Por presuntamente adjudicar un contrato a una empres en la que es miembro de la junta directiva, María Mercedes Perry, exliquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), fue acusada por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La exliquidadora habría entregado un contrato de 1.200 millones de pesos a la empresa Almagrario S.A. El contrato adjudicado tenía como función almacenar vehículos y aeronaves para la DNE.
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Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la exliquidadora trabajó en este cargo desde el 2011 hasta el 2014. Durante esos años, Perry le otorgó poder a Edith Garzón para que expidiera el acto administrativo donde se sugirió contratar directamente con Almagrario S.A. El poder entregado a Garzón se expidió en enero del 2012. Cinco días después fue firmado el contrato interadministrativo entre Almagrario y el DNE.
La Fiscalía señaló que la acusada “figuraba en la junta directiva principal de dicha sociedad, es decir, antes y después de la suscripción del contrato (...) usted aún figuraba como miembro de la junta directiva y al mismo tiempo era la liquidadora de la dirección nacional de estupefacientes, este hecho configura una incompatibilidad para contratar con dicha sociedad de conformidad con el régimen constitucional y legal de inhabilidades e incompatibilidades”.
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Esta acusación también señala que Perry trató de evadir esta incompatibilidad al entregarle ese poder a Edith Garzón días antes de que se celebrara el contrato. Esto, porque en el poder se dejaba constancia que las funciones de la apoderada se ejercían conforme a las direcciones de la liquidadora, en este caso sería Perry.
La “liquidadora estrella”, como se le conoce a Perry, ganó reconocimiento luego de ser la encargada de la liquidación de la empresa pirámide DMG. Después de este proceso, Perry demandó al estado por casi 50.000 millones de pesos. Esto debido a dos predios que argumentaba que le debían ser entregados. La decisión de entregar estas tierras a Perry fue reversada por la Superintendencia del Notariado, y por esto buscaba la indemnización.
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Entre las pruebas recogidas por la Fiscalía para formular la acusación se encuentran más de diez documentos y siete testimonios que señalan a la liquidadora de haber cometido el delito de violaciones del régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades. Por este delito, según el código penal, podría pagar “de 64 a 216 meses de prisión, una multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”.
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