Vínculos en Colombia del dueño de Odebrecht, condenado por corrupción

Desde el pasado 8 de marzo, cuando un juez de Brasil condenó a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, propietario de la constructora más grande de América Latina, por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, vinculada con Petrobras, en todos los países de la región se empezó a mirar con lupa el coletazo que podía tener la trascendental decisión judicial. En Colombia se detectó la actividad de la empresa en tres megaobras vitales para el desarrollo del país. Ante la zozobra que se generó, la compañía comunicó hace dos semanas que sus proyectos continuarán sin sobresaltos, que tienen solidez financiera y legal y que el caso de Brasil no afecta su operación en Colombia, porque son independientes. Sin embargo, nuevos documentos y leyes locales expedidas en Bogotá, Curitiba (Brasil) y Panamá empiezan a poner contra las cuerdas la operación de la multinacional.

La Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS, que tiene presencia en el país desde 1991, construye actualmente la Ruta del Sol, Sector 2. Se trata del proyecto vial más importante del país, que en 811 kilómetros conecta el centro, desde Cune-Villeta (Cundinamarca) hasta la Costa Caribe, en Ciénaga (Magdalena). De la vía, repartida en tres sectores, Odebrecht construye el segundo y más importante, 510 km desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta Curumaní (Cesar). Según comunicación de la empresa, la obra está financiada en un 100 % y se está cumpliendo con normalidad. “A la fecha se han concluido 271 km de vía nueva y se han recuperado 157 km de vía existente”.

El segundo proyecto de Odebrecht no es menos importante: la recuperación del río Magdalena. Una obra que consiste en hacer navegable para el comercio los 1.528 km del afluente. Este negocio fue adjudicado el 15 de agosto de 2014 a Navelena SAS. Es una empresa integrada por la constructora Odebrecht, con el 87 % de participación, y el grupo Valorcon de Barranquilla, de propiedad de la familia Gerlein, con el 13 %. De acuerdo con el contrato, se ejecutarán obras a trece años con una inversión de $2,5 billones.

En cuanto a la recuperación del río Magdalena, se evidenciaron cuestionamientos sobre la solvencia económica de la obra, producto de la crisis de su matriz en Brasil y la empresa tiene hasta el próximo 11 de junio, so pena de cancelar el contrato, para entregarle a Cormagdalena la estructuración financiera del proyecto. “En caso de que la estructuración financiera no sea aceptada, no hay la posibilidad de terminación automática del contrato de asociación. El mismo establece las herramientas necesarias que garantizan la tranquilidad de los colombianos y de la concesionaria sobre los pasos a seguir para la continuidad del proyecto”, precisó la constructora.

Sin embargo, pese a sus explicaciones, los escándalos de corrupción en Brasil le pasaron el viernes la primera factura a Odebrecht en Colombia. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) no le adjudicó al Consorcio Aguas del Salitre, que integraban las empresas Odebrecht y OTV de Francia, una licitación por US$430 millones para descontaminar el río Bogotá. El ganador fue el Consorcio PTAR Salitre, conformado por las empresas Aktor de Grecia, Aqualia de España y Cass Constructores de Colombia.

Un resultado que era previsible, si se tiene en cuenta que a comienzos de este año, Néstor Franco, director de la CAR, advirtió que había líos financieros de los oferentes que participaban en el proceso. “De todos son conocidas las dificultades o escándalos a los que se vio sometido Odebrecht en Brasil en relación con Petrobras”. El funcionario advirtió de la situación al Banco Mundial, financista del proyecto, y a la Procuraduría General de la Nación.

A esta situación se suman los cuestionamientos por una posible aplicación para la multinacional de dos normas. La ley 1778 de 2016 sobre antisoborno establece las inhabilidades para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración pública. Y la otra disposición que genera debate es la ley 1474 de 2001, Estatuto Anticorrupción, que también extiende impedimentos legales a sociedades, administradores, representantes legales, miembros de junta directiva, socios controlantes, matrices, subordinadas y sucursales de sociedades extranjeras. A estas leyes se suma un concepto del Consejo de Estado expedido en agosto pasado.

