Tras la pista de policías aliados con narcos y de fuga de información reservada

Uno de los más graves casos de corrupción que haya tenido que enfrentar la Policía es el telón de fondo de una pelea entre generales. Los pesos pesados son: el director de la institución, el general Óscar Atehortúa, y la cabeza de la Inspección de la entidad, el general William Salamanca. El juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra del primero avivó los roces entre estos dos generales. Lo que hay detrás de esta pelea son procesos que investigan tanto la Inspección como el Ministerio Público y la Fiscalía. Dos de esos expedientes tienen que ver con los vínculos del Clan del Golfo y del cartel de Sinaloa con uniformados y, quizás el más grave, presuntas conductas ilegales en salas de interceptación.

En la edición de ayer, El Espectador contó pormenores de las otras dos investigaciones de corrupción. Una de ellas relacionada con la Aviación de la Policía, tan grave que la institución podría perder su licencia para volar. Y la segunda, sobre las presuntas irregularidades en millonarios contratos que ha firmado la institución, especialmente para la compra de motos, carros y tanquetas, que habrían sido adjudicados a dedo. Pero las investigaciones van más allá y las autoridades tienen información valiosa de cómo, en la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), existiría un grupo de uniformados al servicio de carteles de narcotráfico y a vender información recogida en salas de interceptación.

Policías y narcos

El volumen de expedientes contra policías con posibles nexos con la mafia creció a números que la Fiscalía nunca había visto. Desde finales del año pasado se dio el incremento, el cual coincidió con la llegada del general Salamanca a la Inspección General. Los fiscales que han recibido las denuncias consideran que hay una explicación muy clara de este aumento: la Policía no reportaba antes estos casos porque los investigaba de manera interna y los consideraba simplemente negligencia en el servicio de los uniformados, y no un delito. Es decir, un agente que recibía plata de un cartel de drogas por dejar pasar un cargamento de cocaína por el aeropuerto El Dorado nunca se exponía a la cárcel.

Lo que sucede con el cambio en la Inspección, agregó uno de los fiscales consultados, “es que los investigadores nos empezaron a mandar las denuncias con todas las pruebas que podían recopilar ellos mismos y claro, empezábamos nosotros el proceso penal por delitos de narcotráfico con todas las evidencias listas”. El ente investigador calcula que hay más de 520 uniformados “en capilla” para imputarles cargos por sus nexos con el Clan del Golfo o con el cartel de Sinaloa, dos de las organizaciones que tanto la Inspección de la Policía como la Fiscalía tienen plenamente identificadas como responsables de reclutar policías para “coronar” cargamentos de cocaína en Europa y varios países de Centroamérica.

(Lea aquí la primera entrega de esta investigación: Los graves indicios de corrupción en la Policía que tienen enfrentados a dos generales)

Es tan alta la cantidad de drogas ilícitas que uniformados de la Policía han permitido que pasen por controles de puertos y aeropuertos, que nadie se atreve a dar un estimado. “En el fondo lo que sucede es que es una pésima reputación para la institución, pues, muchas veces, quienes reportan esas fallas de seguridad son autoridades extranjeras”, señaló una fuente de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). Uno de los casos que ilustra esa vergüenza institucional a la que hace referencia el uniformado se conoció el año pasado en Colombia, a través de un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En esa misiva, las autoridades relataron el hallazgo de la Policía de España de dos toneladas de cocaína en un contenedor de tortas de palmiste que había salido del puerto de Cartagena. El producto, que tiene una textura granulada (como el ajonjolí) suele emplearse para alimentos de animales. Las autoridades extranjeras detallaron que el envío, en efecto, había sido inspeccionado por la Policía Antinarcóticos el 29 de diciembre de 2018, y que no entendían cómo se les había “pasado” semejante cargamento. Lo que internamente se pudo conocer es que en Cartagena varios policías, a propósito, ordenaron que el contenedor no pasara por el escáner y tampoco “hicieron uso del paso del canino” para que oliera la droga.

