¿Una zancadilla a Cisneros?

El diccionario de la lengua española define la palabra “antes” como “un adverbio que denota prioridad de tiempo o de lugar”. El mismo texto advierte que el vocablo permite múltiples usos en el lenguaje: de antes, antes que nada, antes de, o antes bien, entre otras opciones. Lo increíble es que por cuenta de este inofensivo término, acaba de estallar una guerra jurídica que tiene hoy en ascuas la más importante concesión del Estado en la actualidad: la del tercer canal privado de televisión.

No es asunto de semántica o de giro gramatical. La súbita interpretación que le quiere dar la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) a la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión”, a menos de dos meses de que se conozca el nombre de la sociedad elegida para operar el tercer canal, activó una bomba de tiempo al ser interpretada, por el grupo que representa al industrial cubano-venezolano Gustavo Cisneros, como un disimulado codazo para sacarlo de la puja por el multimillonario negocio, cuya base es de 69 mil millones de pesos.

Es tal el alboroto que se ha formado en el proceso de adjudicación del tercer canal que, en un documento de 26 páginas conocido por El Espectador, la organización Inversiones Rendiles, que representa al consorcio del empresario Gustavo Cisneros y sus asociados, entre otros argumentos califica lo sucedido como un acto ilegal que vulnera el principio de la confianza y constituye una desviación de poder, pues además de poner en entredicho la seguridad jurídica, constituye una arbitrariedad que sólo afecta a uno de los grupos interesados.

La historia de este intempestivo percance comenzó a gestarse el 11 de abril de 2008, cuando la CNTV expidió un acuerdo para reglamentar el Registro de Operadores Privados Comerciales del Servicio Público de Televisión a Nivel Nacional, un extenso articulado para fijar las reglas de juego de quienes tuvieran intereses para licitar en el negocio. En términos generales, el acuerdo dispuso exigentes condiciones financieras y técnicas para los operadores, los criterios de calificación y los niveles de experiencia y profesionalismo requeridos, entre otros aspectos.

La idea era poner un punto alto a quienes se le quisieran medir a la operación del tercer canal, una especie de filtro de rígidas especificidades técnicas y económicas, que de inmediato sacó de taquito a importantes empresarios que alcanzaron a soñar con el negocio. Por ejemplo, después del acuerdo 001 de 2008, desistió el empresario centroamericano Ángel González; luego lo hizo Televisa de México y posteriormente se apartó la cadena Telemundo de Estados Unidos. Únicamente siguieron en la pelea la gente de Cisneros, los empresarios españoles del Grupo Prisa y el Consorcio Planeta-El Tiempo.

En ambos casos, el acuerdo 001 de 2008 antepuso un aspecto temporal clave para los consorcios que quisieran persistir en sus ofertas: “antes de la celebración del respectivo contrato”, es decir, en el momento de sellar la negociación con el operador elegido. El consorcio Promotora Audiovisual de Colombia (Pacsa S.A.), que integran al Grupo Prisa, CM& Televisión y un grupo de periódicos regionales, no tuvo problema en ajustarse. Asimismo lo hizo el consorcio del Grupo Planeta y la Casa Editorial El Tiempo. El Grupo Cisneros prefirió esperar hasta conocer el ganador.

Entre tanto, en medio de reparos y observaciones mutuas de los tres grupos finalistas del negocio, el 17 de octubre de 2008, a través de sendas resoluciones, la Comisión Nacional de Televisión inscribió en el Registro Único de Operadores Privados Comerciales del Servicio Público de Televisión en el Nivel de Cubrimiento Nacional a los tres consorcios: el Grupo Prisa y sus socios colombianos, el Grupo Planeta-El Tiempo y el Grupo Cisneros y sus socios colombianos con apenas el 0,3% de la participación accionaria.

Hasta ese momento la competencia estaba pareja y en los mentideros políticos y en los círculos de la industria de la televisión se rumoraba incluso que, en el mejor de los casos, sólo habría un perdedor. No obstante, el martes 2 de diciembre la CNTV sacó un as inesperado: anunció que Colombia sólo tendría un tercer canal privado y determinó que el inversionista que quisiera quedarse con el canal, primero debía pagar el 7,58% de los ingresos brutos de éste y aceptar que el valor restante se definiera mediante una subasta entre los tres aspirantes al tercer canal.

