Atún Van Camps se enfrenta a graves denuncias tras desaparición de un marinero

El pasado 28 de junio, una explosión hundió el buque pesquero colombiano Sea Gem cerca de la isla de Samoa Americana, en el océano Pacífico. A bordo venían 22 tripulantes: 18 ciudadanos ecuatorianos, dos mexicanos, un venezolano y un colombiano. Y en las bodegas había más de 200 toneladas de atún, pues el barco era parte de la flota de Seatech International, dueña de la marca Van Camps, pero que también comercializa su producto a través de otras empresas.

El pasado 28 de junio, una explosión hundió el buque pesquero colombiano Sea Gem cerca de la isla de Samoa Americana, en el océano Pacífico. A bordo venían 22 tripulantes: 18 ciudadanos ecuatorianos, dos mexicanos, un venezolano y un colombiano. Y en las bodegas había más de 200 toneladas de atún, pues el barco era parte de la flota de Seatech International, dueña de la marca Van Camps, pero que también comercializa su producto a través de otras empresas.

Luego del naufragio, y ya a bordo de una embarcación que socorrió a la tripulación del Sea Gem, el capitán del barco, el ecuatoriano César Mendoza, escribió un reporte para informar a la Capitanía de Puerto de Manta, Ecuador, y a la empresa dueña del barco hundido, que el tripulante Alfredo Cevallos Barberán, también ecuatoriano, se encontraba desaparecido.

En la madrugada de este lunes el tráfico en el sector de Mamonal, Cartagena, se vio interrumpido por una protesta de extrabajadores de Seatech, quienes se manifestaron en frente de las instalaciones de esta empresa por la irregularidad en las contrataciones de sus empleados: no los han afiliado a seguridad social a aseguradoras de riesgos laborales, a pesar de haber trabajado para esta compañía (o filiales hermanas) por más de 30 años, en algunos casos.

En la protesta se encontraba Luz Eneida Gutiérrez, esposa del marino desaparecido en el naufragio del Sea Gem, quien llegó hasta Mamonal para reclamar “mis derechos como colombiana y los de mi esposo como persona que laboró en la empresa”, dijo Gutiérrez luego de la protesta, en la que estuvo presente El Espectador. “Pensé que por respeto a una persona que laboró mucho tiempo en la empresa, durante más de 20 años, se iban a manifestar, hablar conmigo, pero no he tenido comunicación con la empresa”, agregó.

¿Irregularidades en las condiciones laborales?

Las quejas por la falta de condiciones laborales dignas para los marinos que pescan el atún Van Camps viene de tiempo atrás. El 15 de diciembre de 2012, la Unión de Marinos Mercantes y de Pesca Colombianos (Unimpescol) envió una carta dirigida al entonces ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, en la que advirtió que Seatech tenía a su cargo 12 barcos atuneros en los que laboraban aproximadamente un 80 % de marinos extranjeros y 20 % colombianos, “por lo que no da cumplimiento al artículo 99 del Decreto 2324 de 1984, aduciendo para ello que en Colombia no hay suficiente personal capacitado para enrolar en esas naves”.

Miguel Sánchez, directivo de Unimpescol e inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por su sigla en inglés), quien firma la carta, aseguró que “ninguno de los tripulantes nacionales y extranjeros han sido vinculados al sistema (de seguridad social) como trabajadores dependientes que son”, y agregó que “durante el presente año he tenido conocimiento de dos graves accidentes ocurridos en dos barcos de esta compañía (...). En estos hechos murieron cuatro tripulantes, quienes no estaban cotizando al régimen pensional, quedando sus familias en total desamparo”.

En conversación con El Espectador, el exministro Pardo dijo nunca haber recibido tal carta. Hablamos también con Jaime Dávila Pestana, representante legal de Seatech, quien aseveró que esa empresa “no ha firmado contrato ni tiene vínculo laboral con tripulantes, y menos del extranjero”.

Sin embargo, conocimos uno de los contratos que firmó Seatech con el marino ecuatoriano Félix Armando Flores Roca, quien viajó a Cartagena y lideró la protesta en Mamonal.

Flores ha sido tripulante de varios de los barcos de Seatech, pero los contratos fueron firmados por otras empresas del mismo grupo, como Tuna Atlantic Ltda y Ocean Trading. A pesar de que Seatech fue fundada en Cartagena, la planta de Mamonal es operada como una sucursal de la empresa matriz, que a su vez está registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Como parte de esta investigación enviamos un derecho de petición al Ministerio del Trabajo preguntando por las acciones emprendidas para verificar las denuncias de Sánchez, y nos enviaron las actas de las inspecciones realizadas por la Dirección Territorial Bolívar a la Capitanía de Puerto de Cartagena.