(Le puede interesar: Los detalles de la decisión de la Fiscalía que favorece al general Atehortúa)

Casos como este hay cientos en la Policía Antinarcóticos. El cambio en la manera de investigarlos recargó el trabajo de la Fiscalía, pero esta quiere imponer una nueva cultura dentro de la Policía. El lío es que en la DIRAN este giro en las investigaciones se entendió como un ataque a la dirección, y no como una medida para combatir la corrupción. “En lugar de apoyar esos esfuerzos, muchos policías que han colaborado con las investigaciones han sido amenazados o trasladados”, agregó una fuente de la Fiscalía. “Aquí nadie quiere saber de corrupción en la Policía. Todos queremos que nuestra imagen mejore frente al país, pero no empezamos por limpiar nuestra casa”, señaló un uniformado.

Fuga de información

El panorama de las salas de interceptación que tiene a cargo la Policía es tal vez el más preocupante de todas las investigaciones que existen por supuesta corrupción en la entidad. Tan grave es el asunto que la Fiscalía ya está metida en los procesos, pues se trataría de una estructura de policías judiciales y oficiales de alto rango que llevarían más de cinco años chantajeando delincuentes y vendiendo información reservada a narcotraficantes y grupos armados ilegales. Según las pesquisas del ente investigador, los uniformados tenían una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a quienes escuchaban en las interceptaciones, sino para extorsionarlos.

Además, tal como lo explicó El Espectador en su edición del pasado 15 de junio, los policías vinculados a esta estructura, conocida bajo el nombre de “Negro”, también lograban apoderarse de dineros de cooperación internacional de una agencia extranjera en la lucha contra la mafia; fabricaban falsos testigos para cobrar las recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas; y hasta habrían “enamorado” a una fiscal especializada de la Dirección contra el Narcotráfico para que aprobara las órdenes mediante las cuales agregaban a su antojo números a las listas de interceptación.

(En contexto: El expediente de la sala “Código Negro” de la Policía)

Es decir, en esas salas de escucha nadie sabe cuáles son los números que realmente hacen parte de investigaciones contra el narcotráfico. La Fiscalía cuenta con varios testimonios de policías que les revelaron a los investigadores, con pelos y señales, quiénes son los uniformados que hacen parte de esta estructura criminal. Este diario tiene un informe que estudia la entidad que dirige Francisco Barbosa en el que se recopilaron varias declaraciones de policías que denunciaron que un coronel y un mayor de la Policía no siguieron los protocolos legales cuando, en la Sala Negro de interceptaciones, a cargo de la DIRAN, los funcionarios se dieron cuenta de que existía un posible caso de fuga de información.

El caso fue tan grave que un patrullero, que supuestamente filtró la información a dos narcotraficantes que eran investigados, fue capturado en abril de 2017 y se le imputaron los cargos de concusión y revelación de secreto. En medio de la investigación, ese uniformado, que se retiró de la Policía antes de su captura, le contó a la Fiscalía que un mayor le había ofrecido $100 millones a cambio de entregarle esa información a los dos hombres. Seis meses después de la detención del exuniformado, el tema de la Sala Negro llegó a oídos de un alto funcionario de la Presidencia, quien alertó a las autoridades del caso y se refirió al mayor que había denunciado el patrullero y a un coronel que supuestamente lo protegía.

La investigación disciplinaria estuvo prácticamente congelada en la Policía desde 2017 hasta 2019, cuando la Inspección decidió vincular a dos coroneles y a un teniente coronel, pues consideró que había suficientes pruebas para investigarlos, como testimonios de subalternos que denunciaron que ninguno de los jefes de la seccional de inteligencia actuaron como era debido. Además, encontró que, posiblemente, la Fiscalía también podía intervenir, pues había indicios de que las conductas de los oficiales tenían una connotación penal: prevaricato (actuar en contra de la ley como funcionario) y abuso de autoridad, debido a que ninguno siguió los protocolos para denunciar lo ocurrido en la Sala Negro.

