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Familiares de desaparecidos en Buenaventura (Valle del Cauca) estuvieron en las últimas semanas en Isla Pájaro, un territorio que ha sido renombrado como Isla Calavera, por su macabra historia. Según algunas versiones, miembros de grupos paramilitares arrojaban y amarraban a este manglar a sus víctimas, cuyos cuerpos podrían permanecer aún allí, en el mar. La visita reciente no fue fortuita, sino que responde a la larga lucha de estas familias, que ya han logrado medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el terreno, y podría ser el inicio de lo que han exigido por años: que el Estado busque a sus seres queridos.
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Al menos 15 organizaciones de derechos humanos y una víctima acudieron a la JEP a pedir protección sobre este lugar ante amenazas, como un proyecto de dragado que podría poner en riesgo los cuerpos. Aunque son optimistas por la visita de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) en Isla Calavera, fuentes que han participado del proceso aclaran: “En este momento no se ha empezado el proceso de búsqueda, solamente se ha hecho el proceso de prospección en una parte específica del estero”. El cuerpo de agua se extiende por 6,5 kilómetros y es uno de los principales canales navegables de la ciudad.
Las mismas organizaciones reconocen que esta labor no es sencilla. “Es la primera vez que se va a buscar en un cuerpo de agua de esta magnitud y con estas características, que tiene unas dinámicas y un comportamiento particular. Es manglar y la marea, hay momentos en que es puja -más fuerte- y en otros quiebra -más suave-”, explicaron. Ahora bien, han pasado nueve meses desde que la JEP les ordenó tomar acciones para comenzar la búsqueda a varias entidades, incluidas la Alcaldía de Buenaventura, Fiscalía, Procuraduría, entre otras. Y, según un reciente auto de la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, poco ha pasado desde entonces.
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Para comenzar, no hay siquiera consenso sobre lo que sucedió en el estero. Según las víctimas, Éver Veloza, alias HH, comandante del bloque Calima de las autodefensas, ha aceptado en Justicia y Paz que los paramilitares bajo su mando arrojaron a sus víctimas en este lugar. Sin embargo, los fiscales que investigan los crímenes de ese bloque paramilitar le dijeron a la JEP: “No se tiene información puntual, ni se han encontrado alusiones directas, ni de familiares de las víctimas, ni de los propios postulados, en el sentido de que en el estero San Antonio pueda actualmente existir bajo el agua o bajo el fango alguna suerte de acopio, depósito o fosa con restos humanos”.
En contraste, la Procuraduría le habló a la JEP sobre un exparamilitar llamado Yesid Pacheco, “persona que ha concurrido (a la Fiscalía) y ha informado el modus operandi y el sitio donde se solía dejar en los esteros marítimos a las víctimas mortales de su accionar”. Y otra fiscal le contestó a la justicia especial que, en efecto, “varios cuerpos fueron hallados por los pobladores en áreas de bajamar y flotando en las aguas del estero San Antonio”. Preocupada por la confusión, la JEP lleva desde diciembre esperando que la Fiscalía le entregue un plan piloto para iniciar la búsqueda.
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La entidad ha contestado, de manera vaga, que está coordinando acciones con el Plan Nacional de Búsqueda, que coordina la UBPD. Esta entidad, que hace investigaciones extrajudiciales y humanitarias, ya ha priorizado su trabajo en esta zona del Pacífico, a través de un Plan Regional que incluye a otros cuatro municipios cercanos (Guapi, López de Micay, Timbiquí y Dagua). Pero la porción de víctimas es muchísimo mayor en la ciudad portuaria: de las 1.136 víctimas de desaparición que hay registradas en estos cinco lugares, 940 corresponden a Buenaventura. De allí que hayan intentado meterle el acelerador, hasta que, por fin, hicieron la primera visita con los familiares.
En ese sentido, fuentes del caso señalaron: “Hemos hecho propuestas, y somos quienes vivimos en el territorio, pero a veces han hecho caso omiso de nuestras sugerencias y también hemos sentado postura de que nuestras voces sean escuchadas”. Esos reclamos tuvieron eco en la JEP al hacerles seguimiento a las medidas cautelares, pues ordenó a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y hasta a la Fiscalía garantizar la participación de las víctimas en todo el proceso.
También fueron escuchados en la misma UBPD. La directora de la entidad, Luz Marina Monzón, dijo que el acuerdo al que han llegado con las comunidades les ha permitido iniciar estas labores de búsqueda en un escenario, de por sí, complejo. Según Monzón, esto ha sido posible “apropiando y aprovechando su experiencia y conocimiento sobre el estero, porque es el estero un escenario de pesca, de espiritualidad, de transporte, que les lleva a tener un conocimiento profundo, no solamente de los cambios que ha tenido este lugar, sino también de las corrientes de las aguas, de los lugares donde se depositaban los cuerpos”.
Una de las consecuencias de la decisión de la JEP fue que el Invías tuvo que reestructurar el proyecto de dragado del estero, puesto en marcha desde 2019. El contrato tuvo todo tipo de incumplimientos y, cuando estaba por reasignarse, la JEP ordenó ajustarlo para tener en cuenta las medidas cautelares. Consultada por este diario, la entidad no respondió qué ha hecho al respecto. Mientras tanto, a las organizaciones que han pedido la búsqueda de los desaparecidos los tildan en Buenaventura de ser “enemigos del progreso”. Por eso mismo, piden empatía: “No estamos en contra del desarrollo, lo que pedimos es que nos permitan buscar”. Solo hasta agotar esa búsqueda se levantarán las medidas. Y tal vez entonces Isla Calavera vuelva a llamarse Isla Pájaro.
*Nota de la editora: En una versión inicial de este artículo se decía que había una mujer familiar de un desaparecido y que había participado de las actividades iniciales de prospección, lo cual es incorrecto.