Retorno del proceso Arango Bacci

Casi tres años después de la absolución del contraalmirante (r) Gabriel Arango Bacci por parte de la Corte Suprema de Justicia, hace una semana volvió a revivir la historia pero al revés. Ahora ya no se trata de indagar si el exoficial incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión, sino si los oficiales que debían entregar documentación sospechosa a la Fiscalía rompieron la cadena de custodia para manejar su propia investigación.

Aunque en su decisión de diciembre de 2009 la Corte Suprema ordenó enviar copias del expediente a la Procuraduría para que investigara al almirante Guillermo Barrera y al capitán de navío Luis Jorge Tovar, súbitamente el Ministerio Público decidió hacerlo también respecto a la conducta del almirante Álvaro Echandía. Pese a las conjeturas que ha despertado la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, en campaña para su reelección, los tres oficiales declararon tener confianza en su criterio.

El Espectador tuvo acceso al documento firmado por el procurador Ordóñez en el que imputa cargos a los tres oficiales de la Armada. En esencia, el cuestionamiento está basado en que presuntamente obtuvieron información que podía comprometer al contraalmirante Arango Bacci en labores de apoyo al narcotráfico y en vez de reportarla de inmediato al organismo competente, en este caso la Fiscalía, sólo lo hicieron cinco meses después. Además, porque supuestamente no le dijeron a la justicia que habían hablado con el periodismo.

La historia empieza con el capitán de navío Luis Jorge Tovar Neira, quien declaró ante la justicia que un día de marzo de 2007 en Cartagena, cuando se encontraba frente al hotel TOM, una fuente casual le entregó un documento que relacionaba una supuesta cuenta de pago por una operación de narcotráfico que involucraba al contraalmirante Gabriel Arango Bacci. Aunque el oficial sostiene que rápidamente entró en contacto con el DAS y el CTI para verificar la autenticidad del mismo, el procurador Ordóñez cree otra cosa.

El jefe del Ministerio Público piensa que en vez de reportar el caso a la Fiscalía, Tovar Neira se abrogó una función que no le correspondía, sometió el documento a exámenes dactiloscópicos y sólo lo entregó cuando el asunto empezó a salir en las noticias con el argumento de que algo tendría que ver con el tráfico de información sobre la ubicación de los buques de la Armada Nacional destinados al control del narcotráfico. En su opinión, las pruebas apuntan a que no es cierto que el documento lo recibió de manera casual en el hotel.

Además, el procurador escribió en su imputación de cargos que el oficial Luis Jorge Tovar no dijo la verdad a la Fiscalía cuando afirmó que no se había puesto en contacto con medio de comunicación alguno. Sin embargo, después de que el entonces comandante de la Armada, Guillermo Barrera, admitió que sí habló con la periodista María Isabel Rueda y ésta lo aceptó en declaración a la Corte Suprema, terminó por aceptar que sí acompañó a Barrera a la casa de la periodista, pero sólo mostró el documento cuando su jefe le pidió que lo hiciera.

El procurador Ordóñez escribió en su pliego de cargos que resulta inadmisible pensar que el procedimiento del oficial Tovar no estuviera encaminado contra el almirante Arango Bacci y que los altos mandos de la Armada no pueden sobreponer su autoridad para desconocer el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, cuestionó que no haya aplicado la cadena de custodia al documento del dilema, sino que por el contrario lo hubiera sometido a varios cotejos antes de entregarlo a la Fiscalía cinco meses después de haberlo obtenido.

En cuanto al almirante (r) Guillermo Barrera, el reparo de la Procuraduría radica en que también desconoció la cadena de custodia al ordenar a su subalterno que hiciera todas las verificaciones posibles sobre la autenticidad del documento en vez de enviarlo al funcionario judicial competente. Una aseveración sobre la base de que el Ministerio Público cree que el almirante Barrera tuvo conocimiento de la existencia del documento que contenía la evidencia de una hipótesis delictiva, desde el mismo momento en que fue recibido por el capitán de navío Tovar Neira.

El procurador calificó la conducta de Barrera como grave, atendiendo su jerarquía y mando como servidor público, y el mal ejemplo por desconocer su deber legal. En lo referente a su reunión con la periodista María Isabel Rueda, el almirante Barrera, en su momento, argumentó ante la Corte que si fue a su casa para hablar sobre la situación del país y que al mencionar el tema del contraalmirante Arango Bacci, aprovechó para decirle al capitán Tovar Neira que lo acompañaba, que le mostrara a la periodista el documento en su poder.

No obstante, cuando la Corte le preguntó a la periodista quién le había suministrado los recibos que mencionó en la columna que sobre el tema escribió en la revista Semana en agosto de 2007, ella no recordó su nombre, pero cuando se le sugirió el del almirante Barrera, asintió sin objeciones. En tal sentido, la Procuraduría cree que si bien el documento contra Arango no estuvo en poder del almirante Barrera, sí lo guardó el capitán Tovar y Barrera no le dijo la verdad a la justicia sobre la forma en que obtuvo la información el periodismo.

