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Unos 4.262 militares son investigados por su presunta responsabilidad en los falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra campesinos que luego fueron presentados como guerrilleros asesinados en combate. 4.173 de los investigados hacen parte del Ejército. Los 89 restantes son miembros de la Armada Nacional.
En el Ejército hay 401 oficiales investigados, principalmente coroneles, mayores, capitanes y tenientes. También son investigados 823 suboficiales, 2.908 soldados y otros 23 uniformados cuyo rango no ha sido establecido, que se encuentran bajo la lupa de las autoridades.
Entre los coroneles que han sido procesados por estos hechos se encuentran el excomandante del batallón La Popa, coronel Publio Hernán Mejía, condenado a 19 años por su participación en estos hechos, y el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, coronel Luis Fernando Borja Aristizabal, quien ha confesado su participación en, por lo menos, 57 ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Sucre.
En el caso de la Armada Nacional, en esa fuerza hay un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, 21 suboficiales y 64 soldados investigados. La Fiscalía adelanta unas 1.800 investigaciones con el fin de esclarecer estos delitos.
La cifra fue dada a conocer por la Unidad de Derechos Humanos del mismo ente investigador en un informe en el que da cuenta, además, de que “el propio Ministerio de Defensa ha remitido más de 400 investigaciones a este organismo para que avance en las correspondientes labores judiciales para esclarecer posibles responsabilidades” en estas ejecuciones que empezaron a conocerse a mediados de 2008 tras los asesinatos de 11 adolescentes de Soacha (Cundinamarca) que fueron llevados mediante engaños hasta Norte de Santander, asesinados y presentados como guerrilleros dados asesinados en combate.
Los mencionados datos son revelados en momentos en los que los procesos por los falsos positivos vuelven al centro de la controversia debido a unas grabaciones reveladas por la revista Semana, en las que quedan en evidencia los beneficios de los que gozaba un cuestionado coronel investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de César Sepúlveda y Jairo Andrés Moreno Marín, dos campesinos asesinados en Neira (Caldas) el 30 de septiembre de 2007 y que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Se trata del coronel (r) Róbinson González del Río. Puntualmente, en uno de los audios revelados por la revista Semana se escucha al excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Leonardo Barrero Gordillo, hablando con el coronel (r) González sobre el proceso penal en su contra.
Este escándalo llevó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a retirar al hasta esta semana al general (r) Barrero Gordillo, al segundo comandante del Ejército y otrora encargado de las cárceles militares, general (r) Manuel Guzmán, y a otros tres generales.
Por ahora, el ente investigador indaga por los presuntos nexos entre el supuesto carrusel de contratos encontrado en el Ejército y el escándalo de los falsos positivos. El objetivo es dilucidar si algunos dineros de esta fuerza militar terminaron siendo usados en la defensa de altos oficiales investigados por estos hechos de lesa humanidad.