“A la justicia le ha faltado valor para investigar a Uribe”: Rubén Darío Pinilla

Hace dos meses, Rubén Darío Pinilla colgó la toga y dejó de ser magistrado de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín para dedicarse a labores que durante casi 23 años no tuvo el tiempo: tardes en familia o las reflexiones que el mismo trabajo no da tregua concebir. Cuando presentó su renuncia, el pasado 27 de junio, expresó que prescindía de su misión como juez porque esta se había ido “desvaneciendo progresivamente”. En entrevista con El Espectador, y después del fallido intento por hacer parte de la JEP, Pinilla habla por primera vez de lo que fue su trabajo, de su solicitud de investigar al senador Álvaro Uribe y de las enseñanzas que le dejó un puesto que ocupó más de seis años.

Usted duró poco más de seis años como magistrado de Justicia y Paz. ¿Qué evaluación hace de ese sistema de justicia transicional?

El país ha juzgado Justicia y Paz por el número de sentencias, como si se tratara de la justicia ordinaria, y me parece que esa visión es equivocada. Lo importante no era cuántas sentencias, sino cuánta verdad, cuánta reparación y cuántas garantías de no repetición (se produjeron). Creo que el proceso, no sin altibajos, contribuyó a develar el origen, factores y expansión del paramilitarismo a nivel nacional. Pero también ayudó a reconocer a las víctimas y recuperar su dignidad. Muchas comunidades y territorios dejaron de ser señalados y estigmatizados, y lograron ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. Los procesos, actos e incidentes de reparación que realizamos ayudaron a darles ese lugar a las víctimas, por el que venían luchando desde hace tiempo y que el país les debía. La Comuna 13 de Medellín, el corregimiento El Aro, en Ituango, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son algunos ejemplos.

Pero, a pesar de esos resultados, el país todavía sigue azotado por la violencia.

Colombia se sensibilizó frente a fenómenos como el desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y otras graves violaciones con que habíamos convivido largamente en silencio. Pero hay que reconocer que esos resultados fueron dispares y están lejos de ser uniformes. El desmonte de los paramilitares no se logró plenamente y surgieron los Paisas, las Águilas Negras, los Urabeños y lo que hoy conocemos como clan del Golfo. Los miembros de la Fuerza Pública e industriales, comerciantes, ganaderos y empresarios que promovieron, organizaron y financiaron estos grupos todavía no han sido investigados. Los procesos todavía enfrentan muchas dificultades, como los patrones de criminalidad, la lentitud de las audiencias, etcétera. Además la reparación se ha concentrado en la indemnización y eso destruye las expectativas de las víctimas. Aún no se le ve un final próximo a un proceso que por naturaleza es transitorio.

Usted dijo que renunciaba porque no se identificaba con ciertas posturas de la Corte Suprema. ¿A qué desacuerdos con la Corte se refería exactamente?

La justicia transicional se levanta sobre cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y no repetición. En todos esos aspectos difería de la orientación que la Sala Penal les daba y quería trazarles a los procesos. Sus decisiones terminaron siendo irreconciliables con la percepción que tenía de la justicia en un escenario de transición. El sentido de las decisiones constituía un obstáculo para la verdad y me dejó la sensación de que no les interesaba la verdad, ni una justicia auténtica y tangible.

¿Cuáles decisiones?

Nos quitaron la posibilidad de excluir o negar pena alternativa a quienes no cumplían con los requisitos para acceder a ella, la facultad de ordenar medidas de satisfacción para las víctimas y nos limitaron a reconocer una indemnización que en la mayoría de los casos era francamente impagable. Las medidas que adoptamos para hacerla pagable y asequible fueron eliminadas. En suma, era una jurisprudencia que no realizaba los fines de la justicia transicional y nos ataba las manos.

¿Cree que la Ley de Justicia y Paz les ha cumplido a las víctimas?