Al respecto, la compañía Odebrecht ha señalado enfáticamente que su actividad en Colombia en lo jurídico, financiero y administrativo es independiente de los negocios en Brasil. Destacó además que ninguno de sus representantes, administradores o accionistas tiene vinculación o investigación con los procesos penales que se adelantan en Brasil. Según los abogados de la constructora, al referirse al concepto del Consejo de Estado, la condena a directivos de la multinacional no tiene impacto legal en la operación en Colombia y además no aplica para las leyes anticorrupción, que son “taxativas y restrictivas, no permitiendo aplicaciones extensivas”.

No obstante, registros mercantiles conocidos por El Espectador frente al contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, adjudicado a la empresa Navelena de propiedad mayoritaria de Odebrecht, pueden mostrar otra realidad. La revisión de los documentos de existencia y representación legal radicados en la Cámara de Comercio de Bogotá tanto de Odebrecht Colombia como Odebrecht Brasil, indican que un número considerable de los socios que hacen parte de la firma en Colombia están en condición de empleados o directivos en Brasil.

En concreto, tres nombres aparecen en los registros mercantiles con esa característica. Se trata de los ejecutivos Luis Carlos Batista Filho, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Felipe Paz Cabral de Almeida. Según los documentos, aparecen como socios de la compañía tanto en Brasil como en Colombia. Una fuente experta en el tema se preguntó: “¿Cómo puede una empresa tener a los mismos representantes legales y socios y estar desvinculada de la otra, en donde la plana mayor es prácticamente la misma?”. (Ver gráfico).

Dentro del mismo caso de Navelena con el proceso del río Magdalena también aparecen dos brasileños claves: Márcio Faria da Silva y Luiz Antonio Mameri, miembros de junta directiva y quienes aparecen como garantes solidarios del negocio en Colombia. Con otra particularidad: Faria da Silva fue condenado a 19 años de prisión, al igual que su jefe Marcelo Odebrecht. Por su parte Mameri, presidente de la firma para América Latina, también ha sido mencionado en el escándalo. En otras palabras, la conexión Odebrecht de Colombia y Brasil puede ir más allá y el futuro de dos megaobras vitales para el desarrollo del país no es claro aún.

* * *

Los millonarios sobornos en Petrobrás

Antes de las determinaciones de la justicia de Brasil, Marcelo Odebrecht era uno de los hombres más poderosos e influyentes en su país. Heredero de un emporio que creó su abuelo Norberto, al momento de su captura en junio de 2015 venía consolidando un grupo económico que desde hace varios años construía grandes obras en América y África. En ese momento empleaba a 180.000 personas en 21 países.

El escándalo se destapó a través de la operación Lava Jato, una red de corrupción de lavado de dinero y pago de comisiones que operaba en Brasilia y São Paulo. En marzo, el juez federal Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht por el pago de más de US$30 millones a funcionarios de Petrobrás para ganar contratos. El escándalo alcanzó su punto más alto en las últimas semanas, al conocerse que están siendo procesadas varias figuras del Partido de los Trabajadores como el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, que tiene en vilo su permanencia en el cargo.

“Seguiremos cumpliendo”: constructora

El pasado 11 de abril, la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS se pronunció sobre su situación y frente a un concepto del Consejo de Estado mediante un comunicado en donde garantizó sus obras: “Estamos seguros de que las autoridades colombianas respetarán el principio de legalidad y garantizarán la seguridad jurídica que siempre ha caracterizado al país. Con los esfuerzos que venimos realizando y el apoyo del Estado para el éxito de los proyectos de infraestructura en Colombia, seguiremos cumpliendo con todos nuestros compromisos contractuales en todos nuestros proyectos, como siempre lo hemos hecho en mas de 24 años de actuación en el beneficio de todos los colombianos”.

