Un conflicto que profundizó la violencia contra las mujeres

Mujeres y personas LGBTIQ fueron violentadas de forma diferencial en el conflicto.

Foto: Ilustración: Éder Rodríguez

“Se creen los dueños del mundo y que pueden acabar, violar, matar, hacer todo lo que se les dé la gana con la vida de la mujer”. La voz es de Yamile* y su testimonio, confiado a la Comisión para el Esclarecimiento a la Verdad (CEV), ayuda a comprender el desprecio, el control, el silenciamiento y las violencias que padecieron las mujeres y niñas en el conflicto, por todos los actores armados.

El Espectador revela los hallazgos más importantes de uno de los capítulos más dolorosos del Informe Final de la CEV: “Mi cuerpo es la verdad, volumen de experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado colombiano”, un documento de 517 páginas que dedicó 297 a la comprensión de las vivencias de 10.844 de mujeres, que confiaron sus testimonios sobre el conflicto armado a la Comisión.

En sus relatos, ellas dieron cuenta de cómo el conflicto armado se ensañó en su contra, y las afectó de forma desproporcionada, en especial a mujeres campesinas, negras e indígenas. Para la Comisión, la guerra se instaló en las mujeres, en sus territorios, en sus hogares, en sus cuerpos, desde hace más de cincuenta años. Así fue desde la conformación de las guerrillas, en los años sesenta, la expansión del paramilitarismo y el narcotráfico en los ochenta, el recrudecimiento de la confrontación bélica a finales de los noventa y comienzos de la década de 2000, y así continúa en todas las otras capas de este conflicto armado que persiste en algunas regiones.

Una guerra que, de acuerdo con las conclusiones de esta entidad, reconfiguró de manera violenta los territorios y afectó su vida en todos los ámbitos: la relación con el cuerpo, la salud, la maternidad, las relaciones familiares y de pareja, el rol social y político, sus labores y trabajos, la relación con otras mujeres y su liderazgo. Según la CEV, la vida de las mujeres fue afectada gracias a los órdenes violentos impuestos por los actores armados, a la intervención del Estado con una visión militarista en estos lugares, a las políticas antidrogas, como la aspersión con glifosato, y al narcotráfico.

La violencia sexual, por ejemplo, fue una forma de control, castigo, esclavitud, un incentivo y una recompensa para los hombres que arriesgaban su vida en combate por todos los actores armados. La Comisión escuchó 1.154 testimonios de personas que fueron víctimas de violencias sexuales, entre los cuales el 89,5 % de las víctimas fueron mujeres y el 10,5 %, hombres. Este tipo de violencia fue la cuarta victimización más reportada por ellas. La mayoría indicó que las violencias sexuales ocurrieron en las zonas rurales. Las niñas y mujeres jóvenes (entre los 12 y los 28 años) fueron las más afectadas.

Este tipo de delito también funcionó para castigar y amedrentar a lideresas o mujeres que eran parte de organizaciones sociales, comunitarias, políticas o defensoras de los derechos humanos. En esos casos, la violencia sexual operó como una forma de represalia y de silenciamiento frente a sus actividades de liderazgo a nivel territorial y de “castigo” del adversario. Esto sin contar que muchas de las mujeres desplazadas tuvieron que soportar nuevas violencias y riesgos en los espacios de refugio o en los barrios de las ciudades a donde llegaron.

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Y si bien todos los actores armados violentaron sexualmente, la Comisión encontró características diferenciadoras en el modo en que lo hicieron. Por ejemplo, los grupos paramilitares perpetraron estas violencias como un mecanismo efectivo de terror que privilegiaron con crudeza para desplazar, despojar y controlar los territorios y comunidades en distintas partes del país. Esto fue particularmente evidente en el accionar de algunos bloques paramilitares como Calima, Norte, Héroes de los Montes de María, Élmer Cárdenas, Central Bolívar y Mineros.

“¡Una memoria histórica inolvidable! Pasaban las motosierras en las mujeres embarazadas, por la barriga, pa cortarles los niños, pa matarlas a ellas. En la calle principal usté encontraba cabezas de gente, manos, pies, brazos, ahí descuartizadas; cabezas en la orilla del río, niños muertos, niños, niños en la barriga, mujeres muertas y con los niños así floreados por fuera, cortados por la mitad, y eso es lo que yo digo, ¡Dios mío!, ¿y dónde está la justicia? (sic)”, dijo una mujer indígena, víctima de violencia sexual y desplazamiento a la Comisión.

En el caso de las guerrillas, la mayoría de los testimonios dejan en evidencia que las violencias sexuales fueron perpetradas sin que hubiese control por parte de comandantes, y que incluso en ocasiones fue ejercida por ellos mismos, a pesar de ser un delito que suponía castigos severos en los estatutos de los grupos insurgentes. En el caso de las Farc, la CEV constató que a mayor crecimiento de sus filas y en la algidez de la confrontación armada, hubo mayor ausencia de control efectivo de sus hombres, sobre todo de las milicias y la probabilidad de que ejercieran violencia sexual con mujeres de la comunidad se incrementó.

“Llegó la guerrilla ese domingo y me violó, porque el Ejército había caminado por ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo, sola allá, no tuve a quién decirle algo ni cómo pedir auxilio, porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí. Fueron tres guerrilleros de las Farc los que me violaron. Aparte de un daño físico, me hicieron un daño moral”, aseguró Marta, una mujer abusada en 2007, en Tame (Arauca).

