Una procuradora en apuros

El pasado viernes 9 de diciembre, al despacho de la procuradora judicial penal de Medellín, Paola Vargas Góez, llegó su declaratoria de insubsistencia. Con casi 20 años de experiencia en la Fiscalía y la Procuraduría, la decisión la tomó por sorpresa y viajó a Bogotá para conocer las razones de su retiro. Según ella, el procurador Alejandro Ordóñez le manifestó que se había presentado un asunto que le había hecho perder la confianza en ella. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que ahora indaga sus relaciones con algunos condenados.

El asunto empezó por un anónimo que llegó al Ministerio Público, en el que se aseguraba que la procuradora Vargas había ayudado al entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, para tratar de precluir un proceso contra el empresario Juan Felipe Sierra Fernández y que además había tenido vínculos con un exjefe de investigaciones del CTI de Medellín, quien había terminado involucrado en el asesinato de varios de sus colegas, actuando a la sombra como asesor de las autodefensas de Carlos Castaño.

Indagando sobre los detalles expuestos en el anónimo, se encontró que efectivamente, en noviembre de 2007, la DIAN elevó una denuncia contra la empresa Promsat S. A. por omisión en el pago de sus obligaciones tributarias y que el caso había sido investigado por la fiscal 105 delegada ante los jueces penales del circuito, María Patricia Vásquez García. Esta funcionaria vinculó al expediente a Juan Felipe Sierra y Juan Manuel Latorre, y después de varias diligencias los acusó por el presunto delito de omisión del agente retenedor.

Por diversas razones, en relación con esta investigación contra los responsables de la empresa de comidas rápidas Promsat S. A., el caso terminó en el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, que ordenó una indagación preliminar para establecer por qué el proceso se había complicado tanto. Y una de las primeras decisiones fue escuchar a la fiscal María Patricia Vásquez para conocer sus explicaciones. La respuesta de la fiscal 105 abrió el camino para entender quiénes habían intervenido para que el caso se dilatara.

En su respuesta a los requerimientos del Consejo de la Judicatura de Antioquia, la fiscal María Patricia Vásquez relató que la primera sorpresa en su caso fue que después de localizar al empresario Sierra encontró que en la dirección donde fue encontrado funcionaba una compañía de vigilancia y seguridad llamada Control Total. El 5 de marzo de 2008 se pudo realizar la diligencia de indagatoria, pero antes de la misma se presentó una extraña situación que la fiscal no dudó en incluir en su documento de explicaciones sobre el caso.

La fiscal Vásquez detalló que recibió una llamada telefónica del entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, preguntando por el proceso, pues, según él, Juan Felipe Sierra “era un gran amigo suyo y estaba muy nervioso”. Ella le explicó de qué se trataba el proceso y siguió adelante con el caso. Pero al momento de cerrar la investigación, volvió a recibir una nueva llamada de Valencia Cossio para averiguar por el expediente. Sólo que esta vez se atrevió a hacerle algunas sugerencias a la hora de tomar decisiones.

En su documento, la fiscal Vásquez expresó que Valencia Cossio, “de manera muy sutil”, le comentó que él sabía del concepto que había emitido el Ministerio Público para precluir el caso y que, palabras más, palabras menos, le dijo: “Yo sé que el concepto no te obliga porque eres autónoma en tus decisiones”. La fiscal añadió que ella le contestó que no había leído el concepto, pero que tenía clara su posición jurídica respecto a este tipo de delitos. Valencia le solicitó que lo leyera y que si veía algún error le correspondiera otra llamada.

Y se hizo. En la tercera conversación, la fiscal dejó claro que a ella no la obligaba el concepto del Ministerio Público y que en su momento iba a pronunciarse. Valencia le preguntó, “como regularmente lo solicitan los investigados por esta conducta”, que en estos casos qué se hacía. Ella le explicó que pagar los impuestos y que se admitía la preclusión si se daba esta opción. Valencia agregó que los defensores de Sierra necesitaban hablar con ella en su despacho para verificar algunos procedimientos en este tipo de procesos penales.

