¿Una Registraduría paralela?

Una semana después de las elecciones legislativas del 14 de marzo, cuando el país estaba alborotado por la incertidumbre respecto a los resultados de las consultas partidistas y la conformación del Congreso, en el interior de la Registraduría —en esos mismos momentos cuestionada por la firma de varios contratos a última hora— empezó a cobrar forma una extraña oferta de servicios electorales, como una especie de salvavidas para los candidatos quemados o al borde del naufragio electoral.

Esta historia tuvo su origen en el desespero de uno de los aspirantes al Congreso, quien al verse en la cuerda floja y penando por pocos votos para ganar una curul, decidió apelar a sus conocidos en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, no sólo para averiguar qué estaba sucediendo en el conteo de los votos, sino de paso evaluar qué alternativas podían activarse para obtener en los escrutinios lo que ya parecía embolatado en las urnas. Es decir, cómo cambiar el destino de una derrota cantada.

Uno de tales contactos, cuyo nombre se omite a petición de las fuentes de información, le habló de un grupo de abogados expertos en el manejo de procesos electorales, y de sus métodos para pelear hasta la última mesa de votación y tratar de sacar ventaja, entre otros aspectos, direccionando testigos electorales. El agobiado candidato se mostró interesado en la propuesta y, a los pocos días, le llegaron dos hojas con un peculiar formato para vigilar reconteos y preparar acciones contenciosas o reclamaciones ante los organismos electorales.

La oferta incluía desde la vigilancia de los escrutinios y la conformación de un equipo de abogados para la “orientación y direccionamiento de las actuaciones de los testigos”, hasta la presentación de las impugnaciones necesarias contra las decisiones adoptadas. El valor de la inversión se planteó en $2’500.000 por cada día y en cada departamento a vigilar, y quedó claro que la empresa Procesos Electorales se comprometía a entregar el primer diagnóstico en un término de 10 días. El documento aparecía firmado por Yesid Villarraga.

El alicaído candidato, sin otra opción a la vista, decidió acoger la propuesta, volvió a hablar con su contacto y éste le dio una dirección para que encarara personalmente sus intereses. Para no exponerse demasiado, el político envió una emisaria a una oficina en un sexto piso ubicada en la avenida 19 N° 3A 37, donde fue atendida inicialmente por Víctor Arturo Polo Sanmiguel, y después por Luis Yesid y Fernando Villarraga, quienes terminaron por explicar los detalles del negocio, entregándole un formato de contrato de prestación de servicios profesionales.

La emisaria regresó a la oficina del político para entregarle el documento sin llenar de cuatro páginas, con el nombre de Luis Yesid Villarraga Flórez como eventual contratante, explicándole que en la espaciosa oficina donde había por lo menos 40 computadores y muchos operarios jóvenes con mucha información electoral, sus contertulios le habían advertido las fórmulas de pago: el 50% de inmediato, un 25% después del diagnóstico y los posibles cambios, y el saldo el día de la entrega de credenciales para el Congreso de la República.

Además, la emisaria aclaró de qué manera le habían advertido que básicamente la opción de cambios se concretaba en la información contenida en los formularios E-24, y que en cualquier otra etapa era imposible modificar cualquier resultado. Supuestamente, insistió la emisaria, sus contertulios le habían dicho que ya tenían cinco clientes y que, salvo algunas variaciones, la inversión estaría alrededor de los $500 millones en efectivo por candidato. El político no dijo nada pero se quedó con el modelo de contrato.

Después de evaluar su caso prácticamente perdido, y entender que tampoco tenía los recursos para embarcarse en esta extraña aventura, con los dos documentos aportados decidió contactar a El Espectador para exponer el caso. La situación sonaba descabellada, pero con el propósito de descartar que se tratara de una eventual empresa fachada, se decidió consultar los certificados de existencia y representación legal de la firma Procesos Electorales. La primera sorpresa fue constatar que sí existía y estaba constituida desde 2003.

Dicho certificado, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que la empresa nació el 12 de febrero de 2003 con el objetivo de prestar asesorías de carácter jurídico y contable, y que hoy tiene como gerente general a Henry Fernando Villarraga Palacios y como suplente del gerente a Luis Yesid Villarraga Flórez. Este último fue precisamente el firmante de los dos documentos de oferta de servicios. Sin embargo, llama la atención que el 14 de diciembre de 2007 la empresa fue objeto de un cambio total en su composición accionaria y en su junta directiva.

