro Vargas, quien actualmente representa a la Federación Nacional de Acuicultores de Colombia (Fenacua), conformada recientemente para agrupar a acuicultores pequeños, medianos y de subsistencia, afirmó que desde agosto de 2023 ha venido insistiendo en la formalización de lo que llamó el “pangasius colombiano”. “Hoy, casi todos los individuos nacen en cautiverio en Colombia”, dijo en la audiencia pública.
Como él, desde el sector acuicultor insisten que “el basa es una realidad en el país”, y algunos de los representantes que participaron en la audiencia de esta semana reconocieron públicamente estarlo produciendo por su bajo costo y su rentabilidad. También argumentan que es una fuente de proteína económica. En el evento, reconocieron tener pequeñas fugas y que, cuando las autoridades hacen operativos de control, su decisión ha sido liberar a estos peces en el medio natural.
Por eso, insisten en que “regular es la única forma de controlarlo”. Entre las propuestas de Fenacua, que también se recogen en el proyecto de ley que espera ser presentado por los representantes Héctor Mauricio Cuéllar y Flora Perdomo, está hacer una acuicultura de pez basa confinada en sistemas cerrados de producción y solo con acuicultores formalizados y certificados ante la Aunap, el ICA y las Corporaciones Autónomas. Sin embargo, entre los datos que la misma autoridad de acuicultura y pesca presentó, de las 36.464 unidades productivas que tienen registradas, solo el 15% tiene permiso de cultivo.
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