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La nueva directora de la Unidad para las Víctimas, la abogada y lideresa social Patricia Tobón, dio a conocer un panorama desolador en cuanto al estado de la entidad de gobierno que tiene, quizás, una de las tareas más titánicas para superar el conflicto armado: reparar a las más de siete millones de víctimas acreditadas. Luego de realizar una investigación interna, encontró que los rezagos son tales, que la tarea podría tardar más de un siglo y, además, múltiples irregularidades con el Fondo para la Reparación a las Víctimas.
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Tobón aseguró que, en 14 años de la implementación de la política pública, se han destinado hasta $9 billones. Sin embargo, de las 9′361.995 víctimas registradas históricamente, de las cuales más de 7´000.000 son sujetos de atención, solo han sido reparadas alrededor de 1′000.000. Asimismo, de los 800 sujetos de reparación colectiva, como comunidades indígenas o grupos particulares victimizados, solo 56 han recibido atención del Estado por medio de la Unidad.
La directora Patricia Tobón señaló que la principal preocupación está en el Fondo para la Reparación a las Víctimas, que recibe, principalmente, los bienes incautados a los paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz desde 2005. Por medio de esos recursos se indemniza a personas agredidas por los distintos bloques a nivel nacional. En el manejo y administración de los bienes por los gobiernos anteriores, según Tobón, se habrían presentado serias irregularidades.
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“Encontramos que el valor de los cánones de arrendamiento en algunos casos es demasiado bajos. Encontramos bienes que están arrendados en $4.437 pesos. Otros están en $103.000 pesos, que están en custodia de la Unidad y que son monetizados para las víctimas. También existe ausencia de contratos de arrendamiento en algunos bienes ocupados. Esto dificulta verificar el valor que se recibe por el bien e identificar las condiciones del arrendamiento”, señaló Tobón.
A su turno, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idarraga Franco, señaló que el ciudadano Gustavo Adolfo Quevedo Casfranco “venía recibiendo los cánones de arrendamiento de manera personal”. Entre otras irregularidades, se encontró que el Fondo, al parecer, no analiza los perfiles y antecedentes judiciales de quienes toman en arrendamiento bienes para reparar víctimas. Y, entre los hallazgos más graves, que la entidad utilizaría un sistema arcaico (Excel) para la sinterización de la información, aun cuando en 2020 adquirió por contrato un software especializado para ello.
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Idarraga Franco, aparte, mencionó que existiría presunto nepotismo dentro del Fondo de Reparación, dado que permanecen hasta 13 grupos familiares trabajando dentro de la entidad. Varias redes conformadas por más de 40 personas. Con esos hallazgos, tanto la Unidad de Víctimas como la Secretaría de Transparencia aseguraron haber puesto la información en conocimiento de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, para que inicien indagaciones respectivas con miras a sanciones disciplinarias o apertura de procesos penales.
La directora Tobón se comprometió a cuidar los recursos para las víctimas y adelantar una auditoria interna para determinar con precisión todas las irregularidades con las que recibió la Unidad para las Víctimas. Además, atender la mayor cantidad de personas durante los siguientes cuatro años. “A la corrupción le interesa que los datos no sean claros. Esa cultura hay que erradicarla de las instituciones. Tenemos 2.346 bienes, de los cuales 932 tienen ocupaciones irregulares. Al paso que vamos se requerirían más de 60 años para reparar a las víctimas”, concluyó Tobón.
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