Funcionarios del CTI y policías que indagaron sobre las supuestas andanzas del grupo “Negro” han sido amenazados. Una de las fiscales que llevaba un proceso sobre fuga de información fue retirada del caso, así como otros investigadores, que tiempo después fueron reasignados. Tal como lo contó este diario, varios de ellos recibieron en sus celulares un mensaje que decía: “No pudieron con nosotros. Ahora nos toca. Ya empezamos”. La Policía, por su parte, aclaró que ha entregado toda la información solicitada por la Fiscalía “con el propósito de dar absoluta claridad a este caso”, y que desde 2018 se han realizado auditorías y visitas del CTI, “evidenciando que no se han encontrado irregularidades en la Sala Negro”.

Por ahora, tanto la Fiscalía como la Procuraduría avanzan en sus pesquisas. Uno de los oficiales que está siendo indagado por el Ministerio Público es uno de los testigos que pidió el general Atehortúa para su defensa en el juicio disciplinario que se adelanta en su contra por supuestas irregularidades en un contrato para la construcción de casas fiscales en el Tolima. El uniformado tenía que declarar la semana pasada, pero se excusó de hacerlo. Como la audiencia se tuvo que aplazar, los procuradores propusieron reagendar la cita para el sábado pasado, a lo que el director de la Policía expresó que no podía asistir pues tenía un consejo de seguridad por fuera de la ciudad.

“Señor general, o cumple sus funciones en la Policía o se defiende en este proceso”, le contestó la Procuraduría al general Atehortúa. Él, por su parte, respondió que tiene toda la disposición de asistir a todas las audiencias, pero que también debe cumplir con su trabajo de director de la Policía. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha respaldado al general en todo el proceso. Pese a que varias de las irregularidades que se han denunciado, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía, ocurrieron cuando Atehortúa ya no estaba en la Inspección general, lo cierto es que hasta ahora están avanzando. El juicio en contra del director de la Policía, a pesar de los problemas y de este telón de fondo de su pelea con el general Salamanca, continúa esta semana.

Uno de los más graves casos de corrupción que haya tenido que enfrentar la Policía es el telón de fondo de una pelea entre generales. Los pesos pesados son: el director de la institución, el general Óscar Atehortúa, y la cabeza de la Inspección de la entidad, el general William Salamanca. El juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría en contra del primero avivó los roces entre estos dos generales. Lo que hay detrás de esta pelea son procesos que investigan tanto la Inspección como el Ministerio Público y la Fiscalía. Dos de esos expedientes tienen que ver con los vínculos del Clan del Golfo y del cartel de Sinaloa con uniformados y, quizás el más grave, presuntas conductas ilegales en salas de interceptación.

En la edición de ayer, El Espectador contó pormenores de las otras dos investigaciones de corrupción. Una de ellas relacionada con la Aviación de la Policía, tan grave que la institución podría perder su licencia para volar. Y la segunda, sobre las presuntas irregularidades en millonarios contratos que ha firmado la institución, especialmente para la compra de motos, carros y tanquetas, que habrían sido adjudicados a dedo. Pero las investigaciones van más allá y las autoridades tienen información valiosa de cómo, en la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), existiría un grupo de uniformados al servicio de carteles de narcotráfico y a vender información recogida en salas de interceptación.

Policías y narcos

El volumen de expedientes contra policías con posibles nexos con la mafia creció a números que la Fiscalía nunca había visto. Desde finales del año pasado se dio el incremento, el cual coincidió con la llegada del general Salamanca a la Inspección General. Los fiscales que han recibido las denuncias consideran que hay una explicación muy clara de este aumento: la Policía no reportaba antes estos casos porque los investigaba de manera interna y los consideraba simplemente negligencia en el servicio de los uniformados, y no un delito. Es decir, un agente que recibía plata de un cartel de drogas por dejar pasar un cargamento de cocaína por el aeropuerto El Dorado nunca se exponía a la cárcel.