La ley permitió que quienes vivieron en medio del conflicto armado fueran reconocidas como víctimas, a expresarse y a reclamar sus derechos. Justicia y Paz les dio un rostro, pero falta mucho. La restitución de tierras y el retorno de los desplazados todavía enfrentan dificultades, la búsqueda y entrega de los desaparecidos, a pesar de la colaboración de los postulados y el esfuerzo de la Fiscalía.

¿Por qué pidió investigar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en una de sus sentencias?

Fue una decisión meditada y sopesada largamente, incluyendo las consecuencias que podía acarrearme. Pero había graves evidencias que lo vinculaban con los grupos paramilitares. Y mi deber como juez, a pesar de las consecuencias, era investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Después de la decisión encontramos nueva evidencia y de ella expedimos copia a la autoridad competente. Las razones están en las decisiones, pero en su momento acudimos a una frase que acuñó Fidel Cano, director de El Espectador: los romanos también acostumbraban a decir que todos los caminos llevaban a Roma.

Sus decisiones también incluyeron a exfiscales como Viviane Morales y Eberto Rodríguez.

Había evidencia grave de que la Operación Orión se cometió en asocio con los paramilitares, específicamente con el bloque Cacique Nutibara. Se cometieron graves violaciones y de ese vínculo hay un elocuente registro fotográfico en una toma lograda por Jesús Abad Colorado. Los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Gallego Castrillón estuvieron al mando de esa operación y uno de los fiscales de Justicia y Paz había expedido copias para investigarlos desde 2008. Ambos aparecían también en la nómina de la Oficina de Envigado. A pesar de la gravedad de los hechos, al llegar a Justicia y Paz, encontramos que ese proceso se encontraba en investigación previa injustificadamente.

Uribe es considerado un “intocable”. ¿Qué consecuencias le trajo para su vida pedir que lo investigaran?

Nadie es intocable para la justicia, ni puede serlo. La justicia distingue entre las personas según su situación o condición, pero nadie puede ser ajeno a ella. En mi vida cotidiana no ha significado muchos cambios, sigo tranquilo y en paz con mi conciencia. Sin embargo, no puedo negar que esa decisión me valió un grado de reconocimiento como juez y, así como recibí denuestos, improperios e injurias, también han sido muchas las voces de apoyo a través de estos años que me han llenado de satisfacción, porque entiendo que es más un reconocimiento a mi misión como juez. Pero, mirando bien las cosas, en el largo plazo también trajo consecuencias negativas para mi labor, porque todo el trabajo que hicimos antes, especialmente en Justicia y Paz, quedó reducido a las copias que expedimos contra el expresidente Álvaro Uribe.

El expresidente Uribe tiene varias preliminares, pero no se ve que las investigaciones avancen. ¿A qué le atribuye esa falta de acción de la justicia?

Me parece que ha faltado la voluntad, la determinación y el valor para hacerlo. No veo otra explicación.

¿Cuál es su postura frente a las denuncias que hacen las comunidades sobre el resurgimiento de grupos paramilitares?

El desmonte de las estructuras paramilitares no se logró plenamente y de allí surgieron distintas organizaciones. En el Acuerdo de La Habana se acuñó el término de organizaciones herederas o sucesoras del paramilitarismo y están conformadas por personas provenientes de grupos que no se desmovilizaron, o que sí lo hicieron, pero se rearmaron, que aprendieron de esa experiencia y aplican los mismos métodos para ejercer control sobre territorios y utilizar los mismos métodos de financiación ilegales.

¿Qué prevé respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La JEP enfrenta retos y desafíos mayores que los que le tocó afrontar a Justicia y Paz. Mientras ésta se limitó a miembros de grupos paramilitares, este nuevo sistema de justicia no sólo va a juzgar a los miembros de las Farc, sino también a los miembros de la Fuerza Pública, a los servidores públicos, a los empresarios privados y a los particulares que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado. En el plano temporal, debe juzgar conductas cometidas durante los últimos 50 años y no sólo delitos, sino conductas fiscales o disciplinarias; es, pues, un universo inmenso. Espero que el Tribunal y las Salas hallen la manera y sean capaces de encarar y resolver los retos, pero me preocupa que no haya la suficiente experiencia en el juzgamiento.

