Tras nexos entre Odebrecht y el carrusel de la contratación

La semana pasada, un grupo de investigadores de la Fiscalía, encabezados por el fiscal Juan Vicente Valbuena Niño, concluyó once allanamientos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La misión tuvo como propósito recaudar la información y hacer entrevistas para establecer los términos de otro negocio que tiene en el ojo del huracán a la constructora Odebrecht. Y ya hay unos primeros indicios que apuntan a establecer posibles vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá.

Se trata del contrato para el diseño, la construcción y la puesta en operación de un túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, una obra que contrató la EAAB con el Consorcio Canoas, conformado por las sociedades CASS Constructores & Cía. S.C.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia. Su valor era $244.363 millones y debió concluirse en agosto de 2012, pero de común acuerdo las partes prorrogaron el plazo del contrato por 87 días más y se terminó en diciembre.

El asunto se mantuvo poco visible, pero salió a la palestra a finales del año pasado, cuando El Espectador reveló que el asesor de transporte de la Alcaldía de Bogotá, Óscar Díaz, le solicitó al gerente del Acueducto, Germán González Reyes, copia del contrato, que era requerido en la Dirección de Tránsito y Transporte del ministerio del ramo. Desde entonces, por conducto de González, el caso fue remitido al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien delegó en el fiscal Valbuena la investigación, como quiera que éste fue uno de los fiscales claves para destapar el carrusel de la contratación de Bogotá.

Producto de las pesquisas de la Fiscalía, y al terminar los allanamientos a la EAAB efectuados en las últimas dos semanas, surgió una tercera arista en la investigación que las autoridades adelantan por el pago de US$11 millones en sobornos que reconoció la propia multinacional ante la justicia de Estados Unidos. La primera es la Ruta del Sol sector 2, la segunda el contrato del río Magdalena, adjudicado a Navelena, de propiedad de la brasileña Odebrecht, y la tercera, el contrato Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá.

En concreto, luego de las diligencias judiciales, los investigadores se llevaron voluminosos expedientes. También tienen en su poder las hojas de vida de nueve funcionarios y exfuncionarios de la EAAB. Entre ellos Jorge Pizano Callejas, gerente de la entidad cuando se venía ejecutando el contrato. De hecho, Pizano renunció a su cargo y se conoció que desde hace seis años es directivo en Odebrecht, en donde ocupa un cargo de inspección de las obras. Al respecto, el exfuncionario argumenta que no habla sobre el tema porque no está autorizado por la multinacional.

La Fiscalía tiene además en su poder las hojas de vida del exdirectivo Julián Amaya y de Óscar Acero, exdirector de Red Troncal. La lista se complementa con el currículum de Sandra Rodríguez, directora de Obras Civiles, y Hugo Gómez, actual director de Red Troncal. A ella se suma la información de los gerentes jurídico, de servicio al cliente y el secretario general de la entidad durante el año 2009. El Espectador conoció que en los próximos días los nueve funcionarios y exfuncionarios podrían ser citados a entrevista por la Fiscalía.

La investigación se amplió con la reciente denuncia de tres directivos del consorcio francés Soletanche Bachy Cimas, que era competidor de Odebrecht en la licitación Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, quienes señalaron que en 2009, cuando se desarrollaba la licitación, supuestos emisarios de la administración de Samuel Moreno pidieron una comisión del 8,75 % para que pudieran quedarse con ese contrato, a la cual ellos se negaron. Una vez se conoció el asunto, el propio Germán González, gerente de la EAAB, se reunió con directivos de la multinacional, quienes se ratificaron en los hechos.

A este hecho se suma la denuncia del exzar anticorrupción Óscar Ortiz, quien señaló que en diciembre de 2009 le pidió, sin éxito, a la gerencia de la EAAB suspender la referida licitación al considerar que estaba viciada, luego de recibir una denuncia sobre la solicitud de comisiones a al menos uno de los tres oferentes que participaban en el proceso contractual.

El hecho fue informado a la Fiscalía y a la Procuraduría en su momento, pero las investigaciones no avanzaron. Incluso, el caso fue reportado al contralor distrital de la época, Miguel Ángel Morales Russi, procesado actualmente y a la espera de un fallo por el carrusel de la contratación, señalado por asistir a reuniones para el presunto cobro de comisiones en el contrato de obras para la calle 26 de Bogotá.

El caso de la EAAB avanza. El fiscal Juan Vicente Valbuena busca los nexos entre Odebrecht y el carrusel de la contratación que devastó a la capital. El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, anunció que reabrió el proceso en el organismo de control. La Contraloría General y la Procuraduría también adelantan nuevas pesquisas en el Acueducto. Es la tercera arista de un caso sobre el cual vienen decisiones.

