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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo y el secretario de infraestructura, Jairo Alberto Gomez, por presuntamente aprobar y ejecutar un proyecto de mitigación de daños causados por una emergencia invernal con varias irregularidades. El proyecto buscaba prevenir los daños ocasionados por el desbordamiento de la quebrada La Perdiz y fue pagado con el Sistema general de Regalías por un valor de $14.133 millones.
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Según información entregada por el Ministerio Público, los problemas habrían comenzado desde la etapa previa a la firma del contrato, cuando se estaban estudiando los diseños para la aprobación de un muro de contención de la quebrada La Perdiz, el cual era necesario para encausar la quebrada, una prioridad en ese momento para mitigar de manera rápida los riesgos de nuevas inundaciones. En él no se habría tenido en cuenta el terreno en el cual se realizaría la obra, lo que los llevaría a cambiar la cimentación del muro, causando demoras causaron demoras y modificaciones en el presupuesto.
Lo más grave es que, por cuenta de estos cambios, según la Procuraduría, es que la obra se entregó y fue recibida por la Gobernación, pero estaba incompleta. No solo no se terminó de construir el muro de contención inicialmente planteado en el proyecto, sino que fue reemplazado en un tramo por una estructura de tierra apisonada que no cumple por completo su objetivo, ya que no ofrece la solidez necesaria para contener las aguas, expone el Ministerio Público.
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Los cargos a los que responderán estos funcionarios públicos están vinculados a la falla en el deber, aprobando un proyecto de inversión sin los requisitos técnicos adecuados. En él se habrían desconocido los principios de eficiencia económica y celeridad de la función administrativa, además no vigilaron de manera rigurosa la construcción de la obra para evitar este tipo de errores.
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