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El 2 de agosto de 2023 la Alcaldía de Santa Marta, entonces en cabeza de la alcaldesa Virna Johnson, tenía una celebración en la playa. El encuentro, convocado a las 4:30 p.m., inauguraba las “obras de recuperación de Playa Salguero”. Al llegar, además de las personas con camisetas naranjas y pancartas, esta era adornada por maquinaria amarilla. Dos retroexcavadoras que representaban la inversión de $27 mil millones para “mitigar la erosión costera en 1,3 kilómetros, desde la desembocadura del río Gaira hasta Punta Gloria”, se leía en uno de los letreros.
Playa Salguero es un sector residencial, turístico y hotelero que, pese a ser vecino del concurrido Rodadero, cuenta con las bondades de una playa tranquila, librándose de la congestión de autos y motos. Según la Cámara Colombiana de Construcción de Magdalena, esta zona representa cerca del 30 % de la inversión inmobiliaria cada año en la ciudad. Su valorización ha crecido rápidamente y resulta muy atractiva para los constructores. Pero tiene un problema para nada insignificante. Se encuentra entre los puntos críticos de erosión costera identificados por el Invemar, un instituto vinculado al Ministerio de Ambiente que lleva a cabo investigaciones marinas y costeras.
La rapidez de su erosión inquieta a habitantes, turistas, trabajadores de la playa y pescadores. Y llevó a que, en marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenara la suspensión de cualquier tipo de licencia de construcción en el sector hasta que se estabilizara la situación de la playa. Según el Invemar, esta zona ha alcanzado retrocesos de hasta cinco metros por año. Entre 2009 y 2021, el desplazamiento fue de casi 21 metros. Y aunque las causas son diversas, e incluyen algunos factores naturales, la variación más drástica también ha sido causada por intervenciones humanas. (Puede conocer más de la erosión de Playa Salguero aquí: Salguero: la playa que puede desaparecer en Santa Marta)
Una de esas, pero no la única, es el desarrollo urbanístico. En 15 años el sector pasó de tener solo algunas casas de dos pisos a varios edificios de más de 20, que fueron reemplazando los parches de vegetación. Otra es la construcción en 2016 de un espolón ilegal, de casi 30 metros, a partir de bolsas rellenas de concreto, que partió la playa en dos, marcando una diferencia evidente. Un lado tiene una playa amplia, mientras el otro solo cuenta con algunos parches de arena que varían de tamaño según la temporada. En algunas zonas, después del espolón, la erosión se ha acelerado.
Desde marzo de 2022 la Alcaldía presentó varios proyectos para detenerla. Como cuenta Arieh Kaplan, quien desde hace ocho años asumió la vocería entre sus vecinos para liderar la veeduría que hace seguimiento a la situación de erosión en Salguero: “Primero dijeron que serían cuatro espolones, y nos presentaron a un contratista. Luego dijeron que cinco, con otro contratista. Y esta última propuesta dice que son seis. ¿Por qué esos cambios en los proyectos y los espolones? Aún no nos han dado las respuestas”.
Lo cierto es que, para esta última propuesta, la Alcaldía pasada logró la autorización de $27 mil millones con el fin de hacer frente a lo que, en marzo de 2022, se declaró como una “situación de calamidad pública por la erosión costera” y una “urgencia manifiesta”. (Le recomendamos: Las playas que están desapareciendo en Colombia)
El 27 de junio de 2023, más de un año después y justo dos días antes de que iniciara la Ley de Garantías (con la cual se suspende la contratación pública a lo largo de cuatro meses por la temporada de elecciones territoriales) la Alcaldía de Johnson suscribió el contrato de obra pública para “prevenir, contener y mitigar los efectos de la erosión costera” en Salguero. Fue una contratación directa, amparada en esa urgencia manifiesta, que deja varias inquietudes.
La primera, volviendo al evento con el que empieza esta historia, fue la alerta que el procurador judicial ambiental y agrario Jorge Eduardo Escobar Silebi hizo meses antes del convite: pese a los carteles y las máquinas amarillas sobre la arena, las obras no contaban con permisos ni de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ni de la autoridad marítima (Dimar).