Desde el pasado 8 de marzo, cuando un juez de Brasil condenó a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, propietario de la constructora más grande de América Latina, por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, vinculada con Petrobras, en todos los países de la región se empezó a mirar con lupa el coletazo que podía tener la trascendental decisión judicial. En Colombia se detectó la actividad de la empresa en tres megaobras vitales para el desarrollo del país. Ante la zozobra que se generó, la compañía comunicó hace dos semanas que sus proyectos continuarán sin sobresaltos, que tienen solidez financiera y legal y que el caso de Brasil no afecta su operación en Colombia, porque son independientes. Sin embargo, nuevos documentos y leyes locales expedidas en Bogotá, Curitiba (Brasil) y Panamá empiezan a poner contra las cuerdas la operación de la multinacional.

La Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS, que tiene presencia en el país desde 1991, construye actualmente la Ruta del Sol, Sector 2. Se trata del proyecto vial más importante del país, que en 811 kilómetros conecta el centro, desde Cune-Villeta (Cundinamarca) hasta la Costa Caribe, en Ciénaga (Magdalena). De la vía, repartida en tres sectores, Odebrecht construye el segundo y más importante, 510 km desde Puerto Salgar (Cundinamarca) hasta Curumaní (Cesar). Según comunicación de la empresa, la obra está financiada en un 100 % y se está cumpliendo con normalidad. “A la fecha se han concluido 271 km de vía nueva y se han recuperado 157 km de vía existente”.

El segundo proyecto de Odebrecht no es menos importante: la recuperación del río Magdalena. Una obra que consiste en hacer navegable para el comercio los 1.528 km del afluente. Este negocio fue adjudicado el 15 de agosto de 2014 a Navelena SAS. Es una empresa integrada por la constructora Odebrecht, con el 87 % de participación, y el grupo Valorcon de Barranquilla, de propiedad de la familia Gerlein, con el 13 %. De acuerdo con el contrato, se ejecutarán obras a trece años con una inversión de $2,5 billones.

En cuanto a la recuperación del río Magdalena, se evidenciaron cuestionamientos sobre la solvencia económica de la obra, producto de la crisis de su matriz en Brasil y la empresa tiene hasta el próximo 11 de junio, so pena de cancelar el contrato, para entregarle a Cormagdalena la estructuración financiera del proyecto. “En caso de que la estructuración financiera no sea aceptada, no hay la posibilidad de terminación automática del contrato de asociación. El mismo establece las herramientas necesarias que garantizan la tranquilidad de los colombianos y de la concesionaria sobre los pasos a seguir para la continuidad del proyecto”, precisó la constructora.

Sin embargo, pese a sus explicaciones, los escándalos de corrupción en Brasil le pasaron el viernes la primera factura a Odebrecht en Colombia. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) no le adjudicó al Consorcio Aguas del Salitre, que integraban las empresas Odebrecht y OTV de Francia, una licitación por US$430 millones para descontaminar el río Bogotá. El ganador fue el Consorcio PTAR Salitre, conformado por las empresas Aktor de Grecia, Aqualia de España y Cass Constructores de Colombia.

Un resultado que era previsible, si se tiene en cuenta que a comienzos de este año, Néstor Franco, director de la CAR, advirtió que había líos financieros de los oferentes que participaban en el proceso. “De todos son conocidas las dificultades o escándalos a los que se vio sometido Odebrecht en Brasil en relación con Petrobras”. El funcionario advirtió de la situación al Banco Mundial, financista del proyecto, y a la Procuraduría General de la Nación.

A esta situación se suman los cuestionamientos por una posible aplicación para la multinacional de dos normas. La ley 1778 de 2016 sobre antisoborno establece las inhabilidades para contratar de quienes incurran en delitos contra la administración pública. Y la otra disposición que genera debate es la ley 1474 de 2001, Estatuto Anticorrupción, que también extiende impedimentos legales a sociedades, administradores, representantes legales, miembros de junta directiva, socios controlantes, matrices, subordinadas y sucursales de sociedades extranjeras. A estas leyes se suma un concepto del Consejo de Estado expedido en agosto pasado.

