Un satélite en la CNTV

En dos semanas, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) iniciará formalmente un nuevo proceso contractual: la licitación por US$30 millones (ver gráfico) para seleccionar a una empresa que suministre la señal de televisión vía satélite a los habitantes de las regiones más apartadas del país.

Para los comisionados de televisión es su nuevo proyecto estrella. De hecho, el pasado 6 de octubre el director de la Comisión, Eduardo Osorio, al presentarlo públicamente ratificó que es la solución ideal para que cuatro millones de colombianos de aproximadamente 200 municipios reciban la señal de los canales abiertos de cobertura nacional, los canales regionales y el canal del Congreso de la República.

Por su parte, el comisionado de Televisión, Mauricio Samudio, explicó que el proyecto es necesario porque la difícil topografía del país no permite que el 8% de los colombianos reciban una señal de buena calidad o simplemente no la reciban. Por eso señaló que “la única solución a esta dificultad es que en vez de instalar estaciones y transmisores que resultan más costosos se contrate a un portador que preste el servicio satelital directo al hogar”.

La iniciativa para ampliar la cobertura de la señal de la televisión pública fue adoptada el 22 de julio de 2008 dentro del plan estratégico de la entidad Televisión, Derecho de Todos y fue ratificada el pasado 31 de diciembre de 2009 en el programa de acceso a la población de los canales nacionales.

Sin embargo, hace pocos meses en el seno de la Junta Directiva de la entidad el proceso tomó un nuevo ritmo. Hacia marzo, en una de las sesiones del órgano los comisionados insistieron en la necesidad de avanzar en su puesta en financiamiento, soportado en algunos estudios técnicos y de mercado elaborados por funcionarios de la propia entidad.

Luego, varios asesores de la Comisión Nacional de Televisión comenzaron a enviar requerimientos y a visitar las diferentes sedes de los canales regionales a fin de exponer los alcances del proyecto. Y justamente allí, algunos directivos, expertos y técnicos empezaron a hacer cuestionamientos a la iniciativa.

Algunos de ellos consultados por El Espectador calificaron el proyecto como innecesario. Varios, en condición de servidores públicos de varios canales amparados en el anonimato, explicaron que el proyecto no se justifica en razón a que su impacto es bajo y la inversión muy alta.

Uno de ellos indicó que parte de la señal se piensa extender a zonas en donde ni siquiera existe fluido eléctrico. Otro planteó que se puede utilizar una tecnología diferente a través de los diversos programas de conectividad que viene ofreciendo el Ministerio de Comunicaciones hace varios años. “¿Por qué no se invierten esos recursos para mejorar lo que hay, en lo técnico y la calidad?”.

Pero quizás el mayor cuestionamiento que puede complicar la ejecución del proyecto según otros expertos es que para poder recibir la señal satelital en su televisor, los beneficiarios, en su mayoría población de escasos recursos, como campesinos o indígenas, deben adquirir una antena especial y un decodificador. Según el comisionado Mauricio Samudio, se estima que los dos elementos tendrán un precio promedio de $300.000.

Otro asunto que ha generado inquietudes entre quienes tienen dudas del proyecto es la adquisición de televisores. Con la aplicación de la nueva tecnología satelital, la compra de decodificadores y antenas, resulta lógico que la mayoría de personas de regiones apartadas que quieran utilizar el servicio seguramente tendrían que adquirir un nuevo televisor en razón a la obsolescencia de la tecnología de su actual aparato.

Paradójicamente, hace dos meses el ministro de Comunicaciones, Diego Molano, abortó un millonario proyecto en dólares que su antecesora le había dejado listo para adjudicar un satélite. Según le comentó Molano a El Espectador, “la licitación se declaró desierta. Él único proponente era una compañía china que no cumplió con los requisitos”. Lo cierto es que en el fondo el funcionario se dio cuenta de que era un proyecto costoso e innecesario.

No obstante, el proceso avanza. De hecho, el pasado 25 de junio la CNTV expidió el certificado de vigencias futuras 049. Mediante éste compromete cuantiosos recursos del denominado Fondo para el Desarrollo de la Televisión durante los próximos diez años. De esta manera, entre 2011 y 2020 la entidad girará cada año US$3’016.899 hasta llegar a un total del costo de la iniciativa de US$30’168.990.

Pese a los reparos de técnicos y expertos, al costo y a la utilización de vigencias futuras por una década, el proyecto se consolida e incluso fue divulgado el pasado 11 de octubre en el extranjero. En la CNTV dicen que se hará una estricta auditoría para que sea transparente y que vigilarán para que avivatos no hagan su agosto con las antenas y los decodificadores. En dos semanas se publicarán los términos de referencia. Se adjudicará en enero próximo y entraría a funcionar en mayo de 2011. La iniciativa avanza, pero con una señal aún borrosa.