Comunicación del 2 de agosto del 2023, donde la Dimar le insiste a la Unión Temporal (encargada del contrato) y a la Alcaldía de Santa Marta que el proyecto no cuenta con licencia ambiental.
Luego de la publicación de este artículo, y a pesar de que se buscó consultar su versión de estos hechos de manera previa, la exalcaldesa Virna Johnson posteó un trino en su cuenta de X en la que se refirió al asunto e indicó que en su administración iniciaron las obras para la mitigación de la erosión costera en Playa Salguero bajo la declaratoria de “calamidad pública” y “urgencia manifiesta” y que ha dado “resultados positivos en la zona”. Este diario verificó que, en varios puntos costa abajo de los espolones, la erosión avanza. Además, las autoridades ambientales y marítimas consultadas para este reportaje insistieron en que las declaratorias mencionadas por Johnson solo permiten obras temporales, pero que la construcción de espolones implica obras definitivas, por lo cual sí se requería licencia ambiental previa al inicio de las obras.*
Una seguidilla de errores en Playa Salguero
Resumir la historia de la erosión de Playa Salguero, y las decisiones que se han tomado, en un par de párrafos es difícil. Pero saltándonos los detalles técnicos y algunas fechas en la cronología hay ciertos eventos que son claves en su capítulo más reciente, relacionado con el contrato que firmó Johnson antes de su salida y la construcción de dos de los seis espolones propuestos.
El 9 de junio de 2023 la Alcaldía invitó a tres personas jurídicas a participar de la obra que terminó contratándose el 27 de junio. Los invitados tenían hasta el 14 de junio para presentar su propuesta, es decir, solo tres días hábiles. El contrato, por un valor inicial de $25 mil millones, debía ejecutarse en seis meses, o hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en que concluía el mandato de Johnson.
La Alcaldía seleccionó a la Unión Temporal Protección Costera Playa Salguero para las obras, compuesta por tres empresas: Servicios de Dragados, Nova S.A.S. y Tecnourbanas. Pese a que la fecha de inicio del contrato que figura en el Secop es el 27 de junio, las máquinas entraron a la zona el 2 de agosto. Pero solo hasta el 16 de agosto (50 días después de la firma del contrato) la Alcaldía informó ante la ANLA sobre el inicio de las obras, que ya contaban con 200 metros cúbicos de material depositado.
Luego de enviar un equipo de evaluación a la zona, la autoridad ambiental entregó un informe técnico contundente. No se trataba de obras temporales, sino permanentes, que pueden tener “impactos ambientales de magnitud alta, tanto en su implantación como en su eventual retiro”, aseguraron. Además, añadieron, “se están realizando actividades de construcción de espolones sin contar con el instrumento de manejo y control ambiental que permita garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales y evaluar los impactos ambientales que puedan generar las obras”.
Un pronunciamiento que generó preocupación entre quienes viven y visitan Salguero, pues tienen muy presente lo que ocurrió con el espolón instalado sin permisos en 2016. Ese era solo uno, de 30 metros de largo, que ya tiene impactos evidentes. Los del contrato actual son seis, de 60 metros cada uno.
Tanto la Capitanía de Puerto de Santa Marta como la Procuraduría Ambiental enviaron constantes comunicaciones a la Alcaldía de Santa Marta, meses atrás del comienzo de obras, insistiendo en la necesidad de una licencia ambiental por parte de la ANLA y un permiso de ocupación de playa por parte de la Dimar.
El Espectador conoció comunicaciones del 31 de mayo de 2023, en las que la Capitanía le informó a la Alcaldía sobre los trámites y la documentación que se requerían para las obras, insistiendo en la necesidad de una licencia ambiental.
El 6 de julio la Procuraduría le advirtió a la ANLA la posibilidad de que las obras se ejecutaran sin licencia, y la ANLA confirmó que, a esa fecha, no había trámites o solicitudes para la evaluación de las obras. Y el mismo 2 de agosto, cuando se hizo el evento de presentación, la Dimar le informó tanto a la Alcaldía como a la Unión Temporal que “no autorizaba el cierre temporal del sector, por cuanto el mencionado proyecto no cuenta con la autorización para las obras de protección costera correspondiente, expedida por la Capitanía de Puerto de Santa Marta”.