¿Cuáles son los puntos más débiles de la JEP?

Cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz hubo mucha controversia sobre el régimen legal, pero no se pusieron en tela de juicio las salas ni las unidades de la Fiscalía encargadas de investigar y juzgar las conductas. En el caso de la JEP, la discusión no sólo ha girado sobre el régimen legal, los beneficios y las personas cobijadas por él, sino sobre la conformación y composición del Tribunal y las salas. Eso quiere decir que surge en medio de un debate sobre su legitimidad, su independencia y su imparcialidad, y en medio de una sociedad polarizada, y tiene entonces una tarea por delante. También me parece preocupante el diseño de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas por el altísimo riesgo de congestión que puede enfrentar con seis magistrados de recibir, gestionar y tomar decisiones sobre la información que le envíen los distintos órganos del Estado, las víctimas y los miles de hechos que se van a juzgar en la JEP. Esa es una tarea descomunal.

¿Cree que efectivamente la JEP traerá justicia?

Tiene la oportunidad de contribuir a la reconciliación nacional y a la construcción de la paz, a partir del reconocimiento y el compromiso con la reparación, pero dependerá de su independencia, de su imparcialidad y de la legitimidad que obtenga a partir de sus énfasis y sus decisiones. Es también una oportunidad para pagar la deuda que tiene la justicia con la sociedad y recuperar la credibilidad y confianza. Sin embargo, no deja de preocuparme que en la JEP no encuentren suficientes escenarios y garantías de participación y reparación las víctimas, y que haya garantías para que los hechos no se repitan.

¿Su renuncia de Justicia y Paz tuvo que ver con su postulación para ser magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP?

No, no tuvo nada que ver. Todo lo contrario. Mi familia y unas pocas personas que la conocieron con antelación me dijeron que esa decisión podía perjudicar mi aspiración. Pero la situación ya era insostenible y las convicciones no se negocian, ni se pueden sacrificar o entregar por algún interés o beneficio personal.

¿A qué se refiere?

Tenía redactada mi carta de renuncia desde julio de 2014, cuando la Corte anuló la decisión de excluir a los postulados del bloque Cacique Nutibara y en la cual se ordenó investigar al expresidente Uribe y otros altos funcionarios de la época. Pero el detonante que me llevó a tomar esa determinación –de manera irrevocable– fue la decisión de la Corte de octubre del año pasado al revisar la sentencia que dictamos en el caso del bloque Cacique Nutibara. Si no renuncié en ese momento, es porque tenía pendiente la sentencia del bloque Pacífico y sentía que tenía un compromiso ineludible con las comunidades negras e indígenas de Chocó.

¿Qué decisiones judiciales, en especial, lo han alarmado y por qué?

Varias decisiones que la Sala Penal de la Corte adoptó frente a los autos y las sentencias de fondo que proyecté como magistrado ponente y que fueron aprobadas por mayoría en la Sala de Justicia y Paz de Medellín me inquietaron y causaron preocupación por uno u otro motivo. Y claro, también me generó un interrogante el interés de algunos fiscales en separarnos de ciertos procesos.

¿Se va tranquilo de su cargo como magistrado de Justicia y Paz?

Hice todo lo que estaba a mi alcance, con los recursos y los medios disponibles para develar la verdad y las responsabilidades, aplicar una justicia auténtica y tangible. De ello quedan unas sentencias que reconstruyen el fenómeno del paramilitarismo y aportan a su comprensión y desarticulación, quedan los actos de conmemoración y los incidentes de reparación de las víctimas. Pero es la sociedad la que debe juzgar ese resultado, de mi parte hice todo lo que estaba a mi alcance, con un alto sacrificio personal. Cuando ya no era posible avanzar en el camino de la verdad, justicia y reparación, preferí renunciar. Por eso me voy satisfecho, con mi conciencia tranquila.