El Espectador decidió consultar esta última escritura para evaluar cómo se transformó la naturaleza jurídica de la empresa y quiénes eran sus socios gestores. En la Notaría 76 de Bogotá reposa la escritura 8478 del 7 de diciembre de 2007 donde en 40 páginas se protocolizó la transformación de la empresa Procesos Electorales a sociedad anónima, quedando claro que quienes cedieron sus cuotas, es decir, los socios fundadores, fueron Henry Villarraga Oliveros, Alfonso Portela Herrán y Carlos Ariel Sánchez.

El abogado Henry Villarraga Oliveros desde septiembre de 2008, es decir, nueve meses después de ceder sus acciones, oficia como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En la hoja de vida que hoy aparece en la corporación judicial se lee que es experto en derecho electoral, que ha asesorado a diversos partidos y movimientos políticos y que, efectivamente, durante más de ocho años fue el representante legal de la firma Procesos Electorales. Su período concluye en 2016.

El segundo abordo es Alfonso Portela Herrán, quien según el actual organigrama de la Registraduría, ejerce como Registrador Delegado en lo Electoral y Director de Gestión Electoral, dos cargos con acceso directo a aspectos clave de todo el proceso de conteo y reconteo de sufragios. Según información recaudada, recientemente se desempeñó como notario en el departamento del Tolima y, paradójicamente, su cédula es del municipio de Purificación, la misma localidad de donde es la cédula del magistrado Villarraga Oliveros.

El tercero, Carlos Ariel Sánchez Torres, es ni más ni menos el actual Registrador Nacional del Estado Civil, elegido desde el 26 de noviembre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Es decir, 11 días después de ser designado como Registrador acudió a la Notaría 76 de Bogotá para protocolizar la cesión de sus acciones en la firma Procesos Electorales. Y, como sus socios fundadores, cedió estratégicamente su propiedad a personas de su absoluta lealtad, subordinación y confianza.

Hoy, en papeles, la firma Procesos Electorales está constituida en su junta directiva y composición accionaria por Dalia Constanza Peña y Yeimi Milena Zabala Chacón, ambas con cédulas de Purificación (Tolima); Adriana Lucía González Villamizar, cedulada en Bogotá; y dos perlas más: Pedro Alexánder Rodríguez Matallana, quien en las elecciones del 14 de marzo participó como candidato a la Cámara por el departamento del Tolima en la lista de Cambio Radical, y Holman Giovanni Ibáñez Parra, actual director del Censo Electoral de la Registraduría.

En resumidas cuentas, la oferta que recibió el candidato en dificultades no era tan desproporcionada si se tiene en cuenta los nexos de la firma Procesos Electorales con dos instancias claves del Estado: el Consejo Superior de la Judicatura y la mismísima Registraduría Nacional del Estado Civil. Con un dato más: la persona que atendió a la enviada del malogrado aspirante, es decir, Víctor Arturo Polo Sanmiguel, quien además le entregó su tarjeta personal, es magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento de Antioquia.

Hoy, la compañía Procesos Electorales S.A. tiene como dirección una oficina ubicada en un tercer piso de la carrera 13 con la calle 94A, donde seguramente deben reposar algunos contratos de prestación de servicios profesionales de quienes decidieron acoger la oferta sugerida en el documento enviado al eventual cliente que no acogió la propuesta, que dejan entrever que si la Registraduría legalmente dejaba mal parados a algunos candidatos, internamente había quien les tirara un salvavidas para impedir su naufragio.

De cara a las presidenciales

“Me siento tranquilo. Tranquilo desde que uno tenga certeza dónde estuvieron las fallas, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que hacer para que en las elecciones presidenciales no haya ningún problema. Si uno no está tranquilo para ver los problemas, no los puede resolver”, dijo el registrador, Carlos Ariel Sánchez, tras las críticas surgidas por los problemas en la entrega de información y otra serie de irregularidades en torno a las elecciones a Congreso del pasado 14 de marzo.

Para Sánchez, sin embargo, se hace necesario discutir reformas estructurales al sistema electoral, como por ejemplo lo del voto preferente, la financiación de campañas, los mecanismos para controlar las distintas modalidades de fraude y la circunscripción regional para el Senado.

