Tragedia anunciada de 12 mineros

El pasado 14 de mayo, mediante un comunicado público, la Superintendencia de Sociedades advirtió al país que la explotación ilegal de una mina en el departamento de Antioquia podría derivar en un accidente catastrófico. Casi seis mes después, el 30 de octubre, esa mina resultó ser La Cancha, ubicada en el municipio de Amagá, en donde 12 mineros, quienes según las autoridades estarían sin vida, aún no han podido ser rescatados.

No era usual que la Superintendencia de Sociedades se pronunciara en temas mineros, porque sólo le competen al Ministerio de Minas y sus entidades adscritas. Sin embargo, era tan calamitosa la situación, que el entonces superintendente Luis Guillermo Vélez se vio obligado a prender las alarmas.

“La responsabilidad sobre cualquier accidente o siniestro que pudiese ocurrir debido a la explotación ilegal de la mina recaerá exclusivamente sobre aquellas personas que conociendo el altísimo riesgo de la explotación ilegal continúen exponiendo su vida y las de sus colegas a un accidente catastrófico”, sentenció el funcionario.

La mina y varios sectores aledaños estaban parcialmente colapsados e inundados, y contenían una gran acumulación de agua, estimada en 120.000 metros cúbicos. El Espectador revisó el título minero y encontró que la empresa que explotaba la mina era, para ese entonces, la sociedad Comercializadora Carbosura S. A. Pero la concesión tenía origen en un contrato para extraer carbón, que el 23 de julio de 1997 firmó la empresa Industrial Hullera con el Estado (Minercol) por 30 años.

Con poco control y un negocio redondo al comienzo, esta última empresa empezó a incumplir sus obligaciones. No pagó millonarias regalías, no constituyó las pólizas de cumplimiento y tampoco canceló las multas que el Estado le impuso. Por eso entró en proceso de liquidación. Lo propio sucedió con la mina La Cancha, en donde se produjo el accidente con los 12 mineros. Allí se detectó que no tiene título minero que ampare la explotación de carbón y en varias comunicaciones se notificó de una futura desgracia a las empresas, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Amagá, a otros municipios vecinos y a la Policía local.

Otro documento confidencial da cuenta de las condiciones inadecuadas del terreno para la explotación minera. Inestabilidad de socavones, presencia de gases y bolsas de agua acumuladas se sumaron a la tradición de décadas de familias que explotan el mineral. Entre 2006 y 2012 se efectuaron 18 visitas técnicas de seguridad e higiene, pero parece que de poco sirvieron. Un reporte de seguridad señala que además del caso de los 12 mineros le antecedieron otros. Fueron cinco emergencias anteriores que generaron la muerte de dos trabajadores, siete heridos y se logró rescatar a otros siete mineros.

No obstante esos accidentes, desde hace cerca de cinco años llegaron a la mina La Cancha varias familias, como es usual en Amagá, un municipio del suroeste antioqueño, minero por tradición, con cerca de 30 mil habitantes. En la mina aparecieron desde los cuatro miembros de la familia Muriel, encabezada por Fabián, el mayor con 55 años, hasta Juan Álvarez, de 23 años y el menor del grupo.

Entre los mineros y sus familias abrieron de manera artesanal un túnel angosto, no autorizado, de mil metros de profundidad. Sin embargo, los mineros no advirtieron que había un pozo de agua y accidentalmente lo perforaron. De inmediato se generó una inundación y por el sector en donde se encontraban, los mineros no contaban con otros túneles ni salidas para escapar de la inundación. Carlos Usma, director ambiental de Amagá, señaló que “por los 12 mineros ya no se puede hacer nada, ya que técnicamente no es posible que hayan sobrevivido”.

Un caso que nuevamente puso en el debate el control del Estado sobre la actividad minera. En mayo de 2011, el entonces ministro de Minas, Carlos Rodado, anunció que se acababa la piñata de títulos mineros. Por eso, desde 2012, se liquidó Ingeominas y nació la Agencia Nacional Minera (ANM). Desde entonces se inició un proceso de fiscalización de los títulos mineros.

