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La Asociación Red de defensores y defensoras de derecho humanos (dh Colombia), le presentó una petición al fiscal general, Francisco Barbosa, para que adelante una imputación contra dos altos mandos de la Policía. Piden que sean vinculados formalmente a una investigación penal por su presunta responsabilidad como comandantes de un CAI y una estación de Policía durante el 9 de septiembre de 2020, cuando agentes de la institución lesionaron a varias víctimas al dispararles con sus armas de dotación.
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La petición va dirigida a imputar a los uniformados Reinero Alberto Cuartas, quien servía como comandante del CAI Verbenal, y Roberto Carlos Sánchez, quien fungió como comandante de la Estación de Policía de Usaquén. La organización y otros civiles pidieron que se les imputara al teniente y al coronel por su presunta responsabilidad como comandantes, dadas las lesiones de varios civiles por parte de uniformados que se encontraban bajo su comando.
Los policías a su cargo dispararon contra la multitud que protestaba por la muerte de Javier Ordóñez durante manifestaciones del paro nacional del 2020. En estos hechos resultaron gravemente heridos Manuel Antonio Fernández, Farlet Garzón Marín, Jorge Iván Castellanos Cortés, Michael Duvan Sánchez, Edison Ferney Peralta, Robert Hernando Valencia Conto y Henry Leonard Valencia Conto, según documentó dh Colombia.
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Las manifestaciones tuvieron su origen en el repudio ciudadano por la muerte de Ordóñez, ocurrida después de ser golpeado en el barrio Villa Luz de Bogotá el 8 de septiembre de 2020. El caso recibió atención nacional debido a la tortura a la que fue sometido por varios patrulleros que lo electrocutaron con pistolas taser y, posteriormente, lo golpearon al interior del CAI de la Policía de este barrio de la localidad de Engativá.
Frente a estos hechos, la ciudadanía salió a manifestarse frente a los CAI y estaciones de Policía. “Es así como en el CAI Verbenal en la localidad de Usaquén, CAI Aures, La Gaitana y Suba Rincón, en la localidad de Suba, CAIs en la localidad de Kennedy, CAIs en la localidad de Ciudad Bolívar y CAIs en la localidad de Usme se concentraron personas a su alrededor a hacer lo que inició como un cacerolazo, resultando horas después en una masacre policial contra los jóvenes”, aseguró dh Colombia en su petición.
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“En el caso concreto, la imputación en contra de Roberto Carlos Sánchez y Alberto Cuartas tiene lugar por su participación en los delitos de tentativa de homicidio en contra de las víctimas que resultaron gravemente heridos al ser impactados por proyectiles de arma de fuego de agentes de la Policía Nacional el día 9 de septiembre de 2020 en el Barrio Verbenal en cercanía al CAI del Verbenal en el marco de manifestaciones públicas”, aseguraron los defensores de derechos humanos.
Sobre el caso del coronel Roberto Carlos Sánchez, los defensores afirmaron que en su condición de comandante dio órdenes directas a los uniformados bajo su mando, que terminaron causando heridas a las víctimas. Esto, basados en que durante el operativo del 9 de septiembre de 2020, el coronel habría dado la orden de que se quitaron los chalecos donde estaba su identificación para evitar ser individualizados. Los policías posteriormente habrían disparado contra los civiles.
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En el caso del teniente Reinero Alberto Cuartas Jiménez, mientras servía como comandante del CAI de Verbenal, estuvo presente durante todo el operativo que buscaba establecer el orden en el lugar donde posteriormente fueron heridos de gravedad varios ciudadanos que se encontraban manifestándose. Por estos hechos, los defensores de derechos humanos pidieron que se les imputara por la coautoría del delito de tentativa de homicidio. Para esto, usaron el material probatorio entregado por las víctimas a través de entrevistas, además de los testimonios de los uniformados.
“A través de las anteriores evidencias físicas, se logra inferir la participación de Roberto Carlos Sánchez y Alberto Cuartas en los hechos criminales del 9 de septiembre de 2020 en el barrio Verbenal, solicitamos que sean estudiados por la Fiscalía, cumpliendo el plazo razonable para el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones de derechos humanos que ordena la CIDH”, concluyeron en la petición.
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