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                                                                                                                                Víctimas de Elite se abren camino en Tribunal Administrativo de Cundinamarca

                                                                                                                                El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda con la que más de 400 afectados, de 6.000, piden una reparación por más de $600.000 millones. Exigen, además, que se condene al Estado por su omisión en la estafa.

                                                                                                                                Pilar Cuartas Rodríguez

                                                                                                                                Coordinadora de género y diversidad
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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                El 16 de mayo de 2018, más de 400 afectados instauraron una acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que acaba de admitirla. Los demandantes alegan que en el actual proceso de liquidación judicial se reconoció el monto del capital invertido, pero no se tuvieron en cuenta los intereses y utilidades causados. Por eso, piden obtener una reparación por daños y perjuicios que supera los $600.000 millones y solicitan que se condene a varias entidades públicas y privadas por acción u omisión en este escándalo financiero, cuatro veces más grande que Interbolsa. (Entre la vida y Elite, uno de los mayores desfalcos financieros)

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                “Son muchos los interrogantes sin respuestas concretas ante la falta de esa información, pero de los cuales quedan fuertes sospechas sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados y del Estado en general como responsable de evitar estas situaciones (…) Se halla pendiente de establecer el destino del dinero captado por las cooperativas y demás originadores, la revisión de cuentas de las entidades intervenidas para establecer en bancos qué destino le dieron, enfocándose en los giros a las campañas políticas”, afirmaron los accionantes.

                                                                                                                                Las víctimas reprochan, además, que la revisoría fiscal y la empresa auditora de Elite no se percataran de las irregularidades, por lo que demandaron a Moore Stephens, Deloitte y Coveg Auditores. Las cooperativas y otras firmas originadoras de los pagaré-libranzas también fueron demandadas por supuesto enriquecimiento sin justa causa. Entre ellas, Corposer, Coovenal, Coocredimed y Coinvercor. José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Salgado, socios fundadores de Elite; y Jorge Enrique Navas Vengoechea, hermano de José Alejandro Navas y vicepresidente financiero, también fueron vinculados al proceso administrativo.

                                                                                                                                Sumadas a las pretensiones económicas, los demandantes piden además que se apliquen garantías de no repetición. Además, solicitan que se adopten medidas tendientes a prevenir que otros ciudadanos queden expuestos en el mercado y sean nuevamente víctimas con casos como el de la empresa Elite. Por ejemplo, proponen adelantar campañas masivas en medios de comunicación tendientes a evitar que se repitan estos desfalcos y que se plantee la creación de un fondo de garantías financieras de carácter solidario.

                                                                                                                                En la acción de grupo se advierte que muchos casos de los inversionistas no fueron reconocidos por la agente liquidadora de Elite y quedaron por fuera de las supuestas reparaciones que prometió la sociedad. Lo que hace más necesaria la intervención de la justicia administrativa. Por ahora, será el magistrado Rodrigo Mazabel Pinzón quien definirá si los demandantes tienen o no razón; también debe resolver una medida cautelar en la que las víctimas piden que los demandados se abstengan de presionar y disuadir a los reclamantes para que no cobren los pagaré-libranzas, situación que, según ellos, se está presentando con frecuencia.

                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                El 16 de mayo de 2018, más de 400 afectados instauraron una acción de grupo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que acaba de admitirla. Los demandantes alegan que en el actual proceso de liquidación judicial se reconoció el monto del capital invertido, pero no se tuvieron en cuenta los intereses y utilidades causados. Por eso, piden obtener una reparación por daños y perjuicios que supera los $600.000 millones y solicitan que se condene a varias entidades públicas y privadas por acción u omisión en este escándalo financiero, cuatro veces más grande que Interbolsa. (Entre la vida y Elite, uno de los mayores desfalcos financieros)

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                “Son muchos los interrogantes sin respuestas concretas ante la falta de esa información, pero de los cuales quedan fuertes sospechas sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados y del Estado en general como responsable de evitar estas situaciones (…) Se halla pendiente de establecer el destino del dinero captado por las cooperativas y demás originadores, la revisión de cuentas de las entidades intervenidas para establecer en bancos qué destino le dieron, enfocándose en los giros a las campañas políticas”, afirmaron los accionantes.

                                                                                                                                Las víctimas reprochan, además, que la revisoría fiscal y la empresa auditora de Elite no se percataran de las irregularidades, por lo que demandaron a Moore Stephens, Deloitte y Coveg Auditores. Las cooperativas y otras firmas originadoras de los pagaré-libranzas también fueron demandadas por supuesto enriquecimiento sin justa causa. Entre ellas, Corposer, Coovenal, Coocredimed y Coinvercor. José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Salgado, socios fundadores de Elite; y Jorge Enrique Navas Vengoechea, hermano de José Alejandro Navas y vicepresidente financiero, también fueron vinculados al proceso administrativo.

                                                                                                                                Sumadas a las pretensiones económicas, los demandantes piden además que se apliquen garantías de no repetición. Además, solicitan que se adopten medidas tendientes a prevenir que otros ciudadanos queden expuestos en el mercado y sean nuevamente víctimas con casos como el de la empresa Elite. Por ejemplo, proponen adelantar campañas masivas en medios de comunicación tendientes a evitar que se repitan estos desfalcos y que se plantee la creación de un fondo de garantías financieras de carácter solidario.

                                                                                                                                En la acción de grupo se advierte que muchos casos de los inversionistas no fueron reconocidos por la agente liquidadora de Elite y quedaron por fuera de las supuestas reparaciones que prometió la sociedad. Lo que hace más necesaria la intervención de la justicia administrativa. Por ahora, será el magistrado Rodrigo Mazabel Pinzón quien definirá si los demandantes tienen o no razón; también debe resolver una medida cautelar en la que las víctimas piden que los demandados se abstengan de presionar y disuadir a los reclamantes para que no cobren los pagaré-libranzas, situación que, según ellos, se está presentando con frecuencia.

                                                                                                                                Por Pilar Cuartas Rodríguez

                                                                                                                                Periodista y abogada. Coordina la primera sección de “género y diversidad” de El Espectador, que produce Las Igualadas y La Disidencia. También ha sido redactora de Investigación. @pilar4aspcuartas@elespectador.com

                                                                                                                                Temas recomendados:

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