Cada vez que inmovilizan un vehículo particular en Bogotá, su propietario y el Distrito les ayudan a los Nule a pagar parte de sus deudas. El patio de Los Álamos, a donde llevan los carros retenidos por infracciones, está en manos de una de las sociedades que fueron de los polémicos empresarios y el 70% de los ingresos de las inmovilizaciones y el servicio de grúa que presta va directo a la liquidación judicial.
Lo paradójico es que los predios donde funciona el negocio son del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que los adquirió para la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). Sin embargo, por la incertidumbre de la obra, el IDU se los prestó a la Secretaría de Movilidad, que a su vez los entregó en concesión a los Nule hasta 2015. El contrato está vigente, según oficio firmado por Leonardo Valenzuela, director de Servicio al Ciudadano. Por eso, cuando se presenta un nuevo enredo en la ALO, hay particulares que celebran, pues el retraso significa dinero para ellos.
Pero los Nule no son los únicos que se benefician. También la empresa JV Parking, a través del parqueadero Patio Fontibón, que funciona también en predios del IDU y está destinado para la inmovilización de vehículos públicos. La empresa, que maneja este negocio desde 1996, tiene vigente un contrato que firmó con la Secretaría de Movilidad por casi $1.700 millones.
Según un estudio del proyecto ALO que hizo la Personería de Bogotá, de 403 predios que ha adquirido el IDU para la vía (de 1.100 que necesita), muchos están ocupados por urbanizaciones o los usan como parqueaderos, depósito de materiales o huertas. 142 de ellos están en manos de la Secretaría de Movilidad, gracias a un convenio con el IDU, de los cuales 36 son parqueaderos. Del resto no hay acta de entrega ni está claro su uso.
“Esto es extraño, pues no es clara la razón para quitarle al IDU el manejo de los lotes de la ALO para darlos en concesión. La permanencia de carros en patios es onerosa y los recursos no los recibe el IDU, sino los particulares. Esto es irregular, pues no es lícito que privados se lucren del uso de bienes públicos”, dijo la Personería.
Convenio y concesiones
El traspaso de los primeros inmuebles a la Secretaría de Movilidad se hizo a finales de 2003, atendiendo la solicitud que le hizo la autoridad de tránsito por no tener dónde parquear vehículos inmovilizados. El IDU accedió para ahorrarse el mantenimiento, pero aclaró que se los tenían que devolver cuando fuera a construir la ALO. Movilidad destinó unos lotes para vehículos públicos inmovilizados y los llamó Patio Único Fontibón. Otros para vehículos particulares y los denominó Patio Los Álamos.
Para operar los parqueaderos, la Secretaría de Movilidad abrió dos licitaciones para elegir empresas privadas, en las que se establecía una distribución de ganancias del 80% para los particulares y el 20% para la entidad. Al IDU, dueño de los lotes, no lo incluyeron en la entrega de ganancias. Tras las licitaciones, el Patio Fontibón se le entregó a Jaime Hernando Lafaurie Vega desde diciembre de 2003 hasta 2009. El Patio Los Álamos se le adjudicó al consorcio Parqueaderos de Bogotá desde marzo de 2004 hasta 2007.
Este consorcio estaba integrado por Ponce de León (de los Nule) con el 80% y Bárcenas Villarreal con el 20%. Una vez firmado el contrato, MNV S.A., también de los Nule, reemplazó a Bárcenas. En ambos contratos quedó escrito que si el IDU reclamaba los predios, Movilidad conseguía otros y adicionalmente pagaría a los contratistas $15 millones mensuales.
En 2007 se venció la concesión del parqueadero Los Álamos y la Secretaría de Movilidad abrió una nueva licitación. La única habilitada fue la firma Ponce de León y el 26 de diciembre de ese año le adjudicaron el contrato hasta 2015, con una distribución de ganancias del 62% para los Nule y el 38% para Movilidad. Dos días después de la adjudicación, la empresa Ponce de León volvió a ser beneficiada, cuando el IDU le entregó a la Secretaría de Movilidad seis predios más para ampliar el patio de Los Álamos. La adición de lotes la firmaron Liliana Pardo como directora del IDU y la aprobó Inocencio Meléndez como director legal. Hoy, a ambos los procesan por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.
En 2009, la Contraloría de Bogotá le puso el ojo a estos contratos y halló deficiencias que dejaban en riesgo su cumplimiento, pero no ahondó en la explotación de los lotes distritales por parte de terceros. Ese año, el ente de control, a cargo de Miguel Ángel Moralesrussi (también procesado por el carrusel de la contratación) le dijo a la Secretaría de Movilidad que los concesionarios no invirtieron en cerramientos, iluminación y señalización de los predios, lo que aumentó sus ganancias en detrimento del Distrito.
