Tras el rastro de los sobornos de Odebrecht en Colombia

En pocas líneas, una corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) encendió las alarmas de la justicia en Colombia. En aplicación de una ley norteamericana de 1977, que dispone acciones legales contra las prácticas corruptas en el extranjero, fue acusada la sociedad brasileña Odebrecht S.A. y dentro de los doce países en los que la empresa presuntamente incurrió en sobornos para asegurar contratos públicos, apareció Colombia, donde la compañía constructora tiene presencia desde 1991.

El documento judicial que dio apertura al proceso en Estados Unidos resume que entre 2009 y 2014 Odebrecht realizó e hizo que se promovieran pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas. “Obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de estos pagos corruptos”, se lee textualmente en la decisión penal. Entre 2009 y 2010 accedió a pagar a través de la División de Operaciones Estructuradas “un soborno de US$6,5 millones a un funcionario gubernamental encargado”.

Sobre esta perspectiva, es claro que la justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante el quinquenio señalado en Estados Unidos. Aunque aparecen dos contratos importantes, dos obras de alta ingeniería resaltan en ese período: la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.

El Espectador estableció que una vez se tuvo conocimiento del escándalo internacional, el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por tres fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras misiones de recaudo de información en los primeros frentes elegidos.

Por ello, las primeras acciones de la Fiscalía se ordenaron en tres escenarios específicos: la Agencia Nacional de Infraestructura para conocer los orígenes de la contratación de la Ruta del Sol Sector 2, con sus prórrogas y adiciones. Las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), en Bogotá y Barrancabermeja, para los mismos fines respecto al contrato celebrado con Odebrecht. Y, por supuesto, las dependencias de la firma brasileña.

Otra tarea inmediata de la justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 a la fecha, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana dan para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban ilícitos.

Los líos de la multinacional brasileña Odebrecht se iniciaron en 2015 dentro de la operación Lava Jato, cuando la justicia brasileña constató que el grupo económico, que alcanzaba operaciones en 21 países, se había consolidado pagando sobornos para ganar contratos. En Brasil, el escándalo tocó a funcionarios de la firma Petrobras y los hallazgos dieron lugar a procesos por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. En marzo de 2016, el propietario de la multinacional, Marcelo Odebrecht, fue condenado.

La destorcida del grupo Odebrecht, a raíz de las investigaciones iniciadas en su contra en Brasil y Estados Unidos, perjudicó su credibilidad en Colombia. La prueba es que, a pesar de que la empresa lleva 25 años en territorio nacional y en la actualidad tiene nexos con dos grandes contratos de ingeniería y la construcción de otras obras, desde el pasado mes de abril su mal momento le ha pasado factura. Quiso quedarse con una millonaria licitación para descontaminar el río Bogotá y perdió con un consorcio colombo-español.

De igual modo, los cuestionamientos a la firma Odebrecht y la apertura de investigaciones en su contra en Estados Unidos, enmarcadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero, le han generado a la administración pública férreas inhabilidades e impedimentos legales. También existen leyes colombianas que impiden que sociedades, representantes legales o empresas matrices puedan negociar con sociedades extranjeras señaladas de ilícitos. El Consejo de Estado enfatizó sobre la necesidad de establecer acciones de control.

De manera reiterada y ante los anuncios de investigaciones en su contra, los representantes de la compañía Odebrecht han dicho que en lo jurídico, financiero y administrativo, su actividad en Colombia es totalmente independiente de sus negocios en Brasil y que ninguno de sus representantes, administradores o accionistas tiene vinculación con los procesos penales que se adelantan en Brasilia y San Pablo. La multinacional brasileña se ha mostrado confiada en que se respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica en sus negocios.

Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, ya se generan especulaciones políticas y judiciales en Colombia. Por eso, la Presidencia les salió al paso a las conjeturas y anunció que ya entró en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010.

Ayer, el secretario de Transparencia reiteró que existirá cooperación armónica para esclarecer los actos de corrupción de Odebrecht cometidos en Colombia y aseguró que la persona que recibió los US$6,5 millones, “que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno de Álvaro Uribe”. De paso, Camilo Enciso rechazó comentarios del expresidente Uribe respecto a una reunión sostenida por el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Odebrecht en Panamá.