El sector genera 350 mil empleos directos, pero permeado por la informalidad, los grupos armados ilegales, las familias con tradición minera y que, en algunos casos, no aceptan otra actividad alternativa, la ANM logró evaluar el 97%, equivalente a 10.160 títulos mineros en 30 departamentos, con resultados que contrastan con la dura realidad de los mineros accidentados en Amagá (ver infografía).

Títulos mineros autorizados en su mayoría para la explotación de materiales de construcción, seguido de carbón, metales preciosos, metales, calizas, minerales industriales y piedras preciosas. La auditoría encontró que la mayoría de los títulos cumplen casi en su totalidad con sus obligaciones de seguridad industrial, ambientales, económicas, técnicas y jurídicas.

Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidenta de la ANM, señaló que “la fiscalización que emprendimos nos permitió conocer el panorama actual de la actividad minera en el país en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros y mejorar la efectividad de los recaudos. Este proceso a corto plazo será la base para auditar los títulos hasta el 100%. A futuro se trabajará en criterios de priorización y de acuerdo con situaciones de riesgo o política institucional”. Frente al caso concreto de los 12 mineros, la funcionaria indicó que se adelanta una investigación cuyos resultados se darán a conocer públicamente una vez culmine.

Sin embargo, tal como sucede en Amagá y otros municipios mineros del país, la fiscalización a los títulos arrojó que en algunos de ellos, las cosas no van bien. Por ejemplo, en 2013 se declaró la caducidad a 189 títulos. Un proceso que en 2014 llega a 64 nuevas caducidades por incumplimientos de obligaciones económicas, de seguridad, administrativas y operativas.

Al cierre de está edición, el rescate de los cuerpos de los trabajadores en la mina La Cancha, en Amagá, se hacía más difícil hasta completar casi dos semanas. Las características del terreno, lo estrecho del ingreso a la mina y la inundación dificultan la labor. En ello, trabajan 35 funcionarios y otro tanto como voluntarios. Después que sucedió la tragedia el ministro de Minas, Tomás González, ordenó el cierre de 17 minas similares a las de Amagá. Los responsables de la Gobernación, la Alcaldía local y las autoridades policiales aún no aparecen. El rescate, en costos económicos, llega a los $500 millones. Responsables aún no hay. Las familias no pierden la esperanza de vida. Si se hubiese atendido la advertencia de la Supersociedades, hace seis meses, es posible que se hubiera evitado la tragedia de 12 trabajadores mineros.

Drama de las familias se prolonga

Al cierre de esta edición las autoridades locales y los organismos de socorro anunciaron que la búsqueda avanzaba menos de lo previsto por los expertos y colaboradores en la zona. Se trata de la remoción de al menos 20 mil metros cúbicos de lodo, piedra y carbón. A ello se suma que se deben detectar nuevas fuentes de agua y desocuparlas para avanzar en el túnel y ubicar los cuerpos.

Y como si la incertidumbre no fuera suficiente, se van a cerrar al menos 30 minas más en la zona, porque no tienen la condiciones técnicas para seguir funcionando. El alcalde de Amagá, Juan Carlos Amaya, ha señalado que por lo menos 350 mineros se quedarán sin empleo por los cierres de las minas, y sumadas sus familias los afectados serían 1.500 personas.

El panorama de los títulos según la ANM

Según cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), el 35% de los títulos mineros en Colombia se encuentran en etapa de exploración, el 26% en construcción y montaje, y el 39% está en fase de exploración.

Destaca la ANM que de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional 2,3% están tituladas para exploración y 1,6% para construcción y montaje, lo que según la entidad indica que sólo el 5% del territorio nacional está titulado para la actividad minera y, sin embargo, no todo ese porcentaje esta intervenido.
En la parte financiera, destaca la ANM que en 2013 se registró un incremento del 53% de la contraprestación económica que le paga al Estado quien tiene títulos. 

