Luego de la denuncia que hizo El Espectador, la Procuraduría se pronunció sobre el convenio interadministrativo billonario, celebrado entre el Sistema Estratégico de Transporte Publico de Ibagué SETP Ibagué SAS e Infotic S.A, para la operación, recaudo y control del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
El ente de control formuló múltiples cuestionamientos a esta contratación con la empresa de Soluciones Inteligentes (Infotic S.A) y este miércoles pidió su suspensión ante el alcalde y secretario de Movilidad de esa ciudad, las partes involucradas y la junta directiva de SETP Ibagué SAS.
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La Procuraduría advirtió que en este convenio esta empresa “recibe, a cambio de los servicios ofrecidos, no solo la exclusividad en la actividad, sino un porcentaje de la tarifa, es decir, una parte de lo cobrado al usuario por el sistema de transporte por la totalidad de la vigencia del acuerdo negocial, como contraprestación económica por el servicio brindado”.
Además, el Ministerio Público cuestionó que parte de la operación del contrato no se encuentre en cabeza de Infotic, sino de su aliado tecnológico VYR S.A.S., dejando en manos de un privado parte fundamental de la operación de este contrato que “no tiene la idoneidad ni la capacidad para desarrollar dicha labor”.
Este diario reveló que VYR es una microempresa sin mucha experiencia, con un capital autorizado de $20 millones, con siete años de creación, según su certificado de existencia y representación legal. Su dirección comercial es un apartamento en los cerros de Suba, en Bogotá, y su objeto social es asesorar en temas de tecnología, venta de equipamiento tecnológico y, en general, “cualquier actividad lícita”.
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Por otro lado, según la Procuraduría, “es claro que SETP Ibagué SAS desestimó sin motivación la propuesta presentada por los operadores de transporte el 28 de junio de 2023, esto es, el mismo día de la celebración del convenio interadministrativo con Infotic y cuando ya se había decidido acudir a la contratación directa”.
En consecuencia, para el ente de control se desconocieron los principios de transparencia y selección objetiva en la actuación que dio origen al convenio interadministrativo celebrado con Infotic, “dado que los operadores de transporte no tuvieron una real garantía de contradicción, pues la decisión de otorgar el sistema de recaudo a esta firma se dio antes de adoptar una decisión de fondo sobre su propuesta, presentada con fundamento en la facultad dada en el art. 117 de la Ley 1955 de 2019″.
Por lo anterior, la Procuraduría también solicitó:
- A la Junta directiva de SETP Ibagué S.A expedir la correspondiente autorización al gerente de la entidad para materializar la terminación del contrato de mutuo acuerdo.
- Al SETP Ibagué S.A revocar la resolución “por medio de la cual se justifica una contratación directa en el sistema estratégico de transporte público de Ibagué SAS”.
- A la gerencia del SETP Ibagué S.A revocar el acto administrativo que rechazó la propuesta de los operadores de transporte, tras señalar que no reúne los requisitos técnicos, legales y financieros.
- Evaluar y expedir una decisión de fondo de la propuesta presentada por los operadores de transporte.
- En caso de que esta no cumpla los requisitos se deberá garantizar el derecho de contradicción de las partes interesadas.
- Si los operadores de transporte no cumplen los requisitos establecidos en la ley, SETP IBAGUÉ S.A.S. deberá acudir a la modalidad de contratación de licitación pública.
El Espectador consultó al gerente del SETP, César Yáñez, para saber si la Alcaldía va a acatar o no la solicitud de la Procuraduría de suspender el convenio administrativo. Yáñez contestó que están haciendo el análisis de lo que implicaría terminar el contrato financiera y jurídicamente y que esperan tener una respuesta en una o dos semanas: “Se está estudiando lo establecido en la Ley 2294 ( Plan Nacional de Desarrollo) y sus implicaciones. Ya que esto puede poner en riesgo a futuro los recursos que desembolsa el gobierno nacional”, aseguró el funcionario.
Dos semanas de paro
El controvertido convenio fue la razón detrás del paro de transportadores y empresarios que durante dos semanas interrumpió la prestación del transporte público en Ibagué. Más de 900 buses estuvieron parados en la capital del Tolima. El alcalde saliente Andrés Hurtado logró conjurar el paro el 5 de agosto tras varias negociaciones con el sector, pero a la fecha siguen resonando en la opinión pública los impactos de un convenio que para la Procuraduría se alejó del interés colectivo para favorecer a una empresa que controlan los privados.
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