¿Víctimas de Caño Limón?

Pedro Salvador, Jorge Ómar, Ana Josefa, José Édgar y Fanny Consuelo son los herederos de Salvador Pinzón Puentes. Se trata de un campesino, propietario de la finca La Conquista ubicada en Arauca. Es un predio en donde la compañía Occidental de Colombia extrae petróleo desde hace varias décadas, en el yacimiento Caño Limón. Paradójicamente, los hijos de Pinzón viven desplazados y a través de un ciudadano español están reclamando a la compañía derechos sobre la tierra de su padre. No obstante, la multinacional argumenta que no debe nada, que su operación está en regla y desempolva como prueba fallos de la justicia.

Todo comenzó el 4 de octubre de 1972, cuando Salvador Pinzón Fuentes le compró a Mateo Leal Eslava la finca La Conquista, con una extensión inicial de 2.500 hectáreas. Ubicada en la vereda Los Angelitos, en las afueras de Arauca, Pinzón junto con su familia destinaron el predio a la cría de ganado y la siembra de plátano, maíz y yuca, actividad que desarrollaron por 12 años.

Pero en 1984 llegó lo que para unos era la bonanza y para otros la desgracia. Técnicos de la compañía estadounidense Occidental de Colombia le informaron a Salvador Pinzón que adelantarían labores de exploración petrolera en su finca y en otras haciendas aledañas a La Conquista. Un año duró el experimento y efectivamente el oro negro apareció a chorros en la región.

Entonces, en 1985, la compañía Occidental, a través de sus abogados, acordó con Pinzón que le pagarían una indemnización justa por los daños y perjuicios ocasionados por el uso de la finca. Para ello firmaron un contrato de servidumbre petrolera y a cambio el campesino recibió $20 millones. Sin embargo, según explicó el ciudadano español Alejandro Jordán, quien ahora representa a la familia Pinzón, “la petrolera nunca le explicó a Salvador el impacto que sus actividades podrían alcanzar, ni precisó el área afectada, ni cuantificó los daños causados”.

Vendría lo peor. En Arauca empezaron a rumorear que Salvador Pinzón se convirtió en uno de los nuevos ricos de la región. Tal fue la algarabía, que el tema llegó a oídos del Ejército de Liberación Nacional (Eln). A comienzos de 1986 fue secuestrado por el grupo armado y su exigencia económica fue mayor a los $20 millones que había recibido de la petrolera como indemnización. Duró en cautiverio ocho meses y, cuando fue liberado, quiso volver a La Conquista, pero los guardias de Occidental, armados hasta los dientes, impidieron su ingreso.

Con los bolsillos casi vacíos, y sin forma de enfrentar la seguridad de la petrolera, Pinzón y sus hijos acudieron a varios abogados para tratar de revertir la ocupación de sus predios para la explotación de crudo. Pero, a mediados de 1992, apenas cuando comenzaban los primeros pleitos ante la justicia, falleció. El coletazo del cautiverio, la imposibilidad de recuperar su finca y la crisis económica fueron determinantes para su muerte, según algunos de sus familiares.

Del importante terreno del que la Occidental mostraba como el más importante en extracción de hidrocarburos para la época poco quedaba para la familia. La herencia a sus hijos se limitó sólo a un vetusto camión para transportar bloques de cemento a Venezuela, laborar como obreros, además de varios pleitos que apenas comenzaban.

El primero de ellos, entablado en 1991, buscaba que se definiera la extensión de la servidumbre petrolera, que fueran restituidas las hectáreas no afectadas por la servidumbre y que la multinacional le pagara una indemnización a la familia por ocupación ilegal. En primera instancia un juez de Arauca falló en favor de la familia, pero en 1997 el Tribunal Superior de Villavicencio revocó la decisión y, por el contrario, ordenó a los herederos de Pinzón a pagar en costas el caso.

En otro proceso, los abogados de la familia intentaron que se condenara a la petrolera a indemnizarlos por la explotación ilegal de una cantera dentro de la finca La Conquista. Nuevamente un juez de Arauca y en segunda instancia el Tribunal Superior de Villavicencio absolvieron a la compañía de los señalamientos.

Pese a las decisiones adversas, los abogados de los hijos de Pinzón lo intentaron de nuevo. Esta vez, a través del proceso de sucesión, un juez de familia decretó el embargo y secuestro provisional de la finca La Conquista. Pero en el Tribunal Superior de Villavicencio la historia se repitió y revocó el fallo.

