60 organizaciones de DD.HH. respaldan petición de medidas cautelares a archivos del DAS
El pronunciamiento llega justo cuando se conoce que Néstor Raúl Correa, quien pidió que los archivos del DAS fueran remitidos a la JEP para su preservación, renunció a su cargo como secretario ejecutivo de la JEP.
Redacción Judicial
“Las plataformas, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos abajo firmantes, manifestamos públicamente nuestro respaldo a las medidas cautelares anticipadas decretadas mediante Auto No. 001 del 12 de marzo de 2018 por parte del Dr. Néstor Raúl Correa Henao -Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, las cuales tienen por objeto la preservación de archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS”.
De esta manera la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y 60 organizaciones de derechos humanos, como la Campaña Colombiana contra Minas, la Casa de la Mujer, Credhos y el Movice, expresaron abiertamente su apoyo a la decisión de Correa de adoptar “medidas cautelares anticipadas sobre archivos de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad.
El apoyo de las organizaciones a esa decisión, que dentro de la JEP no fue bien recibida por todos los magistrados -empezando por la propia presidenta, Patricia Linares-, llega en un momento complicado para Correa quien, como anunció El Espectador, acaba de presentar su renuncia. El secretario ejecutivo de la JEP deja así el cargo que ocupaba desde septiembre de 2016, y para el cual lo ratificó el Comité de Escogencia en mayo del año pasado.
La renuncia de Correa se da en medio de dos coyunturas: la rendición de cuentas que han empezado a pedirle tanto la cooperación internacional como la Contraloría, y el clima político que se alborotó luego de emitir el auto de las medidas cautelares sobre los archivos del DAS.
“Estimamos que al buscar la protección de archivos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, la declaración de las medidas que se anuncian resulta atinada y necesaria para el cumplimiento adecuado del mandato de la JEP e incluso de los demás órganos que conforman el SIVJRNR (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), máxime si se analiza que en este tipo de casos no es posible aplicar la cláusula de reserva”, indicaron las organizaciones.
(En contexto: La importancia de que la Jep conozca los archivos del Das)
“El más reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresa su preocupación por ‘no haber recibido información actualizada acerca del avance de las investigaciones relativas a las presuntas actividades ilegales de seguimiento que habrían sido realizadas por funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)’ y en consecuencia dispuso que el Estado parte debe ‘acelerar las investigaciones’”, agregaron.
El DAS fue liquidado en 2011, luego de un gran escándalo en el que se reveló que desde esa policía secreta se hacían seguimientos e interceptaciones ilegales a defenesores de derechos humanos, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes. Por esas acciones ilegales ya fueron condenados dos exdirectores del organismos, ambos nombrados por el expresidente Álvaro Uribe: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. El caso de Noguera evidenció algo más grave aún, y es que los grupos paramilitares usaron la infraestructura del DAS para cometer crímenes.
“Las plataformas, organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos abajo firmantes, manifestamos públicamente nuestro respaldo a las medidas cautelares anticipadas decretadas mediante Auto No. 001 del 12 de marzo de 2018 por parte del Dr. Néstor Raúl Correa Henao -Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, las cuales tienen por objeto la preservación de archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS”.
De esta manera la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y 60 organizaciones de derechos humanos, como la Campaña Colombiana contra Minas, la Casa de la Mujer, Credhos y el Movice, expresaron abiertamente su apoyo a la decisión de Correa de adoptar “medidas cautelares anticipadas sobre archivos de Inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad.
El apoyo de las organizaciones a esa decisión, que dentro de la JEP no fue bien recibida por todos los magistrados -empezando por la propia presidenta, Patricia Linares-, llega en un momento complicado para Correa quien, como anunció El Espectador, acaba de presentar su renuncia. El secretario ejecutivo de la JEP deja así el cargo que ocupaba desde septiembre de 2016, y para el cual lo ratificó el Comité de Escogencia en mayo del año pasado.
La renuncia de Correa se da en medio de dos coyunturas: la rendición de cuentas que han empezado a pedirle tanto la cooperación internacional como la Contraloría, y el clima político que se alborotó luego de emitir el auto de las medidas cautelares sobre los archivos del DAS.
“Estimamos que al buscar la protección de archivos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, la declaración de las medidas que se anuncian resulta atinada y necesaria para el cumplimiento adecuado del mandato de la JEP e incluso de los demás órganos que conforman el SIVJRNR (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición), máxime si se analiza que en este tipo de casos no es posible aplicar la cláusula de reserva”, indicaron las organizaciones.
(En contexto: La importancia de que la Jep conozca los archivos del Das)
“El más reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresa su preocupación por ‘no haber recibido información actualizada acerca del avance de las investigaciones relativas a las presuntas actividades ilegales de seguimiento que habrían sido realizadas por funcionarios del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)’ y en consecuencia dispuso que el Estado parte debe ‘acelerar las investigaciones’”, agregaron.
El DAS fue liquidado en 2011, luego de un gran escándalo en el que se reveló que desde esa policía secreta se hacían seguimientos e interceptaciones ilegales a defenesores de derechos humanos, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes. Por esas acciones ilegales ya fueron condenados dos exdirectores del organismos, ambos nombrados por el expresidente Álvaro Uribe: Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado. El caso de Noguera evidenció algo más grave aún, y es que los grupos paramilitares usaron la infraestructura del DAS para cometer crímenes.