Zonas francas, otro punto ciego en la cadena de exportación del oro ilegal

Desde hace años, Colombia exporta más oro del que produce. Y se estima que el 80% del oro que exporta el país es de origen ilegal. Pero, ¿a qué países está llegando el oro colombiano?

Un análisis realizado por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos —construida con información de Aduanas— revela que el 41 % del oro exportado de Colombia salió del país de 2014 a 2023 con destino a los Estados Unidos. El 15 % tuvo como destino Italia y el 12 %, Suiza. Sin embargo, el tercer lugar al que Colombia más ha exportado oro es la misma Colombia; específicamente, a sus zonas francas (12 %). (Conozca la investigación completa en: Las rutas del oro sucio: así avanza la minería ilegal en la Amazonia)

Desde 2015, las zonas francas en Colombia empezaron a aparecer en los datos de las exportaciones de oro. Pronto, figuraron entre el top cinco de lugares de destino. En 2016, de los primeros seis puestos, tres eran zonas francas al interior del país. Y la cantidad de mineral que transita por estos centros logísticos, con exenciones tributarias, ha ido en aumento.

Solo entre 2016 y 2022 Colombia exportó 72 toneladas de oro a zonas francas en Colombia. De estas, al menos 33 toneladas (casi la mitad) fueron a parar a la Zona Franca Palmaseca, ubicada junto al aeropuerto José Bonilla Aragón, a donde aterrizan los pasajeros que van para Cali. Pero la única empresa de la Zona Franca Palmaseca que compra oro es la Fundición Ramírez, creada en agosto del 2000, en Cali, como parte de una tradición familiar de joyeros de más de 45 años.

Como “usuario industrial”, la Fundición Ramírez tiene entre sus labores procesos de transformación de bienes; es decir, compra materias primas y las convierte en un producto de valor agregado.

Esta Fundición compra oro a múltiples proveedores del país, entre los que también hay compraventas que comercializan joyas, cadenas o anillos de empeño, de los que es mucho más difícil obtener información de su origen. En 2019, la empresa compró el 10 % del oro exportado de Colombia; en 2020, el 8 %; en 2021, el 5 %; y en 2022, el 4 %. Luego, funde todo en lingotes y lo exporta.

El 4 de febrero de 2022, el fiscal 40 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales radicó un escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Cali contra la Fundición Ramírez por supuesto lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y fraude procesal. (Le recomendamos: Las principales comercializadoras de oro en Colombia y los vínculos con la minería ilegal en la Amazonia)

Según la investigación de la Fiscalía, la empresa buscó exportar oro proveniente de yacimientos mineros ubicados en el municipio de Timbiquí, Cauca —que son explotados de manera ilegal— a través de personas que vivían en esas zonas, a quienes, a cambio de sumas de dinero, les tramitaban el RUT y se inscribían como barequeros o mineros de subsistencia a través de un funcionario de la Alcaldía municipal.

Una vez se inscribían como mineros de subsistencia, dice el ente investigador, la organización les hacía firmar múltiples formatos de “declaración de producción de minero de subsistencia” que estaban en blanco. Luego, el oro se transportaba de forma clandestina hasta Cali, en donde se hacía el trámite de exportación a través de la Zona Franca Palmaseca.

De acuerdo con un análisis realizado por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico a la base de datos de exportaciones —–construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro—, Fundición Ramírez también tiene entre sus proveedores a empresas pequeñas y medianas de varias regiones del país, entre las que se encuentra Coomilcop, la Cooperativa Minera de los indígenas en Guainía. En ese departamento, la minería ilegal de oro ha ido en aumento. Naciones Unidas estima que el 95 % que se extrae en ese territorio es de origen ilegal.

Para la Fiscalía, esta empresa, igual que otras de su rama como CI J Ramírez y CI Metales Hermanos, creó un entramado de empresas de papel que no tenían la capacidad operativa ni institucional para hacer operaciones financieras por millones de dólares con las que justificaron compras de oro de origen ilícito y les dieron apariencia de legalidad. Incluso, entre sus proveedores, había personas que no tenían ninguna tradición minera y otras que estaban muertas. (Conozca los detalles de otras empresas que comercializan oro y son investigadas por la Fiscalía aquí)

Para lograrlo, explica el ente investigador, fabricaron documentación falsa que presentaron a la autoridad minera (Autoridad Nacional de Minería), encargada de autorizar la exportación. Según la Fiscalía, la ANM solo verifica la existencia de los documentos presentados y no su sustento. Es decir, no verifica que un proveedor haya obtenido el mineral comprándoselo a barequeros o mineros de subsistencia, sino que revisa que la información entregada por la empresa corresponda a lo que las alcaldías registran en el Sistema Integral de Gestión Minera.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autoridad aduanera que supervisa las exportaciones, lleva un registro de cada transacción que se basa en la información reportada por la exportadora en un documento llamado “Solicitud de Autorización de Embarque”. Sin embargo, cuando la exportación se hace a través de zonas francas, la trazabilidad del mineral se pierde, ya que este documento no incluye información sobre el origen del metal.

