El 13 de abril pasado se registraron por lo menos cuatro enfrentamientos en las comunas 7 y 12 del distrito de Buenaventura, las zonas donde se concentran las disputas territoriales entre las bandas criminales los Shottas y los Espartanos. Ambas, hasta hace dos semanas, cumplían un cese al fuego pactado con el Gobierno. En octubre de 2022 el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, bautizó a Buenaventura como el laboratorio de la “paz total” entre las bandas urbanas que esperan someterse a la justicia. Sin embargo, la realidad es otra.
Ese mismo jueves, cuando sonaron los primeros disparos en el barrio Miraflores de ese municipio, los profesores de una de las instituciones educativas les pidieron a todos los niños que se tiraran al piso. La mayoría de ellos ya sabían qué hacer. No era la primera vez que los colegios en el municipio suspendían las clases por enfrentamientos entre las dos bandas, aunque no ocurrían desde hace por lo menos siete meses. En 2021, en ese mismo sector, a un niño de 12 años lo alcanzó una bala perdida en su brazo cuando estaba en un club de lectura. Su familia salió desplazada porque no aguantaba la violencia.
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No obstante, según la ciudadanía, el pacto se rompió a comienzos de este mes, y eso se evidenciaría en la desaparición de Super Boy y de Burro, dos delegados de los Shottas en las negociaciones con el Gobierno. Monseñor Rubén Darío Jaramillo aseguró que tiene información que confirma que fueron asesinados y enterrados, y las autoridades están buscando los cuerpos.
Desde el 4 de abril comenzaron las denuncias ciudadanas que advertían que a Buenaventura volvieron los homicidios y se agudizaron las desapariciones, las extorsiones y el reclutamiento. Las mismas bandas lo confirmaron a través de comunicados que se difunden por Whatsapp en toda la ciudad y en las que se acusan de la nueva ola de violencia en la ciudad. Por esos días cayó una bala perdida en el banco de alimentos de la Arquidiócesis que dejó, por fortuna, apenas una gotera.
Según Dennis Huffington, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el Pacífico, la tregua entre ambas bandas incrementó el control territorial, sobre todo en la Comuna 12, la más grande del distrito. “La tregua sí bajó los índices de la violencia más bélica, como son los homicidios, pero las bandas aprovecharon ese cese para aumentar su presencia territorial y entrar a otros barrios que no eran de su control”.
La disputa en esa comuna ocurre, según él, porque esa zona ha sido históricamente la trinchera de los Shottas. La Comuna 12 está conformada por 25 barrios en los que hay control de Shottas, Espartanos y de la banda los Roberts o los Chiquillos. Esta última es un grupo residual de lo que fue La Empresa, otra estructura criminal que hasta hace seis años era uno de los actores con más hombres en armas, unos 2.000, que se enfrentaban a La Local, otra organización criminal de la misma dimensión que, en 2015, se fraccionó y dejó como resultado, justamente, a las dos bandas que suman más de 3.000 armados.
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Huffington señaló que uno de los quiebres de la tregua es que en los últimos meses de cese al fuego “los Espartanos lograron avanzar hasta ciertas zonas de la Comuna 12, en las que antes no tenían presencia. Entonces los Shottas están intentando recuperar sus barrios”. Leonard Rentería, un líder juvenil de la ciudad, aseguró que las primeras denuncias de enfrentamientos provenían justamente de allá y dijo que, desde el 9 de abril, están ocurriendo toques de queda impuestos por los ilegales. También habló de casos de reclutamiento y utilización de menores, entre los 10 y 16 años, para movilizar armas o hacer de “campaneros”, como se les dice a quienes hacen inteligencia en las calles, pero no hay registros que permitan dimensionar el delito.
El conflicto se ha extendido también a la Comuna 7, una zona de Buenaventura en la que se ubican ocho barrios que colindan con los esteros, que son las pequeñas salidas al mar. Marleny*, una lideresa de esa área, afirmó que la razón por la que se disputan su comuna es porque la salida a los esteros facilita el negocio del microtráfico. Uno de los puntos más álgidos es una calle llamada El Caguán, ubicada en el barrio Buenos Aires 2. Su nombre no es fortuito. En esa cuadra se concentra una de las fronteras invisibles más complejas de Buenaventura que está demarcada por un puente: de un lado, zona Shotta y del otro, zona Espartana.
“Pasar ese puente ahora es como decirles que uno está de un bando o de otro”, dijo Marleny, quien aseguró que desde septiembre del año pasado por su calle no pasa ni el camión de la basura, porque no tienen autorización de las bandas para estar en ambos lados de la frontera. “Cuando comenzó la tregua el año pasado llegaron 30 tipos de los Espartanos a ocupar la calle y cerraron la vía de acceso con piedras y palos para dificultar el paso. ¿Eso es voluntad de paz?”, se preguntó.