Una semana después de las elecciones legislativas del 14 de marzo, cuando el país estaba alborotado por la incertidumbre respecto a los resultados de las consultas partidistas y la conformación del Congreso, en el interior de la Registraduría —en esos mismos momentos cuestionada por la firma de varios contratos a última hora— empezó a cobrar forma una extraña oferta de servicios electorales, como una especie de salvavidas para los candidatos quemados o al borde del naufragio electoral.

Esta historia tuvo su origen en el desespero de uno de los aspirantes al Congreso, quien al verse en la cuerda floja y penando por pocos votos para ganar una curul, decidió apelar a sus conocidos en la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, no sólo para averiguar qué estaba sucediendo en el conteo de los votos, sino de paso evaluar qué alternativas podían activarse para obtener en los escrutinios lo que ya parecía embolatado en las urnas. Es decir, cómo cambiar el destino de una derrota cantada.

Uno de tales contactos, cuyo nombre se omite a petición de las fuentes de información, le habló de un grupo de abogados expertos en el manejo de procesos electorales, y de sus métodos para pelear hasta la última mesa de votación y tratar de sacar ventaja, entre otros aspectos, direccionando testigos electorales. El agobiado candidato se mostró interesado en la propuesta y, a los pocos días, le llegaron dos hojas con un peculiar formato para vigilar reconteos y preparar acciones contenciosas o reclamaciones ante los organismos electorales.

La oferta incluía desde la vigilancia de los escrutinios y la conformación de un equipo de abogados para la “orientación y direccionamiento de las actuaciones de los testigos”, hasta la presentación de las impugnaciones necesarias contra las decisiones adoptadas. El valor de la inversión se planteó en $2’500.000 por cada día y en cada departamento a vigilar, y quedó claro que la empresa Procesos Electorales se comprometía a entregar el primer diagnóstico en un término de 10 días. El documento aparecía firmado por Yesid Villarraga.

El alicaído candidato, sin otra opción a la vista, decidió acoger la propuesta, volvió a hablar con su contacto y éste le dio una dirección para que encarara personalmente sus intereses. Para no exponerse demasiado, el político envió una emisaria a una oficina en un sexto piso ubicada en la avenida 19 N° 3A 37, donde fue atendida inicialmente por Víctor Arturo Polo Sanmiguel, y después por Luis Yesid y Fernando Villarraga, quienes terminaron por explicar los detalles del negocio, entregándole un formato de contrato de prestación de servicios profesionales.

La emisaria regresó a la oficina del político para entregarle el documento sin llenar de cuatro páginas, con el nombre de Luis Yesid Villarraga Flórez como eventual contratante, explicándole que en la espaciosa oficina donde había por lo menos 40 computadores y muchos operarios jóvenes con mucha información electoral, sus contertulios le habían advertido las fórmulas de pago: el 50% de inmediato, un 25% después del diagnóstico y los posibles cambios, y el saldo el día de la entrega de credenciales para el Congreso de la República.

Además, la emisaria aclaró de qué manera le habían advertido que básicamente la opción de cambios se concretaba en la información contenida en los formularios E-24, y que en cualquier otra etapa era imposible modificar cualquier resultado. Supuestamente, insistió la emisaria, sus contertulios le habían dicho que ya tenían cinco clientes y que, salvo algunas variaciones, la inversión estaría alrededor de los $500 millones en efectivo por candidato. El político no dijo nada pero se quedó con el modelo de contrato.

Después de evaluar su caso prácticamente perdido, y entender que tampoco tenía los recursos para embarcarse en esta extraña aventura, con los dos documentos aportados decidió contactar a El Espectador para exponer el caso. La situación sonaba descabellada, pero con el propósito de descartar que se tratara de una eventual empresa fachada, se decidió consultar los certificados de existencia y representación legal de la firma Procesos Electorales. La primera sorpresa fue constatar que sí existía y estaba constituida desde 2003.

Dicho certificado, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, señala que la empresa nació el 12 de febrero de 2003 con el objetivo de prestar asesorías de carácter jurídico y contable, y que hoy tiene como gerente general a Henry Fernando Villarraga Palacios y como suplente del gerente a Luis Yesid Villarraga Flórez. Este último fue precisamente el firmante de los dos documentos de oferta de servicios. Sin embargo, llama la atención que el 14 de diciembre de 2007 la empresa fue objeto de un cambio total en su composición accionaria y en su junta directiva.

