Rapiña por la hacienda de Pablo Escobar
Un grupo de familias desarraigadas manejó el bien varios años, pero hoy es un megaproyecto turístico. Se destinó a proyectos productivos y ambientales que culminaron con la salida de los desplazados que allí vivían. Ahora buscan recuperar su casa y tener terrenos donde retomar los proyectos que durante años manejaron.
Un grupo de familias desarraigadas manejó el bien varios años, pero hoy es un megaproyecto turístico. Se destinó a proyectos productivos y ambientales que culminaron con la salida de los desplazados que allí vivían. Ahora buscan recuperar su casa y tener terrenos donde retomar los proyectos que durante años manejaron.
Norbey Quevedo H.Hugo García S.
Efraín Londoño parece un ‘desplazado profesional’. A comienzos de los años 90 abandonó Herveo, en el departamento del Tolima, cansado de los hostigamientos de las Farc. Por eso llegó a Vistahermosa, en el Meta, donde corrió la misma suerte. El destino lo llevó a Doradal, en Antioquia, y allí, junto con varias familias desarraigadas, terminó como beneficiario de un programa para ocupar y explotar los terrenos de la hacienda Nápoles, del extinto capo Pablo Escobar.
La suerte de Londoño no cambió y supuestos paramilitares lo sacaron de la hacienda. El destino para las demás familias tampoco fue mejor. El propio Incoder ordenó recientemente su desalojo para permitir que la Alcaldía de Puerto Triunfo y la empresa privada Atecsa comenzaran a consolidar allí un megaproyecto turístico. Hoy la mayoría de los desplazados que salieron a la fuerza de la hacienda buscan, a través del propio Londoño, que el Estado les cumpla con lo que les prometió: una casa en la hacienda Nápoles y un terreno para retomar los proyectos productivos que durante varios años manejaron.
Es el epílogo de una travesía que se inició el 20 de agosto de 1989, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes entregó a la Policía Nacional la administración de la hacienda Nápoles. Un terreno ubicado en el corregimiento de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), con una extensión cercana a las 2.000 hectáreas, dividido en nueve predios, que durante varios años fue manejado por trabajadores de Pablo Escobar.
Luego de múltiples saqueos, destrucción de sus muebles, los estragos causados por buscadores de caletas y el deterioro de las distintas especies animales, el predio pasó a manos del Fondo Nacional Agrario, que se transformó en Incora y hoy es el Incoder. Pero el 13 de abril de 1998, en desarrollo del Programa Presidencial para los Desplazados por la Violencia, Efraín Londoño, 14 familias desplazadas y madres cabeza de familia cumplieron su sueño y recibieron los predios que conforman la hacienda Nápoles.
Durante los primeros años, los desplazados iniciaron programas avícolas y ganaderos y Cornare financió un proyecto de arborización de la hacienda. Pese a que hubo diferencias entre los desplazados, poco apoyo del Estado y que el propio Londoño tuvo que salir por supuestas amenazas de las autodefensas, el Incora certificó que el predio se encontraba en buenas condiciones de explotación”.
Sin embargo, una nueva visita que el primero de octubre de 2001 hizo Marcela Sáenz, funcionaria del Ministerio de Justicia, evidenció que las cosas empezaban a cambiar para los desplazados. Según la visita el predio estaba “en pésimo estado de
conservación” (...) “los habitantes de la hacienda (desplazados) manifestaron que deben salir del predio a buscar el sustento” (...) “y como si fuera poco, durante el recorrido por el predio se hicieron presentes miembros pertenecientes al parecer a las autodefensas, quienes atraviesan sin ninguna ley o restricción el predio, creyéndose señores y dueños del mismo”.
Los dos años siguientes, la hacienda se seguía deteriorando, era vox pópuli que las autodefensas comandadas por Ramón Isaza se movían por sus predios, al tiempo que los desplazados, entre el miedo y la esperanza, seguían denunciando falta de apoyo estatal y otros decidieron abandonar los terrenos.
