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El nombre de la publicista Idaly Calderón Pérez aún agita el ambiente de la clase política del Huila. Pocos olvidan que, siendo la presidenta del Directorio Departamental del Partido Conservador, posó desnuda para una publicación regional y exteriorizó explosivos comentarios que llevaron a varios de sus copartidarios a exigir su destitución. Hoy vive cómodamente en Bélgica, pero de nuevo es motivo de críticas porque a la distancia y devengando altos honorarios ejerce como liquidadora de la Superintendencia de Sociedades.
Nacida en Neiva, de 41 años de edad, su hoja de vida demuestra una larga experiencia en los sectores público y privado. Exasesora de varias alcaldías municipales, directiva del club deportivo Atlético Huila, subgerente de la empresa Aseo Total, directiva de Casa Toro, directora comercial de la Gobernación del Huila, entre otros cargos, Idaly Calderón Pérez logró consolidarse como profesional por sus méritos y atributos, pero también gracias al respaldo político del expresidente del Congreso, el senador conservador Hernán Andrade.
En 2007, cuando llegó al Directorio del Partido Conservador en Huila, sus copartidarios dividieron opiniones frente a su liderazgo. Pero el cisma se ahondó en noviembre cuando a instancias del desaparecido semanario regional As Opinión, no sólo apareció desnuda en la portada, sino que se despachó con ruidosas declaraciones descalificando a algunos de los candidatos de su colectividad. Pero lo que más mortificó a sus colegas fue su opinión sobre su intimidad, que remató con una frase contundente: “Sexualmente soy un volcán”.
Dicen quienes conocieron del escándalo que varios de sus copartidarios esperaron a que pasara el ruido electoral para declararle la guerra política a Idaly Calderón. Al menos el presidente del directorio, Felipe Másmela, pidió personalmente a las directivas nacionales que fuera expulsada de la colectividad. Su entrevistador resultó ser el periodista y excongresista Édgar Artunduaga, quien además de autor del reportaje sumó al debate una sarcástica nota en la que pidió por la salud de la “piernona Amparo Grisales del Huila”.
Pero como todos los escándalos, al poco tiempo el alboroto pasó y, gracias a sus buenas relaciones, otro copartidario le dio la mano y pasó a las grandes ligas del sector público en Bogotá. Esta vez su padrino fue el exsuperintendente de Sociedades Hernando Ruiz, también natural de Huila y hoy candidato a la Alcaldía de Neiva, quien la promovió como liquidadora en la entidad. Es decir, comenzó a ser encargada de resolver dilemas de acreencias, inventarios y revisión de cuentas de sociedades afectadas por procesos de intervención estatal.
En la Superintendencia de Sociedades recibió tres casos para resolver. La liquidación obligatoria de la Central de Abastos del Sur (Surabastos S. A.); el mismo procedimiento para la empresa Tapametal S. A. y un tercer asunto relacionado con la liquidación de la editora English Master Corporation de Colombia. De los tres casos existe documentación que prueba la intervención de Idaly Calderón Pérez en estos procesos de liquidación e incluso de las divergencias que en algunos casos hubo con la DIAN o la Secretaría Distrital de Hacienda.
Sin embargo, el mayor problema vino a salir a flote sólo cuando hubo cambio de gobierno y en el relevo que se dio en la Superintendencia de Sociedades se descubrió que la liquidadora Idaly Calderón ejercía su gestión desde Europa. Y los primeros en advertirlo fueron los acreedores en el proceso de intervención de la Central de Abastos del Sur, quienes en carta dirigida al superintendente, Luis Guillermo Vélez, le hicieron saber que el caso no avanzaba seguramente por la distancia de la liquidadora.
En el documento, fechado el 30 de agosto de 2010, quedó consignado que llevaban seis años sin un sólo pago de sus acreencias y más de ocho en espera de que se solucionara el proceso. Pidieron una revisión especial del caso para establecer si era producto de la negligencia o la morosidad, y directamente precisaron que su mayor preocupación era saber de la “ausencia total de la liquidadora”, pues ya era conocido que no residía en Colombia y las tres últimas reuniones de la junta asesora de acreedores las había atendido de manera virtual.
