2023: el año de cierre de la yidispolítica. ¿Qué pasó y en qué va el expediente?

Diecinueve años tardó la justicia para condenar al exsecretario general del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, por el escándalo de la yidispolítica. La sentencia se conoció en octubre de este año y, con ella, la Corte Suprema de Justicia le dio el primer cierre a un escándalo de corrupción que marcó historia en Colombia: el que tuvo que ver con el ofrecimiento de dádivas, por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, para que congresistas de la época votaran a favor de la reelección presidencial. Moreno, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia entre julio de 2004 y agosto de 2010, fue hallado culpable del delito de tráfico de influencias, por lo que tendrá que pagar cinco años y medio de cárcel.

Diecinueve años tardó la justicia para condenar al exsecretario general del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas, por el escándalo de la yidispolítica. La sentencia se conoció en octubre de este año y, con ella, la Corte Suprema de Justicia le dio el primer cierre a un escándalo de corrupción que marcó historia en Colombia: el que tuvo que ver con el ofrecimiento de dádivas, por parte de altos funcionarios del Ejecutivo, para que congresistas de la época votaran a favor de la reelección presidencial. Moreno, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia entre julio de 2004 y agosto de 2010, fue hallado culpable del delito de tráfico de influencias, por lo que tendrá que pagar cinco años y medio de cárcel.

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Con el fallo, Moreno se convirtió en el cuarto alfil del uribismo en ser condenado por este expediente y, 19 años después de que estallara, en 2023 se volvió a hablar del escándalo. ¿Qué fue lo que pasó en la época y porque solo hasta ahora fue condenado el exsecretario de Palacio? La génesis de la yidispolitica, según logró comprobar la justicia, se dio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en junio del 2004, cuando sus integrantes discutían la aprobación del acto legislativo que permitiría la reelección presidencial inmediata. Según la Corte, este proyecto presuntamente iba a hundirse, con los votos en contra de congresistas como Yidis Medina Padilla y el fallecido Teodolindo Avendaño, entre otros.

Lo que ya logró probar la justicia es que cuatro altos funcionarios del gobierno Uribe les ofrecieron dádivas a los representantes para cambiar su voto. Los protagonistas fueron: los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio; y los exsecretarios de Presidencia, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno. Así, en la madrugada del 4 de junio de 2004, la propuesta para cambiar la Constitución y Uribe pudiera ser reelegido triunfó con 18 votos a favor, incluyendo el de Yidis Medina, y 16 en contra (Avendaño no llegó a la votación). Dos años después, Álvaro Uribe se convirtió en el primer presidente en ser reelegido, tras conseguir 7,4 millones de votos. Pero con la victoria, vinieron también las primeras puntadas del escándalo que, aun en 2023, siguió dando noticias.

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Todo arrancó el 30 de marzo de 2008, cuando la excongresista Yidis Medina, en una entrevista con El Espectador, se destapó y contó de qué manera los exministros Pretelt y Palacio y el exsecretario Velásquez la habían convencido para que volteara su voto. Una semana después de estas revelaciones, el periodista Daniel Coronell manifestó en su columna de la revista Semana que tenía en su poder un video grabado en 2004, en el que Medina expresaba su temor por las amenazas que estaba recibiendo al exigirle al gobierno, ya reelegido, que le cumpliera con lo que le había prometido. En esencia le reveló cómo y por qué vendió su voto. El video desató una controversia nacional que fue creciendo a pasos agigantados. El país se polarizó.

Once días después de la entrevista, la Corte Suprema de Justicia reabrió el proceso contra Yidis Medina, quien confesó casi de inmediato. El 26 de junio de 2008 fue condenada a 47 meses de prisión por el delito de cohecho propio y en ese fallo el alto tribunal se fue lanza en ristre contra el gobierno Uribe al sostener que el apoyo de Medina a la reelección “no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre las bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió”. Una afirmación que provocó la cólera del presidente Uribe, quien sostuvo, en referencia a la Corte, que había unos magistrados nostálgicos del terrorismo agónico. Esa misma noche convocó a un referendo para refrendar su mandato.

La propuesta fracasó. Entretanto, la Corte Suprema ya había ordenado investigar a los exministros, Sabas y Palacio, y a los exsecretarios, Velásquez y Moreno y, en la trasescena, agentes del DAS espiaban a los magistrados –en otro escándalo que habría de estallar en febrero de 2009 conocido como las chuzadas del DAS–. Aunque las investigaciones contra los altos funcionarios se abrieron casi de inmediata, tras la confesión de Yidis Medina, su condena y la de Teodolindo Avendaño, la Fiscalía le imprimió otra velocidad a las investigaciones. Pasaron cuatro años sin mayores avances, tanto así que los casos estuvieron a 21 días de prescribir, entre el paso de cinco fiscales diferentes, entre designados o en encargo, y todo tipo de recursos judiciales para retrasar su avance.

