“Sufrí racismo en la Policía durante más de diez años”: Luis Carlos Murillo
El exintendente de la Inspección General de Policía denuncia por primera vez en prensa el racismo que padeció por ser afrodescendiente. El caso llegó hasta pliego de cargos en esta dependencia y se archivó por un subalterno de una de las denunciadas en 2023. En la Policía rechazaron las acusaciones y las calificaron de “infundadas”.
David Riaño Valencia
Cuando Luis Carlos Murillo regresó a su puesto de trabajo en la Inspección General de la Policía Nacional, luego de pasar varias noches en el hospital cuidando a su hijo enfermo de cinco años, un compañero de trabajo, con rango superior al de él, lo recibió diciendo: “¿Cómo siguió la mascota?”. Murillo supo de inmediato que se refería así a su hijo porque su piel es negra, como la suya.
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Cuando Luis Carlos Murillo regresó a su puesto de trabajo en la Inspección General de la Policía Nacional, luego de pasar varias noches en el hospital cuidando a su hijo enfermo de cinco años, un compañero de trabajo, con rango superior al de él, lo recibió diciendo: “¿Cómo siguió la mascota?”. Murillo supo de inmediato que se refería así a su hijo porque su piel es negra, como la suya.
Ese tipo de comentarios racistas, cuenta Luis Carlos Murillo, los tuvo que soportar desde que llegó a la Policía, en 2009. Entró a la Inspección General porque estaba estudiando quinto semestre de derecho en ese momento y quedó encargado de sustanciar procesos disciplinarios en la dependencia de esta entidad que investiga y sanciona las faltas de sus miembros.
A Murillo se le volvió común escuchar en los pasillos de esta oficina comentarios como: “Hola amigo Murillo, cada día te veo más negro”, “van a polarizar la Inspección General con tanto negro” o el manido chiste de los colores: “Rosado magenta y negro hijueputa”.
“Era el único suboficial afrodescendiente de raza negra, oriundo de Buenaventura, y de manera constante era víctima de hechos constitutivos de racismo proferidos principalmente por mis superiores jerárquicos. Por tener color de piel diferente a todos ellos, constantemente me señalaban de ser similar a un mico, a un gorila, o decían que mi color de piel manchaba las paredes de la oficina”, recuerda Murillo.
Un día, en tono jocoso, la capitán Sandra Liliana Peña dijo que las paredes de la oficina estaban negras porque Murillo estaba “destiñendo”. Murillo recuerda el episodio como el último que aguantó en silencio antes de interponer una queja disciplinaria y una denuncia penal por discriminación racial, en 2017.
Poco después de esa queja, en noviembre de 2017, hubo una reunión en la que estuvo presente Murillo, la entonces teniente y ahora capitán Sandra Peña, la entonces mayor y ahora teniente coronel Magda Liris Garzón Flórez y otros. En esa oportunidad la teniente Peña ofreció excusas y Luis Carlos Murillo las aceptó, pero agregó que las disculpas no la eximían de responsabilidad penal o disciplinaria y que él pensaba continuar con el proceso.
En diciembre de 2017, el mayor general Carlos Ramiro Mena, para entonces inspector general de la Policía, le ordenó a la mayor Magda Garzón que realizara un comité de convivencia para buscar saldar el tema, pero, como asegura el denunciante, la mayor Garzón nunca lo hizo. Según explicó ella durante la investigación disciplinaria en su contra, la reunión que ya se había realizado en noviembre cumplía los requisitos para ser considerada un comité de convivencia como el que ordenó Mena. Pero, para Murillo, ese argumento es insostenible porque la reunión fue anterior a la orden del general Mena y, además, nunca se habló de conciliación porque ninguno de los asistentes estaba facultado para llevar un acto conciliatorio.
En opinión de Luis Carlos Murillo, la mayor Garzón incumplió dolosamente una orden de su superior —el inspector general— para encubrir a la teniente Peña, a quien señaló de actos racistas. Por eso interpuso también una queja disciplinaria en contra de la mayor Magda Garzón.
El expediente contra la mayor Garzón dio vueltas, de despacho en despacho, por casi siete años en el interior de la Policía Nacional. El 10 de agosto de 2023 se le formuló pliego de cargos en su contra en la Inspección General, firmado por el subinspector coronel Armando Rafael Amaya. Allí se señaló a Garzón por incumplimiento sin causa justificada de órdenes relativas al servicio. El subinspector Amaya, además, consideró que la omisión fue dolosa porque Garzón fue coordinadora de centros de conciliación y sabía perfectamente que no había dado cumplimiento a la orden dada por el general Mena.