El 14 de abril pasado, mientras monseñor Jaramillo hablaba en un conversatorio sobre la “paz total” en Buenaventura desde el centro de esa ciudad, en la Comuna 7 sonaba la tercera balacera. En ese evento monseñor aseguró que ninguna de las bandas ha manifestado querer romper el pacto de cese al fuego y tampoco lo han comunicado oficialmente al Gobierno. “Si se rompiera, los muertos diarios podrían ser más de 10. Esto puede ser una guerra”. Sin embargo, en la práctica, la tregua ya no existe.
En todo caso, monseñor planteó tres razones por las que cree que se ha generado la crisis en el proceso. “Lo principal es que se ha dilatado mucho la construcción de la Ley de Sometimiento. Cuando comenzamos con la tregua, pensamos que ese iba a ser un asunto a corto plazo y eso ha desestimulado a los cabecillas de las bandas que están en las cárceles, porque no ven la ley avanzar”. De hecho, mencionó que una de las dificultades que han tenido para los acercamientos con los cabecillas máximos es que están distribuidos en al menos cuatro cárceles del país y habían pedido que fueran trasladados a la misma prisión para centrar los diálogos.
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También dijo que las disputas son, esencialmente, económicas y por control de rentas ilegales, pero que al igual hay heridas viejas que, por la dilación del Gobierno, pueden estar saliendo a flote. Y la tercera razón es que hay una reacomodación de las bandas, además de algunas alianzas con un tercer grupo, los Roberts o los Chiquillos, que se habrían unido a los Espartanos para poder entrar a la negociación con el Gobierno. Monseñor aseveró que los acercamientos han sido con esas tres bandas.
Una de las principales preocupaciones de esta fractura en el cese es que a la zona urbana vuelvan a entrar grupos armados con más pie de fuerza, como el Clan del Golfo o el ELN. Dennis Huffington contó que, desde Pares, creen que podría estarse conformando una alianza. “El Clan del Golfo está acostumbrado a subcontratar otras estructuras urbanas para fortalecerlas económica y territorialmente. De ser así, creemos que la alianza sería con los Shottas”. Una de las razones, según Pares, obedecería a que esa banda estuvo en enfrentamientos con el ELN en 2022 por control territorial en zona rural.
Las comunas del distrito donde se disputan territorio las bandas
Mapa elaborado con información de Dennis Huffington - Investigador de Pares Pacífico.
De las 12 comunas que componen el distrito, seis tienen presencia de dos o de las tres bandas criminales. Las comunas 6, 7, 8, 10, 11 y 12 tienen fronteras invisibles que dividen el control territorial. El grupo Los Roberts o Los Chiquillos, la estructura más pequeña, tiene presencia apenas en las comunas 10 y 12, especialmente en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde estaría ubicado su centro de operaciones.
Otra de las denuncias que preocupan a la comunidad la hizo una lideresa, que pidió protección de su identidad por seguridad, y que dijo que en la comuna 7 han ocurrido 30 desapariciones de niñas en lo que va del año, según registros de una de las organizaciones sociales que trabaja en prevención de reclutamiento de menores de edad. “Eran 35 casos, pero supimos que la Arquidiócesis rescató a cinco de ellas. Hay 30 que no aparecen y sus familias no quieren hacer denuncias formales por miedo a represalias”.
Aunque consultamos al alcalde Víctor Hugo Vidal sobre la situación de orden público en Buenaventura, su oficina de prensa afirmó que no ha dado declaraciones sobre el tema por otras ocupaciones en su agenda. El comandante de Policía del distrito, Édgar Andrés Correa Tobón, dijo que todavía no han consolidado los registros de homicidios de abril, pero asegura que ocurrieron dos en marzo. “Todos los delitos están a la baja desde el año pasado”.
Sobre las extorsiones, que es uno de los delitos que no cesaron, porque no estaba planteado en la tregua, la Policía ha recibido cuatro denuncias en todo el año, aunque la ciudadanía señaló que el “IVA” que cobran las bandas es constante para todos los emprendedores y comerciantes. Una mujer de 38 años, que administraba dos tiendas de abarrotes en la ciudad, aseveró que han llegado a cobrar hasta $6 millones mensualmente. “Mucha gente opta por irse de acá o dedicarse a otra cosa, porque no hay bolsillo que aguante”, mencionó.
Por ahora la administración municipal consolidó una mesa de paz para apoyar los acercamientos con el Gobierno y sumar a más entidades al proceso. Aunque no hay una confirmación oficial de la ruptura del cese al fuego, la población civil ya no cree en la tregua, y el laboratorio de paz, anunciado por Danilo Rueda, está en crisis. Entretanto, los ciudadanos se protegen tomando medidas extremas de autocuidado. “¿Te vas pa tu casa? Ya van a ser las seis. Si no te vas ya mismo es mejor que te quedés”, le dice Leonard Rentería a uno de sus amigos, desde el barrio 14 de Julio. “Voy a la panadería”, le contestó. “Vos allá no vas ni loco a esta hora. Si te vas podés no volver”.
