250 mil nuevos desplazados en Colombia

El más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señaló que en Colombia fueron desplazadas forzadamente 256.590 personas en 2012.  El desplazamiento forzado ha sido uno de los crímenes que más se ha cometido en los últimos 15 años del conflicto armado en Colombia, y ha dejado sin hogar a 5.701.996 víctimas entre 1985 y 2012, según cifras del informe. 

Entre los departamentos que más se ha evidenciado el desplazamiento forzado, el Codhes indicó que están –de mayor a menor número de casos–: Antioquia Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.  Igualmente, agregó que las principales víctimas de las 65.792 familias que fueron desplazadas el año pasado, fueron comunidades indígenas con el 20.23% de los casos y poblaciones afrocolombianas con el 23.78%.

Para el Codhes, la alarmante situación está quedando a la sombra en las cifras oficiales, ya que “el país no cuenta con un sistema de actualización de víctimas adecuado y la negación de inclusión en el registro de víctimas a muchos de los afectados debido a una interpretación errada de la ley de víctimas”.  Asimismo, puntualizó que las poblaciones inmersas en conflicto, además de los desplazamientos forzados, son víctimas de delitos como desaparición forzada, violencia sexual, minas antipersona y reclutamiento forzado. 

El documento alerta que ha existido un aumento significativo en los desplazamientos intraurbanos, es decir, al interior de las ciudades. La principal razón de este fenómeno son las disputas que se han generado entre las bandas criminales por el control de microtráfico de drogas, provocando un crecimiento en la tasa de homicidios. Los municipios que más han sido azotados por esta disputa territorial en 2012 fueron Medellín, Buenaventura (Valle), Tumaco (Nariño), Soacha (Cundinamarca), El Tarra (Norte de Santander) y Toribío (Cauca). 

Codhes hizo un llamado de atención sobre los riesgos que viven los líderes de derechos humanos. Aseguran que los procesos de restitución de tierras  transcurren medio del conflicto y esto ha obligado a que se creen garantías para evitar que las amenazas contra los líderes continúen, ya que según sus cifras, se han presentado más de 55 asesinatos de personas que lideran estos procesos.

Según la investigación, el informe señaló que el despojo y abandono de más de 6.5 millones de hectáreas ha dejado una impunidad superior al 95%. Al respecto, el Codhes manifestó que “el deber del Estado es evitar la revictimización, respaldar la movilización de las víctimas y proporcionar las garantías suficientes para evitar que el miedo se convierta en la herramienta de consolidación de los despojos y en un freno al retorno de los pobladores a sus territorios (…)  Esto implica una capacidad del Estado efectiva para contrarrestar los denominados ‘ejércitos antirestitución’ y bandas criminales, herederas del paramilitarismo”.

El Codhes agregó que si los diálogos de paz en La Habana (Cuba) llegarán a darse, esta sería “la única forma para resolver la crisis y desplazamiento de más del 10% de la población colombiana”. Sin embargo, subrayó que el proceso de paz transcurre sin un cese al fuego, generando un “escalamiento de operaciones ofensivas y de la crisis humanitarias”.

Marco Romero, presidente de Codhes habló con El Espectador.

¿Cómo está el tema de desplazamiento forzado en Colombia?

Evidenciamos 256 mil personas desplazadas en 2012. Lo más preocupante es que hallamos registros de  166 casos de desplazamientos masivos; es decir, de 10 o más personas lo que muestra que se están desplazando comunidades enteras en Antioquia, el litoral Pacífico, la zona del Catatumbo y Putumayo.  Se están desplazando indígenas y afrodescendientes lo cual es muy preocupante.

También preocupa la situación de desplazamiento en ciudades como Medellín y Buenaventura. En esta ciudad han sido desplazadas más de 8 mil personas por la organización criminal La Empresa. Reconocemos las medidas que el gobierno ha tomado para solucionar este problema como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero las medidas siguen siendo insuficientes.

¿Ha crecido el desplazamiento intraurbano?

El desplazamiento intraurbano es un fenómeno relativamente nuevo.  En Medellín la Personería viene denunciando casos de desplazamiento en la ciudad desde hace tres o cuatro años. Son desplazamientos de unas comunas a otras y de Medellín hacia otras ciudades. En 2012 fueron desplazadas 20 mil personas en los casos urbanos de 45 municipios. La mayoría en Medellín, Buenaventura (Valle del Cauca), Soacha (Cundinamarca) y El Tarra (Norte de Santander).

¿Cómo han influido los diálogos de La Habana en este fenómeno?