También anticipaban que, si se evidenciaba la construcción sin autorización, se procedería con el inicio de una investigación administrativa sancionatoria. Dos semanas después, la Capitanía se comunicó nuevamente, insistiendo en que no fueron aportados los planos de las áreas a intervenir, ni la licencia ambiental requerida.
Pese a eso las obras arrancaron y hoy hay un espolón construido y otro sin terminar. La Capitanía de Puerto, ANLA y Procuraduría hicieron inspecciones en la zona durante el mes de agosto y vieron las máquinas trabajando. El 9 de octubre de 2023 la ANLA ordenó la suspensión de las obras hasta que se otorgue una licencia ambiental, y la Capitanía también dio inicio a una investigación preliminar. Los espolones, sin embargo, siguen ahí. (Le puede interesar: Anla ordenó suspender obras para contener erosión en Playa Salguero)
Aunque la nueva administración de Carlos Pinedo Cuello le aseguró a El Espectador que la solicitud de la licencia se tramitó desde el año pasado, la ANLA le confirmó a este diario que, de acuerdo con sus registros, “la Alcaldía de Santa Marta no ha iniciado ningún trámite de licenciamiento ni ha presentado un estudio de impacto ambiental o una solicitud de licencia ambiental ante esta autoridad”.
Un contrato millonario para construir espolones cada vez más opaco
Pese a que el contrato tenía fecha de terminación el 31 de diciembre de 2023, con la suspensión de las obras y el cambio de administración la información sobre lo que ha pasado con el dinero invertido y el avance de las obras es escasa. Ninguna de estas actualizaciones figuran, por ejemplo, en los registros de datos abiertos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), como indica la ley.
Este año la Capitanía de Puerto, las veedurías ciudadanas, la Procuraduría y el Tribunal del Magdalena le han solicitado la información “detallada y específica” a la nueva administración, pero la respuesta les ha sorprendido: “Esta administración actualmente no tiene acceso a dicha información, pero se encuentra en el proceso de recuperación de documentos”.
Una idea similar quedó consignada en una carta que envió la Alcaldía de Pinedo Cuello al Tribunal del Magdalena, luego de que este anunciara un trámite sancionatorio por no recibir la información solicitada. “En los archivos del Distrito no reposan los informes que se solicitaron”, dice la misiva, que también argumenta que la administración anterior “se negó en el empalme a dar la información necesaria” y que, incluso, varias delegaciones de la entidad no tenían servicio de internet por falta de pago, por lo que los correos y las solicitudes estaban colapsadas. Allí mismo aseguran que, pese a eso, adelantan todas las acciones para cumplir con la entrega de los informes requeridos.
De esa información que la nueva administración ha recopilado, y le entregó a El Espectador, se da a conocer que al menos $8 mil millones ya fueron entregados.
Aunque el contrato establecía que el pago se realizaría una vez fueran entregadas “a satisfacción” la totalidad de las obras, el 11 de septiembre de 2023, cuando ya se habían iniciado las intervenciones y diferentes entidades alertaban la falta de permisos, se modificó la modalidad de pago. Este diario conoció que se estableció el pago de un anticipo por el 15 % del valor del contrato, a través de actas parciales de obra (que tampoco están reflejadas en el Secop). “Eso es equivalente a un 32 % del avance físico, inversión que se ve reflejada con la construcción de dos de los seis espolones contratados”, explicó la nueva administración.
Además, el contratista -la Unión Temporal- sería el encargado de financiar el pago de la interventoría, que quedó a cargo del Grupo RC Construcciones. “Es la primera vez en mi historia que veo que un contratista es el que le paga a quien se encarga de evaluar sus obras y decirle si están bien o están mal”, aseguró Kaplan. Según el contrato con la interventoría, el valor de estos servicios fue de $1.766 millones.