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Varios allegados al expediente, en su momento, expresaron que sentían que todo se trataba de una estrategia para dilatar el proceso y evitar un juicio en el alto tribunal, a lo que los implicados argumentaron que solo estaban defendiendo sus derechos, a la par que se declaraban inocentes y acusaban a la excongresista de chantajista y de “mentirosa redomada”, asegurando que sólo pretendía hacerle daño al gobierno y que no había prueba alguna que los vinculara con una supuesta compra de su voto como congresista. A pocos días de la prescripción, en mayo de 2012, la justicia impidió el cierre de los procesos y puso el pie en el acelerador del juicio en contra de los alfiles del uribismo que ya habían sido acusados.

Las condenas llegaron en abril de 2015: los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio fueron sentenciados a 80 meses de prisión, multa de 167 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 112 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas; y el exsecretario Alberto Velásquez Echeverry fue sentenciado a 60 meses de prisión, multa de 83 salarios mínimos y a una inhabilidad de 84 meses. En ese fallo, la Corte Suprema concluyó que los tres exfuncionarios del gobierno Uribe actuaron mancomunadamente para garantizar la aprobación del trámite legislativo en el Congreso, haciéndoles ofrecimientos de cargos a los entonces parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, con lo cual incurrieron en el delito de cohecho por dar u ofrecer.

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Una sentencia en la que se dio plena credibilidad a las confesiones de Medina, en el sentido de que fue el presidente de la República de la época, Álvaro Uribe, quien le hizo directamente los ofrecimientos burocráticos, precisándole que daría las órdenes correspondientes para cumplir lo prometido. En ese fallo, el alto tribunal resaltó que las conductas de los dos exministros y el Velásquez fueron de suma gravedad porque su finalidad no fue otra que incidir en el ejercicio de las funciones constitucionales que corresponden a la Rama Legislativa, interfiriendo en la competencia de los congresistas que fueron elegidos como representantes de la sociedad para que sirvieran al bien común y no a la satisfacción de intereses personales, muy lejos de las buenas prácticas de la política.

En otras palabras, que sus métodos para conseguir los votos para que no se hundiera la reelección presidencial fueron ilegales. Sin embargo, en el aire había quedado la participación de Bernardo Moreno, quien logró alargar su caso ocho años más hasta octubre pasado. Lo que la Sala Especial de Primera Instancia encontró no es diferente a lo que sus otros colegas de la Corte ya habían evidenciado en al menos tres sentencias diferentes: que para asegurar la reelección presidencial, existió un pacto criminal encabezado por altos funcionarios del gobierno Uribe. Lo novedoso en el fallo de este año es que el alto tribunal detalló el papel que jugó el exsecretario Bernardo Moreno Villegas en ese entramado ilegal.

Según la Corte, el funcionario fue clave para que todas las dádivas ofrecidas por los exministros y su predecesor, Alberto Velásquez, se concretaran. Moreno, dice el fallo, no fue ningún novato en la administración pública, actuó conscientemente, y tampoco fue engañado, como trató de defenderse durante el juicio en su contra. Aunque las dádivas las ofrecieron los exfuncionarios ya condenados, lo que encontró el alto tribunal es que Moreno terminó de concretarlos. Entre los favores que se ofrecieron, el gobierno Uribe propuso la designación de un amigo de Medina, Carlos Correa Mosquera, en la dirección de la Clínica Primero de Mayo de Barrancabermeja, cargo del que tomó posesión el 23 de junio de 2004.

También la designación de César Guzmán –otro cercano amigo de Yidis Medina– en la Dirección de Infraestructura Carcelaria del Ministerio del Interior. Sin embargo, Alberto Velásquez no cumplió con todos los encargos, por lo que Bernardo Moreno realizó el resto. Según la Corte, Moreno recomendó hojas de vida, hizo llamadas e intercedió para que los nombramientos ofrecidos se concretaran. Es más, el alto tribunal encontró que ese tráfico de influencias perduró por el tiempo, pues, para 2008, cuando Medina iba a publicar un libro con todos los detalles de lo sucedido en junio de 2004 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Moreno se reunió con ella para “frenar” la confesión que lo podía afectar.

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La gestión del entonces secretario fue fructífera: aún consciente de lo que estaba haciendo, logró que Jairo Plata, a petición de la excongresista, ingresara a trabajar en la Red de Solidaridad Social; y que otra amiga de Medina fuera nombrada en la Empresa Territorial para la Salud. La Corte concluyó que las acciones de Moreno minaron la confianza de los colombianos. “(Moreno) puso a la Presidencia al servicio de intereses políticos particulares las entidades públicas, convirtiéndolas en fortines burocráticos, desconociendo que el servicio público tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad y no saciar intereses mezquinos, dando la imagen de que a la función pública se accede como consecuencia del pago de prebendas y por recomendación de los políticos de turno”.

En suma, explicó el alto tribunal, “un soborno del Estado al mismo Estado para modificar la Carta Política”. Aunque Moreno todavía puede apelar el fallo, que sería revisado por la Sala de Casación Penal de la misma Corte Suprema, su sentencia marca el fin judicial de un escándalo que, junto con las chuzadas del DAS, marcó el gobierno del expresidente Uribe y, en el caso de la yidispolítica, la historia política de Colombia.

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