* nquevedo@elespectador.com / @norbeyquevedo

El pasado 14 de mayo, mediante un comunicado público, la Superintendencia de Sociedades advirtió al país que la explotación ilegal de una mina en el departamento de Antioquia podría derivar en un accidente catastrófico. Casi seis mes después, el 30 de octubre, esa mina resultó ser La Cancha, ubicada en el municipio de Amagá, en donde 12 mineros, quienes según las autoridades estarían sin vida, aún no han podido ser rescatados.

No era usual que la Superintendencia de Sociedades se pronunciara en temas mineros, porque sólo le competen al Ministerio de Minas y sus entidades adscritas. Sin embargo, era tan calamitosa la situación, que el entonces superintendente Luis Guillermo Vélez se vio obligado a prender las alarmas.

“La responsabilidad sobre cualquier accidente o siniestro que pudiese ocurrir debido a la explotación ilegal de la mina recaerá exclusivamente sobre aquellas personas que conociendo el altísimo riesgo de la explotación ilegal continúen exponiendo su vida y las de sus colegas a un accidente catastrófico”, sentenció el funcionario.

La mina y varios sectores aledaños estaban parcialmente colapsados e inundados, y contenían una gran acumulación de agua, estimada en 120.000 metros cúbicos. El Espectador revisó el título minero y encontró que la empresa que explotaba la mina era, para ese entonces, la sociedad Comercializadora Carbosura S. A. Pero la concesión tenía origen en un contrato para extraer carbón, que el 23 de julio de 1997 firmó la empresa Industrial Hullera con el Estado (Minercol) por 30 años.

Con poco control y un negocio redondo al comienzo, esta última empresa empezó a incumplir sus obligaciones. No pagó millonarias regalías, no constituyó las pólizas de cumplimiento y tampoco canceló las multas que el Estado le impuso. Por eso entró en proceso de liquidación. Lo propio sucedió con la mina La Cancha, en donde se produjo el accidente con los 12 mineros. Allí se detectó que no tiene título minero que ampare la explotación de carbón y en varias comunicaciones se notificó de una futura desgracia a las empresas, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Amagá, a otros municipios vecinos y a la Policía local.

Otro documento confidencial da cuenta de las condiciones inadecuadas del terreno para la explotación minera. Inestabilidad de socavones, presencia de gases y bolsas de agua acumuladas se sumaron a la tradición de décadas de familias que explotan el mineral. Entre 2006 y 2012 se efectuaron 18 visitas técnicas de seguridad e higiene, pero parece que de poco sirvieron. Un reporte de seguridad señala que además del caso de los 12 mineros le antecedieron otros. Fueron cinco emergencias anteriores que generaron la muerte de dos trabajadores, siete heridos y se logró rescatar a otros siete mineros.

No obstante esos accidentes, desde hace cerca de cinco años llegaron a la mina La Cancha varias familias, como es usual en Amagá, un municipio del suroeste antioqueño, minero por tradición, con cerca de 30 mil habitantes. En la mina aparecieron desde los cuatro miembros de la familia Muriel, encabezada por Fabián, el mayor con 55 años, hasta Juan Álvarez, de 23 años y el menor del grupo.

Entre los mineros y sus familias abrieron de manera artesanal un túnel angosto, no autorizado, de mil metros de profundidad. Sin embargo, los mineros no advirtieron que había un pozo de agua y accidentalmente lo perforaron. De inmediato se generó una inundación y por el sector en donde se encontraban, los mineros no contaban con otros túneles ni salidas para escapar de la inundación. Carlos Usma, director ambiental de Amagá, señaló que “por los 12 mineros ya no se puede hacer nada, ya que técnicamente no es posible que hayan sobrevivido”.

Un caso que nuevamente puso en el debate el control del Estado sobre la actividad minera. En mayo de 2011, el entonces ministro de Minas, Carlos Rodado, anunció que se acababa la piñata de títulos mineros. Por eso, desde 2012, se liquidó Ingeominas y nació la Agencia Nacional Minera (ANM). Desde entonces se inició un proceso de fiscalización de los títulos mineros.