Otra de las grandes incertidumbres en Playa Salguero es qué va a pasar con los espolones ya construidos. La Capitanía de Puerto asegura que la ANLA deberá determinar si se desmontan o si quitarlos genera un daño aún mayor. Sin embargo, esa autoridad dice que solo podrá suspender la obra hasta que se tramite la licencia.
Al procurador Escobar le preocupa la situación, porque ya lo ha visto antes. “En la ciudad ya hemos visto casos en donde, jurídicamente, está demostrado que son obras sin licencia y sin concesión, es decir, son ilegales, pero no se retiran de ningún modo. Es como si no hubiera ninguna clase de autoridad o si la autoridad que está solicitando que se cumpla la ley no existiera”, dice. Por eso, señala, realizó un informe con fines disciplinarios dirigido contra la ANLA, la Corporación Autónoma del Magdalena y la Alcaldía por “la moratoria a todos los requerimientos que se hicieron antes de que se iniciara la ejecución de las obras”.
Lo cierto, como asegura el capitán de puerto César Humberto Grisales, es que la construcción de cada espolón cambia la dinámica del litoral. Y que cada cambio implica nuevos estudios y actualizaciones para buscar soluciones. “Actualmente no sabemos si retirarlo puede implicar más daño del que ya se ha ocasionado. Cada decisión requiere una verificación técnica y tiene que ser avalada por una autoridad”, afirma.
A Kaplan le preocupan los próximos meses. “Mayo y junio son los meses críticos de erosión”, dice. “Y la marea cada vez viene con más fuerza y hace más daño. Como se ve en la playa, los espolones ya están generando un impacto grave hacia Punta Gloria, que está desapareciendo”.
Rastros de la erosión junto a los espolones recién construidos en Playa Salguero. Foto de noviembre de 2023.
Los otros contratos de las empresas encargadas de las obras en Playa Salguero
Servicios de Dragados, entre 2007 y 2016, tuvo al menos 12 contratos con la Corporación Ambiental del Magdalena (Corpamag), el Invías y la Corporación Ambiental del Cesar. La mayoría fueron por dragados a caños del delta del río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta, de ciénagas en Cesar y en Bocas del Atrato. En total recibió más de $150 mil millones. El más reciente, en junio de 2023, fue por $692 millones con el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla.
Tecnourbanas ha tenido principalmente contratos con el Distrito de Cartagena, a quien le arrienda una locación para “parqueaderos de vehículos inmovilizados”. En 2018 recibió $870 millones; en 2019, $2.600 millones; en 2020, $1.600 millones, y entre 2020 y 2021, cerca de $2.900 millones. También ha contratado con el Distrito de Santa Marta para prestar servicio de instalación de alumbrado público en un parque distrital, por $2.800 millones.
La interventoría, que está a cargo de Grupo RC Construcciones, también ha estado a cargo de la interventoría de la carrera 5ta, en la ciudad de Santa Marta; un centro para personas mayores en Chivolo, Magdalena; la de la construcción del mirador turístico en Santa Catalina, Bolívar y un parque en el mismo municipio.
*Luego de la publicación de este artículo, y a pesar de que se buscó consultar su versión de estos hechos de manera previa, la exalcaldesa Virna Johnson posteó un trino en su cuenta de X en la que se refirió al asunto e indicó que en su administración iniciaron las obras para la mitigación de la erosión costera en Playa Salguero bajo la declaratoria de “calamidad pública” y “urgencia manifiesta” y que ha dado “resultados positivos en la zona”. Este diario verificó que, en varios puntos costa abajo de los espolones, la erosión avanza. Las autoridades ambientales y marítimas consultadas para este reportaje insistieron en que las declaratorias mencionadas por Johnson solo permiten obras temporales, pero que la construcción de espolones implica obras definitivas, por lo cual sí se requería licencia ambiental previa al inicio de las obras.
*Nota de la editora: Este artículo se editó después de su publicación para incluir la respuesta de la alcaldesa Virma Johnson a través de su cuenta de X, que solicitamos de forma previa, pero no recibimos al cierre de la edición.
*Aunque intentamos comunicarnos con las empresas que forman parte de la Unión Temporal, la empresa encargada de la interventoría y delegados de la administración pasada de Santa Marta, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
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