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Con la Fuerza Pública, aunque hay reporte de menos casos según la Comisión, se evidenció que la violencia sexual ejercida contra mujeres civiles fue una forma de atacar a las consideradas enemigas, es decir, a las mujeres señaladas de colaboradoras de las insurgencias o por sospecha de ser guerrilleras. En los testimonios narrados a esta entidad se encontró que esta forma de actuar estuvo presente desde el Estatuto de Seguridad hasta épocas recientes del conflicto. Así lo contó Paola, campesina del departamento de Nariño, que en el momento de los hechos estaba embarazada: “Me llevaron al lugar donde nosotros vivíamos y Las órdenes que les llegaban a ellos por la radio era que no me podían dejar viva, pero que me sacaran la información (…) Había unos seis hombres o hasta más. Me violaron, jugaron conmigo, hicieron conmigo lo que se les vino a su mente (…)”.

Asimismo, según el análisis de la CEV, entre 2005 y 2010, en el contexto de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Nacional de Consolidación Territorial, se incrementaron los efectivos militares a lo largo del país y esta elevada presencia produjo de inmediato un aumento en las violencias sexuales contra mujeres y niñas.

También los testimonios escuchados por la CEV evidencian que entre 1999 y 2016 la violencia sexual fue marcadamente mayor en municipios cocaleros, y estos índices aumentaron en el período del Plan Colombia y de la avanzada paramilitar. Sobre las violencias reproductivas, la mayoría de los casos se cometieron en el interior de los grupos armados. Específicamente, las Farc en algunos de sus bloques impusieron la planificación y el aborto para las combatientes. En contextos de alta confrontación, los abortos forzados se convirtieron en una estrategia para alcanzar una ventaja militar para el grupo armado, con graves consecuencias físicas y psicológicas para quienes los padecieron.

Una de las miradas más novedosas del informe pone de presente, además, las violencias que padecieron las mujeres en situación de prostitución y lo expuestas que estuvieron a múltiples violaciones a sus derechos humanos, siendo estigmatizadas, abusadas y cosificadas. La Comisión constató que la vida de estas mujeres fue rechazada y equiparada con lo “indeseable” y que fueron víctimas de exterminio a través de conceptos como la mal llamada “limpieza social” o la “moralización” en las comunidades. También se pudo verificar que integrantes de la guerrilla de las Farc y paramilitares de las AUC las explotaron sexualmente, las desaparecieron, asesinaron, las utilizaron para hacer inteligencia militar.

Uno de los factores más dolorosos es que la mayoría de las mujeres víctimas de la guerra que dieron su testimonio a la Comisión de la Verdad, en especial indígenas, negras, afrocolombianas y campesinas, han sufrido violencias desde la infancia, por parte de personas cercanas, principalmente hombres de su familia y entorno, como padres, abuelos, compañeros sentimentales, vecinos, jefes, etc. Por eso a lo largo del documento se encuentra que las mujeres y niñas han padecido un contínuum de violencias. Expresiones como “esa sí se lo merecía” o “algo debía”, entre otras, habla de una realidad que se presenta como “natural”. En medio del conflicto se castigó y corrigió a las “chismosas”, a las “machorras”, a las “putas”, a las lideresas, a las desobedientes.

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Por ejemplo, Liliana, víctima de violencia sexual a manos de guerrilleros de las Farc en 2001, se vio sometida por su esposo, después del hecho, a otros maltratos psicológicos, físicos y sexuales: “Me decía que yo era prostituta, de ahí no me bajaba, de prostituta. Que era que yo me les había ofrecido, que yo era una presa fácil. En dos ocasiones me amarró a la cama y qué no me hacía”. Así también lo vivió Karime, sindicalista que en 1985 fue abusada sexualmente por miembros del Ejército, durante cuatro días, en San Vicente de Chucurí (Santander), después de ser secuestrada. Karime habló del trato que recibió de su compañero sentimental de ese momento: “Me pegaba, me violaba. Yo llegaba y me hacía acostar en el piso y me metía bananos, pepinos y eso. Y que agradeciera que él me había salvado la vida”.

Al final, el informe de la Comisión resaltó que toda esta violencia no logró aniquilar la capacidad de respuesta de la población y específicamente de las mujeres. En medio de la confrontación, muchas de ellas asumieron nuevas responsabilidades y lanzaron al país el reto moral de reconocer la pérdida de miles de sus hijos en masacres y desapariciones. “Sus liderazgos son un referente ético que se ha levantado para luchar por la dignidad de la vida, exigiendo el fin de la guerra, así como verdad, justicia y reparación”, concluyó la Comisión e hizo un llamado a que, a través de diferentes políticas públicas y reformas, se materialicen los derechos a la igualdad y la participación de las mujeres más vulnerables del país porque reconocen que muchas de estas afectaciones persisten, ante la ausencia del Estado.

En sus recomendaciones, la Comisión pidió varias modificaciones, como cambiar el artículo 3 del Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010) para que se reconozca de manera expresa que la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia sexual no constituyen bajo ningún supuesto delitos relacionados con el servicio. Y se sumó al llamado que han hecho otras organizaciones de derechos humanos para que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) abra un macrocaso de violencias sexuales y reproductivas, entre otros delitos sexuales, para sancionar a los mayores responsables de que esta ignominia pasara.

*Las identidades fueron reservadas por motivos de seguridad e intimidad.