Una de las lecciones que dejó el caso Goldex (uno de los más icónicos por supuesto lavado de activos a través de oro ilegal por parte de las principales comercializadoras del metal), fue que se necesitaba mejorar los controles para mantener la trazabilidad de las transacciones. Por eso, desde 2013, la DIAN exige que las exportaciones de oro se hagan con el formato de Declaración de Exportación (DEX). Aun así, lo que encontró la Fiscalía en el caso de Fundición Ramírez es que, incluso, ese documento contiene información no verificada por la autoridad minera a la hora de autorizar la exportación.

Hay otras cosas que no cuadran. Algunas de las empresas que exportan oro a través de la Zona Franca de Rionegro, por ejemplo, lo compraron en empresas como ACM Cosmos SAS o la comercializadora Internacional Experiencia y Tradición. Ambos proveedores reportaron como dirección comercial unas oficinas en un centro comercial y empresarial ubicado junto al Terminal del Sur de Medellín. Aunque llegamos hasta allá, no encontramos rastros de estos proveedores. El vigilante del centro comercial y empresarial tampoco había escuchado los nombres de las empresas ni de sus socios.

Aunque este diario preguntó a la DIAN cómo se está controlando que las empresas exportadoras no reporten información falsa que luego se consigna en documentos oficiales, como la Declaración de Exportación con la que sale el oro del país, no obtuvo respuesta.

Por su parte, los abogados de la Fundición Ramírez señalan que “la Fiscalía no ha podido demostrar que el origen del oro es ilícito o demostrar que las empresas tienen nexos con grupos criminales”.

Según datos del sistema de información de la Fiscalía, entregados a El Espectador, entre 2015 y 2023 se registraron 1.931 procesos por delitos relacionados con la explotación ilícita de yacimiento minero en Colombia. En Guainía las cifras son mínimas. El sistema solo tiene registro de 11 procesos y ninguno está en investigación.

*Esta investigación hace parte del especial “Las rutas del oro sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador formó parte. Conozca todos los detalles de la investigación aquí.

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Desde hace años, Colombia exporta más oro del que produce. Y se estima que el 80% del oro que exporta el país es de origen ilegal. Pero, ¿a qué países está llegando el oro colombiano?

Un análisis realizado por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico a una base de datos de exportaciones de oro de cinco países amazónicos —construida con información de Aduanas— revela que el 41 % del oro exportado de Colombia salió del país de 2014 a 2023 con destino a los Estados Unidos. El 15 % tuvo como destino Italia y el 12 %, Suiza. Sin embargo, el tercer lugar al que Colombia más ha exportado oro es la misma Colombia; específicamente, a sus zonas francas (12 %). (Conozca la investigación completa en: Las rutas del oro sucio: así avanza la minería ilegal en la Amazonia)

Desde 2015, las zonas francas en Colombia empezaron a aparecer en los datos de las exportaciones de oro. Pronto, figuraron entre el top cinco de lugares de destino. En 2016, de los primeros seis puestos, tres eran zonas francas al interior del país. Y la cantidad de mineral que transita por estos centros logísticos, con exenciones tributarias, ha ido en aumento.

Solo entre 2016 y 2022 Colombia exportó 72 toneladas de oro a zonas francas en Colombia. De estas, al menos 33 toneladas (casi la mitad) fueron a parar a la Zona Franca Palmaseca, ubicada junto al aeropuerto José Bonilla Aragón, a donde aterrizan los pasajeros que van para Cali. Pero la única empresa de la Zona Franca Palmaseca que compra oro es la Fundición Ramírez, creada en agosto del 2000, en Cali, como parte de una tradición familiar de joyeros de más de 45 años.

Como “usuario industrial”, la Fundición Ramírez tiene entre sus labores procesos de transformación de bienes; es decir, compra materias primas y las convierte en un producto de valor agregado.

Esta Fundición compra oro a múltiples proveedores del país, entre los que también hay compraventas que comercializan joyas, cadenas o anillos de empeño, de los que es mucho más difícil obtener información de su origen. En 2019, la empresa compró el 10 % del oro exportado de Colombia; en 2020, el 8 %; en 2021, el 5 %; y en 2022, el 4 %. Luego, funde todo en lingotes y lo exporta.