En la carta, los acreedores dejaron constancia que además había que contar con un equipo profesional que le costaba diariamente al proceso. Por eso, básicamente le pidieron al superintendente, Luis Guillermo Vélez, urgir la actuación presencial de la liquidadora y, según ellos, detener la avalancha de gastos de administración causados en este interminable proceso. De paso, comentaron de la contratación de un auxiliar de justicia con pago de $80 millones, sin que tampoco hubiera sido importante para la pronta solución del caso.
El Espectador consultó al superintendente, Luis Guillermo Vélez, sobre este extraño caso y comentó que efectivamente Idaly Calderón sigue siendo liquidadora de la Superintendencia de Sociedades, que en la actualidad se están revisando todas sus actuaciones para constatar si se han presentado irregularidades o injustificados atrasos en los procesos a su cargo y que deberá examinarse si tiene experiencia para la actividad.
El superintendente Vélez añadió que está revisando no sólo este caso, sino en general las distintas formas de selección de liquidadores y asesores de la entidad. Por ello, el funcionario decidió promover una directriz en el interior de la Superintendencia para exigir requisitos estrictos a quienes vayan a cumplir misiones técnicas a nombre del organismo, con la obligación de certificar una experiencia en este tipo de asuntos. Con esta normativa, la idea es adelantar una convocatoria pública y fortalecer las actividades de una Superintendencia clave para el país.
Por su parte, el periodista huilense Édgar Artunduaga, conocedor de la minucia política de su departamento, define a Idaly Calderón como “una mujer locuaz, aguerrida y atrevida, sin mucha formación académica dispuesta a hacerse matar por una causa”. Y señala que ella no es nada conservadora, “al contrario, es muy liberal para una sociedad pacata como la huilense, además, no tengo dudas de su honestidad”.
Entre tanto, en su perfil virtual Idaly Calderón recuerda que ha sido asesora de imagen de varios candidatos en su departamento. Destaca que ha ejercido la docencia en la Universidad Cooperativa de Colombia y en el Sena. También dice que ha sido directora ejecutiva de la Fundación Tierra Sana y consultora de la Fundación Colombia Viva. Además, ha incursionado en el periodismo a través del periódico Conexión Conservadora, medio informativo conservador regional.
Por lo pronto, ejerce su actividad desde Bélgica con buena remuneración. La Superintendencia de Sociedades revisa su caso. Y empresarios y acreedores no ven con buenos ojos su labor.
Una gestión con cuestionamientos
Según registros de la Superintendencia de Sociedades, 59 compañías se encuentran en liquidación. En el caso de Surabastos, mientras su liquidadora hace su trabajo desde Bélgica, ésta funciona en Colombia en la Avenida 26 N° 27-94, bloque 4, apartamento 405, en el condominio Santa Lucía, en Neiva.
Al respecto, un informe de 2009, elaborado por la Contraloría General, concluyó que: “La gestión realizada por la liquidadora no cumple con los principios de economía, eficiencia y eficacia. “En cuanto a los gastos del proceso de liquidación, se presenta un saldo de $1.122,5 millones, incrementándose con respecto al año 2008 en $325,7 millones”, destaca el informe.
Según las normas en la materia, un liquidador es el administrador, representante legal de la sociedad deudora, auxiliar de la justicia y quien tiene la tarea de procurar la pronta realización de la liquidación. El incumplimiento de sus funciones deriva en responsabilidades penales, civiles y disciplinarias.
¿El fortín burocrático de los conservadores?
Sólo cerca de tres meses después de que fuera designado en el cargo el entonces superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, nombró como liquidadora a Idaly Calderón Pérez. Primero la designó en esa función en Editora English, era el 26 de junio de 2007. Dos días después fue nombrada liquidadora en Surabastos y el 20 de noviembre de ese año ya era la liquidadora de la empresa Tapametal.
El asunto de la designación de los liquidadores ha sido objeto de debate en varias administraciones de la Superintendencia de Sociedades, especialmente en la gestión de Ruiz López, cuando se denunció su cercanía con el senador conservador Hernán Andrade y las numerosas “cuotas” que éste tendría en la entidad no sólo de liquidadores, sino de funcionarios de la entidad.
Tanto el exfuncionario como el parlamentario huilense negaron en su momento las denuncias y, por el contrario, destacaron el carácter técnico de la entidad.