Secretaría de Transparencia seguirá verificando contratos de Inacon en San Andrés

Secretario de Transparencia - Presidencia de Colombia

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de las revelaciones de El Espectador sobre la investigación que adelanta la Policía y la Fiscalía sobre madera ilegal de una comercializadora, vinculada con el Clan del Golfo, que terminó en la reconstrucción de San Andrés y Providencia, el secretario de Presidencia, Andrés Idárraga, se pronunció. Este miércoles, en su cuenta de X, dio datos desconocidos sobre una de las empresas que habría comprado madera a una empresa en Córdoba que, a su vez, la había conseguido a través de una comercializadora que ha deforestado el Parque Nacional Nudo de Paramillo, desde 2016, según las autoridades.

Se trata de la empresa Ingeniería Ambiental Civil y Construcción (Inacon S.A.S.), representada legalmente por Juan Gabriel Portilla Counge. Según Idárraga, al verificar esta empresa a través del Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), encontraron que, en el 2013, “contaban con un patrimonio de $3 millones y para el 2023 era de $5.317 millones, lo que significa que su patrimonio aumento 1.771 veces en 10 años, situación que por sí sola no es irregular, pero llama la atención”.

Idárraga detalló, además, que Inacon S.A.S. se inscribió en el Registro Único de Proponentes el 29 de abril de 2021: “lo que permite inferir que no tenían experiencia con procesos de contratación estatal hasta antes de esa fecha, dato relevante dado que a marzo de 2024 ya habían suscrito 39 contratos con entidades públicas”. Así como se refirió al contrato que tienen con el Instituto Nacional de Vías (Invías) por $ 6.476 millones de pesos, que como lo contó El Espectador, se realizó de manera directa y se ejecutó en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El secretario de Transparencia de Presidencia concluyó su publicación diciendo que esta entidad “continuará con la verificación de la ejecución de estos contratos y los beneficiarios reales de los mismos”.

Inacon S.A.S. y su relación con David Fernando Portilla Counge

Como lo contó El Espectador, Inacon S.A.S. está representada en papeles por Juan Gabriel Portilla Counge, pero sería controlada por David Fernando Portilla Counge. Este último es un conocido contratista en el mundo de la construcción que apareció en el radar de la Fiscalía General, en 2017, cuando estalló el escándalo Odebrecht en Colombia. De acuerdo con el ente investigador, este ingeniero civil de 42 años fue clave para blanquear un millonario pago que habría aportado la empresa brasilera a la campaña reeleccionista del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 2014. Un pago que el exmandatario ha negado tajantemente en los últimos años.

En diálogo con este diario, David Portilla negó controlar la empresa, pero reconoció que sigue trabajando en ella: “Desde que estalló el escándalo se ha dicho mucho de mí, en los medios se han dicho muchas mentiras, pero por los problemas legales que he tenido no se me puede impedir seguir con mi vida, continuar trabajando. Es cierto que tengo un juicio penal pendiente y que, de allí, en los próximos años se decidirá si soy culpable o no. Es verdad que en algún punto intenté negociar un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero hace un año desistí de la negociación al no poder concretar ningún arreglo judicial”, señaló el empresario caleño enjuiciado por el caso Odebrecht.

Sobre la investigación de madera deforestada en el Parque Nacional Nudo de Paramillo, David Fernando Portilla aceptó que, en enero de 2021, mientras avanzaba la primera fase de la reconstrucción de San Andrés, sí trabajó con madera que había recibido de la empresa Asglobal (madera que, según las autoridades, provenía de Maderas El Amparo, la comercializadora investigada por deforestar el Parque Nudo de Paramillo con nexos con el Clan del Golfo). Sin embargo, Portilla dejó claro que para él era “imposible” saber de su origen ilícito. Lo mismo dijo consultado por este diario, Víctor Marenco Betín, representante legal de Asglobal, quien compró los listones a Maderas El Amparo: la madera contaba con todos los papeles para ser comercializada y era imposible saber que tenía un origen ilícito. Además, Portilla detalló que, en la fase dos, en la que fue contratada Inacon S.A.S para reconstruir viviendas por la UNGRD compró madera traída de los Estados Unidos y comprada en una ferretería de San Andrés.

Las fuentes judiciales que investigan este caso reconocieron a El Espectador que, en general, para las empresas constructoras es “muy complicado” identificar si la madera que compran fue extraída legal o ilegalmente. “No suele importarles de dónde viene. Sobre todo si la madera comprada cumple con los salvoconductos de comercialización, los cuales son expedidos por las corporaciones autónomas de cada región (...) Pero allí hay focos de corrupción. También, el control de los bosques en donde se permite deforestar comprenden terrenos tan extensos que es casi imposible hacerles seguimiento. Más aún en el Paramillo, donde el Clan del Golfo tiene un gran control”, dice un investigador de delitos ambientales, que pidió la reserva de su nombre para no entorpecer los procesos que adelanta.

En los folios de esta investigación, a los que accedió este diario, hay documentos que indican que, judicialmente, quienes están más enredados son los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, representantes legales de Maderas El Amparo. La Fiscalía tiene en su contra chats, interceptaciones de llamadas y movimientos de dinero que darían cuenta de su relación comercial con la red ilegal del Clan del Golfo que extraía madera ilegal del Nudo de Paramillo. Un informe del CTI de la Fiscalía calcula que, por este tráfico ilegal, los hermanos Villalba se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023. Además, calculan que, durante ese mismo lapso, la estructura ilegal deforestó 400 hectáreas del parque natural, un terreno que equivale, aproximadamente, a 200 canchas de fútbol.

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