Enciso aclaró que esa reunión tuvo lugar en abril de 2015, en el marco de la Cumbre de las Américas, y que acudieron también la canciller, la ministra de Comercio, la directora de Procolombia y el secretario privado del presidente Santos, entre otros funcionarios. En esos momentos, insistió Enciso, no se tenía sospecha alguna de que Marcelo Odebrecht o su compañía hubiesen participado en hechos de corrupción en Colombia. A su vez el expresidente Uribe, por anticipado, salió en defensa del fallecido exministro Andrés Uriel Gallego.

De cualquier manera, por la información recaudada en Estados Unidos, el caso promete sonoras y rápidas revelaciones. En principio se tiene claro que Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos. Hasta el momento han sido despedidos 51 empleados involucrados en actos e corrupción en Odebrecht y 26 más han sido sancionados desde que estalló el escándalo en Brasil.

También se ha probado que la multinacional brasileña tenía controles anticorrupción inadecuados, que manejaba recursos que no se reportaban en los estados financieros y que pagaba sobornos a funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos. Como en el caso de la FIFA, el pecado para que las investigaciones desbordaran a la justicia de Brasil fue usar el sistema bancario norteamericano, lo cual dio pie para abrir investigaciones por delitos cometidos en territorio norteamericano, con apoyo de ciudadanos de Estados Unidos.

De los movimientos en paraísos fiscales salían los pagos para corromper a funcionarios en 12 países. Por ahora, el monto de los sobornos se calcula en US$788 millones. Buena parte de las transacciones pasaron por múltiples bancos de todo el mundo antes de llegar a sus beneficiarios. Según lo que se sabe, Odebrecht recurrió a bancos ubicados en países cuyas normas daban facilidad a esquemas de corrupción. El escándalo es mundial, pero en el plano colombiano ahora se busca saber quiénes fueron los nexos para los pagos corruptos que hizo la firma brasileña.

En pocas líneas, una corte del Distrito de Nueva York (Estados Unidos) encendió las alarmas de la justicia en Colombia. En aplicación de una ley norteamericana de 1977, que dispone acciones legales contra las prácticas corruptas en el extranjero, fue acusada la sociedad brasileña Odebrecht S.A. y dentro de los doce países en los que la empresa presuntamente incurrió en sobornos para asegurar contratos públicos, apareció Colombia, donde la compañía constructora tiene presencia desde 1991.

El documento judicial que dio apertura al proceso en Estados Unidos resume que entre 2009 y 2014 Odebrecht realizó e hizo que se promovieran pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas. “Obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de estos pagos corruptos”, se lee textualmente en la decisión penal. Entre 2009 y 2010 accedió a pagar a través de la División de Operaciones Estructuradas “un soborno de US$6,5 millones a un funcionario gubernamental encargado”.

Sobre esta perspectiva, es claro que la justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.A. durante el quinquenio señalado en Estados Unidos. Aunque aparecen dos contratos importantes, dos obras de alta ingeniería resaltan en ese período: la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht.

El Espectador estableció que una vez se tuvo conocimiento del escándalo internacional, el fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por tres fiscales y 20 investigadores, que ya emprendieron las primeras misiones de recaudo de información en los primeros frentes elegidos.

Por ello, las primeras acciones de la Fiscalía se ordenaron en tres escenarios específicos: la Agencia Nacional de Infraestructura para conocer los orígenes de la contratación de la Ruta del Sol Sector 2, con sus prórrogas y adiciones. Las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), en Bogotá y Barrancabermeja, para los mismos fines respecto al contrato celebrado con Odebrecht. Y, por supuesto, las dependencias de la firma brasileña.

Otra tarea inmediata de la justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 a la fecha, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana dan para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban ilícitos.

Los líos de la multinacional brasileña Odebrecht se iniciaron en 2015 dentro de la operación Lava Jato, cuando la justicia brasileña constató que el grupo económico, que alcanzaba operaciones en 21 países, se había consolidado pagando sobornos para ganar contratos. En Brasil, el escándalo tocó a funcionarios de la firma Petrobras y los hallazgos dieron lugar a procesos por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. En marzo de 2016, el propietario de la multinacional, Marcelo Odebrecht, fue condenado.

