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Mientras el zar de la contratación Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en la alcaldía de Samuel Moreno, da de qué hablar por su posible responsabilidad en el escándalo de Mintic, otro expediente relacionado a esa administración de Bogotá vuelve a moverse. El exsenador Efraín Torrado fue acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, por supuestas irregularidades en 21 contratos de alimentos ante la Secretaría de Integración Social de Bogotá, entre 2008 y 2011.
En contexto: Corte Suprema llama a indagatoria al exsenador Efraín Torrado por contratos irregulares
Según explicó la Corte Suprema, Torrado sería responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, tras investigar 21 acuerdos que fueron entregados al Grupo Torrado -conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista- para el suministro de la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá. Se tendría probado que la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró en exclusiva esos contratos con el grupo empresarial, a través de la familia y terceros cercanos a Torrado.
“Los medios de prueba valorados apuntan a demostrar que para que las empresas de su grupo familiar lograran la adjudicación de los contratos, Torrado habría desplegado toda clase de acciones e influencias indebidas ante la Secretaría de Integración Social del Distrito, a través de un contratista y un exsenador relacionados también con ese ‘Carrusel de Contratos’”, agregó la Corte Suprema.
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La Sala de Instrucción señaló que, a cambio de recibir los acuerdos del Distrito, Torrado habría pactado el pago de comisiones por altas sumas de dinero. En la época que Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá, el grupo del exsenador incrementó el número de contratos recibidos. Se cree que recibieron sumas superiores a los $110.000 millones. Las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social al Grupo Torrado incrementó en un 350% en relación con la administración anterior.
“En la decisión, la Sala de Instrucción señala que el acusado pudo usar su calidad de senador de la República y su amistad con un congresista también involucrado en esas acciones, para conseguir que se aumentara la entrega de convenios a las empresas del ‘Grupo Torrado’, afectando la imparcialidad y transparencia que debe regir en la contratación pública”, concluyó la Corte Suprema de Justicia.
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El exsenador Torrado rindió indagatoria ante la Corte Suprema en 2019. El Espectador revelo en noviembre de 2013 los detalles de una supuesta red de cooperativas que presuntamente patrocinaron Efraín Torrado y su hermano, el exconcejal de Bogotá Édgar Torrado, para apropiarse entre 2008 y 2009 de más del 30% de los contratos adjudicados por la Secretaría de Integración Social. Uno de los testigos del proceso, cuya identidad protegió este diario, señaló que los Torrado “eran como los Nule, pero con contratos de alimentos”.
Los Nule fueron algunos de los contratistas que negociaron coimas, con la ayuda de Emilio Tapia, para adjudicarse la Fase III de Transmilenio durante la alcaldía de Samuel Moreno. En el caso del Grupo Torrado, el testigo explicó que “ellos contrataban en todo el país, con entidades tan grandes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De todos los negocios que hicieron en la época de Samuel Moreno, siempre tuvieron que pagar un 6% de comisión. En algunos contratos era del 8%. Y aunque recibieron más de $220.000 millones, terminaron quebrados porque la comisión exigida no daba utilidades”.
Entre tanto, Emilio Tapia está imputado por supuestamente gestionar garantías bancarias falsas para que la Unión Temporal Centro Poblados se adjudicara un billonario contrato con el Ministerio de las Tecnologías y de la Información, para llevar internet a 7.000 centros rurales del país. La Fiscalía cree que Tapia estuvo tras la gestión de la garantía falsa, junto con el representante legal de Centros Poblados Luis Fernando Duque, por la cual la promesa de conectividad permanece olvidada para los sectores que más necesitan presencia estatal.
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