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Ronald Llamas Bustos, curador primero de Cartagena (Bolívar), fue llamado a juicio por las supuestas irregularidades en la construcción del edificio Aquarela, en cercanías del Castillo San Felipe. Junto a él también fueron llamados a juicio el representante legal de la promotora Calle 47, Lucas Tamayo Giraldo, y el arquitecto Claudio Restrepo Gutiérrez.
Ronald Llamas Bustos es investigado por los delitos de prevaricato por acción y urbanización ilegal, el mismo cargo por el que son investigados Lucas Tamayo Giraldo y Claudio Restrepo Gutiérrez. A estas dos personas, la Fiscalía también los investiga por daño en los recursos naturales. La investigación se da en el marco de la investigación por la construcción del proyector multifamiliar de Vivienda de Interés Social (VIS) Aquarela.
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Este proyecto está ubicado en el barrio Torices, a pocos metros del Castillo de San Felipe, incluido desde 1984 por la Unesco en de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Según la Fiscalía, el curador otorgó las resoluciones de construcción aun sabiendo que esto va en contravía a las normas legales. En este caso, Llamas Bustos habría autorizado la construcción del proyecto en una zona no permitida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena.
Igualmente, se le cuestiona el haber concedió el permiso para construir más de cuatro pisos cuando la ley precisa que esto no está permitido por ser una zona de periferia histórica ambiental protegida, parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad. El curador, al parecer, también omitió el visto bueno del Consejo Nacional de Monumentos y pasó este requisito por alto.
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Por su parte, Tamayo Giraldo y Restrepo Gutiérrez, supuestamente, no acudieron al Consejo Nacional de Monumentos, desconocimiento de las normas por causar daño a los recursos naturales, al paisaje, a la fauna, al suelo y a los recursos, dado a los múltiples efectos generados por la cantidad de apartamentos que se construirían. En junio del 2018, el juez noveno de garantías de Cartagena dejó en libertad a estas tres personas.
En este caso, el procurador general, Fernando Carillo, dijo que la única solución ante las irregularidades en la construcción del edificio es su demolición. La construcción del proyecto fue suspendida en abril de 2018. De acuerdo con el Tribunal Administrativo de Bolívar, el curador no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construiría el proyecto, así como el uso y tratamiento que tendría el predio dentro del POT.
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De igual forma, para julio del año pasado, la Unesco también expuso su preocupación ante la construcción del edifico y recomendó a las autoridades colombianas que el proyecto inmobiliario fuera demolido.