Se mueven denuncias por irregularidades en contratación en Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa inmerso en el torbellino. Además de sus peleas políticas, producto de su disputa con los constructores de Hidroituango o de sus ataques a la prensa que abren interrogantes sobre los financiadores de su campaña, hay tres denuncias pendientes en la Fiscalía. Todas interpuestas por la veeduría Todos por Medellín. Esta organización asegura que tres procesos de contratación pública en la ciudad, a cargo de la Secretaría de Educación, el Hospital General y Metroparques, fueron negocios amañados para favorecer a privados que no tenían idoneidad para desarrollarlos, pero sí eran cercanos al Partido Liberal y al alcalde Quintero.

Aunque las denuncias se radicaron desde marzo de 2020, apenas comenzando el mandato de Quintero, a comienzos de este mes se presentaron ampliaciones con nuevos detalles aún no verificados por las autoridades. La primera denuncia tiene que ver con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques (la Corporación Recreativa Metropolitana de Medellín), para establecer y manejar las zonas verdes en la ciudad. El contrato tuvo un valor de $5.250 millones. Por disposiciones legales, la Alcaldía de la capital antioqueña tiene asiento en la junta directiva de dicha entidad.

La molestia de los veedores de Todos por Medellín radica en que, antes de ese convenio, la corporación Metroparques amplió su objeto social para que pudiera interpretarse que estaba en la capacidad de hacer mantenimiento a zonas verdes. “La experiencia acreditada fue adquirida con posterioridad a la modificación de los estatutos de Metroparques, en contratos con las propias entidades que conforman el Conglomerado Público del municipio de Medellín. Esta situación permite advertir que hubo preparación en los instrumentos y formas jurídicas para dirigir la contratación a una empresa en concreto”, afirma la veeduría Todos por Medellín.

En el marco de ese convenio, como operador logístico para la conservación de jardines, árboles juveniles y mantenimiento de zonas verdes, la corporación Metroparques contrató por invitación privada a la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S. La oferta fue valorada en $3.904 millones. Junto a la firma Reforestadora El Líbano se presentaron otras dos empresas (Construgeo S.A.S., y Mascampo S.A.S.). Según la veeduría Todos por Medellín, existen vínculos de consanguinidad entre los fundadores y los representantes legales de las empresas que se presentaron para el contrato. Se trata de la familia Vélez Henao, que milita en el Partido Liberal y es cercana a Daniel Quintero, a través de Carlos Mario Mejía, gerente de las Terminales de Transporte.

Asdrúbal de Jesús Vélez Orozco, líder político de Andes (Antioquia), fue socio constituyente de la empresa Construgeo S.A.S. y es además el esposo de Luz Eliana Henao Rodríguez, fundadora y única accionista de la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S. De este matrimonio nacieron Carolina Vélez Henao y Stiven Vélez Henao, quienes son los representantes legales de Construgeo S.A.S. Por su parte, la compañía Mascampo S.A.S., tercera empresa que se presentó al contrato cuestionado por la veeduría, tuvo como representante legal suplente a Yuliana Henao Rodríguez, hermana de Luz Eliana Henao Rodríguez, finalmente contratista para la inversión de Metroparques.

“Pertenecen a un mismo grupo familiar, a quienes se direccionó la contratación adelantada presuntamente de manera irregular por parte de Metroparques (…). Lo expuesto hasta el momento permite ver las relaciones políticas que existen entre Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, y el Partido Liberal y miembros afines a este. El comportamiento contractual y de crecimiento de las sociedades coincide con la ocupación de varios cargos públicos en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de políticos afines al señor Asdrúbal Vélez Orozco”, reitera la veeduría.

Cuando la Reforestadora El Líbano inició labores de mantenimiento de las zonas verdes en los espacios públicos, ciudadanos reportaron con fotos a la veeduría que eran empleados que venían trabajando en el Jardín Botánico por contratos anteriores, y por eso usaron sus uniformes. La veeduría dice que el contratista no estaba preparado ni suministró oportunamente la dotación laboral y elementos de seguridad. Además, “parte del personal que prestaba sus servicios en las actividades de jardinería para el Jardín Botánico fue contratado por Reforestadora Líbano con condiciones laborales inferiores. De acuerdo con el informe de debida diligencia, la empresa arroja alertas por demandas laborales”.

La segunda denuncia de la veeduría Todos por Medellín fue radicada el 30 de noviembre de 2020. Los cuestionamientos son contra el Hospital General de Medellín y tienen que ver con algunos procesos de contratación para la alimentación y el aseo del centro hospitalario. El primero por valor de $12.466 millones para prestar servicio por diez meses, con tres empresas invitadas a participar: Sodexo, Grupo Alimenticio Grupal y Comercializadora Giraldo Echeverri. Al final, la única que presentó oferta fue Grupo Alimenticio Grupal, pero Sodexo dejó constancia de que los tiempos dados para presentar su oferta no fueron suficientes. El proceso fue revocado, pero se reanudó meses después.