Como ese mismo día la CNTV reveló el valor de la prórroga de la licencia de los canales Caracol y RCN, dando lugar a una pelea pública que se prolongó hasta mediados de enero, no cobró mucho protagonismo el anuncio de que el mejor postor iba ser el factor determinante para la concesión del tercer canal. Sin embargo, desde ese día comenzaron a crecer las suspicacias. Aunque en círculos políticos se daba por hecho que el elegido iba a ser el Grupo Planeta-El Tiempo, y que Prisa había perdido terreno por la crisis económica, el menos esperado pero con mayor músculo financiero, el Grupo Cisneros, recobró su favoritismo.

Sin mucha bulla, y mientras el país asistía a la pelotera causada por los dineros de DMG en una concesión de la CNTV o las intrigas para la elección del director del organismo y un nuevo integrante de la institución, el Grupo Cisneros se preparaba para su escenario ideal: la subasta. Todo iba sobre rieles hasta el pasado lunes 16 de febrero, cuando en desarrollo de una sesión de la Comisión de Televisión, sus cinco integrantes decidieron darle una nueva interpretación al acuerdo 001 de abril de 2008, en el factor temporal que le permitía al Grupo Cisneros seguir jugando sin cambiar su composición accionaria.

La CNTV decidió que la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión”, significaba “en el momento de presentar sus propuestas ante la CNTV”. En pocas palabras, una fórmula expedita para sacar del juego al Grupo Cisneros, opcional vencedor en la subasta. Desde ese momento, Inversiones Rendiles, designación técnica del grupo que representa los intereses del empresario Gustavo Cisneros en el tercer canal, entró en una especie de acuartelamiento de primer grado y a los ocho días sacó toda su artillería para enfrentar el repentino escollo.

El pasado 24 de febrero, en carta suscrita por el socio colombiano de Inversiones Rendiles o el Grupo Cisneros y sus socios, Diego Muñoz Tamayo se fue lanza en ristre contra la CNTV y le dejó en claro que, por la vía de la interpretación, el organismo legalmente no podía modificar las reglas de juego y que la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión” no podía tener otro significado que la posibilidad de cumplir los requisitos exigidos “hasta un instante antes de la medianoche del día anterior a la firma del respectivo contrato de la concesión”.

sustento jurídico adecuado ni suficiente?”. Y luego añadió de manera concluyente: “este actuar de la CNTV constituye una clara violación al principio de la confianza legítima”.

En su misiva, el vocero del Grupo Cisneros, además de las consideraciones semánticas haciendo uso de diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, concluyó así su sentir frente a lo sucedido: “es un claro atropello contra Inversiones Rendiles S.A., en la medida en que es el más afectado entre los proponentes —por no decir el único— con esta interpretación de la CNTV”. Y aceptó que si bien en el momento de inscribirse tenía una inversión extranjera del 99,7%, le era claro que debía ajustarse al límite máximo del 40%.

El Espectador consultó a Inversiones Rendiles sobre lo sucedido y uno de sus voceros se limitó a comentar: “Todo este negocio se hizo sobre la base de la perspectiva de una adjudicación, eso también es confianza inversionista (...) Lo que seguirá vigente es la concentración de medios”. A su vez, el director de la CNTV, Juan Andrés Carreño, anunció que el organismo se va a pronunciar oficialmente, pero que, a título personal, piensa que para el país es importante saber quiénes son los socios colombianos de uno de los opcionados al tercer canal de televisión.

El asunto se puso al rojo vivo y, de ratificarse la decisión de la CNTV, al Grupo Cisneros no le quedaría otra opción que, en estos tiempos de crisis económica y a menos de dos meses de la adjudicación del canal, buscarse socios colombianos con experiencia en televisión hasta completar el 60% del conglomerado y después desdoblarlo en 300 accionistas. En términos prácticos, una tarea muy remota.

Entre tanto, el Grupo Prisa y el Grupo Planeta-El Tiempo, con un competidor casi liquidado, suman caudales para apostarle a la subasta. ¿Quién se quedará con el tercer canal? Blanco es...

Posición de la Comisión Nacional de TV

Juan Andrés Carreño, director de la CNTV, manifestó que “la decisión de exigir la constitución de la sociedad con el cumplimiento de las normas sobre inversión nacional y extranjera exige que Inversiones Rendiles S. A. señale cuáles son los socios colombianos, un asunto que jurídicamente es viable, pero sobre todo es una decisión conveniente para el país, porque los colombianos tienen derecho a saber quiénes son los socios de un canal que puede incidir en la vida de la próxima generación”.

El funcionario indicó que no se están cambiando las reglas de juego a última hora, que llevará el caso a la junta de la CNTV y que entregará una respuesta escrita a la reclamación.