A mediados de 2003 apareció la Alcaldía de Puerto Triunfo solicitando la destinación de la pista de aterrizaje que existía dentro de la hacienda. Una solicitud que fue aceptada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Finalmente, el 16 de febrero de 2004 el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia declaró la extinción de dominio de la hacienda.
El interés de las autoridades locales por el bien creció. El 13 de agosto de 2004 el alcalde de Puerto Triunfo, José Edilberto Jaramillo Vásquez, y Santiago López, director ejecutivo de la Asociación Promotora y Gestora Empresarial del municipio de Puerto Triunfo (Asotriunfo), le solicitaron al entonces director de la DNE, Alfonso Plazas, los terrenos en comodato para “la implementación de proyectos productivos y ambientales”, al tiempo que los desplazados que quedaban en la finca trataban de sostenerse con lo poco que producía la hacienda.
En sendas decisiones de diciembre de 2004 y 2005 la petición de la Alcaldía de Puerto Triunfo fue aceptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que le entregó cinco predios de manera definitiva a la Alcaldía, otro al Incoder y otro al Ministerio de Justicia para la construcción de una cárcel.
En medio de las desconcertantes órdenes oficiales que poco conocían los desplazados, un nuevo anuncio parecía que iba a cambiar las cosas. El 29 de junio de 2007, María Campos Chávez, del Incoder La Dorada, les notificó que habían sido seleccionados como posibles adjudicatarios del predio Las Brisas, ubicado dentro de la hacienda Nápoles. Y les advirtió que como requisito debían hacer un curso de dos días en el Sena.
Pese a que algunos desplazados hicieron el curso, cinco meses después, en la sesión del 16 de noviembre de 2007, en el Consejo Nacional de Estupefacientes se conoció una curiosa solicitud. El alcalde de Puerto Triunfo informó que el predio Las Brisas no era apto para proyectos de reforma agraria y argumentó que era mejor para desarrollar un proyecto turístico. En consecuencia, el Consejo se lo adjudicó definitivamente. De esta manera, se sepultó la posibilidad de los desplazados de tener terrenos en la hacienda Nápoles.
Acto seguido, el propio Incoder expidió la resolución 069 del 16 de abril de 2008, en donde ordenó a dos desplazadas desalojar el predio Las Brisas. Por eso, nuevamente, algunos desarraigados que viven o vivieron en la hacienda Nápoles autorizaron a Efraín Londoño para que los represente en sus reclamaciones. Aunque Londoño reconoce que algunos desplazados fueron indemnizados, la mayoría, dice, insiste en volver al sitio, recuperar su casa y tener un terreno donde trabajar.
Entre tanto, la Alcaldía de Puerto Triunfo, que se había comprometido con el Gobierno para hacer la implementación de proyectos productivos y ambientales en la hacienda Nápoles, cedió el asunto a la empresa privada Atecsa, que actualmente
desarrolla un megaproyecto turístico. Según el más reciente informe del director del proyecto, Raúl Jaramillo Panesso, la primera parte del montaje de la parte ecoturística culminó y el parque ha tenido una sorprendente acogida.
“Que se cumpla lo que el Estado nos prometió”
Efraín Londoño, representante de los desplazados, expresó sus conceptos frente al manejo de la hacienda Nápoles.
¿Qué pasó en enero de 2008?
Desde noviembre que pasaron las elecciones de alcaldes, el señor Óscar Jairo, quien fue el que recibió la hacienda Nápoles, yo sé que el Estado no le entregó sino 300 hectáreas, pero él se posesionó de todo. Un supuesto abogado que tenía el señor Óscar Jairo estuvo amenazando a la gente, que se tenía que salir, pero le dieron $20 millones.
¿Y a cuántas personas sacaron finalmente?
Lo último, salieron cinco familias. Allá tenemos dos familias, pero ellos no entraron por nosotros, ellos entraron hace como tres años y ellos son los únicos que han resistido allá. Para ellos hay un abogado en Medellín que les sacó una tutela.
¿Qué pide usted?
Nosotros lo que queremos es que nos entreguen las tierras, que se cumpla lo que el Estado nos prometió.