El 4 de febrero de 2022, el fiscal 40 Especializado de la Unidad de Derechos Humanos del Eje Temático de Protección a los Recursos Naturales radicó un escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de Cali contra la Fundición Ramírez por supuesto lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y fraude procesal. (Le recomendamos: Las principales comercializadoras de oro en Colombia y los vínculos con la minería ilegal en la Amazonia)

Según la investigación de la Fiscalía, la empresa buscó exportar oro proveniente de yacimientos mineros ubicados en el municipio de Timbiquí, Cauca —que son explotados de manera ilegal— a través de personas que vivían en esas zonas, a quienes, a cambio de sumas de dinero, les tramitaban el RUT y se inscribían como barequeros o mineros de subsistencia a través de un funcionario de la Alcaldía municipal.

Una vez se inscribían como mineros de subsistencia, dice el ente investigador, la organización les hacía firmar múltiples formatos de “declaración de producción de minero de subsistencia” que estaban en blanco. Luego, el oro se transportaba de forma clandestina hasta Cali, en donde se hacía el trámite de exportación a través de la Zona Franca Palmaseca.

De acuerdo con un análisis realizado por El Espectador y la Red Transfronteriza de OjoPúblico a la base de datos de exportaciones —–construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro—, Fundición Ramírez también tiene entre sus proveedores a empresas pequeñas y medianas de varias regiones del país, entre las que se encuentra Coomilcop, la Cooperativa Minera de los indígenas en Guainía. En ese departamento, la minería ilegal de oro ha ido en aumento. Naciones Unidas estima que el 95 % que se extrae en ese territorio es de origen ilegal.

Para la Fiscalía, esta empresa, igual que otras de su rama como CI J Ramírez y CI Metales Hermanos, creó un entramado de empresas de papel que no tenían la capacidad operativa ni institucional para hacer operaciones financieras por millones de dólares con las que justificaron compras de oro de origen ilícito y les dieron apariencia de legalidad. Incluso, entre sus proveedores, había personas que no tenían ninguna tradición minera y otras que estaban muertas. (Conozca los detalles de otras empresas que comercializan oro y son investigadas por la Fiscalía aquí)

Para lograrlo, explica el ente investigador, fabricaron documentación falsa que presentaron a la autoridad minera (Autoridad Nacional de Minería), encargada de autorizar la exportación. Según la Fiscalía, la ANM solo verifica la existencia de los documentos presentados y no su sustento. Es decir, no verifica que un proveedor haya obtenido el mineral comprándoselo a barequeros o mineros de subsistencia, sino que revisa que la información entregada por la empresa corresponda a lo que las alcaldías registran en el Sistema Integral de Gestión Minera.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autoridad aduanera que supervisa las exportaciones, lleva un registro de cada transacción que se basa en la información reportada por la exportadora en un documento llamado “Solicitud de Autorización de Embarque”. Sin embargo, cuando la exportación se hace a través de zonas francas, la trazabilidad del mineral se pierde, ya que este documento no incluye información sobre el origen del metal.

Una de las lecciones que dejó el caso Goldex (uno de los más icónicos por supuesto lavado de activos a través de oro ilegal por parte de las principales comercializadoras del metal), fue que se necesitaba mejorar los controles para mantener la trazabilidad de las transacciones. Por eso, desde 2013, la DIAN exige que las exportaciones de oro se hagan con el formato de Declaración de Exportación (DEX). Aun así, lo que encontró la Fiscalía en el caso de Fundición Ramírez es que, incluso, ese documento contiene información no verificada por la autoridad minera a la hora de autorizar la exportación.

Hay otras cosas que no cuadran. Algunas de las empresas que exportan oro a través de la Zona Franca de Rionegro, por ejemplo, lo compraron en empresas como ACM Cosmos SAS o la comercializadora Internacional Experiencia y Tradición. Ambos proveedores reportaron como dirección comercial unas oficinas en un centro comercial y empresarial ubicado junto al Terminal del Sur de Medellín. Aunque llegamos hasta allá, no encontramos rastros de estos proveedores. El vigilante del centro comercial y empresarial tampoco había escuchado los nombres de las empresas ni de sus socios.

Aunque este diario preguntó a la DIAN cómo se está controlando que las empresas exportadoras no reporten información falsa que luego se consigna en documentos oficiales, como la Declaración de Exportación con la que sale el oro del país, no obtuvo respuesta.

Por su parte, los abogados de la Fundición Ramírez señalan que “la Fiscalía no ha podido demostrar que el origen del oro es ilícito o demostrar que las empresas tienen nexos con grupos criminales”.

Según datos del sistema de información de la Fiscalía, entregados a El Espectador, entre 2015 y 2023 se registraron 1.931 procesos por delitos relacionados con la explotación ilícita de yacimiento minero en Colombia. En Guainía las cifras son mínimas. El sistema solo tiene registro de 11 procesos y ninguno está en investigación.

*Esta investigación hace parte del especial “Las rutas del oro sucio de la Amazonia”, una investigación coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico, de la que El Espectador formó parte. Conozca todos los detalles de la investigación aquí.

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