La situación humanitaria en el departamento del Chocó es preocupante y no mejora desde hace varios años. Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que en los últimos cinco años la entidad ha advertido riesgos para 27 de los 31 municipios que tiene el departamento. Este año la violencia sigue presente en varios de ellos.
Lea además: Gobierno le exige al Eln y el Clan del Golfo permitir el libre tránsito en Chocó
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, desde 2018 hasta la fecha se han emitido varias Alertas Tempranas para 27 de los 31 municipios con los que cuenta ese departamento del Pacífico colombiano, es decir: Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Novita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó.
En este sentido, las alertas denuncian que en los últimos cuatro años los homicidios, amenazas, señalamientos, desapariciones forzadas y estigmatización contra líderes sociales y comunitarios han aumentado. A ello se suman las pocas denuncias que se realizan de manera formal.
“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos los esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, llamó la atención el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Lea: Hay 52 comunidades afectadas por paro armado del ELN en Chocó
Para este año, en concreto, la Defensoría reveló que cerca de 23.000 personas, mayoritariamente afro e indígenas, han padecido el rigor del conflicto armado en lo que va de este 2023. 14.000 de ellas han sido confinadas en 11 municipios; es decir, 71 comunidades resultaron afectadas.
“Las graves afectaciones a sus derechos a la vida, libertad, seguridad, alimentación, salud, libre movilidad, por mencionar algunos, tienen que llegar a su fin. Llamo a los entes competentes a establecer planes de acción, rutas efectivas de atención, para favorecer a las comunidades del Chocó”, expresó el Defensor del Pueblo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.