La destorcida del grupo Odebrecht, a raíz de las investigaciones iniciadas en su contra en Brasil y Estados Unidos, perjudicó su credibilidad en Colombia. La prueba es que, a pesar de que la empresa lleva 25 años en territorio nacional y en la actualidad tiene nexos con dos grandes contratos de ingeniería y la construcción de otras obras, desde el pasado mes de abril su mal momento le ha pasado factura. Quiso quedarse con una millonaria licitación para descontaminar el río Bogotá y perdió con un consorcio colombo-español.

De igual modo, los cuestionamientos a la firma Odebrecht y la apertura de investigaciones en su contra en Estados Unidos, enmarcadas en la ley de prácticas corruptas en el extranjero, le han generado a la administración pública férreas inhabilidades e impedimentos legales. También existen leyes colombianas que impiden que sociedades, representantes legales o empresas matrices puedan negociar con sociedades extranjeras señaladas de ilícitos. El Consejo de Estado enfatizó sobre la necesidad de establecer acciones de control.

De manera reiterada y ante los anuncios de investigaciones en su contra, los representantes de la compañía Odebrecht han dicho que en lo jurídico, financiero y administrativo, su actividad en Colombia es totalmente independiente de sus negocios en Brasil y que ninguno de sus representantes, administradores o accionistas tiene vinculación con los procesos penales que se adelantan en Brasilia y San Pablo. La multinacional brasileña se ha mostrado confiada en que se respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica en sus negocios.

Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, ya se generan especulaciones políticas y judiciales en Colombia. Por eso, la Presidencia les salió al paso a las conjeturas y anunció que ya entró en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010.

Ayer, el secretario de Transparencia reiteró que existirá cooperación armónica para esclarecer los actos de corrupción de Odebrecht cometidos en Colombia y aseguró que la persona que recibió los US$6,5 millones, “que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración del gobierno de Álvaro Uribe”. De paso, Camilo Enciso rechazó comentarios del expresidente Uribe respecto a una reunión sostenida por el presidente Juan Manuel Santos con el presidente de Odebrecht en Panamá.

Enciso aclaró que esa reunión tuvo lugar en abril de 2015, en el marco de la Cumbre de las Américas, y que acudieron también la canciller, la ministra de Comercio, la directora de Procolombia y el secretario privado del presidente Santos, entre otros funcionarios. En esos momentos, insistió Enciso, no se tenía sospecha alguna de que Marcelo Odebrecht o su compañía hubiesen participado en hechos de corrupción en Colombia. A su vez el expresidente Uribe, por anticipado, salió en defensa del fallecido exministro Andrés Uriel Gallego.

De cualquier manera, por la información recaudada en Estados Unidos, el caso promete sonoras y rápidas revelaciones. En principio se tiene claro que Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos. Hasta el momento han sido despedidos 51 empleados involucrados en actos e corrupción en Odebrecht y 26 más han sido sancionados desde que estalló el escándalo en Brasil.

También se ha probado que la multinacional brasileña tenía controles anticorrupción inadecuados, que manejaba recursos que no se reportaban en los estados financieros y que pagaba sobornos a funcionarios públicos, partidos políticos y candidatos. Como en el caso de la FIFA, el pecado para que las investigaciones desbordaran a la justicia de Brasil fue usar el sistema bancario norteamericano, lo cual dio pie para abrir investigaciones por delitos cometidos en territorio norteamericano, con apoyo de ciudadanos de Estados Unidos.

De los movimientos en paraísos fiscales salían los pagos para corromper a funcionarios en 12 países. Por ahora, el monto de los sobornos se calcula en US$788 millones. Buena parte de las transacciones pasaron por múltiples bancos de todo el mundo antes de llegar a sus beneficiarios. Según lo que se sabe, Odebrecht recurrió a bancos ubicados en países cuyas normas daban facilidad a esquemas de corrupción. El escándalo es mundial, pero en el plano colombiano ahora se busca saber quiénes fueron los nexos para los pagos corruptos que hizo la firma brasileña.