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El juez 14 de control de garantías aceptó la imputación de cargos establecida por el fiscal antiterrorismo Miguel Olaya en contra de Nicolás Castro, un estudiante de 23 años que creó un grupo en Facebook en contra del hijo del jefe del Gobierno, Jerónimo Uribe.
El representante del ente acusador e investigador sostuvo que las conversaciones que mantenía el imputado con quienes integraban el grupo virtual son suficientes para considerar que sí tuvo la intensión de persuadir a otras personas para que asesinaran al hijo mayor del Presidente. Este miércoles en la noche se le dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.
El fiscal Olaya sustentó su acusación en el inciso segundo del artículo 348 del Código Penal, y de ahí que haya solicitado que el estudiante de Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sea procesado por instigación a delinquir agravada.
Entre tanto, Nicolás Castro se declaró inocente del cargo y precisó cómo los administradores de justicia encontraron razones para vincularlo a un proceso de esta naturaleza, cuando él es sólo un estudiante universitario. "Solamente soy un estudiante. No soy criminal ni terrorista. Entonces, me declaro inocente de los cargos", indicó Castro en el curso de la audiencia que se desarrolla en el Complejo Judicial de Paloquemao.
El joven, detenido en Chía Cundinamarca, lideraba el grupo de la red social de Facebook que había lanzado una serie de amenazas en contra de los Uribe Moreno.
La captura se produjo gracias a un operativo adelantado por unidades de la Dijín, en esa población cundinamarquesa, tras la orden que, en ese sentido, impartió una juez, en respuesta al requerimiento de la Fiscalía.
Luego de que se legalice la captura, el ente acusador e investigador solicitará que el indiciado sea procesado por el delito de instigación para delinquir agravado.
Así mismo, se solicitará que se le dicte medida de aseguramiento consistente en su reclusión en un centro penitenciario, informó la Fiscalía General de la Nación. El joven tendría que pagar una multa superior a los 745 millones de pesos y se expondría a una pena de 15 años de prisión.