Vea quienes son los aspirantes a quedarse con el tercer canal haciendo clic AQUÍ

Lea apartes de la carta enviada por Rendiles S.A a la CNTV haciendo clic AQUÍ

El diccionario de la lengua española define la palabra “antes” como “un adverbio que denota prioridad de tiempo o de lugar”. El mismo texto advierte que el vocablo permite múltiples usos en el lenguaje: de antes, antes que nada, antes de, o antes bien, entre otras opciones. Lo increíble es que por cuenta de este inofensivo término, acaba de estallar una guerra jurídica que tiene hoy en ascuas la más importante concesión del Estado en la actualidad: la del tercer canal privado de televisión.

No es asunto de semántica o de giro gramatical. La súbita interpretación que le quiere dar la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) a la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión”, a menos de dos meses de que se conozca el nombre de la sociedad elegida para operar el tercer canal, activó una bomba de tiempo al ser interpretada, por el grupo que representa al industrial cubano-venezolano Gustavo Cisneros, como un disimulado codazo para sacarlo de la puja por el multimillonario negocio, cuya base es de 69 mil millones de pesos.

Es tal el alboroto que se ha formado en el proceso de adjudicación del tercer canal que, en un documento de 26 páginas conocido por El Espectador, la organización Inversiones Rendiles, que representa al consorcio del empresario Gustavo Cisneros y sus asociados, entre otros argumentos califica lo sucedido como un acto ilegal que vulnera el principio de la confianza y constituye una desviación de poder, pues además de poner en entredicho la seguridad jurídica, constituye una arbitrariedad que sólo afecta a uno de los grupos interesados.

La historia de este intempestivo percance comenzó a gestarse el 11 de abril de 2008, cuando la CNTV expidió un acuerdo para reglamentar el Registro de Operadores Privados Comerciales del Servicio Público de Televisión a Nivel Nacional, un extenso articulado para fijar las reglas de juego de quienes tuvieran intereses para licitar en el negocio. En términos generales, el acuerdo dispuso exigentes condiciones financieras y técnicas para los operadores, los criterios de calificación y los niveles de experiencia y profesionalismo requeridos, entre otros aspectos.

La idea era poner un punto alto a quienes se le quisieran medir a la operación del tercer canal, una especie de filtro de rígidas especificidades técnicas y económicas, que de inmediato sacó de taquito a importantes empresarios que alcanzaron a soñar con el negocio. Por ejemplo, después del acuerdo 001 de 2008, desistió el empresario centroamericano Ángel González; luego lo hizo Televisa de México y posteriormente se apartó la cadena Telemundo de Estados Unidos. Únicamente siguieron en la pelea la gente de Cisneros, los empresarios españoles del Grupo Prisa y el Consorcio Planeta-El Tiempo.

En ambos casos, el acuerdo 001 de 2008 antepuso un aspecto temporal clave para los consorcios que quisieran persistir en sus ofertas: “antes de la celebración del respectivo contrato”, es decir, en el momento de sellar la negociación con el operador elegido. El consorcio Promotora Audiovisual de Colombia (Pacsa S.A.), que integran al Grupo Prisa, CM& Televisión y un grupo de periódicos regionales, no tuvo problema en ajustarse. Asimismo lo hizo el consorcio del Grupo Planeta y la Casa Editorial El Tiempo. El Grupo Cisneros prefirió esperar hasta conocer el ganador.

Entre tanto, en medio de reparos y observaciones mutuas de los tres grupos finalistas del negocio, el 17 de octubre de 2008, a través de sendas resoluciones, la Comisión Nacional de Televisión inscribió en el Registro Único de Operadores Privados Comerciales del Servicio Público de Televisión en el Nivel de Cubrimiento Nacional a los tres consorcios: el Grupo Prisa y sus socios colombianos, el Grupo Planeta-El Tiempo y el Grupo Cisneros y sus socios colombianos con apenas el 0,3% de la participación accionaria.

Hasta ese momento la competencia estaba pareja y en los mentideros políticos y en los círculos de la industria de la televisión se rumoraba incluso que, en el mejor de los casos, sólo habría un perdedor. No obstante, el martes 2 de diciembre la CNTV sacó un as inesperado: anunció que Colombia sólo tendría un tercer canal privado y determinó que el inversionista que quisiera quedarse con el canal, primero debía pagar el 7,58% de los ingresos brutos de éste y aceptar que el valor restante se definiera mediante una subasta entre los tres aspirantes al tercer canal.

Como ese mismo día la CNTV reveló el valor de la prórroga de la licencia de los canales Caracol y RCN, dando lugar a una pelea pública que se prolongó hasta mediados de enero, no cobró mucho protagonismo el anuncio de que el mejor postor iba ser el factor determinante para la concesión del tercer canal. Sin embargo, desde ese día comenzaron a crecer las suspicacias. Aunque en círculos políticos se daba por hecho que el elegido iba a ser el Grupo Planeta-El Tiempo, y que Prisa había perdido terreno por la crisis económica, el menos esperado pero con mayor músculo financiero, el Grupo Cisneros, recobró su favoritismo.