Al día siguiente llegó el defensor de Sierra con dos expertos tributarios, cuestionaron algunos detalles del caso y, según la fiscal, ella se limitó a decirles que el análisis del expediente quedaría plasmado en la calificación del sumario. El concepto de la Procuraduría, “apartándose de su propio precedente”, planteaba que si la DIAN tenía la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva, el derecho penal no se podía aplicar a los agentes retenedores. En otras palabras, que si la DIAN podía cobrar, sólo intervendría la Fiscalía si había reticencia al pago.

La fiscal Vásquez rechazó el concepto y acusó a Juan Felipe Sierra y a Juan Manuel Latorre en mayo de 2008. Pero antes de lo pensado, la Procuraduría apeló el caso. Tanto el concepto previo como la apelación fueron de la abogada Paola Vargas Góez. El 22 de julio, el Consejo de la Judicatura de Antioquia se abstuvo de abrir investigación contra la fiscal 105 de Medellín, pero, en razón a las situaciones descritas por ella en sus explicaciones, compulsó copias para que se indagara tanto la intervención de Valencia como la de la procuradora.

Con un detalle adicional: cuando apenas se tomaban decisiones en este caso estalló el escándalo que hoy tiene en prisión y condenado por enriquecimiento ilícito, supresión de documento público y concierto para delinquir al exdirector de Fiscalías Guillermo León Valencia Cossio. Y por el mismo caso al empresario Juan Felipe Sierra. Ambos terminaron enredados por nexos o apoyo a la organización criminal de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, uno de los jefes de la banda de ‘Los Urabeños’.

El proceso penal por las denuncias de la DIAN se encuentra en etapa de juicio en Medellín, pero en la Fiscalía en Bogotá apenas cobran forma las primeras pesquisas para establecer si la abogada Paola Vargas Góez pudo incurrir en acciones ilícitas en este caso de supuesta omisión de agente retenedor. Con una particularidad: por su condición de exprocuradora judicial penal, Vargas tiene fuero especial y por eso su caso, remitido por el Ministerio Público, quedó en manos de una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

De paso, la justicia busca establecer si, como quedó reseñado en el anónimo que dio lugar a las averiguaciones, la abogada Paola Vargas, en desarrollo de su función judicial, ha tenido vínculos con sujetos al margen de la ley. El señalamiento es de haber tenido una relación cercana con Úber Duque Álvarez, un exjefe de investigaciones del CTI de Medellín que terminó trabajando para las autodefensas, al punto de que luego fue abogado de Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Duque fue asesinado en marzo de 2004.

Consultada sobre el caso, la abogada Paola Vargas expresó que no hubo irregularidad alguna en el caso por las denuncias de la DIAN, que su concepto fue claro en el sentido de que el organismo podía agotar su capacidad de cobro, que no conoce ni ha tenido relaciones con Juan Felipe Sierra, que Guillermo Valencia Cossio únicamente fue su compañero de trabajo y que si conoció en su momento a Úber Duque, fue su colega en la Fiscalía, pero sólo tiempo después se enteró de cómo había traicionado a sus compañeros pasándose a las autodefensas.

El Espectador contactó a un investigador de la época en Medellín y a un antiguo integrante de las autodefensas en la misma ciudad, quienes coincidieron en reconocer que Úber Duque, junto con Carlos Mario Aguilar, fueron los hombres claves en el CTI de la Fiscalía en la capital antioqueña que permitieron a las autodefensas conocer de antemano los movimientos de las autoridades, las investigaciones en su contra y, ya del lado del paramilitarismo, dejar un rosario de mártires del CTI, asesinados por traición de sus propios compañeros.

Por ahora, a petición del Ministerio Público, la Fiscalía tendrá que establecer cuál fue la relación entre la exprocuradora judicial penal de Medellín Paola Vargas y el exdirector de Fiscalías de la misma ciudad Guillermo León Valencia, y si eventualmente buscaban favorecer al empresario Juan Felipe Sierra. La abogada Vargas estaba participando en varias investigaciones contra bandas criminales y casos de secuestro y extorsión. Su insubsistencia la pone ahora a aportar explicaciones sobre su largo recorrido por los senderos de la justicia.