En la última visita, realizada el 11 de mayo de 2023, el inspector Ariel Puello intentó verificar la situación de los tripulantes del barco El Rey, también parte de la flota de Seatech, pero a cargo de la agencia Logística Marítima Integral SAS. Durante la diligencia el capitán del buque aseguró que la nave no tenía trabajadores colombianos y que la tripulación tenía contrato “con un armador que no es nacional colombiano, luego las condiciones de los contratos no serían susceptibles de control administrativo por parte del Ministerio del Trabajo”.

El inspector Puello accedió a suspender la visita para garantizar el debido proceso, pero volvió cuatro días después argumentando que el Mintrabajo sí tenía competencia de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente, y solicitó copia de los contratos de los tripulantes de El Rey. Sin embargo, la agencia marítima manifestó no poseer los documentos al no actuar como empleador de los tripulantes. Por esa razón, el Mintrabajo no ha podido obtener una copia de los contratos para iniciar las investigaciones pertinentes.

El Espectador conoció varios de los contratos firmados por tripulantes de siete barcos de bandera colombiana y registrados a nombre de Tuna Atlantic (parte del mismo grupo empresarial de Seatech). En todos ellos puede leerse la misma cláusula sobre el salario, unos cuantos dólares por tonelada pescada, y que establece que ese sueldo “cubre el valor del trabajo ordinario, bien sea en turnos diurnos o nocturnos, y el valor de los descansos en los domingos y días festivos o de asueto no trabajados, horas extras, recargos diurnos o nocturnos, prestaciones sociales y demás conceptos laborales debido a que es salario a destajo”. Por su parte, Dávila Pestana explicó a este diario que estos contratos no provienen de Seatech y dijo no haberlos visto nunca.

Los salarios a destajo suelen florecer entre trabajadores que se encuentran en “situación de vulnerabilidad”, especialmente en países en desarrollo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Colombia, el propio Ministerio del Trabajo ha establecido que los trabajadores con salario a destajo tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores con salario fijo. En otras palabras, que deben gozar de las garantías en seguridad social y riesgos laborales.

El limbo para los marineros que pescan el atún Van Camps

En esa situación de vulnerabilidad de la que habla la OIT se encuentra Luz Eneida luego de que su esposo desapareciera tras el naufragio del Sea Gem, pues su familia dependía de ese ingreso y ahora no tiene nada, ni siquiera su cuerpo para llevarle flores al cementerio. “Como no hubo cuerpo, velamos la foto como algo representativo. No tenemos una lápida, a dónde dirigirnos y hablarle cuando sintamos la necesidad”, cuenta la viuda, que no ha sido la única en pasar por un drama similar.

Johana Monserrate Espinoza Castro presentó una demanda marítima “in rem” en contra del barco María Isabel C, registrado a nombre de Seatech, ante el Tribunal Marítimo de Panamá por más de US$936.000 en reparación por la muerte de su esposo, José Miguel Ponce Delgado, ciudadano ecuatoriano que se enroló en la tripulación como cocinero en 2018.

Según la demandante, Ponce tuvo un accidente en el que se golpeó la espalda y la rodilla mientras realizaba labores distintas a las de cocinero, y sufrió fuertes dolores con posterioridad al evento.

Pese a que pidió ayuda al capitán del barco, solo recibió analgésicos, como él mismo le contó a su familia por mensajes de Whatsapp.

Un mes después del accidente, Ponce fue trasladado del María Isabel C. al barco Montecristi, de bandera ecuatoriana, para transportarlo hasta el puerto de Manta, pero falleció antes de llegar a tierra. Para la familia es claro que la causa de la muerte del marino fue la falta de atención médica que en múltiples ocasiones solicitó y no le fue brindada.

Para evitar demandas como la presentada por la familia de Ponce, Seatech y sus empresas asociadas han pagado millonarias indemnizaciones a otros marinos tripulantes de los barcos anteriormente mencionados. Por ejemplo, en 2015 la empresa pagó US$10.000 a Segundo Homero Cabezas Carabalí “por renuncia completa de todas las reclamaciones y demandas”. Algo similar hizo en 2013, cuando pagó US$180.000 a Julio Abdon Ricardo Godoy Huancayo, ayudante de máquinas del Sea Gem, el mismo barco que naufragó en junio pasado.

El representante legal de Seatech explicó que estos cheques y documentos que hablan de las indemnizaciones no provienen de su empresa y no puede confirmar o negar su veracidad. Sin embargo, para los marinos y sus familias, esa respuesta es inaceptable porque ellos mismos aportaron esos documentos como parte de una reclamación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de la Industria Productora de Alimentos (Inepaca), empresa hermana de Seatech.