Lo que sucede con el cambio en la Inspección, agregó uno de los fiscales consultados, “es que los investigadores nos empezaron a mandar las denuncias con todas las pruebas que podían recopilar ellos mismos y claro, empezábamos nosotros el proceso penal por delitos de narcotráfico con todas las evidencias listas”. El ente investigador calcula que hay más de 520 uniformados “en capilla” para imputarles cargos por sus nexos con el Clan del Golfo o con el cartel de Sinaloa, dos de las organizaciones que tanto la Inspección de la Policía como la Fiscalía tienen plenamente identificadas como responsables de reclutar policías para “coronar” cargamentos de cocaína en Europa y varios países de Centroamérica.

(Lea aquí la primera entrega de esta investigación: Los graves indicios de corrupción en la Policía que tienen enfrentados a dos generales)

Es tan alta la cantidad de drogas ilícitas que uniformados de la Policía han permitido que pasen por controles de puertos y aeropuertos, que nadie se atreve a dar un estimado. “En el fondo lo que sucede es que es una pésima reputación para la institución, pues, muchas veces, quienes reportan esas fallas de seguridad son autoridades extranjeras”, señaló una fuente de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). Uno de los casos que ilustra esa vergüenza institucional a la que hace referencia el uniformado se conoció el año pasado en Colombia, a través de un comunicado oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En esa misiva, las autoridades relataron el hallazgo de la Policía de España de dos toneladas de cocaína en un contenedor de tortas de palmiste que había salido del puerto de Cartagena. El producto, que tiene una textura granulada (como el ajonjolí) suele emplearse para alimentos de animales. Las autoridades extranjeras detallaron que el envío, en efecto, había sido inspeccionado por la Policía Antinarcóticos el 29 de diciembre de 2018, y que no entendían cómo se les había “pasado” semejante cargamento. Lo que internamente se pudo conocer es que en Cartagena varios policías, a propósito, ordenaron que el contenedor no pasara por el escáner y tampoco “hicieron uso del paso del canino” para que oliera la droga.

(Le puede interesar: Los detalles de la decisión de la Fiscalía que favorece al general Atehortúa)

Casos como este hay cientos en la Policía Antinarcóticos. El cambio en la manera de investigarlos recargó el trabajo de la Fiscalía, pero esta quiere imponer una nueva cultura dentro de la Policía. El lío es que en la DIRAN este giro en las investigaciones se entendió como un ataque a la dirección, y no como una medida para combatir la corrupción. “En lugar de apoyar esos esfuerzos, muchos policías que han colaborado con las investigaciones han sido amenazados o trasladados”, agregó una fuente de la Fiscalía. “Aquí nadie quiere saber de corrupción en la Policía. Todos queremos que nuestra imagen mejore frente al país, pero no empezamos por limpiar nuestra casa”, señaló un uniformado.

Fuga de información

El panorama de las salas de interceptación que tiene a cargo la Policía es tal vez el más preocupante de todas las investigaciones que existen por supuesta corrupción en la entidad. Tan grave es el asunto que la Fiscalía ya está metida en los procesos, pues se trataría de una estructura de policías judiciales y oficiales de alto rango que llevarían más de cinco años chantajeando delincuentes y vendiendo información reservada a narcotraficantes y grupos armados ilegales. Según las pesquisas del ente investigador, los uniformados tenían una fachada para interceptar teléfonos en expedientes que ellos manejaban a su antojo, no para procesar a quienes escuchaban en las interceptaciones, sino para extorsionarlos.

Además, tal como lo explicó El Espectador en su edición del pasado 15 de junio, los policías vinculados a esta estructura, conocida bajo el nombre de “Negro”, también lograban apoderarse de dineros de cooperación internacional de una agencia extranjera en la lucha contra la mafia; fabricaban falsos testigos para cobrar las recompensas por incautaciones de droga, aunque en realidad estos decomisos se conseguían por la información de las líneas intervenidas; y hasta habrían “enamorado” a una fiscal especializada de la Dirección contra el Narcotráfico para que aprobara las órdenes mediante las cuales agregaban a su antojo números a las listas de interceptación.