La traición de Úber Duque Álvarez

Úber Duque fue jefe de investigaciones del CTI en Medellín en los años 90. Su colega era Diego Arcila Gómez. Este último, haciéndose pasar por sacerdote, ingresó a un colegio cerca de Sabaneta y logró establecer que uno de los alumnos era hijo de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Luego supo dónde vivía.

Estos hallazgos le costaron la vida en febrero de 1999. Las investigaciones dan cuenta que lo traicionó Úber Duque. Para entonces ya oficiaba como asesor de las autodefensas y, según reportes de la justicia, tuvo que ver con la muerte de al menos 10 investigadores del CTI que intentaron indagar los pasos de paramilitarismo.

Con el tiempo, Duque se convirtió en abogado de las autodefensas y de la ‘Oficina de Envigado’. Representó a Carlos Castaño y a Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. El 2 de marzo de 2004 fue asesinado en Medellín. Castaño lamentó su muerte. Juan Carlos El Tuso Sierra admitió judicialmente su colaboración.

Una penalista de larga trayectoria

La abogada Paola Astrid Vargas es egresada de la Universidad de Medellín, con estudios de posgrado en Derecho Penal y Derecho Público. Se inició como defensora en consejos verbales de guerra en la Justicia Penal Militar, pero hacia mayo de 1993 se vinculó a la Fiscalía General de la Nación como técnica judicial.

En 1994 concursó para el cargo de fiscal en Medellín y, tras ocupar el primer puesto, se desempeñó como jefe de Unidad Local de Fiscalías durante largos años. Después lo hizo como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito. Hacia el año 2007 ingresó a la Procuraduría, institución en la que estuvo hasta la semana anterior.

En la actualidad está casada con el notario tercero de Medellín, Luis David Echeverri Duque. Al momento de su declaratoria de insubsistencia venía trabajando en varios casos contra bandas criminales. Además, formaba parte de la red de formadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

El pasado viernes 9 de diciembre, al despacho de la procuradora judicial penal de Medellín, Paola Vargas Góez, llegó su declaratoria de insubsistencia. Con casi 20 años de experiencia en la Fiscalía y la Procuraduría, la decisión la tomó por sorpresa y viajó a Bogotá para conocer las razones de su retiro. Según ella, el procurador Alejandro Ordóñez le manifestó que se había presentado un asunto que le había hecho perder la confianza en ella. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que ahora indaga sus relaciones con algunos condenados.

El asunto empezó por un anónimo que llegó al Ministerio Público, en el que se aseguraba que la procuradora Vargas había ayudado al entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, para tratar de precluir un proceso contra el empresario Juan Felipe Sierra Fernández y que además había tenido vínculos con un exjefe de investigaciones del CTI de Medellín, quien había terminado involucrado en el asesinato de varios de sus colegas, actuando a la sombra como asesor de las autodefensas de Carlos Castaño.

Indagando sobre los detalles expuestos en el anónimo, se encontró que efectivamente, en noviembre de 2007, la DIAN elevó una denuncia contra la empresa Promsat S. A. por omisión en el pago de sus obligaciones tributarias y que el caso había sido investigado por la fiscal 105 delegada ante los jueces penales del circuito, María Patricia Vásquez García. Esta funcionaria vinculó al expediente a Juan Felipe Sierra y Juan Manuel Latorre, y después de varias diligencias los acusó por el presunto delito de omisión del agente retenedor.

Por diversas razones, en relación con esta investigación contra los responsables de la empresa de comidas rápidas Promsat S. A., el caso terminó en el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, que ordenó una indagación preliminar para establecer por qué el proceso se había complicado tanto. Y una de las primeras decisiones fue escuchar a la fiscal María Patricia Vásquez para conocer sus explicaciones. La respuesta de la fiscal 105 abrió el camino para entender quiénes habían intervenido para que el caso se dilatara.

