Superintendente Mariana Gutiérrez, en apuros

El pasado 12 de enero, y luego de más de un año de incertidumbre en el sector cooperativo y en varios círculos políticos, se oficializó el nombramiento de la abogada Mariana Gutiérrez Dueñas como superintendente de Economía Solidaria. De esta manera, la funcionaria empezó a reactivar la vigilancia a cerca de cinco mil cooperativas con seis millones de asociados. Sin embargo, al cumplir más de nueve meses al frente de la entidad, Gutiérrez expidió hace tres meses una resolución que la tiene en el ojo del huracán porque elimina un requisito previo que tenía que cumplir para posesionarse en el cargo.

El eje de la denuncia radica en que al momento de su posesión, estaba vigente un manual de funciones adoptado mediante una resolución expedida el 17 de marzo de 2015 por su antecesora, la entonces superintendente encargada Dunia de la Vega. Mediante ese acto administrativo se determinó que para acceder al cargo de superintendente se requería una maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo, en concreto, con áreas relacionadas con derecho, economía, administración, contaduría pública o ingeniería industrial, entre otras profesiones afines.

No obstante, la revisión de la hoja de vida de la superintendente Gutiérrez, entregada a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública, señala que la funcionaria aparece con una especialización en derecho de familia que, según los registros públicos, fue graduada en agosto de 1995. Por eso empezaron las dudas sobre una funcionaria con trayectoria en la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Auditoría, el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros cargos.

Pero a casi cinco meses de su posesión, la superintendente Gutiérrez expidió el acto administrativo que se convirtió en la piedra en el zapato para la funcionaria. Fue el 6 de julio pasado cuando firmó una resolución mediante la cual actualizó, modificó y adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del organismo de control. Según la denuncia, la funcionaria habría modificado mediante la resolución el requisito de especialización o maestría en áreas relacionadas con el cargo de superintendente de economía solidaria y lo dejó como un requisito de especialización y maestría.

En concreto, la denuncia establece que cuando se posesionó en el cargo tenía un manual de funciones que establecía especialización o maestría en las áreas relacionadas con el cargo y luego expidió otra norma que prácticamente subsanaba el hecho de tener una especialización en derecho de familia para ejercer su labor como superintendente para vigilar a las cooperativas del país y tener a buen recaudo a sus millones de afiliados.

Un abogado consultado por El Espectador frente al caso señaló que “la expedición de un nuevo manual de funciones no subsana la aparente falta de requisitos al posesionarse, ya que el fenómeno de la retroactividad no aplica para este tipo de normas. El jurista explicó además que el Código Único Disciplinario, que rige a los servidores públicos, prohíbe nombrarlos sin cumplir los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios.

El Espectador se comunicó con la superintendente Gutiérrez, quien manifestó que “me posesioné el 15 de enero de 2016, por ser un cargo cuyo nominador es el presidente de la República y que se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la evaluación de requisitos la hace el Ministerio. Cumplo plenamente con los requisitos del cargo”.

En cuanto a la modificación del manual de funciones mediante una resolución, la funcionaria indicó que “lo que fue interpretado de manera equívoca es que en julio de este año, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó la Oferta Pública de Empleos de Carrera, hicimos una modificación general del manual de funciones de la entidad para incluir las equivalencias de los profesionales de carrera. En el caso del superintendente, lo que se hizo fue ajustar el manual al Decreto 1083 de 2015, que establece los requisitos para desempeñar el cargo. Desconozco quién esté interesado en cuestionar mi nombramiento. Pero por supuesto, todos los documentos que acompañan mi hoja de vida son públicos”, puntualizó.

Un caso que tiene como antecedente la situación de Daniel García Arizabaleta, exdirector de Coldeportes e Invías, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien entre otras faltas, se posesionó sin cumplir con los requisitos y para legalizar su nombramiento él mismo modificó el reglamento de la entidad y dispuso que los cargos directivos podrían ejercerlos profesionales en cualquier disciplina académica. Por estos hechos, el 12 de noviembre de 2008, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, en decisión del entonces procurador Edgardo Maya Villazón.

Una entidad clave para el control

La Superintendencia de Economía Solidaria fue creada en 1998, luego que la crisis de las cooperativas hiciera metástasis al punto que grandes instituciones del ramo tuvieron que ser liquidadas. Juan Camilo Restrepo, entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, fue uno de los gestores de la iniciativa de ponerle al sector solidario un organismo eficiente de inspección, vigilancia y control. Con el paso del tiempo la entidad se trató de consolidar como otras superintendencias y su planta de personal creció así como sus responsabilidades. Sin embargo, la entidad está de nuevo en el ojo del huracán por los graves problemas financieros que se crearon por el sistema de libranzas que varias cooperativas ofrecen y la pérdida de cerca de medio billón de pesos de ahorradores.