El Espectador decidió consultar esta última escritura para evaluar cómo se transformó la naturaleza jurídica de la empresa y quiénes eran sus socios gestores. En la Notaría 76 de Bogotá reposa la escritura 8478 del 7 de diciembre de 2007 donde en 40 páginas se protocolizó la transformación de la empresa Procesos Electorales a sociedad anónima, quedando claro que quienes cedieron sus cuotas, es decir, los socios fundadores, fueron Henry Villarraga Oliveros, Alfonso Portela Herrán y Carlos Ariel Sánchez.

El abogado Henry Villarraga Oliveros desde septiembre de 2008, es decir, nueve meses después de ceder sus acciones, oficia como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En la hoja de vida que hoy aparece en la corporación judicial se lee que es experto en derecho electoral, que ha asesorado a diversos partidos y movimientos políticos y que, efectivamente, durante más de ocho años fue el representante legal de la firma Procesos Electorales. Su período concluye en 2016.

El segundo abordo es Alfonso Portela Herrán, quien según el actual organigrama de la Registraduría, ejerce como Registrador Delegado en lo Electoral y Director de Gestión Electoral, dos cargos con acceso directo a aspectos clave de todo el proceso de conteo y reconteo de sufragios. Según información recaudada, recientemente se desempeñó como notario en el departamento del Tolima y, paradójicamente, su cédula es del municipio de Purificación, la misma localidad de donde es la cédula del magistrado Villarraga Oliveros.

El tercero, Carlos Ariel Sánchez Torres, es ni más ni menos el actual Registrador Nacional del Estado Civil, elegido desde el 26 de noviembre de 2007 por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Es decir, 11 días después de ser designado como Registrador acudió a la Notaría 76 de Bogotá para protocolizar la cesión de sus acciones en la firma Procesos Electorales. Y, como sus socios fundadores, cedió estratégicamente su propiedad a personas de su absoluta lealtad, subordinación y confianza.

Hoy, en papeles, la firma Procesos Electorales está constituida en su junta directiva y composición accionaria por Dalia Constanza Peña y Yeimi Milena Zabala Chacón, ambas con cédulas de Purificación (Tolima); Adriana Lucía González Villamizar, cedulada en Bogotá; y dos perlas más: Pedro Alexánder Rodríguez Matallana, quien en las elecciones del 14 de marzo participó como candidato a la Cámara por el departamento del Tolima en la lista de Cambio Radical, y Holman Giovanni Ibáñez Parra, actual director del Censo Electoral de la Registraduría.

En resumidas cuentas, la oferta que recibió el candidato en dificultades no era tan desproporcionada si se tiene en cuenta los nexos de la firma Procesos Electorales con dos instancias claves del Estado: el Consejo Superior de la Judicatura y la mismísima Registraduría Nacional del Estado Civil. Con un dato más: la persona que atendió a la enviada del malogrado aspirante, es decir, Víctor Arturo Polo Sanmiguel, quien además le entregó su tarjeta personal, es magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del departamento de Antioquia.

Hoy, la compañía Procesos Electorales S.A. tiene como dirección una oficina ubicada en un tercer piso de la carrera 13 con la calle 94A, donde seguramente deben reposar algunos contratos de prestación de servicios profesionales de quienes decidieron acoger la oferta sugerida en el documento enviado al eventual cliente que no acogió la propuesta, que dejan entrever que si la Registraduría legalmente dejaba mal parados a algunos candidatos, internamente había quien les tirara un salvavidas para impedir su naufragio.

De cara a las presidenciales

“Me siento tranquilo. Tranquilo desde que uno tenga certeza dónde estuvieron las fallas, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que hacer para que en las elecciones presidenciales no haya ningún problema. Si uno no está tranquilo para ver los problemas, no los puede resolver”, dijo el registrador, Carlos Ariel Sánchez, tras las críticas surgidas por los problemas en la entrega de información y otra serie de irregularidades en torno a las elecciones a Congreso del pasado 14 de marzo.

Para Sánchez, sin embargo, se hace necesario discutir reformas estructurales al sistema electoral, como por ejemplo lo del voto preferente, la financiación de campañas, los mecanismos para controlar las distintas modalidades de fraude y la circunscripción regional para el Senado.