Al respecto, la compañía Odebrecht ha señalado enfáticamente que su actividad en Colombia en lo jurídico, financiero y administrativo es independiente de los negocios en Brasil. Destacó además que ninguno de sus representantes, administradores o accionistas tiene vinculación o investigación con los procesos penales que se adelantan en Brasil. Según los abogados de la constructora, al referirse al concepto del Consejo de Estado, la condena a directivos de la multinacional no tiene impacto legal en la operación en Colombia y además no aplica para las leyes anticorrupción, que son “taxativas y restrictivas, no permitiendo aplicaciones extensivas”.

No obstante, registros mercantiles conocidos por El Espectador frente al contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, adjudicado a la empresa Navelena de propiedad mayoritaria de Odebrecht, pueden mostrar otra realidad. La revisión de los documentos de existencia y representación legal radicados en la Cámara de Comercio de Bogotá tanto de Odebrecht Colombia como Odebrecht Brasil, indican que un número considerable de los socios que hacen parte de la firma en Colombia están en condición de empleados o directivos en Brasil.

En concreto, tres nombres aparecen en los registros mercantiles con esa característica. Se trata de los ejecutivos Luis Carlos Batista Filho, Yesid Augusto Arocha Alarcón y Felipe Paz Cabral de Almeida. Según los documentos, aparecen como socios de la compañía tanto en Brasil como en Colombia. Una fuente experta en el tema se preguntó: “¿Cómo puede una empresa tener a los mismos representantes legales y socios y estar desvinculada de la otra, en donde la plana mayor es prácticamente la misma?”. (Ver gráfico).

Dentro del mismo caso de Navelena con el proceso del río Magdalena también aparecen dos brasileños claves: Márcio Faria da Silva y Luiz Antonio Mameri, miembros de junta directiva y quienes aparecen como garantes solidarios del negocio en Colombia. Con otra particularidad: Faria da Silva fue condenado a 19 años de prisión, al igual que su jefe Marcelo Odebrecht. Por su parte Mameri, presidente de la firma para América Latina, también ha sido mencionado en el escándalo. En otras palabras, la conexión Odebrecht de Colombia y Brasil puede ir más allá y el futuro de dos megaobras vitales para el desarrollo del país no es claro aún.

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Los millonarios sobornos en Petrobrás

Antes de las determinaciones de la justicia de Brasil, Marcelo Odebrecht era uno de los hombres más poderosos e influyentes en su país. Heredero de un emporio que creó su abuelo Norberto, al momento de su captura en junio de 2015 venía consolidando un grupo económico que desde hace varios años construía grandes obras en América y África. En ese momento empleaba a 180.000 personas en 21 países.

El escándalo se destapó a través de la operación Lava Jato, una red de corrupción de lavado de dinero y pago de comisiones que operaba en Brasilia y São Paulo. En marzo, el juez federal Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht por el pago de más de US$30 millones a funcionarios de Petrobrás para ganar contratos. El escándalo alcanzó su punto más alto en las últimas semanas, al conocerse que están siendo procesadas varias figuras del Partido de los Trabajadores como el expresidente Luis Inácio Lula Da Silva y su sucesora Dilma Rousseff, que tiene en vilo su permanencia en el cargo.

“Seguiremos cumpliendo”: constructora

El pasado 11 de abril, la Constructora Norberto Odebrecht de Colombia SAS se pronunció sobre su situación y frente a un concepto del Consejo de Estado mediante un comunicado en donde garantizó sus obras: “Estamos seguros de que las autoridades colombianas respetarán el principio de legalidad y garantizarán la seguridad jurídica que siempre ha caracterizado al país. Con los esfuerzos que venimos realizando y el apoyo del Estado para el éxito de los proyectos de infraestructura en Colombia, seguiremos cumpliendo con todos nuestros compromisos contractuales en todos nuestros proyectos, como siempre lo hemos hecho en mas de 24 años de actuación en el beneficio de todos los colombianos”.