Hace dos meses, Rubén Darío Pinilla colgó la toga y dejó de ser magistrado de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín para dedicarse a labores que durante casi 23 años no tuvo el tiempo: tardes en familia o las reflexiones que el mismo trabajo no da tregua concebir. Cuando presentó su renuncia, el pasado 27 de junio, expresó que prescindía de su misión como juez porque esta se había ido “desvaneciendo progresivamente”. En entrevista con El Espectador, y después del fallido intento por hacer parte de la JEP, Pinilla habla por primera vez de lo que fue su trabajo, de su solicitud de investigar al senador Álvaro Uribe y de las enseñanzas que le dejó un puesto que ocupó más de seis años.

Usted duró poco más de seis años como magistrado de Justicia y Paz. ¿Qué evaluación hace de ese sistema de justicia transicional?

El país ha juzgado Justicia y Paz por el número de sentencias, como si se tratara de la justicia ordinaria, y me parece que esa visión es equivocada. Lo importante no era cuántas sentencias, sino cuánta verdad, cuánta reparación y cuántas garantías de no repetición (se produjeron). Creo que el proceso, no sin altibajos, contribuyó a develar el origen, factores y expansión del paramilitarismo a nivel nacional. Pero también ayudó a reconocer a las víctimas y recuperar su dignidad. Muchas comunidades y territorios dejaron de ser señalados y estigmatizados, y lograron ser reconocidas como víctimas del conflicto armado. Los procesos, actos e incidentes de reparación que realizamos ayudaron a darles ese lugar a las víctimas, por el que venían luchando desde hace tiempo y que el país les debía. La Comuna 13 de Medellín, el corregimiento El Aro, en Ituango, y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó son algunos ejemplos.

Pero, a pesar de esos resultados, el país todavía sigue azotado por la violencia.

Colombia se sensibilizó frente a fenómenos como el desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y otras graves violaciones con que habíamos convivido largamente en silencio. Pero hay que reconocer que esos resultados fueron dispares y están lejos de ser uniformes. El desmonte de los paramilitares no se logró plenamente y surgieron los Paisas, las Águilas Negras, los Urabeños y lo que hoy conocemos como clan del Golfo. Los miembros de la Fuerza Pública e industriales, comerciantes, ganaderos y empresarios que promovieron, organizaron y financiaron estos grupos todavía no han sido investigados. Los procesos todavía enfrentan muchas dificultades, como los patrones de criminalidad, la lentitud de las audiencias, etcétera. Además la reparación se ha concentrado en la indemnización y eso destruye las expectativas de las víctimas. Aún no se le ve un final próximo a un proceso que por naturaleza es transitorio.

Usted dijo que renunciaba porque no se identificaba con ciertas posturas de la Corte Suprema. ¿A qué desacuerdos con la Corte se refería exactamente?

La justicia transicional se levanta sobre cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y no repetición. En todos esos aspectos difería de la orientación que la Sala Penal les daba y quería trazarles a los procesos. Sus decisiones terminaron siendo irreconciliables con la percepción que tenía de la justicia en un escenario de transición. El sentido de las decisiones constituía un obstáculo para la verdad y me dejó la sensación de que no les interesaba la verdad, ni una justicia auténtica y tangible.

¿Cuáles decisiones?

Nos quitaron la posibilidad de excluir o negar pena alternativa a quienes no cumplían con los requisitos para acceder a ella, la facultad de ordenar medidas de satisfacción para las víctimas y nos limitaron a reconocer una indemnización que en la mayoría de los casos era francamente impagable. Las medidas que adoptamos para hacerla pagable y asequible fueron eliminadas. En suma, era una jurisprudencia que no realizaba los fines de la justicia transicional y nos ataba las manos.

¿Cree que la Ley de Justicia y Paz les ha cumplido a las víctimas?