El 22 de agosto de 2023, 12 días después de la formulación de pliego de cargos, otro funcionario de la Inspección General lo declaró nulo con el argumento de que no se notificó debidamente a la investigada. Luego un subinspector encargado ordenó archivar la investigación y absolvió a la teniente coronel Garzón.
Luis Carlos Murillo volvió a apelar esa decisión y envió una petición para que le confirmaran si el funcionario que ordenó el archivo era un subordinado de la teniente coronel Garzón. La respuesta llegó justamente de ese funcionario, quien confirmó que es subordinado de la investigada, pero agregó que tal condición no lo inhabilitaba para tomar decisiones en el caso.
La teniente coronel Magda Garzón dijo, consultada por este diario, que tiene más de 23 años de servicio en la Policía y que siempre se ha caracterizado “por actuar dentro del marco legal, así como seguir fielmente los reglamentos institucionales, con un profundo respeto por todas las personas sin distinción alguna y manteniendo siempre buenas maneras y costumbres en mis interacciones, pero siendo firme en mi ejercicio del mando”.
Garzón añadió que rechaza categóricamente las acusaciones, que son infundadas, y anunció que tomará acciones jurídicas: “Esta situación me obliga a interponer los recursos legales que correspondan en respuesta a las aseveraciones calumniosas del expolicía, las cuales vulneran de manera flagrante mi integridad profesional, personal y mi dignidad como mujer”.
Por lo pronto, después de apelar dos órdenes de archivo, el caso de Luis Carlos Murillo en contra de la teniente coronel Garzón se enfrenta ahora a su última instancia. Sin embargo, sus expectativas son bajas: “La ley disciplinaria es solo para los rasos, de suboficiales para abajo. Entre oficiales no se pisan las mangueras. Allá todo el mundo sabe que una investigación disciplinaria contra un oficial va para el archivo, y ella es además la esposa del coronel en retiro José Libardo Restrepo, quien fungió como secretario privado del general Rodolfo Bautista Palomino López, antiguo director general de la institución. Ella es una oficial intocable y bien ubicada laboralmente”, aseguró el expolicía que trabajó por más de 10 años en esa dependencia de la Policía.
El Espectador buscó un pronunciamiento de la Policía Nacional sobre este aspecto y, a través de su oficina de prensa, la entidad contestó que “la Inspección General de la Policía Nacional siempre ha sido respetuosa y garante de los derechos de los sujetos procesales dentro de las investigaciones disciplinarias que adelanta esta oficina de control” y que sus actuaciones “están sujetas al control y vigilancia de instancias superiores, como lo son la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado, que garantizan el cumplimiento del debido proceso, como derecho fundamental contenido en la Constitución Política de Colombia”.
¿Sin pisarse las mangueras?
No es la primera vez que hay denuncias sobre posibles presiones o favorecimientos a quienes llevan procesos disciplinarios en la Inspección General de la Policía. Por ejemplo, en febrero de 2024, este diario contó la historia del pliego de cargos que fue sustraído irregularmente y eliminado del expediente de una investigación para favorecer a un teniente coronel. También detalló el posible intercambio de favores entre varios intendentes de la Inspección General, que investigaron a su antiguo jefe y años después volvieron a trabajar para él en otra entidad, luego de su absolución.
Por lo pronto, volviendo a las denuncias que iniciaron la lucha jurídica de Luis Carlos Murillo, la Inspección General de la Policía se negó a investigar a la capitán Sandra Peña porque consideró que decir los comentarios que hizo fueron simplemente “un chiste de mal gusto”, por los que ya ofreció disculpas.
Debido a esta negativa a investigar y sancionar estos comportamientos, Murillo le pidió a la Procuraduría, en mayo de 2022, que ejerciera el control preferente y asumiera su caso. Lo asumió en un principio la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, pero la funcionaria de ese organismo de control, que visitó la Policía y habló con los involucrados, acogió el argumento de que se había tratado de un “chiste de mal gusto”, que ya se había superado y decidió no involucrarse más. Murillo apeló esa decisión y el expediente sigue a la espera de una nueva decisión por parte de la procuradora Margarita Cabello.
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