En la nueva convocatoria, “el Hospital General de Medellín varió la modalidad de contratación de una convocatoria pública a una convocatoria privada. Este hecho, si bien está permitido en el Manual de Contratación, es un mecanismo usado para dirigir la contratación a un grupo específico de empresas (…). Se flexibilizó la experiencia en el sentido de admitir para acreditarla contratos de alimentación en hospitales de segundo nivel, cuando el Hospital General de Medellín es de tercer nivel (…). Consideramos que dicha práctica tuvo como única finalidad que las empresas invitadas pudieran acreditar la experiencia que, en caso de haberse mantenido las condiciones, no les hubieran permitido continuar en el proceso”, se lee en la denuncia presentada por Todos por Medellín.

Según la veeduría, otro indicio de concentración de la contratación en el negocio del Hospital General de Medellín es que los administradores de las empresas invitadas a participar son las mismas personas. Algo parecido a lo denunciado en el caso de Metroparques. La Corporación Ser Colombia, finalmente ganadora de la convocatoria para el contrato de alimentación, es representada por la misma persona, suplente de la junta directiva de la Asociación Asís, ganadora del contrato de aseo. Es decir, entre la Corporación Ser Colombia y la Asociación Asís hay estrecha relación, al parecer pertenecen al mismo grupo familiar incluido en el llamado “carrusel” de la contratación de la salud en Antioquia.

Dos meses antes de la adjudicación del contrato, una de las representantes legales de la Asociación Asís pasó a trabajar en el Hospital General de Medellín como auxiliar administrativa. Así mismo se deben investigar “las relaciones existentes entre quienes figuraban en el registro de Cámara de Comercio de la Corporación Ser Colombia y de la Asociación Asís”, añade Todos por Medellín. Según la veeduría, hay favorecimiento a dos particulares mediante el diseño de procesos de contratación a su medida. Se flexibilizaron las condiciones para que los contratistas cumplieran con la experiencia requerida y la documentación.

La última de tres denuncias presentadas a la Fiscalía por la veeduría Todos por Medellín, fue radicada el 2 de febrero de 2021 contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín. Se hizo por supuestas irregularidades en el programa “Buen Comienzo”, que atiende a niños recién nacidos y madres gestantes y lactantes. Según la veeduría, la entidad cambió la modalidad de contratación para adjudicar un negocio de $20.692 millones y usó la de contratación directa, que es considerada en este caso menos transparente. Los lineamientos habrían sido modificados por un funcionario de la Secretaría, que luego terminó trabajando con la empresa contratista.

Los veedores también cuestionan la elección de un contratista que presentó una propuesta mucho más costosa que la contratada el año anterior. El costo por niño atendido por día pasó de $3.727 a $5.033, lo cual significa un aumento del 35 %. Entre los requisitos para elegir al contratista se exigió que este tuviera una amplia experiencia en suministro de alimentación o atención nutricional a la primera infancia, estar inscrito en el Banco de Oferentes del ICBF y tres años de experiencia, a diferencia del anterior convenio, que exigía la misma experiencia, pero por cinco años. Estos requisitos eran precisamente los que necesitaba que se modificaran para la Corporación Colombia Avanza.

“Hubo una flexibilización de la experiencia para que la Corporación Colombia Avanza pudiera acreditar tal requisito, lo cual constituye un indicio a partir del cual se puede inferir que las condiciones contractuales fueron ajustadas para excluir a los demás oferentes y adjudicar un contrato cinco veces mayor a una empresa que no tenía la experiencia específica”, dijeron las personas denunciantes ante la Fiscalía. Adicional a esto, los reclamos dan cuenta de que la Corporación Colombia Avanza presentó múltiples fallas en la prestación del servicio, logrando una cobertura del servicio del 34 % y 62 % durante dos meses.