En su respuesta a los requerimientos del Consejo de la Judicatura de Antioquia, la fiscal María Patricia Vásquez relató que la primera sorpresa en su caso fue que después de localizar al empresario Sierra encontró que en la dirección donde fue encontrado funcionaba una compañía de vigilancia y seguridad llamada Control Total. El 5 de marzo de 2008 se pudo realizar la diligencia de indagatoria, pero antes de la misma se presentó una extraña situación que la fiscal no dudó en incluir en su documento de explicaciones sobre el caso.

La fiscal Vásquez detalló que recibió una llamada telefónica del entonces director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, preguntando por el proceso, pues, según él, Juan Felipe Sierra “era un gran amigo suyo y estaba muy nervioso”. Ella le explicó de qué se trataba el proceso y siguió adelante con el caso. Pero al momento de cerrar la investigación, volvió a recibir una nueva llamada de Valencia Cossio para averiguar por el expediente. Sólo que esta vez se atrevió a hacerle algunas sugerencias a la hora de tomar decisiones.

En su documento, la fiscal Vásquez expresó que Valencia Cossio, “de manera muy sutil”, le comentó que él sabía del concepto que había emitido el Ministerio Público para precluir el caso y que, palabras más, palabras menos, le dijo: “Yo sé que el concepto no te obliga porque eres autónoma en tus decisiones”. La fiscal añadió que ella le contestó que no había leído el concepto, pero que tenía clara su posición jurídica respecto a este tipo de delitos. Valencia le solicitó que lo leyera y que si veía algún error le correspondiera otra llamada.

Y se hizo. En la tercera conversación, la fiscal dejó claro que a ella no la obligaba el concepto del Ministerio Público y que en su momento iba a pronunciarse. Valencia le preguntó, “como regularmente lo solicitan los investigados por esta conducta”, que en estos casos qué se hacía. Ella le explicó que pagar los impuestos y que se admitía la preclusión si se daba esta opción. Valencia agregó que los defensores de Sierra necesitaban hablar con ella en su despacho para verificar algunos procedimientos en este tipo de procesos penales.

Al día siguiente llegó el defensor de Sierra con dos expertos tributarios, cuestionaron algunos detalles del caso y, según la fiscal, ella se limitó a decirles que el análisis del expediente quedaría plasmado en la calificación del sumario. El concepto de la Procuraduría, “apartándose de su propio precedente”, planteaba que si la DIAN tenía la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva, el derecho penal no se podía aplicar a los agentes retenedores. En otras palabras, que si la DIAN podía cobrar, sólo intervendría la Fiscalía si había reticencia al pago.

La fiscal Vásquez rechazó el concepto y acusó a Juan Felipe Sierra y a Juan Manuel Latorre en mayo de 2008. Pero antes de lo pensado, la Procuraduría apeló el caso. Tanto el concepto previo como la apelación fueron de la abogada Paola Vargas Góez. El 22 de julio, el Consejo de la Judicatura de Antioquia se abstuvo de abrir investigación contra la fiscal 105 de Medellín, pero, en razón a las situaciones descritas por ella en sus explicaciones, compulsó copias para que se indagara tanto la intervención de Valencia como la de la procuradora.

Con un detalle adicional: cuando apenas se tomaban decisiones en este caso estalló el escándalo que hoy tiene en prisión y condenado por enriquecimiento ilícito, supresión de documento público y concierto para delinquir al exdirector de Fiscalías Guillermo León Valencia Cossio. Y por el mismo caso al empresario Juan Felipe Sierra. Ambos terminaron enredados por nexos o apoyo a la organización criminal de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, uno de los jefes de la banda de ‘Los Urabeños’.

El proceso penal por las denuncias de la DIAN se encuentra en etapa de juicio en Medellín, pero en la Fiscalía en Bogotá apenas cobran forma las primeras pesquisas para establecer si la abogada Paola Vargas Góez pudo incurrir en acciones ilícitas en este caso de supuesta omisión de agente retenedor. Con una particularidad: por su condición de exprocuradora judicial penal, Vargas tiene fuero especial y por eso su caso, remitido por el Ministerio Público, quedó en manos de una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

De paso, la justicia busca establecer si, como quedó reseñado en el anónimo que dio lugar a las averiguaciones, la abogada Paola Vargas, en desarrollo de su función judicial, ha tenido vínculos con sujetos al margen de la ley. El señalamiento es de haber tenido una relación cercana con Úber Duque Álvarez, un exjefe de investigaciones del CTI de Medellín que terminó trabajando para las autodefensas, al punto de que luego fue abogado de Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Duque fue asesinado en marzo de 2004.