¿Qué gestiones hizo en Bogotá?
Pusimos una demanda en la Procuraduría, que nos la trasladaron a Puerto Berrío una parte y la otra está en El Poblado, en Medellín.
¿Óscar Jairo es el actual alcalde de Puerto Triunfo?
No, es el señor que tiene a su mando la hacienda Nápoles, el que está montando en estos momentos el parque temático.
Efraín Londoño parece un ‘desplazado profesional’. A comienzos de los años 90 abandonó Herveo, en el departamento del Tolima, cansado de los hostigamientos de las Farc. Por eso llegó a Vistahermosa, en el Meta, donde corrió la misma suerte. El destino lo llevó a Doradal, en Antioquia, y allí, junto con varias familias desarraigadas, terminó como beneficiario de un programa para ocupar y explotar los terrenos de la hacienda Nápoles, del extinto capo Pablo Escobar.
La suerte de Londoño no cambió y supuestos paramilitares lo sacaron de la hacienda. El destino para las demás familias tampoco fue mejor. El propio Incoder ordenó recientemente su desalojo para permitir que la Alcaldía de Puerto Triunfo y la empresa privada Atecsa comenzaran a consolidar allí un megaproyecto turístico. Hoy la mayoría de los desplazados que salieron a la fuerza de la hacienda buscan, a través del propio Londoño, que el Estado les cumpla con lo que les prometió: una casa en la hacienda Nápoles y un terreno para retomar los proyectos productivos que durante varios años manejaron.
Es el epílogo de una travesía que se inició el 20 de agosto de 1989, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes entregó a la Policía Nacional la administración de la hacienda Nápoles. Un terreno ubicado en el corregimiento de Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), con una extensión cercana a las 2.000 hectáreas, dividido en nueve predios, que durante varios años fue manejado por trabajadores de Pablo Escobar.
Luego de múltiples saqueos, destrucción de sus muebles, los estragos causados por buscadores de caletas y el deterioro de las distintas especies animales, el predio pasó a manos del Fondo Nacional Agrario, que se transformó en Incora y hoy es el Incoder. Pero el 13 de abril de 1998, en desarrollo del Programa Presidencial para los Desplazados por la Violencia, Efraín Londoño, 14 familias desplazadas y madres cabeza de familia cumplieron su sueño y recibieron los predios que conforman la hacienda Nápoles.
Durante los primeros años, los desplazados iniciaron programas avícolas y ganaderos y Cornare financió un proyecto de arborización de la hacienda. Pese a que hubo diferencias entre los desplazados, poco apoyo del Estado y que el propio Londoño tuvo que salir por supuestas amenazas de las autodefensas, el Incora certificó que el predio se encontraba en buenas condiciones de explotación”.
Sin embargo, una nueva visita que el primero de octubre de 2001 hizo Marcela Sáenz, funcionaria del Ministerio de Justicia, evidenció que las cosas empezaban a cambiar para los desplazados. Según la visita el predio estaba “en pésimo estado de
conservación” (...) “los habitantes de la hacienda (desplazados) manifestaron que deben salir del predio a buscar el sustento” (...) “y como si fuera poco, durante el recorrido por el predio se hicieron presentes miembros pertenecientes al parecer a las autodefensas, quienes atraviesan sin ninguna ley o restricción el predio, creyéndose señores y dueños del mismo”.
Los dos años siguientes, la hacienda se seguía deteriorando, era vox pópuli que las autodefensas comandadas por Ramón Isaza se movían por sus predios, al tiempo que los desplazados, entre el miedo y la esperanza, seguían denunciando falta de apoyo estatal y otros decidieron abandonar los terrenos.
A mediados de 2003 apareció la Alcaldía de Puerto Triunfo solicitando la destinación de la pista de aterrizaje que existía dentro de la hacienda. Una solicitud que fue aceptada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Finalmente, el 16 de febrero de 2004 el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia declaró la extinción de dominio de la hacienda.