El sector genera 350 mil empleos directos, pero permeado por la informalidad, los grupos armados ilegales, las familias con tradición minera y que, en algunos casos, no aceptan otra actividad alternativa, la ANM logró evaluar el 97%, equivalente a 10.160 títulos mineros en 30 departamentos, con resultados que contrastan con la dura realidad de los mineros accidentados en Amagá (ver infografía).

Títulos mineros autorizados en su mayoría para la explotación de materiales de construcción, seguido de carbón, metales preciosos, metales, calizas, minerales industriales y piedras preciosas. La auditoría encontró que la mayoría de los títulos cumplen casi en su totalidad con sus obligaciones de seguridad industrial, ambientales, económicas, técnicas y jurídicas.

Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidenta de la ANM, señaló que “la fiscalización que emprendimos nos permitió conocer el panorama actual de la actividad minera en el país en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros y mejorar la efectividad de los recaudos. Este proceso a corto plazo será la base para auditar los títulos hasta el 100%. A futuro se trabajará en criterios de priorización y de acuerdo con situaciones de riesgo o política institucional”. Frente al caso concreto de los 12 mineros, la funcionaria indicó que se adelanta una investigación cuyos resultados se darán a conocer públicamente una vez culmine.

Sin embargo, tal como sucede en Amagá y otros municipios mineros del país, la fiscalización a los títulos arrojó que en algunos de ellos, las cosas no van bien. Por ejemplo, en 2013 se declaró la caducidad a 189 títulos. Un proceso que en 2014 llega a 64 nuevas caducidades por incumplimientos de obligaciones económicas, de seguridad, administrativas y operativas.

Al cierre de está edición, el rescate de los cuerpos de los trabajadores en la mina La Cancha, en Amagá, se hacía más difícil hasta completar casi dos semanas. Las características del terreno, lo estrecho del ingreso a la mina y la inundación dificultan la labor. En ello, trabajan 35 funcionarios y otro tanto como voluntarios. Después que sucedió la tragedia el ministro de Minas, Tomás González, ordenó el cierre de 17 minas similares a las de Amagá. Los responsables de la Gobernación, la Alcaldía local y las autoridades policiales aún no aparecen. El rescate, en costos económicos, llega a los $500 millones. Responsables aún no hay. Las familias no pierden la esperanza de vida. Si se hubiese atendido la advertencia de la Supersociedades, hace seis meses, es posible que se hubiera evitado la tragedia de 12 trabajadores mineros.

Drama de las familias se prolonga

Al cierre de esta edición las autoridades locales y los organismos de socorro anunciaron que la búsqueda avanzaba menos de lo previsto por los expertos y colaboradores en la zona. Se trata de la remoción de al menos 20 mil metros cúbicos de lodo, piedra y carbón. A ello se suma que se deben detectar nuevas fuentes de agua y desocuparlas para avanzar en el túnel y ubicar los cuerpos.

Y como si la incertidumbre no fuera suficiente, se van a cerrar al menos 30 minas más en la zona, porque no tienen la condiciones técnicas para seguir funcionando. El alcalde de Amagá, Juan Carlos Amaya, ha señalado que por lo menos 350 mineros se quedarán sin empleo por los cierres de las minas, y sumadas sus familias los afectados serían 1.500 personas.

El panorama de los títulos según la ANM

Según cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), el 35% de los títulos mineros en Colombia se encuentran en etapa de exploración, el 26% en construcción y montaje, y el 39% está en fase de exploración.

Destaca la ANM que de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional 2,3% están tituladas para exploración y 1,6% para construcción y montaje, lo que según la entidad indica que sólo el 5% del territorio nacional está titulado para la actividad minera y, sin embargo, no todo ese porcentaje esta intervenido.
En la parte financiera, destaca la ANM que en 2013 se registró un incremento del 53% de la contraprestación económica que le paga al Estado quien tiene títulos. 

* nquevedo@elespectador.com / @norbeyquevedo