La ley permitió que quienes vivieron en medio del conflicto armado fueran reconocidas como víctimas, a expresarse y a reclamar sus derechos. Justicia y Paz les dio un rostro, pero falta mucho. La restitución de tierras y el retorno de los desplazados todavía enfrentan dificultades, la búsqueda y entrega de los desaparecidos, a pesar de la colaboración de los postulados y el esfuerzo de la Fiscalía.

¿Por qué pidió investigar al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez en una de sus sentencias?

Fue una decisión meditada y sopesada largamente, incluyendo las consecuencias que podía acarrearme. Pero había graves evidencias que lo vinculaban con los grupos paramilitares. Y mi deber como juez, a pesar de las consecuencias, era investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Después de la decisión encontramos nueva evidencia y de ella expedimos copia a la autoridad competente. Las razones están en las decisiones, pero en su momento acudimos a una frase que acuñó Fidel Cano, director de El Espectador: los romanos también acostumbraban a decir que todos los caminos llevaban a Roma.

Sus decisiones también incluyeron a exfiscales como Viviane Morales y Eberto Rodríguez.

Había evidencia grave de que la Operación Orión se cometió en asocio con los paramilitares, específicamente con el bloque Cacique Nutibara. Se cometieron graves violaciones y de ese vínculo hay un elocuente registro fotográfico en una toma lograda por Jesús Abad Colorado. Los generales (r) Mario Montoya y Leonardo Gallego Castrillón estuvieron al mando de esa operación y uno de los fiscales de Justicia y Paz había expedido copias para investigarlos desde 2008. Ambos aparecían también en la nómina de la Oficina de Envigado. A pesar de la gravedad de los hechos, al llegar a Justicia y Paz, encontramos que ese proceso se encontraba en investigación previa injustificadamente.

Uribe es considerado un “intocable”. ¿Qué consecuencias le trajo para su vida pedir que lo investigaran?

Nadie es intocable para la justicia, ni puede serlo. La justicia distingue entre las personas según su situación o condición, pero nadie puede ser ajeno a ella. En mi vida cotidiana no ha significado muchos cambios, sigo tranquilo y en paz con mi conciencia. Sin embargo, no puedo negar que esa decisión me valió un grado de reconocimiento como juez y, así como recibí denuestos, improperios e injurias, también han sido muchas las voces de apoyo a través de estos años que me han llenado de satisfacción, porque entiendo que es más un reconocimiento a mi misión como juez. Pero, mirando bien las cosas, en el largo plazo también trajo consecuencias negativas para mi labor, porque todo el trabajo que hicimos antes, especialmente en Justicia y Paz, quedó reducido a las copias que expedimos contra el expresidente Álvaro Uribe.

El expresidente Uribe tiene varias preliminares, pero no se ve que las investigaciones avancen. ¿A qué le atribuye esa falta de acción de la justicia?

Me parece que ha faltado la voluntad, la determinación y el valor para hacerlo. No veo otra explicación.

¿Cuál es su postura frente a las denuncias que hacen las comunidades sobre el resurgimiento de grupos paramilitares?

El desmonte de las estructuras paramilitares no se logró plenamente y de allí surgieron distintas organizaciones. En el Acuerdo de La Habana se acuñó el término de organizaciones herederas o sucesoras del paramilitarismo y están conformadas por personas provenientes de grupos que no se desmovilizaron, o que sí lo hicieron, pero se rearmaron, que aprendieron de esa experiencia y aplican los mismos métodos para ejercer control sobre territorios y utilizar los mismos métodos de financiación ilegales.

¿Qué prevé respecto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

La JEP enfrenta retos y desafíos mayores que los que le tocó afrontar a Justicia y Paz. Mientras ésta se limitó a miembros de grupos paramilitares, este nuevo sistema de justicia no sólo va a juzgar a los miembros de las Farc, sino también a los miembros de la Fuerza Pública, a los servidores públicos, a los empresarios privados y a los particulares que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado. En el plano temporal, debe juzgar conductas cometidas durante los últimos 50 años y no sólo delitos, sino conductas fiscales o disciplinarias; es, pues, un universo inmenso. Espero que el Tribunal y las Salas hallen la manera y sean capaces de encarar y resolver los retos, pero me preocupa que no haya la suficiente experiencia en el juzgamiento.