Sin mucha bulla, y mientras el país asistía a la pelotera causada por los dineros de DMG en una concesión de la CNTV o las intrigas para la elección del director del organismo y un nuevo integrante de la institución, el Grupo Cisneros se preparaba para su escenario ideal: la subasta. Todo iba sobre rieles hasta el pasado lunes 16 de febrero, cuando en desarrollo de una sesión de la Comisión de Televisión, sus cinco integrantes decidieron darle una nueva interpretación al acuerdo 001 de abril de 2008, en el factor temporal que le permitía al Grupo Cisneros seguir jugando sin cambiar su composición accionaria.

La CNTV decidió que la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión”, significaba “en el momento de presentar sus propuestas ante la CNTV”. En pocas palabras, una fórmula expedita para sacar del juego al Grupo Cisneros, opcional vencedor en la subasta. Desde ese momento, Inversiones Rendiles, designación técnica del grupo que representa los intereses del empresario Gustavo Cisneros en el tercer canal, entró en una especie de acuartelamiento de primer grado y a los ocho días sacó toda su artillería para enfrentar el repentino escollo.

El pasado 24 de febrero, en carta suscrita por el socio colombiano de Inversiones Rendiles o el Grupo Cisneros y sus socios, Diego Muñoz Tamayo se fue lanza en ristre contra la CNTV y le dejó en claro que, por la vía de la interpretación, el organismo legalmente no podía modificar las reglas de juego y que la expresión “antes de la celebración del respectivo contrato de concesión” no podía tener otro significado que la posibilidad de cumplir los requisitos exigidos “hasta un instante antes de la medianoche del día anterior a la firma del respectivo contrato de la concesión”.

sustento jurídico adecuado ni suficiente?”. Y luego añadió de manera concluyente: “este actuar de la CNTV constituye una clara violación al principio de la confianza legítima”.

En su misiva, el vocero del Grupo Cisneros, además de las consideraciones semánticas haciendo uso de diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, concluyó así su sentir frente a lo sucedido: “es un claro atropello contra Inversiones Rendiles S.A., en la medida en que es el más afectado entre los proponentes —por no decir el único— con esta interpretación de la CNTV”. Y aceptó que si bien en el momento de inscribirse tenía una inversión extranjera del 99,7%, le era claro que debía ajustarse al límite máximo del 40%.

El Espectador consultó a Inversiones Rendiles sobre lo sucedido y uno de sus voceros se limitó a comentar: “Todo este negocio se hizo sobre la base de la perspectiva de una adjudicación, eso también es confianza inversionista (...) Lo que seguirá vigente es la concentración de medios”. A su vez, el director de la CNTV, Juan Andrés Carreño, anunció que el organismo se va a pronunciar oficialmente, pero que, a título personal, piensa que para el país es importante saber quiénes son los socios colombianos de uno de los opcionados al tercer canal de televisión.

El asunto se puso al rojo vivo y, de ratificarse la decisión de la CNTV, al Grupo Cisneros no le quedaría otra opción que, en estos tiempos de crisis económica y a menos de dos meses de la adjudicación del canal, buscarse socios colombianos con experiencia en televisión hasta completar el 60% del conglomerado y después desdoblarlo en 300 accionistas. En términos prácticos, una tarea muy remota.

Entre tanto, el Grupo Prisa y el Grupo Planeta-El Tiempo, con un competidor casi liquidado, suman caudales para apostarle a la subasta. ¿Quién se quedará con el tercer canal? Blanco es...

Posición de la Comisión Nacional de TV

Juan Andrés Carreño, director de la CNTV, manifestó que “la decisión de exigir la constitución de la sociedad con el cumplimiento de las normas sobre inversión nacional y extranjera exige que Inversiones Rendiles S. A. señale cuáles son los socios colombianos, un asunto que jurídicamente es viable, pero sobre todo es una decisión conveniente para el país, porque los colombianos tienen derecho a saber quiénes son los socios de un canal que puede incidir en la vida de la próxima generación”.

El funcionario indicó que no se están cambiando las reglas de juego a última hora, que llevará el caso a la junta de la CNTV y que entregará una respuesta escrita a la reclamación.

Vea quienes son los aspirantes a quedarse con el tercer canal haciendo clic AQUÍ

Lea apartes de la carta enviada por Rendiles S.A a la CNTV haciendo clic AQUÍ