Consultada sobre el caso, la abogada Paola Vargas expresó que no hubo irregularidad alguna en el caso por las denuncias de la DIAN, que su concepto fue claro en el sentido de que el organismo podía agotar su capacidad de cobro, que no conoce ni ha tenido relaciones con Juan Felipe Sierra, que Guillermo Valencia Cossio únicamente fue su compañero de trabajo y que si conoció en su momento a Úber Duque, fue su colega en la Fiscalía, pero sólo tiempo después se enteró de cómo había traicionado a sus compañeros pasándose a las autodefensas.

El Espectador contactó a un investigador de la época en Medellín y a un antiguo integrante de las autodefensas en la misma ciudad, quienes coincidieron en reconocer que Úber Duque, junto con Carlos Mario Aguilar, fueron los hombres claves en el CTI de la Fiscalía en la capital antioqueña que permitieron a las autodefensas conocer de antemano los movimientos de las autoridades, las investigaciones en su contra y, ya del lado del paramilitarismo, dejar un rosario de mártires del CTI, asesinados por traición de sus propios compañeros.

Por ahora, a petición del Ministerio Público, la Fiscalía tendrá que establecer cuál fue la relación entre la exprocuradora judicial penal de Medellín Paola Vargas y el exdirector de Fiscalías de la misma ciudad Guillermo León Valencia, y si eventualmente buscaban favorecer al empresario Juan Felipe Sierra. La abogada Vargas estaba participando en varias investigaciones contra bandas criminales y casos de secuestro y extorsión. Su insubsistencia la pone ahora a aportar explicaciones sobre su largo recorrido por los senderos de la justicia.

La traición de Úber Duque Álvarez

Úber Duque fue jefe de investigaciones del CTI en Medellín en los años 90. Su colega era Diego Arcila Gómez. Este último, haciéndose pasar por sacerdote, ingresó a un colegio cerca de Sabaneta y logró establecer que uno de los alumnos era hijo de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Luego supo dónde vivía.

Estos hallazgos le costaron la vida en febrero de 1999. Las investigaciones dan cuenta que lo traicionó Úber Duque. Para entonces ya oficiaba como asesor de las autodefensas y, según reportes de la justicia, tuvo que ver con la muerte de al menos 10 investigadores del CTI que intentaron indagar los pasos de paramilitarismo.

Con el tiempo, Duque se convirtió en abogado de las autodefensas y de la ‘Oficina de Envigado’. Representó a Carlos Castaño y a Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. El 2 de marzo de 2004 fue asesinado en Medellín. Castaño lamentó su muerte. Juan Carlos El Tuso Sierra admitió judicialmente su colaboración.

Una penalista de larga trayectoria

La abogada Paola Astrid Vargas es egresada de la Universidad de Medellín, con estudios de posgrado en Derecho Penal y Derecho Público. Se inició como defensora en consejos verbales de guerra en la Justicia Penal Militar, pero hacia mayo de 1993 se vinculó a la Fiscalía General de la Nación como técnica judicial.

En 1994 concursó para el cargo de fiscal en Medellín y, tras ocupar el primer puesto, se desempeñó como jefe de Unidad Local de Fiscalías durante largos años. Después lo hizo como fiscal delegada ante los jueces penales del circuito. Hacia el año 2007 ingresó a la Procuraduría, institución en la que estuvo hasta la semana anterior.

En la actualidad está casada con el notario tercero de Medellín, Luis David Echeverri Duque. Al momento de su declaratoria de insubsistencia venía trabajando en varios casos contra bandas criminales. Además, formaba parte de la red de formadores del Instituto de Estudios del Ministerio Público.