Consultada por El Espectador, la Alcaldía de Medellín aseguró que no puede pronunciarse por esas denuncias presentadas por la veeduría Todos por Medellín, porque no las conoce. Exigió primero leer los documentos para emitir una respuesta. Esas denuncias llevan sello de radicación en Fiscalía desde hace más de un año y acaban de ser ampliadas. Se suman al peculiar momento que vive el primer mandatario de la ciudad, Daniel Quintero, quien libra una agreste batalla política y jurídica con múltiples frentes públicos de disputa, pero que en la reciente encuesta de Invamer, presentada esta semana, creció ocho puntos en el porcentaje de aprobación ciudadana.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, continúa inmerso en el torbellino. Además de sus peleas políticas, producto de su disputa con los constructores de Hidroituango o de sus ataques a la prensa que abren interrogantes sobre los financiadores de su campaña, hay tres denuncias pendientes en la Fiscalía. Todas interpuestas por la veeduría Todos por Medellín. Esta organización asegura que tres procesos de contratación pública en la ciudad, a cargo de la Secretaría de Educación, el Hospital General y Metroparques, fueron negocios amañados para favorecer a privados que no tenían idoneidad para desarrollarlos, pero sí eran cercanos al Partido Liberal y al alcalde Quintero.

Aunque las denuncias se radicaron desde marzo de 2020, apenas comenzando el mandato de Quintero, a comienzos de este mes se presentaron ampliaciones con nuevos detalles aún no verificados por las autoridades. La primera denuncia tiene que ver con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques (la Corporación Recreativa Metropolitana de Medellín), para establecer y manejar las zonas verdes en la ciudad. El contrato tuvo un valor de $5.250 millones. Por disposiciones legales, la Alcaldía de la capital antioqueña tiene asiento en la junta directiva de dicha entidad.

La molestia de los veedores de Todos por Medellín radica en que, antes de ese convenio, la corporación Metroparques amplió su objeto social para que pudiera interpretarse que estaba en la capacidad de hacer mantenimiento a zonas verdes. “La experiencia acreditada fue adquirida con posterioridad a la modificación de los estatutos de Metroparques, en contratos con las propias entidades que conforman el Conglomerado Público del municipio de Medellín. Esta situación permite advertir que hubo preparación en los instrumentos y formas jurídicas para dirigir la contratación a una empresa en concreto”, afirma la veeduría Todos por Medellín.

En el marco de ese convenio, como operador logístico para la conservación de jardines, árboles juveniles y mantenimiento de zonas verdes, la corporación Metroparques contrató por invitación privada a la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S. La oferta fue valorada en $3.904 millones. Junto a la firma Reforestadora El Líbano se presentaron otras dos empresas (Construgeo S.A.S., y Mascampo S.A.S.). Según la veeduría Todos por Medellín, existen vínculos de consanguinidad entre los fundadores y los representantes legales de las empresas que se presentaron para el contrato. Se trata de la familia Vélez Henao, que milita en el Partido Liberal y es cercana a Daniel Quintero, a través de Carlos Mario Mejía, gerente de las Terminales de Transporte.

Asdrúbal de Jesús Vélez Orozco, líder político de Andes (Antioquia), fue socio constituyente de la empresa Construgeo S.A.S. y es además el esposo de Luz Eliana Henao Rodríguez, fundadora y única accionista de la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S. De este matrimonio nacieron Carolina Vélez Henao y Stiven Vélez Henao, quienes son los representantes legales de Construgeo S.A.S. Por su parte, la compañía Mascampo S.A.S., tercera empresa que se presentó al contrato cuestionado por la veeduría, tuvo como representante legal suplente a Yuliana Henao Rodríguez, hermana de Luz Eliana Henao Rodríguez, finalmente contratista para la inversión de Metroparques.

“Pertenecen a un mismo grupo familiar, a quienes se direccionó la contratación adelantada presuntamente de manera irregular por parte de Metroparques (…). Lo expuesto hasta el momento permite ver las relaciones políticas que existen entre Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín, y el Partido Liberal y miembros afines a este. El comportamiento contractual y de crecimiento de las sociedades coincide con la ocupación de varios cargos públicos en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá de políticos afines al señor Asdrúbal Vélez Orozco”, reitera la veeduría.

Cuando la Reforestadora El Líbano inició labores de mantenimiento de las zonas verdes en los espacios públicos, ciudadanos reportaron con fotos a la veeduría que eran empleados que venían trabajando en el Jardín Botánico por contratos anteriores, y por eso usaron sus uniformes. La veeduría dice que el contratista no estaba preparado ni suministró oportunamente la dotación laboral y elementos de seguridad. Además, “parte del personal que prestaba sus servicios en las actividades de jardinería para el Jardín Botánico fue contratado por Reforestadora Líbano con condiciones laborales inferiores. De acuerdo con el informe de debida diligencia, la empresa arroja alertas por demandas laborales”.

La segunda denuncia de la veeduría Todos por Medellín fue radicada el 30 de noviembre de 2020. Los cuestionamientos son contra el Hospital General de Medellín y tienen que ver con algunos procesos de contratación para la alimentación y el aseo del centro hospitalario. El primero por valor de $12.466 millones para prestar servicio por diez meses, con tres empresas invitadas a participar: Sodexo, Grupo Alimenticio Grupal y Comercializadora Giraldo Echeverri. Al final, la única que presentó oferta fue Grupo Alimenticio Grupal, pero Sodexo dejó constancia de que los tiempos dados para presentar su oferta no fueron suficientes. El proceso fue revocado, pero se reanudó meses después.

