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En contexto: Imputan cargos a policía investigado por homicidio en medio de protestas del 9-S
Ese es el mensaje que Nury Rojas, madre de la joven asesinada Angie Baquero, quiere que el fiscal general Francisco Barbosa escuche. El pasado 9 de septiembre su vida cambió para siempre, se partió en dos. Esa noche le avisaron que su hija de entonces 29 años había sido baleada en cercanías del CAI Aures, en Suba, la noche de caos por las protestas surgidas tras la muerte violenta del estudiante de derecho Javier Ordóñez, golpeado con sevicia por los expatrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda en el CAI Villaluz.
Javier Ordóñez murió desangrado, pues entre los expolicías le destrozaron uno de sus riñones. Lloreda, el pasado 7 de julio, fue sentenciado a 20 años de prisión. El asesinato del estudiante desató una oleada de protestas en Bogotá y Soacha, que termino con decenas de CAIs de la Policía vandalizados y, presuntamente, tras una respuesta institucional agresiva, al menos 13 jóvenes asesinados. Un año después, aún sin poder recuperarse del golpe por la muerte de Angie Baquero, Nury Rojas denuncia que a su casa llegaron amenazas de muerte.
“Me están amenazando de muerte a mí y a mi familia, ya no puedo salir sola a la calle. Quieren que me quede encerrada y no lo puedo hacer porque es mi vida. Así corra peligro, yo digo: como mamá de ella, donde me den micrófono me paro a hablar. Y si me quiere amedrentar, creo que no lo van a lograr. Si Dios me tiene para que yo muera en el camino moriré”, le dijo Rojas a El Espectador. La semana pasada, en la segunda intimidación directa que ha recibido, le dijeron que su vida puede correr peligro el próximo 29 de agosto.
Días antes, una persona que se hizo conocer como “martín francisco”, aseguró que Rojas había recibido $500 mil por la muerte de su hija y la citó en Kennedy para ofrecerle dinero. La mujer, quien fue contactada por la Unidad Nacional de Protección, ante la gravedad de su denuncia, agrega que le rompieron tres vidrios de su casa y, además, que no entiende cómo la persona acusada por el asesinato de Angie Baquero está en libertad.
La abogada Alejandra Garzón, representante de derechos humanos de DH Colombia, es quien lleva el proceso por el asesinato de Angie Baquero. Todas las pistas coinciden en que el policía Jorge Andrés Lasso habría sido el perpetrador ¿La razón? La Fiscalía, la cual lo tiene en juicio penal, estudió la bala encontrada en el cuerpo de la víctima y coincide con el arma de dotación entregada a Lasso en la institución. El policía se ha declarado inocente.
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“Estamos para audiencia preparatoria. Porque ya se imputó y se acusó al patrullero Lasso Valencia. De hecho, tenemos audiencia preparatoria el próximo 13 de septiembre”, le dijo Garzón a este diario. “Las amenazas son cada vez más directas. Es urgente para que la gente conozca que están en peligro y que la Fiscalía también se alerte, porque no ha hecho absolutamente nada. Hay una responsabilidad estatal de protección. El Estado debe brindar garantías de no repetición, que impliquen que dejen de amenazar a las personas”, agrega la defensora.
Alejandra Garzón, representante de otras dos familias del 9-S, en los casos Jaider Fonseca y Cristian Hernández, no se salva de las intimidaciones.
De hecho, Garzón llegó al caso particular del Verbenal la misma noche en que tres jóvenes fueron asesinados en pleno desarrollo del 9-S. Tras presenciar cómo, al parecer, miembros de la institución se extralimitaron en sus funciones, llegó a los hospitales Cardioinfantil y Simón Bolívar, donde conoció a la familia de Jaider Fonseca, un joven de 17 años que murió baleado en inmediaciones del CAI Verbenal. Era padre de una bebé recién nacida y estaba desempleado a raíz de la pandemia.