Agregó que en el caso del Patio Fontibón el incumplimiento obedecía a que Lafaurie Vega (dueño de la concesión) tenían serios problemas financieros, pese a que entre 2003 y 2008 recibió casi $9.000 millones por el servicio de inmovilización y sólo le transfirió el 10% a Movilidad. En el caso del patio Los Álamos, la Contraloría descubrió que los Nule le habían cedido la administración del parqueadero a la familia Lafaurie Vega, debido a su poca capacidad administrativa.
La alerta evidenció las posibles fallas en la adjudicación que, peor aún, Movilidad como interventor no corrigió a tiempo. Llama la atención que a pesar de los incumplimientos de los contratistas, Ponce de León se atrevió a hacer reclamaciones por desequilibrio económico en el contrato, supuestamente porque adquirió más grúas y porque la cantidad de vehículos abandonados afectó la rentabilidad del negocio.
A raíz de la advertencia de la Contraloría, la Secretaría de Movilidad cambió a partir de 2009 el modelo de concesión por el de contrato de prestación de servicios. En junio de 2009, cuando acabó la concesión de JV Parking, contrató a la unión temporal City Parking por 10 meses y un valor de casi $400 millones. Sin embargo, en marzo de 2010 devolvió el contrato a JV Parking, de la familia Lafaurie Vega, hasta junio de este año, por un valor cercano a los $1.700 millones.
Predios inciertos
Sumada a la preocupación por la explotación de los predios del IDU por particulares, hay otra situación que para la Personería Distrital genera dudas. Se trata de otros 106 inmuebles que en 2007 le entregó el IDU a Movilidad, sin ningún formalismo. Se sabe que éstos se incluyeron en un convenio interadministrativo con el Instituto para la Protección de la Niñez (Idiprón), el cual, podría carecer de validez debido a la falta de una entrega formal del IDU a Movilidad.
El objeto del convenio entre Movilidad y el Idiprón es unir esfuerzos para capacitar a niños vulnerables “en oficios propios del campo de la construcción a través del desarrollo de proyectos productivos como limpieza de predios, cerramiento, rehabilitación de cercas, poda de césped y fumigación de predios”. Es decir, movilidad le pagó al Idiprón para que los menores se encargaran del mantenimiento de los lotes. Desde 2007 a la fecha se han firmado tres contratos que suman casi $800 millones. Pese a esto, muchos predios parecen abandonados.
A revisar
Tras el estudio de la Personería Distrital hay cosas por revisar: “El uso de predios públicos en actividades diferentes para las cuales se adquirieron se traduce en un detrimento que se materializa en los ingresos percibidos por terceros que no tienen derecho sobre esas propiedades. Son responsables de conductas omisivas los funcionarios del IDU, de Movilidad y alcaldías locales”.
Por esta razón, el representante del Ministerio Público pidió una revisión del convenio entre el IDU y Movilidad, de las áreas entregadas, los usos, las condiciones y, en términos económicos, cuál ha sido el impacto sobre las concesiones que usufructúan inmuebles destinados a la construcción de la ALO, ya que al ser bienes de uso específico, por ley su finalidad no puede variar. “Hoy se usan como parqueaderos, actividad que se aparta del propósito fundamental que es construir una de vía”.
Hoy, tanto el contrato de los Nule como el de JV Parking para administrar parqueaderos de vehículos inmovilizados, siguen vigentes. Y mientras más se demore la construcción de la ALO, ellos seguirán facturando sin que el IDU reciba un peso por el particular uso de sus predios.
Concesiones de patios son legales: Movilidad
Ante la explotación de predios públicos por particulares, la Secretaría de Movilidad respondió que tanto el convenio con el IDU como la entrega de los lotes en concesión se ajustaron a la ley y atendiendo la necesidad del Distrito de un espacio para inmovilizar vehículos. Explica que en la concesión le correspondía a Movilidad dar el predio para prestar el servicio y como no tenía, se destinaron los bienes del IDU.
En el caso de los Nule, explicó que esta concesión la administra el liquidador de la empresa Ponce de León, autorizado por la Supersociedades. Sin embargo, la Secretaría estudia “la viabilidad de ceder o liquidar el contrato en mención”.
Ante la falta de predios y la eventual construcción de la ALO, Movilidad explicó que el IDU debe pedir los lotes seis meses antes. “Tiempo suficiente para trasladar el patio y garantizar la continuidad del servicio. Adicionalmente, la entidad gestiona recursos para comprar el predio destinado para operar como patio”.
Patios, un buen negocio
La inmovilización de vehículos parece ser un negocio redondo. De acuerdo con cifras de Tránsito de Bogotá, mensualmente se retienen en promedio tres mil carros particulares. Cada dueño debe pagar casi 50 mil pesos por un día de parqueo en el patio de Los Álamos.
Estos datos representan un recaudo mínimo mensual de $150 millones, lo que equivale en ingresos anuales a $2.000 millones. Al servicio de parqueo se debe sumar el pago por la grúa, que genera ingresos por otros $3.000 millones. Esto sin contar con el pago por vehículos abandonados.