Facsimil de las dos resoluciones que generan debate por el cambio de manual de funciones

El pasado 12 de enero, y luego de más de un año de incertidumbre en el sector cooperativo y en varios círculos políticos, se oficializó el nombramiento de la abogada Mariana Gutiérrez Dueñas como superintendente de Economía Solidaria. De esta manera, la funcionaria empezó a reactivar la vigilancia a cerca de cinco mil cooperativas con seis millones de asociados. Sin embargo, al cumplir más de nueve meses al frente de la entidad, Gutiérrez expidió hace tres meses una resolución que la tiene en el ojo del huracán porque elimina un requisito previo que tenía que cumplir para posesionarse en el cargo.

El eje de la denuncia radica en que al momento de su posesión, estaba vigente un manual de funciones adoptado mediante una resolución expedida el 17 de marzo de 2015 por su antecesora, la entonces superintendente encargada Dunia de la Vega. Mediante ese acto administrativo se determinó que para acceder al cargo de superintendente se requería una maestría en áreas relacionadas con las funciones del cargo, en concreto, con áreas relacionadas con derecho, economía, administración, contaduría pública o ingeniería industrial, entre otras profesiones afines.

No obstante, la revisión de la hoja de vida de la superintendente Gutiérrez, entregada a la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo de la Función Pública, señala que la funcionaria aparece con una especialización en derecho de familia que, según los registros públicos, fue graduada en agosto de 1995. Por eso empezaron las dudas sobre una funcionaria con trayectoria en la Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Auditoría, el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros cargos.

Pero a casi cinco meses de su posesión, la superintendente Gutiérrez expidió el acto administrativo que se convirtió en la piedra en el zapato para la funcionaria. Fue el 6 de julio pasado cuando firmó una resolución mediante la cual actualizó, modificó y adoptó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales del organismo de control. Según la denuncia, la funcionaria habría modificado mediante la resolución el requisito de especialización o maestría en áreas relacionadas con el cargo de superintendente de economía solidaria y lo dejó como un requisito de especialización y maestría.

En concreto, la denuncia establece que cuando se posesionó en el cargo tenía un manual de funciones que establecía especialización o maestría en las áreas relacionadas con el cargo y luego expidió otra norma que prácticamente subsanaba el hecho de tener una especialización en derecho de familia para ejercer su labor como superintendente para vigilar a las cooperativas del país y tener a buen recaudo a sus millones de afiliados.

Un abogado consultado por El Espectador frente al caso señaló que “la expedición de un nuevo manual de funciones no subsana la aparente falta de requisitos al posesionarse, ya que el fenómeno de la retroactividad no aplica para este tipo de normas. El jurista explicó además que el Código Único Disciplinario, que rige a los servidores públicos, prohíbe nombrarlos sin cumplir los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios.

El Espectador se comunicó con la superintendente Gutiérrez, quien manifestó que “me posesioné el 15 de enero de 2016, por ser un cargo cuyo nominador es el presidente de la República y que se encuentra adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la evaluación de requisitos la hace el Ministerio. Cumplo plenamente con los requisitos del cargo”.

En cuanto a la modificación del manual de funciones mediante una resolución, la funcionaria indicó que “lo que fue interpretado de manera equívoca es que en julio de este año, teniendo en cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó la Oferta Pública de Empleos de Carrera, hicimos una modificación general del manual de funciones de la entidad para incluir las equivalencias de los profesionales de carrera. En el caso del superintendente, lo que se hizo fue ajustar el manual al Decreto 1083 de 2015, que establece los requisitos para desempeñar el cargo. Desconozco quién esté interesado en cuestionar mi nombramiento. Pero por supuesto, todos los documentos que acompañan mi hoja de vida son públicos”, puntualizó.

Un caso que tiene como antecedente la situación de Daniel García Arizabaleta, exdirector de Coldeportes e Invías, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien entre otras faltas, se posesionó sin cumplir con los requisitos y para legalizar su nombramiento él mismo modificó el reglamento de la entidad y dispuso que los cargos directivos podrían ejercerlos profesionales en cualquier disciplina académica. Por estos hechos, el 12 de noviembre de 2008, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, en decisión del entonces procurador Edgardo Maya Villazón.

Una entidad clave para el control

La Superintendencia de Economía Solidaria fue creada en 1998, luego que la crisis de las cooperativas hiciera metástasis al punto que grandes instituciones del ramo tuvieron que ser liquidadas. Juan Camilo Restrepo, entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, fue uno de los gestores de la iniciativa de ponerle al sector solidario un organismo eficiente de inspección, vigilancia y control. Con el paso del tiempo la entidad se trató de consolidar como otras superintendencias y su planta de personal creció así como sus responsabilidades. Sin embargo, la entidad está de nuevo en el ojo del huracán por los graves problemas financieros que se crearon por el sistema de libranzas que varias cooperativas ofrecen y la pérdida de cerca de medio billón de pesos de ahorradores.

Facsimil de las dos resoluciones que generan debate por el cambio de manual de funciones