El jefe del Ministerio Público recalcó en este caso que no interesa que la Corte Suprema haya absuelto al contraalmirante Arango Bacci de responsabilidades penales, pues es su deber averiguar qué fue lo que sucedió frente a la cadena de custodia que debía tenerse frente al documento del problema. En la valoración probatoria para imputar la falta, Ordóñez señaló que pudo existir extralimitación de funciones por parte del almirante Barrera y falso testimonio en el episodio de la información que fue suministrada a la prensa.

En lo referente al contraalmirante Álvaro Echandía, en ese momento jefe de inteligencia de la Armada, básicamente la imputación radica en que le permitió a su subalterno Tovar Neira, jefe de contrainteligencia, hacer confrontaciones de la autenticidad del documento que supuestamente había recibido de manera casual, para entregarlo sólo cinco meses después de obtenido. En otras palabras, permitió que su subalterno asumiera una conducta que no le correspondía, rompiendo la cadena de custodia y desconociendo la ley.

Echandía aseguró que no estaba dentro de sus funciones asegurar la cadena de custodia del documento ni ser su custodio. La Procuraduría replicó que con mayor razón debió hacerse, pues se estaba investigando la venta de cartas de navegación y el tema terminó con varios extraditados. El imputado manifestó que la demora para entregar el documento a la Fiscalía obedeció a que, por la complejidad de la situación en la que estaba comprometido un alto oficial de la Armada, podía afectarse la imagen de la institución. La Procuraduría General rechazó el argumento.

El caso Arango Bacci no declina. En su momento la Corte Suprema de Justicia, cuando absolvió al exoficial, calificó de “bastante sospechosas” las circunstancias de trámite que le dieron los funcionarios de la Armada a este asunto. Por eso, incluso ordenó investigar penalmente a los testigos que participaron en el proceso, a los oficiales de la Armada hoy cuestionados por la Procuraduría y hasta al entonces ministro de Defensa y hoy presidente Juan Manuel Santos. A los primeros por mentir y al último por presunta omisión de denuncia.

El caso provocó revuelo periodístico y judicial, pues básicamente llegó a decirse que Arango Bacci era parte de un grupo de civiles y oficiales de la Armada confabulados para revelar al narcotráfico la posición de embarcaciones de Colombia, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Al final el contraalmirante Arango, en su momento acusado por el fiscal Mario Iguarán, fue absuelto de todo cargo. Tres años después, de manera sorpresiva, el caso regresa a los estrados judiciales, ahora en manos del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

Casi tres años después de la absolución del contraalmirante (r) Gabriel Arango Bacci por parte de la Corte Suprema de Justicia, hace una semana volvió a revivir la historia pero al revés. Ahora ya no se trata de indagar si el exoficial incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión, sino si los oficiales que debían entregar documentación sospechosa a la Fiscalía rompieron la cadena de custodia para manejar su propia investigación.

Aunque en su decisión de diciembre de 2009 la Corte Suprema ordenó enviar copias del expediente a la Procuraduría para que investigara al almirante Guillermo Barrera y al capitán de navío Luis Jorge Tovar, súbitamente el Ministerio Público decidió hacerlo también respecto a la conducta del almirante Álvaro Echandía. Pese a las conjeturas que ha despertado la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, en campaña para su reelección, los tres oficiales declararon tener confianza en su criterio.

El Espectador tuvo acceso al documento firmado por el procurador Ordóñez en el que imputa cargos a los tres oficiales de la Armada. En esencia, el cuestionamiento está basado en que presuntamente obtuvieron información que podía comprometer al contraalmirante Arango Bacci en labores de apoyo al narcotráfico y en vez de reportarla de inmediato al organismo competente, en este caso la Fiscalía, sólo lo hicieron cinco meses después. Además, porque supuestamente no le dijeron a la justicia que habían hablado con el periodismo.

La historia empieza con el capitán de navío Luis Jorge Tovar Neira, quien declaró ante la justicia que un día de marzo de 2007 en Cartagena, cuando se encontraba frente al hotel TOM, una fuente casual le entregó un documento que relacionaba una supuesta cuenta de pago por una operación de narcotráfico que involucraba al contraalmirante Gabriel Arango Bacci. Aunque el oficial sostiene que rápidamente entró en contacto con el DAS y el CTI para verificar la autenticidad del mismo, el procurador Ordóñez cree otra cosa.

El jefe del Ministerio Público piensa que en vez de reportar el caso a la Fiscalía, Tovar Neira se abrogó una función que no le correspondía, sometió el documento a exámenes dactiloscópicos y sólo lo entregó cuando el asunto empezó a salir en las noticias con el argumento de que algo tendría que ver con el tráfico de información sobre la ubicación de los buques de la Armada Nacional destinados al control del narcotráfico. En su opinión, las pruebas apuntan a que no es cierto que el documento lo recibió de manera casual en el hotel.