(En contexto: El expediente de la sala “Código Negro” de la Policía)

Es decir, en esas salas de escucha nadie sabe cuáles son los números que realmente hacen parte de investigaciones contra el narcotráfico. La Fiscalía cuenta con varios testimonios de policías que les revelaron a los investigadores, con pelos y señales, quiénes son los uniformados que hacen parte de esta estructura criminal. Este diario tiene un informe que estudia la entidad que dirige Francisco Barbosa en el que se recopilaron varias declaraciones de policías que denunciaron que un coronel y un mayor de la Policía no siguieron los protocolos legales cuando, en la Sala Negro de interceptaciones, a cargo de la DIRAN, los funcionarios se dieron cuenta de que existía un posible caso de fuga de información.

El caso fue tan grave que un patrullero, que supuestamente filtró la información a dos narcotraficantes que eran investigados, fue capturado en abril de 2017 y se le imputaron los cargos de concusión y revelación de secreto. En medio de la investigación, ese uniformado, que se retiró de la Policía antes de su captura, le contó a la Fiscalía que un mayor le había ofrecido $100 millones a cambio de entregarle esa información a los dos hombres. Seis meses después de la detención del exuniformado, el tema de la Sala Negro llegó a oídos de un alto funcionario de la Presidencia, quien alertó a las autoridades del caso y se refirió al mayor que había denunciado el patrullero y a un coronel que supuestamente lo protegía.

La investigación disciplinaria estuvo prácticamente congelada en la Policía desde 2017 hasta 2019, cuando la Inspección decidió vincular a dos coroneles y a un teniente coronel, pues consideró que había suficientes pruebas para investigarlos, como testimonios de subalternos que denunciaron que ninguno de los jefes de la seccional de inteligencia actuaron como era debido. Además, encontró que, posiblemente, la Fiscalía también podía intervenir, pues había indicios de que las conductas de los oficiales tenían una connotación penal: prevaricato (actuar en contra de la ley como funcionario) y abuso de autoridad, debido a que ninguno siguió los protocolos para denunciar lo ocurrido en la Sala Negro.

Funcionarios del CTI y policías que indagaron sobre las supuestas andanzas del grupo “Negro” han sido amenazados. Una de las fiscales que llevaba un proceso sobre fuga de información fue retirada del caso, así como otros investigadores, que tiempo después fueron reasignados. Tal como lo contó este diario, varios de ellos recibieron en sus celulares un mensaje que decía: “No pudieron con nosotros. Ahora nos toca. Ya empezamos”. La Policía, por su parte, aclaró que ha entregado toda la información solicitada por la Fiscalía “con el propósito de dar absoluta claridad a este caso”, y que desde 2018 se han realizado auditorías y visitas del CTI, “evidenciando que no se han encontrado irregularidades en la Sala Negro”.

Por ahora, tanto la Fiscalía como la Procuraduría avanzan en sus pesquisas. Uno de los oficiales que está siendo indagado por el Ministerio Público es uno de los testigos que pidió el general Atehortúa para su defensa en el juicio disciplinario que se adelanta en su contra por supuestas irregularidades en un contrato para la construcción de casas fiscales en el Tolima. El uniformado tenía que declarar la semana pasada, pero se excusó de hacerlo. Como la audiencia se tuvo que aplazar, los procuradores propusieron reagendar la cita para el sábado pasado, a lo que el director de la Policía expresó que no podía asistir pues tenía un consejo de seguridad por fuera de la ciudad.

“Señor general, o cumple sus funciones en la Policía o se defiende en este proceso”, le contestó la Procuraduría al general Atehortúa. Él, por su parte, respondió que tiene toda la disposición de asistir a todas las audiencias, pero que también debe cumplir con su trabajo de director de la Policía. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha respaldado al general en todo el proceso. Pese a que varias de las irregularidades que se han denunciado, tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía, ocurrieron cuando Atehortúa ya no estaba en la Inspección general, lo cierto es que hasta ahora están avanzando. El juicio en contra del director de la Policía, a pesar de los problemas y de este telón de fondo de su pelea con el general Salamanca, continúa esta semana.