En dos semanas, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) iniciará formalmente un nuevo proceso contractual: la licitación por US$30 millones (ver gráfico) para seleccionar a una empresa que suministre la señal de televisión vía satélite a los habitantes de las regiones más apartadas del país.

Para los comisionados de televisión es su nuevo proyecto estrella. De hecho, el pasado 6 de octubre el director de la Comisión, Eduardo Osorio, al presentarlo públicamente ratificó que es la solución ideal para que cuatro millones de colombianos de aproximadamente 200 municipios reciban la señal de los canales abiertos de cobertura nacional, los canales regionales y el canal del Congreso de la República.

Por su parte, el comisionado de Televisión, Mauricio Samudio, explicó que el proyecto es necesario porque la difícil topografía del país no permite que el 8% de los colombianos reciban una señal de buena calidad o simplemente no la reciban. Por eso señaló que “la única solución a esta dificultad es que en vez de instalar estaciones y transmisores que resultan más costosos se contrate a un portador que preste el servicio satelital directo al hogar”.

La iniciativa para ampliar la cobertura de la señal de la televisión pública fue adoptada el 22 de julio de 2008 dentro del plan estratégico de la entidad Televisión, Derecho de Todos y fue ratificada el pasado 31 de diciembre de 2009 en el programa de acceso a la población de los canales nacionales.

Sin embargo, hace pocos meses en el seno de la Junta Directiva de la entidad el proceso tomó un nuevo ritmo. Hacia marzo, en una de las sesiones del órgano los comisionados insistieron en la necesidad de avanzar en su puesta en financiamiento, soportado en algunos estudios técnicos y de mercado elaborados por funcionarios de la propia entidad.

Luego, varios asesores de la Comisión Nacional de Televisión comenzaron a enviar requerimientos y a visitar las diferentes sedes de los canales regionales a fin de exponer los alcances del proyecto. Y justamente allí, algunos directivos, expertos y técnicos empezaron a hacer cuestionamientos a la iniciativa.

Algunos de ellos consultados por El Espectador calificaron el proyecto como innecesario. Varios, en condición de servidores públicos de varios canales amparados en el anonimato, explicaron que el proyecto no se justifica en razón a que su impacto es bajo y la inversión muy alta.

Uno de ellos indicó que parte de la señal se piensa extender a zonas en donde ni siquiera existe fluido eléctrico. Otro planteó que se puede utilizar una tecnología diferente a través de los diversos programas de conectividad que viene ofreciendo el Ministerio de Comunicaciones hace varios años. “¿Por qué no se invierten esos recursos para mejorar lo que hay, en lo técnico y la calidad?”.

Pero quizás el mayor cuestionamiento que puede complicar la ejecución del proyecto según otros expertos es que para poder recibir la señal satelital en su televisor, los beneficiarios, en su mayoría población de escasos recursos, como campesinos o indígenas, deben adquirir una antena especial y un decodificador. Según el comisionado Mauricio Samudio, se estima que los dos elementos tendrán un precio promedio de $300.000.

Otro asunto que ha generado inquietudes entre quienes tienen dudas del proyecto es la adquisición de televisores. Con la aplicación de la nueva tecnología satelital, la compra de decodificadores y antenas, resulta lógico que la mayoría de personas de regiones apartadas que quieran utilizar el servicio seguramente tendrían que adquirir un nuevo televisor en razón a la obsolescencia de la tecnología de su actual aparato.

Paradójicamente, hace dos meses el ministro de Comunicaciones, Diego Molano, abortó un millonario proyecto en dólares que su antecesora le había dejado listo para adjudicar un satélite. Según le comentó Molano a El Espectador, “la licitación se declaró desierta. Él único proponente era una compañía china que no cumplió con los requisitos”. Lo cierto es que en el fondo el funcionario se dio cuenta de que era un proyecto costoso e innecesario.

No obstante, el proceso avanza. De hecho, el pasado 25 de junio la CNTV expidió el certificado de vigencias futuras 049. Mediante éste compromete cuantiosos recursos del denominado Fondo para el Desarrollo de la Televisión durante los próximos diez años. De esta manera, entre 2011 y 2020 la entidad girará cada año US$3’016.899 hasta llegar a un total del costo de la iniciativa de US$30’168.990.

Pese a los reparos de técnicos y expertos, al costo y a la utilización de vigencias futuras por una década, el proyecto se consolida e incluso fue divulgado el pasado 11 de octubre en el extranjero. En la CNTV dicen que se hará una estricta auditoría para que sea transparente y que vigilarán para que avivatos no hagan su agosto con las antenas y los decodificadores. En dos semanas se publicarán los términos de referencia. Se adjudicará en enero próximo y entraría a funcionar en mayo de 2011. La iniciativa avanza, pero con una señal aún borrosa.