Además, el procurador escribió en su imputación de cargos que el oficial Luis Jorge Tovar no dijo la verdad a la Fiscalía cuando afirmó que no se había puesto en contacto con medio de comunicación alguno. Sin embargo, después de que el entonces comandante de la Armada, Guillermo Barrera, admitió que sí habló con la periodista María Isabel Rueda y ésta lo aceptó en declaración a la Corte Suprema, terminó por aceptar que sí acompañó a Barrera a la casa de la periodista, pero sólo mostró el documento cuando su jefe le pidió que lo hiciera.

El procurador Ordóñez escribió en su pliego de cargos que resulta inadmisible pensar que el procedimiento del oficial Tovar no estuviera encaminado contra el almirante Arango Bacci y que los altos mandos de la Armada no pueden sobreponer su autoridad para desconocer el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, cuestionó que no haya aplicado la cadena de custodia al documento del dilema, sino que por el contrario lo hubiera sometido a varios cotejos antes de entregarlo a la Fiscalía cinco meses después de haberlo obtenido.

En cuanto al almirante (r) Guillermo Barrera, el reparo de la Procuraduría radica en que también desconoció la cadena de custodia al ordenar a su subalterno que hiciera todas las verificaciones posibles sobre la autenticidad del documento en vez de enviarlo al funcionario judicial competente. Una aseveración sobre la base de que el Ministerio Público cree que el almirante Barrera tuvo conocimiento de la existencia del documento que contenía la evidencia de una hipótesis delictiva, desde el mismo momento en que fue recibido por el capitán de navío Tovar Neira.

El procurador calificó la conducta de Barrera como grave, atendiendo su jerarquía y mando como servidor público, y el mal ejemplo por desconocer su deber legal. En lo referente a su reunión con la periodista María Isabel Rueda, el almirante Barrera, en su momento, argumentó ante la Corte que si fue a su casa para hablar sobre la situación del país y que al mencionar el tema del contraalmirante Arango Bacci, aprovechó para decirle al capitán Tovar Neira que lo acompañaba, que le mostrara a la periodista el documento en su poder.

No obstante, cuando la Corte le preguntó a la periodista quién le había suministrado los recibos que mencionó en la columna que sobre el tema escribió en la revista Semana en agosto de 2007, ella no recordó su nombre, pero cuando se le sugirió el del almirante Barrera, asintió sin objeciones. En tal sentido, la Procuraduría cree que si bien el documento contra Arango no estuvo en poder del almirante Barrera, sí lo guardó el capitán Tovar y Barrera no le dijo la verdad a la justicia sobre la forma en que obtuvo la información el periodismo.

El jefe del Ministerio Público recalcó en este caso que no interesa que la Corte Suprema haya absuelto al contraalmirante Arango Bacci de responsabilidades penales, pues es su deber averiguar qué fue lo que sucedió frente a la cadena de custodia que debía tenerse frente al documento del problema. En la valoración probatoria para imputar la falta, Ordóñez señaló que pudo existir extralimitación de funciones por parte del almirante Barrera y falso testimonio en el episodio de la información que fue suministrada a la prensa.

En lo referente al contraalmirante Álvaro Echandía, en ese momento jefe de inteligencia de la Armada, básicamente la imputación radica en que le permitió a su subalterno Tovar Neira, jefe de contrainteligencia, hacer confrontaciones de la autenticidad del documento que supuestamente había recibido de manera casual, para entregarlo sólo cinco meses después de obtenido. En otras palabras, permitió que su subalterno asumiera una conducta que no le correspondía, rompiendo la cadena de custodia y desconociendo la ley.

Echandía aseguró que no estaba dentro de sus funciones asegurar la cadena de custodia del documento ni ser su custodio. La Procuraduría replicó que con mayor razón debió hacerse, pues se estaba investigando la venta de cartas de navegación y el tema terminó con varios extraditados. El imputado manifestó que la demora para entregar el documento a la Fiscalía obedeció a que, por la complejidad de la situación en la que estaba comprometido un alto oficial de la Armada, podía afectarse la imagen de la institución. La Procuraduría General rechazó el argumento.

El caso Arango Bacci no declina. En su momento la Corte Suprema de Justicia, cuando absolvió al exoficial, calificó de “bastante sospechosas” las circunstancias de trámite que le dieron los funcionarios de la Armada a este asunto. Por eso, incluso ordenó investigar penalmente a los testigos que participaron en el proceso, a los oficiales de la Armada hoy cuestionados por la Procuraduría y hasta al entonces ministro de Defensa y hoy presidente Juan Manuel Santos. A los primeros por mentir y al último por presunta omisión de denuncia.

El caso provocó revuelo periodístico y judicial, pues básicamente llegó a decirse que Arango Bacci era parte de un grupo de civiles y oficiales de la Armada confabulados para revelar al narcotráfico la posición de embarcaciones de Colombia, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Al final el contraalmirante Arango, en su momento acusado por el fiscal Mario Iguarán, fue absuelto de todo cargo. Tres años después, de manera sorpresiva, el caso regresa a los estrados judiciales, ahora en manos del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.