En la nueva convocatoria, “el Hospital General de Medellín varió la modalidad de contratación de una convocatoria pública a una convocatoria privada. Este hecho, si bien está permitido en el Manual de Contratación, es un mecanismo usado para dirigir la contratación a un grupo específico de empresas (…). Se flexibilizó la experiencia en el sentido de admitir para acreditarla contratos de alimentación en hospitales de segundo nivel, cuando el Hospital General de Medellín es de tercer nivel (…). Consideramos que dicha práctica tuvo como única finalidad que las empresas invitadas pudieran acreditar la experiencia que, en caso de haberse mantenido las condiciones, no les hubieran permitido continuar en el proceso”, se lee en la denuncia presentada por Todos por Medellín.

Según la veeduría, otro indicio de concentración de la contratación en el negocio del Hospital General de Medellín es que los administradores de las empresas invitadas a participar son las mismas personas. Algo parecido a lo denunciado en el caso de Metroparques. La Corporación Ser Colombia, finalmente ganadora de la convocatoria para el contrato de alimentación, es representada por la misma persona, suplente de la junta directiva de la Asociación Asís, ganadora del contrato de aseo. Es decir, entre la Corporación Ser Colombia y la Asociación Asís hay estrecha relación, al parecer pertenecen al mismo grupo familiar incluido en el llamado “carrusel” de la contratación de la salud en Antioquia.

Dos meses antes de la adjudicación del contrato, una de las representantes legales de la Asociación Asís pasó a trabajar en el Hospital General de Medellín como auxiliar administrativa. Así mismo se deben investigar “las relaciones existentes entre quienes figuraban en el registro de Cámara de Comercio de la Corporación Ser Colombia y de la Asociación Asís”, añade Todos por Medellín. Según la veeduría, hay favorecimiento a dos particulares mediante el diseño de procesos de contratación a su medida. Se flexibilizaron las condiciones para que los contratistas cumplieran con la experiencia requerida y la documentación.

La última de tres denuncias presentadas a la Fiscalía por la veeduría Todos por Medellín, fue radicada el 2 de febrero de 2021 contra funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín. Se hizo por supuestas irregularidades en el programa “Buen Comienzo”, que atiende a niños recién nacidos y madres gestantes y lactantes. Según la veeduría, la entidad cambió la modalidad de contratación para adjudicar un negocio de $20.692 millones y usó la de contratación directa, que es considerada en este caso menos transparente. Los lineamientos habrían sido modificados por un funcionario de la Secretaría, que luego terminó trabajando con la empresa contratista.

Los veedores también cuestionan la elección de un contratista que presentó una propuesta mucho más costosa que la contratada el año anterior. El costo por niño atendido por día pasó de $3.727 a $5.033, lo cual significa un aumento del 35 %. Entre los requisitos para elegir al contratista se exigió que este tuviera una amplia experiencia en suministro de alimentación o atención nutricional a la primera infancia, estar inscrito en el Banco de Oferentes del ICBF y tres años de experiencia, a diferencia del anterior convenio, que exigía la misma experiencia, pero por cinco años. Estos requisitos eran precisamente los que necesitaba que se modificaran para la Corporación Colombia Avanza.

“Hubo una flexibilización de la experiencia para que la Corporación Colombia Avanza pudiera acreditar tal requisito, lo cual constituye un indicio a partir del cual se puede inferir que las condiciones contractuales fueron ajustadas para excluir a los demás oferentes y adjudicar un contrato cinco veces mayor a una empresa que no tenía la experiencia específica”, dijeron las personas denunciantes ante la Fiscalía. Adicional a esto, los reclamos dan cuenta de que la Corporación Colombia Avanza presentó múltiples fallas en la prestación del servicio, logrando una cobertura del servicio del 34 % y 62 % durante dos meses.

Consultada por El Espectador, la Alcaldía de Medellín aseguró que no puede pronunciarse por esas denuncias presentadas por la veeduría Todos por Medellín, porque no las conoce. Exigió primero leer los documentos para emitir una respuesta. Esas denuncias llevan sello de radicación en Fiscalía desde hace más de un año y acaban de ser ampliadas. Se suman al peculiar momento que vive el primer mandatario de la ciudad, Daniel Quintero, quien libra una agreste batalla política y jurídica con múltiples frentes públicos de disputa, pero que en la reciente encuesta de Invamer, presentada esta semana, creció ocho puntos en el porcentaje de aprobación ciudadana.