Por el asesinato de Jaider Fonseca se tiene en juicio al patrullero Jhon Antonio Gutiérrez, quien también se ha declarado inocente y quien el próximo 10 de septiembre enfrentará audiencia preparatoria por el delito de homicidio. Al igual que Lasso Valencia, la Fiscalía tiene cómo probar que el arma de dotación coincide con la bala encontrada en el cuerpo de la víctima. Maira Páez es la vida que dejó la muerte de Fonseca. Es miembro de la Mesa de Diálogo UPZ-911, que el 9 de cada mes realiza un acto conmemorativo en el parque de Verbenal.
Páez, asegura que la muerte de su esposo fue el inicio de todo un año de intimidaciones: “Viene desde que Jaider fue asesinado por el Estado. El 14 de septiembre, el día del entierro de Jaider, llegamos a la casa. Pasó un carro con los vidrios oscuros, había un oficial grabando a una persona de mi familia”. Agrega que miembros de la Policía hacen sentir incomodos a los familiares de víctimas, quienes a través de la mesa de diálogo hacen memoria por quienes fueron señalados de “vándalos”, pero que solo eran inocentes, con sueños y familias que siguen clamando justicia.
En contexto: Jaider Fonseca, una víctima más del “9S”
Los representantes de la mesa también denunciaron a El Espectador, de manera anónima, amenazas de muerte. En un mensaje intimidatorio, en el cual se mencionaron varios familiares de víctimas del 9-S, una persona dio a entender que ya tiene identificadas a las personas involucradas en los actos conmemorativos y, además, dejó una sentencia vía mensaje de texto: “ustedes verán si quieren que empiece el juego y con gusto empezamos”. El mensaje data del pasado 3 de agosto.
De acuerdo con los representantes de la mesa UPZ-911, la única intención de las actividades es “empezar a construir memoria colectiva. Acompañar a las víctimas. Empezar a exigir esos muertos como nuestros, como si fueran propios. En este país si usted no estudia o no trabaja, pues es un vago más”. Aseguran que, durante el último año, miembros de la Policía suelen intimidarlos, por, supuestamente, sentirse aludidos en los actos de memoria a favor de los jóvenes asesinados.
Por último, este diario conoció la denuncia pública de la familia de Cristian Hernández, otro de los jóvenes asesinados la noche del 9-S en Verbenal. Su caso es distinto al de Angie Baquero y Jaider Fonseca, pues es el único en el cual no hay un solo avance de la justicia. De hecho, según cuenta la familia Hernández, han cambiado de fiscal en total cinco veces durante un año. Lo último que se sabe es que pasó de la Unidad de Vida a una seccional especializada. La noche del 9-S, Cristian Hernández trabajaba como mensajero. El perpetrador de su crimen dejó huérfanos a dos niños.
“Casi 12 meses seguimos sufriendo la negligencia de que no hay justicia por parte de la Fiscalía. Siempre hay un cambio de fiscal, nunca hay una respuesta, no queremos que sea uno de los casos que quede archivado. Hay varios videos que confirman que hubo más personas implicadas, no solo el gatillero”, le explicó la familia Hernández a El Espectador. Aseguran que hace unas semanas un emisario de la Justicia Penal Militar intentó encontrarse con un miembro de la casa, invitación que rechazaron.
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Este diario se comunicó con la Policía Metropolitana de Bogotá, la cual aseguró que ya se abrieron investigaciones para conocer sobre las supuestas intimidaciones denunciadas por las familias de las víctimas del 9-S. El Espectador pudo constatar que las personas entrevistadas no sienten confianza en la institución, pues aparentemente miembros de la misma están implicados en las muertes de la noche de protesta. Todos los denunciantes coinciden en que las disonancias con la Policía son frecuentes. Tendrían cómo probar una presunta extralimitación de funciones, material que presentaran ante las autoridades. Dejaron constancia de una “chocolatada” en Verbenal, en la cual un Policía apagó el fuego con el cual se pretendía calentar alimentos para habitantes de calle.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.