Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El exsenador Antonio Correa Jiménez, al parecer, hizo lobby en Coldeportes para que le asignaran un cupo indicativo de $5.000 millones al municipio de El Peñón, en Bolívar. Este tipo de recursos, que pueden gestionar los congresistas, están pensados para la inversión y el desarrollo regional. Sin embargo, Correa se habría aprovechado de su cargo sacar una tajada, según concluyó la Corte Suprema de Justicia en un documento en el que le abre una investigación formal por los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos.
(Lea también: Corte Suprema no investigará al senador John Besaile por lío de junta comunal)
Lo primero que deberá hacer Correa es darle explicaciones a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que lo citó a indagatoria. Según la decisión que lo vinculó a una investigación formal, el excongresista “sabía de antemano que ‘vendería’ el cupo indicativo a terceros”. Los hechos se remontan a 2017, cuando Correa estaba en el Congreso. Al parecer, una vez Coldeportes le aprobó el cupo indicativo, el exsenador de Opción Ciudadana lo ofreció a varios contratistas de la región.
Supuestamente, quien quisiera la construcción de infraestructura deportiva en El Peñón tendría que pagarle al congresista el 12% del valor del contrato. Y encontró clientes. Luego de reuniones con autoridades locales y contratistas, El Peñón adjudicó un contrato de $3.941 millones con el dinero del cupo indicativo. Si bien el contrato lo hizo el municipio, la Corte Suprema es clara: “fue el legislador imputado quien hizo el contacto inicial en Coldeportes ante sus directivas, para situar parcialmente una partida destinada a la inversión y el desarrollo regional, a favor del municipio de El Peñón”.
(Le puede interesar: Corte Suprema no investigará a senador Lidio García por parapolítica)
A cambio, al parecer, el exsenador de Opción Ciudadana recibió tres pagos: uno por $180 millones, otro por $35 millones y uno más por $100 millones. “Es evidente que en el presente asunto la exigencia de dinero que habría realizado el exsenador Correa Jiménez pervierte e instrumentaliza la figura del cupo indicativo, con el propósito de convertirla en fuente de provecho económico para sí mismo”, reprochó la Corte Suprema en la decisión, que tuvo como ponente al magistrado de la Sala de Instrucción Francisco Farfán.
Una vez lograron su cometido, quedó dinero disponible del cupo indicativo. Según testigos, entonces, Antonio Correa buscó nuevos clientes y aterrizó en otro municipio del Caribe: Lorica. Allí, supuestamente, con la misma estrategia, logró que se firmaran contratos para la construcción de canchas en los corregimientos de Morales, Tierralta y La Doctrina. El valor del contrato era de $1.566 millones y, al parecer, al excongresista le pagaron $80 millones por el torcido, dice el expediente.
(Lea también: Corte Suprema abre investigación contra senador John Besaile por daño ambiental)
La principal testigo en contra del exsenador Antonio Correa era su asistente en el Congreso y fue quien atendía a reuniones y tomaba recados a nombre del legislador. Ella ya aceptó su participación en los hechos y se comprometió a colaborar con la Fiscalía. El ente investigador envió a la Sala de Instrucción copia de sus declaraciones y ese fue el punto de partida para esta investigación. Ahora Correa tendrá que rendir su versión, que se sumará a las de una decena de testigos que citó la Corte Suprema a declarar sobre lo que saben de este cupo indicativo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.