No tienen razón los uribistas que sostienen que el gobierno ha bajado la guardia. Las Fuerzas Militares siguen actuando igual solo que sin los excesos del gobierno anterior. Se mantienen niveles similares de enfrentamientos con estos grupos. Lo segundo que hay que decir que la negociación de la paz se está haciendo sin un cese al fuego. Tanto el Estado como las Farc van a mantener sus hostilidades. Un proceso de paz sin cese al fuego tiene consecuencias humanitarias. Apoyamos el proceso de paz pero estamos pidiendo que se busquen entendimientos humanitarios. Confiamos en que los diálogos puedan dar soluciones al problema del desplazamiento.

¿Es cierto lo que ha dicho la Corte de que hay falencias en la protección de las mujeres desplazadas?

La estrategia de protección es relativamente convencional se necesitan nuevas recursos y estrategias porque la restitución de tierras está generando muchos asesinatos y amenazas de parte de quienes han despojado las tierras y sus secuaces. El gobierno tiene la doble tarea de perseguir a los victimarios y asegurar la protección de las víctimas.

¿Incluyendo las víctimas de bandas criminales?

Sí. Por ello reconocemos la petición de la Corte de que hay que registrar a las víctimas de bandas criminales que siguen copando territorios, principalmente, en el litoral Pacífico donde el conflicto se ha agravado por los intereses de estos actores. Igual, de nuevo, reconocemos que hay voluntad 100 veces superior en este gobierno para solucionar este problema. Hemos pedido al presidente una misión que atienda lo que está sucediendo en el Pacífico.

¿Qué soluciones deberían tomarse a corto y mediano plazo?

Ojalá a corto y mediano plazo se tomen medidas. En el largo plazo nosotros apoyamos el proceso de paz. Creemos que la paz puede ofrecer una solución definitiva y proponemos que el proceso de paz reconozca a las víctimas, que no sea solo Verdad, Justicia y Reparación sino que, además, el gobierno pueda garantizarle el futuro a estas miles de familias y ayudarles a que encuentren una solución en su territorio. Hemos demandado la atención de las víctimas no solo en el sentido del pasado sino también del futuro. Debe haber políticas de desarrollo rural, soluciones verdaderas en las ciudades para quienes quieren seguir en ellas y participación política. Hemos propuesto una circunscripción especial para los desplazados para que estas personas tengan la posibilidad de incidir en las políticas públicas que los afectan.
 

El más reciente informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señaló que en Colombia fueron desplazadas forzadamente 256.590 personas en 2012.  El desplazamiento forzado ha sido uno de los crímenes que más se ha cometido en los últimos 15 años del conflicto armado en Colombia, y ha dejado sin hogar a 5.701.996 víctimas entre 1985 y 2012, según cifras del informe. 

Entre los departamentos que más se ha evidenciado el desplazamiento forzado, el Codhes indicó que están –de mayor a menor número de casos–: Antioquia Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.  Igualmente, agregó que las principales víctimas de las 65.792 familias que fueron desplazadas el año pasado, fueron comunidades indígenas con el 20.23% de los casos y poblaciones afrocolombianas con el 23.78%.

Para el Codhes, la alarmante situación está quedando a la sombra en las cifras oficiales, ya que “el país no cuenta con un sistema de actualización de víctimas adecuado y la negación de inclusión en el registro de víctimas a muchos de los afectados debido a una interpretación errada de la ley de víctimas”.  Asimismo, puntualizó que las poblaciones inmersas en conflicto, además de los desplazamientos forzados, son víctimas de delitos como desaparición forzada, violencia sexual, minas antipersona y reclutamiento forzado. 

El documento alerta que ha existido un aumento significativo en los desplazamientos intraurbanos, es decir, al interior de las ciudades. La principal razón de este fenómeno son las disputas que se han generado entre las bandas criminales por el control de microtráfico de drogas, provocando un crecimiento en la tasa de homicidios. Los municipios que más han sido azotados por esta disputa territorial en 2012 fueron Medellín, Buenaventura (Valle), Tumaco (Nariño), Soacha (Cundinamarca), El Tarra (Norte de Santander) y Toribío (Cauca). 

Codhes hizo un llamado de atención sobre los riesgos que viven los líderes de derechos humanos. Aseguran que los procesos de restitución de tierras  transcurren medio del conflicto y esto ha obligado a que se creen garantías para evitar que las amenazas contra los líderes continúen, ya que según sus cifras, se han presentado más de 55 asesinatos de personas que lideran estos procesos.