El interés de las autoridades locales por el bien creció. El 13 de agosto de 2004 el alcalde de Puerto Triunfo, José Edilberto Jaramillo Vásquez, y Santiago López, director ejecutivo de la Asociación Promotora y Gestora Empresarial del municipio de Puerto Triunfo (Asotriunfo), le solicitaron al entonces director de la DNE, Alfonso Plazas, los terrenos en comodato para “la implementación de proyectos productivos y ambientales”, al tiempo que los desplazados que quedaban en la finca trataban de sostenerse con lo poco que producía la hacienda.
En sendas decisiones de diciembre de 2004 y 2005 la petición de la Alcaldía de Puerto Triunfo fue aceptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, que le entregó cinco predios de manera definitiva a la Alcaldía, otro al Incoder y otro al Ministerio de Justicia para la construcción de una cárcel.
En medio de las desconcertantes órdenes oficiales que poco conocían los desplazados, un nuevo anuncio parecía que iba a cambiar las cosas. El 29 de junio de 2007, María Campos Chávez, del Incoder La Dorada, les notificó que habían sido seleccionados como posibles adjudicatarios del predio Las Brisas, ubicado dentro de la hacienda Nápoles. Y les advirtió que como requisito debían hacer un curso de dos días en el Sena.
Pese a que algunos desplazados hicieron el curso, cinco meses después, en la sesión del 16 de noviembre de 2007, en el Consejo Nacional de Estupefacientes se conoció una curiosa solicitud. El alcalde de Puerto Triunfo informó que el predio Las Brisas no era apto para proyectos de reforma agraria y argumentó que era mejor para desarrollar un proyecto turístico. En consecuencia, el Consejo se lo adjudicó definitivamente. De esta manera, se sepultó la posibilidad de los desplazados de tener terrenos en la hacienda Nápoles.
Acto seguido, el propio Incoder expidió la resolución 069 del 16 de abril de 2008, en donde ordenó a dos desplazadas desalojar el predio Las Brisas. Por eso, nuevamente, algunos desarraigados que viven o vivieron en la hacienda Nápoles autorizaron a Efraín Londoño para que los represente en sus reclamaciones. Aunque Londoño reconoce que algunos desplazados fueron indemnizados, la mayoría, dice, insiste en volver al sitio, recuperar su casa y tener un terreno donde trabajar.
Entre tanto, la Alcaldía de Puerto Triunfo, que se había comprometido con el Gobierno para hacer la implementación de proyectos productivos y ambientales en la hacienda Nápoles, cedió el asunto a la empresa privada Atecsa, que actualmente
desarrolla un megaproyecto turístico. Según el más reciente informe del director del proyecto, Raúl Jaramillo Panesso, la primera parte del montaje de la parte ecoturística culminó y el parque ha tenido una sorprendente acogida.
“Que se cumpla lo que el Estado nos prometió”
Efraín Londoño, representante de los desplazados, expresó sus conceptos frente al manejo de la hacienda Nápoles.
¿Qué pasó en enero de 2008?
Desde noviembre que pasaron las elecciones de alcaldes, el señor Óscar Jairo, quien fue el que recibió la hacienda Nápoles, yo sé que el Estado no le entregó sino 300 hectáreas, pero él se posesionó de todo. Un supuesto abogado que tenía el señor Óscar Jairo estuvo amenazando a la gente, que se tenía que salir, pero le dieron $20 millones.
¿Y a cuántas personas sacaron finalmente?
Lo último, salieron cinco familias. Allá tenemos dos familias, pero ellos no entraron por nosotros, ellos entraron hace como tres años y ellos son los únicos que han resistido allá. Para ellos hay un abogado en Medellín que les sacó una tutela.
¿Qué pide usted?
Nosotros lo que queremos es que nos entreguen las tierras, que se cumpla lo que el Estado nos prometió.
¿Qué gestiones hizo en Bogotá?
Pusimos una demanda en la Procuraduría, que nos la trasladaron a Puerto Berrío una parte y la otra está en El Poblado, en Medellín.
¿Óscar Jairo es el actual alcalde de Puerto Triunfo?
No, es el señor que tiene a su mando la hacienda Nápoles, el que está montando en estos momentos el parque temático.