Con tres fallos judiciales en contra y en momentos de luna de miel entre el electorado y el entonces presidente Álvaro Uribe, los herederos buscaron una ayuda política. El 17 de julio de 2003, Pedro Salvador Pinzón Sánchez, el mayor de los hermanos, le escribió al primer mandatario exponiéndole el caso y en busca de una solución. A vuelta de correo, la Presidencia de la República invitó al peticionario a hacer las reclamaciones pertinentes mediante la vía judicial.

Con los herederos vencidos en los tribunales y arruinados apareció una nueva generación retomando la historia. Surgió entonces Leidy Pinzón, nieta de Salvador Pinzón. Hace dos años ingresó a trabajar como auxiliar administrativa en una empresa dedicada a la construcción. Uno de sus propietarios es el ciudadano español Alejandro Jordán. Meses después de su ingreso a la compañía, y cuando se tomó confianza con su jefe, le contó al detalle el caso del predio La Conquista de su abuelo. “Mi esposa me recomendó a Leidy, la conocía hace 20 años, pero no sabía de su historia en Arauca”, afirmó Jordán, quien tomó el caso como propio desde febrero pasado.

Curiosamente, revisando archivos contractuales, se detectó que en algunos predios aledaños al complejo Caño Limón la Occidental pagó has 90 veces más por servidumbre de lo que le canceló inicialmente a Pinzón. Por ejemplo, en el predio La Arabia, vereda Los Angelitos, en Arauquita, de propiedad de Julio Lancacho, o en el terreno La Providencia, en la misma zona de propiedad de Víctor Manuel Rivas, el giro fue mayor, según escrituras firmadas en diciembre de 1989.

La situación actual de los cinco herederos es diversa. Salvador es transportador, tiene dos camiones y mueve mercancía entre Colombia y Venezuela; Ómar tiene funciones administrativas en una mina en Venezuela; Édgar murió en 2002; Fanny vive desplazada en una ciudad fronteriza, y Ana se dedica a arreglar zapatos en su casa y vive en San Cristóbal, Venezuela. No pierden la esperanza de recuperar La Conquista.

La compañía prefiere no pronunciarse sobre el caso porque argumenta que cualquier declaración debe ser consultada a su casa matriz en Estados Unidos. Entre tanto, sigue explotando el crudo con resultados tan importantes que hacen que Caño Limón-Coveñas se mantenga, luego de tres décadas, como uno de los yacimientos más significativos del país. Un negocio que nació del instinto de unos técnicos petroleros, que en 1984 sellaron una polémica alianza con un campesino ingenuo.

El constructor español que defiende a los hermanos Pinzón

Alejandro Jordán  asumió la vocería de la familia Pinzón este año.

¿Cuál es la petición que hace la familia Pinzón a la petrolera?

La familia pide que Occidental cumpla con sus compromisos éticos y con su propio código de conducta y los compense de forma justa, oportuna y proporcional, por unas acciones que aún hoy suponen un grave perjuicio para los afectados.

¿Se han agotado las instancias legales?

No cabe duda de que las instancias legales están agotadas en Colombia, pero existen alternativas en ámbitos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington o el propio Departamento de Justicia de EE.UU. La familia confía en que Occidental cumpla con su código de conducta.

¿Cuál es su percepción del caso?

Los Pinzón son personas humildes e ingenuas, que hoy sobreviven plagadas de carencias, porque un día se vio aplastada por la maquinaria de una multinacional, que en el mejor de los casos actuó sin escrúpulos. Es una paradoja que los dueños de la finca donde se encuentra el mayor yacimiento de petróleo de la historia de Colombia vivan en la más rigurosa humildad y tuvieran que huir de su tierra desplazados.

La importancia del yacimiento

Desde 1985, Caño Limón ha producido ingresos por US$20.000 millones. Según un análisis de Ecopetrol, el yacimiento cambió las perspectivas económicas del país, ya que a principios de los años ochenta afrontaba situaciones conflictivas por el manejo cambiario, las exportaciones habían caído y el déficit afectaba las finanzas del Estado.

En 1995, la firma Booz Allen & Hamilton concluyó un estudio sobre el impacto económico de Caño Limón. Más allá de que el país recobró su capacidad exportadora, permitió una rápida recuperación de la economía colombiana después del programa de ajuste de 1987.

También el manejo económico de la bonanza petrolera evitó que se presentaran síntomas de la llamada enfermedad holandesa.

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@norbeyquevedo