Según la investigación, el informe señaló que el despojo y abandono de más de 6.5 millones de hectáreas ha dejado una impunidad superior al 95%. Al respecto, el Codhes manifestó que “el deber del Estado es evitar la revictimización, respaldar la movilización de las víctimas y proporcionar las garantías suficientes para evitar que el miedo se convierta en la herramienta de consolidación de los despojos y en un freno al retorno de los pobladores a sus territorios (…)  Esto implica una capacidad del Estado efectiva para contrarrestar los denominados ‘ejércitos antirestitución’ y bandas criminales, herederas del paramilitarismo”.

El Codhes agregó que si los diálogos de paz en La Habana (Cuba) llegarán a darse, esta sería “la única forma para resolver la crisis y desplazamiento de más del 10% de la población colombiana”. Sin embargo, subrayó que el proceso de paz transcurre sin un cese al fuego, generando un “escalamiento de operaciones ofensivas y de la crisis humanitarias”.

Marco Romero, presidente de Codhes habló con El Espectador.

¿Cómo está el tema de desplazamiento forzado en Colombia?

Evidenciamos 256 mil personas desplazadas en 2012. Lo más preocupante es que hallamos registros de  166 casos de desplazamientos masivos; es decir, de 10 o más personas lo que muestra que se están desplazando comunidades enteras en Antioquia, el litoral Pacífico, la zona del Catatumbo y Putumayo.  Se están desplazando indígenas y afrodescendientes lo cual es muy preocupante.

También preocupa la situación de desplazamiento en ciudades como Medellín y Buenaventura. En esta ciudad han sido desplazadas más de 8 mil personas por la organización criminal La Empresa. Reconocemos las medidas que el gobierno ha tomado para solucionar este problema como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero las medidas siguen siendo insuficientes.

¿Ha crecido el desplazamiento intraurbano?

El desplazamiento intraurbano es un fenómeno relativamente nuevo.  En Medellín la Personería viene denunciando casos de desplazamiento en la ciudad desde hace tres o cuatro años. Son desplazamientos de unas comunas a otras y de Medellín hacia otras ciudades. En 2012 fueron desplazadas 20 mil personas en los casos urbanos de 45 municipios. La mayoría en Medellín, Buenaventura (Valle del Cauca), Soacha (Cundinamarca) y El Tarra (Norte de Santander).

¿Cómo han influido los diálogos de La Habana en este fenómeno?

No tienen razón los uribistas que sostienen que el gobierno ha bajado la guardia. Las Fuerzas Militares siguen actuando igual solo que sin los excesos del gobierno anterior. Se mantienen niveles similares de enfrentamientos con estos grupos. Lo segundo que hay que decir que la negociación de la paz se está haciendo sin un cese al fuego. Tanto el Estado como las Farc van a mantener sus hostilidades. Un proceso de paz sin cese al fuego tiene consecuencias humanitarias. Apoyamos el proceso de paz pero estamos pidiendo que se busquen entendimientos humanitarios. Confiamos en que los diálogos puedan dar soluciones al problema del desplazamiento.

¿Es cierto lo que ha dicho la Corte de que hay falencias en la protección de las mujeres desplazadas?

La estrategia de protección es relativamente convencional se necesitan nuevas recursos y estrategias porque la restitución de tierras está generando muchos asesinatos y amenazas de parte de quienes han despojado las tierras y sus secuaces. El gobierno tiene la doble tarea de perseguir a los victimarios y asegurar la protección de las víctimas.

¿Incluyendo las víctimas de bandas criminales?

Sí. Por ello reconocemos la petición de la Corte de que hay que registrar a las víctimas de bandas criminales que siguen copando territorios, principalmente, en el litoral Pacífico donde el conflicto se ha agravado por los intereses de estos actores. Igual, de nuevo, reconocemos que hay voluntad 100 veces superior en este gobierno para solucionar este problema. Hemos pedido al presidente una misión que atienda lo que está sucediendo en el Pacífico.

¿Qué soluciones deberían tomarse a corto y mediano plazo?

Ojalá a corto y mediano plazo se tomen medidas. En el largo plazo nosotros apoyamos el proceso de paz. Creemos que la paz puede ofrecer una solución definitiva y proponemos que el proceso de paz reconozca a las víctimas, que no sea solo Verdad, Justicia y Reparación sino que, además, el gobierno pueda garantizarle el futuro a estas miles de familias y ayudarles a que encuentren una solución en su territorio. Hemos demandado la atención de las víctimas no solo en el sentido del pasado sino también del futuro. Debe haber políticas de desarrollo rural, soluciones verdaderas en las ciudades para quienes quieren seguir en ellas y participación política. Hemos propuesto una circunscripción especial para los desplazados para que estas personas tengan la posibilidad de incidir en las políticas públicas que los afectan.