La semana pasada, un grupo de investigadores de la Fiscalía, encabezados por el fiscal Juan Vicente Valbuena Niño, concluyó once allanamientos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). La misión tuvo como propósito recaudar la información y hacer entrevistas para establecer los términos de otro negocio que tiene en el ojo del huracán a la constructora Odebrecht. Y ya hay unos primeros indicios que apuntan a establecer posibles vínculos con el carrusel de la contratación en Bogotá.

Se trata del contrato para el diseño, la construcción y la puesta en operación de un túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, una obra que contrató la EAAB con el Consorcio Canoas, conformado por las sociedades CASS Constructores & Cía. S.C.A. y Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Colombia. Su valor era $244.363 millones y debió concluirse en agosto de 2012, pero de común acuerdo las partes prorrogaron el plazo del contrato por 87 días más y se terminó en diciembre.

El asunto se mantuvo poco visible, pero salió a la palestra a finales del año pasado, cuando El Espectador reveló que el asesor de transporte de la Alcaldía de Bogotá, Óscar Díaz, le solicitó al gerente del Acueducto, Germán González Reyes, copia del contrato, que era requerido en la Dirección de Tránsito y Transporte del ministerio del ramo. Desde entonces, por conducto de González, el caso fue remitido al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien delegó en el fiscal Valbuena la investigación, como quiera que éste fue uno de los fiscales claves para destapar el carrusel de la contratación de Bogotá.

Producto de las pesquisas de la Fiscalía, y al terminar los allanamientos a la EAAB efectuados en las últimas dos semanas, surgió una tercera arista en la investigación que las autoridades adelantan por el pago de US$11 millones en sobornos que reconoció la propia multinacional ante la justicia de Estados Unidos. La primera es la Ruta del Sol sector 2, la segunda el contrato del río Magdalena, adjudicado a Navelena, de propiedad de la brasileña Odebrecht, y la tercera, el contrato Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá.

En concreto, luego de las diligencias judiciales, los investigadores se llevaron voluminosos expedientes. También tienen en su poder las hojas de vida de nueve funcionarios y exfuncionarios de la EAAB. Entre ellos Jorge Pizano Callejas, gerente de la entidad cuando se venía ejecutando el contrato. De hecho, Pizano renunció a su cargo y se conoció que desde hace seis años es directivo en Odebrecht, en donde ocupa un cargo de inspección de las obras. Al respecto, el exfuncionario argumenta que no habla sobre el tema porque no está autorizado por la multinacional.

La Fiscalía tiene además en su poder las hojas de vida del exdirectivo Julián Amaya y de Óscar Acero, exdirector de Red Troncal. La lista se complementa con el currículum de Sandra Rodríguez, directora de Obras Civiles, y Hugo Gómez, actual director de Red Troncal. A ella se suma la información de los gerentes jurídico, de servicio al cliente y el secretario general de la entidad durante el año 2009. El Espectador conoció que en los próximos días los nueve funcionarios y exfuncionarios podrían ser citados a entrevista por la Fiscalía.

La investigación se amplió con la reciente denuncia de tres directivos del consorcio francés Soletanche Bachy Cimas, que era competidor de Odebrecht en la licitación Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, quienes señalaron que en 2009, cuando se desarrollaba la licitación, supuestos emisarios de la administración de Samuel Moreno pidieron una comisión del 8,75 % para que pudieran quedarse con ese contrato, a la cual ellos se negaron. Una vez se conoció el asunto, el propio Germán González, gerente de la EAAB, se reunió con directivos de la multinacional, quienes se ratificaron en los hechos.

A este hecho se suma la denuncia del exzar anticorrupción Óscar Ortiz, quien señaló que en diciembre de 2009 le pidió, sin éxito, a la gerencia de la EAAB suspender la referida licitación al considerar que estaba viciada, luego de recibir una denuncia sobre la solicitud de comisiones a al menos uno de los tres oferentes que participaban en el proceso contractual.

El hecho fue informado a la Fiscalía y a la Procuraduría en su momento, pero las investigaciones no avanzaron. Incluso, el caso fue reportado al contralor distrital de la época, Miguel Ángel Morales Russi, procesado actualmente y a la espera de un fallo por el carrusel de la contratación, señalado por asistir a reuniones para el presunto cobro de comisiones en el contrato de obras para la calle 26 de Bogotá.

El caso de la EAAB avanza. El fiscal Juan Vicente Valbuena busca los nexos entre Odebrecht y el carrusel de la contratación que devastó a la capital. El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, anunció que reabrió el proceso en el organismo de control. La Contraloría General y la Procuraduría también adelantan nuevas pesquisas en el Acueducto. Es la tercera arista de un caso sobre el cual vienen decisiones.