En medio de la reclamación en Ecuador, Inepaca explicó que “los denunciantes fueron trabajadores de las empresas Pescatún de Colombia S.A., y Seatech Internacional, propietarias de los buques de bandera Colombiana B/P El Dominador, Cabo de Hornos, American Eagle, El Rey, Sandra, Grenadier, Sea Gem y Enterprise, que operan internacionalmente y que tienen su centro de operaciones en Cartagena, Colombia, y que esporádicamente llegaban a Ecuador, de tránsito de Panamá, recibiendo sus remuneraciones en Colombia, de tal manera que nunca se configuró u originó la relación laboral ni de manera solidaria con la compañía Inepaca”.

Luego Inepaca solicitó a Seatech y a Pescatún de Colombia que remitieran copia de los contratos de los marinos demandantes, y fue así como ellos obtuvieron acceso a esos documentos, pues no les entregaron una copia del contrato cuando lo firmaron, según explicó Félix Flores a este diario. Tras el fracaso de la reclamación ante el IESS, los marinos notariaron y apostillaron los documentos para aportarlos en un proceso en Colombia que ya están adelantando ante el Mintrabajo.

Para este punto de la historia pareciera que los derechos laborales de los trabajadores quedan atrapados en un entramado de domicilios y jurisdicciones corporativas, como se desprende de las declaraciones de Inepaca: los marinos buscan respuestas e indemnizaciones, y en la mitad lo que hay son abogados y vacíos legales.

A las dos de la tarde del pasado lunes, luego de haber interrumpido el tránsito con el plantón en Mamonal, los manifestantes trasladaron su protesta a las oficinas del Ministerio del Trabajo, seccional Bolívar, en el centro de Cartagena. Allí exigieron reunirse con la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, pero fueron recibidos por el director seccional, Rafael Palencia, quien les informó que la viceministra no pudo viajar desde Bogotá.

En esa reunión, Palencia reconoció varios de los señalamientos que hicieron los marinos, que le recordaron que funcionarios de ese Ministerio intentaron visitar el barco El Rey, que había atracado en Cartagena, pero los tripulantes impidieron la visita de inspección quitando la escalinata de acceso y alejando el barco del muelle para adentrarse en la bahía.

Uno de los marinos pidió la palabra y le exigió a Palencia que fuera más diligente con las inspecciones y que solicitara apoyo de la Armada Nacional, en caso de ser necesario, para verificar si los actuales tripulantes de los barcos están afiliados al sistema de seguridad social y comprobar que se estén haciendo los respectivos pagos de parafiscales. En respuesta, Palencia avisó a los marinos que ya se había citado una mesa de trabajo con la empresa para este jueves a las 9 de la mañana.

Flores y los marinos le están pidiendo a la ministra que escuche las quejas que se han presentado a esa cartera desde hace más de 10 años. En la reunión de este jueves insistirán en la necesidad de que esa entidad secuestre las naves de Seatech para evitar que más trabajadores sigan exponiéndose a los accidentes que ocurren en alta mar sin contar con prestaciones sociales y otros derechos laborales que esa empresa les ha negado por más de 30 años.

Los vínculos políticos de Seatech y Atún Van Camps

Como reveló en 2020 La Liga Contra el Silencio, Seatech y sus demás empresas pertenecen a la familia Zárate. Gabriel Humberto Zárate, cofundador de Davivienda, donó 30 millones a la campaña presidencial de Marta Lucía Ramírez en 2014. De hecho, uno de los barcos que pesca el atún Van Camps se llama Marta Lucía R.

Tras el fallecimiento de Gabriel Humberto, Seatech quedó en manos de Augusto Zárate Gutiérrez. Gabriel Humberto y Augusto donaron $50 millones cada uno a la campaña reeleccionista de Álvaro Uribe. También donaron a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, mismo año en que aportaron $235.294,12 a cada uno de los 85 candidatos de la lista cerrada del Centro Democrático, según el reporte publicado en el portal Cuentas Claras. Por su parte, Diego Ramiro Canelos Velasco, representante legal de Seatech y otras empresas del mismo grupo, aportó $50 millones a la campaña presidencial de Enrique Peñalosa ese mismo año.

Acusaciones de pesca ilegal y de tiburones contra Seatech

La investigación de La Liga Contra el Silencio encontró que en el Pacífico existen dos flotas que pescan atún e incidentalmente tiburones y una de ellas es la de Seatech. La Liga también reveló que las empresas creadas en Panamá, y luego registradas como armadores de los barcos de Seatech, fueron clientes de la firma de abogados Arosemena, Noriega & Contreras, mencionada en los Panama Papers.

En octubre de 2022 se conoció un informe de Financial Transparency Coalition que identificó a Pescatún de Colombia, parte del conglomerado empresarial de Seatech, como la mayor empresa no china en el ránking de las diez principales acusada de estar involucrada en la pesca ilegal. Dos años antes, Mongabay Latam y Cuestión Pública revelaron que la flota de Seatech estuvo pescando en el área protegida de Yuruparí, en el Pacífico colombiano, entre junio de 2018 y octubre de 2020.

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