¿Cuáles son los puntos más débiles de la JEP?

Cuando se expidió la Ley de Justicia y Paz hubo mucha controversia sobre el régimen legal, pero no se pusieron en tela de juicio las salas ni las unidades de la Fiscalía encargadas de investigar y juzgar las conductas. En el caso de la JEP, la discusión no sólo ha girado sobre el régimen legal, los beneficios y las personas cobijadas por él, sino sobre la conformación y composición del Tribunal y las salas. Eso quiere decir que surge en medio de un debate sobre su legitimidad, su independencia y su imparcialidad, y en medio de una sociedad polarizada, y tiene entonces una tarea por delante. También me parece preocupante el diseño de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas por el altísimo riesgo de congestión que puede enfrentar con seis magistrados de recibir, gestionar y tomar decisiones sobre la información que le envíen los distintos órganos del Estado, las víctimas y los miles de hechos que se van a juzgar en la JEP. Esa es una tarea descomunal.

¿Cree que efectivamente la JEP traerá justicia?

Tiene la oportunidad de contribuir a la reconciliación nacional y a la construcción de la paz, a partir del reconocimiento y el compromiso con la reparación, pero dependerá de su independencia, de su imparcialidad y de la legitimidad que obtenga a partir de sus énfasis y sus decisiones. Es también una oportunidad para pagar la deuda que tiene la justicia con la sociedad y recuperar la credibilidad y confianza. Sin embargo, no deja de preocuparme que en la JEP no encuentren suficientes escenarios y garantías de participación y reparación las víctimas, y que haya garantías para que los hechos no se repitan.

¿Su renuncia de Justicia y Paz tuvo que ver con su postulación para ser magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP?

No, no tuvo nada que ver. Todo lo contrario. Mi familia y unas pocas personas que la conocieron con antelación me dijeron que esa decisión podía perjudicar mi aspiración. Pero la situación ya era insostenible y las convicciones no se negocian, ni se pueden sacrificar o entregar por algún interés o beneficio personal.

¿A qué se refiere?

Tenía redactada mi carta de renuncia desde julio de 2014, cuando la Corte anuló la decisión de excluir a los postulados del bloque Cacique Nutibara y en la cual se ordenó investigar al expresidente Uribe y otros altos funcionarios de la época. Pero el detonante que me llevó a tomar esa determinación –de manera irrevocable– fue la decisión de la Corte de octubre del año pasado al revisar la sentencia que dictamos en el caso del bloque Cacique Nutibara. Si no renuncié en ese momento, es porque tenía pendiente la sentencia del bloque Pacífico y sentía que tenía un compromiso ineludible con las comunidades negras e indígenas de Chocó.

¿Qué decisiones judiciales, en especial, lo han alarmado y por qué?

Varias decisiones que la Sala Penal de la Corte adoptó frente a los autos y las sentencias de fondo que proyecté como magistrado ponente y que fueron aprobadas por mayoría en la Sala de Justicia y Paz de Medellín me inquietaron y causaron preocupación por uno u otro motivo. Y claro, también me generó un interrogante el interés de algunos fiscales en separarnos de ciertos procesos.

¿Se va tranquilo de su cargo como magistrado de Justicia y Paz?

Hice todo lo que estaba a mi alcance, con los recursos y los medios disponibles para develar la verdad y las responsabilidades, aplicar una justicia auténtica y tangible. De ello quedan unas sentencias que reconstruyen el fenómeno del paramilitarismo y aportan a su comprensión y desarticulación, quedan los actos de conmemoración y los incidentes de reparación de las víctimas. Pero es la sociedad la que debe juzgar ese resultado, de mi parte hice todo lo que estaba a mi alcance, con un alto sacrificio personal. Cuando ya no era posible avanzar en el camino de la verdad, justicia y reparación, preferí renunciar. Por eso me voy satisfecho, con mi conciencia tranquila.