A Odebrecht y sus socios les salió cara la corrupción en la Ruta del Sol 2

Una multa histórica impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Odebrecht y sus socios en la Ruta del Sol 2: deberán pagar 800.156 millones de pesos por la comisión de actos de corrupción. El fallo de 366 páginas del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano se dio luego de que el procurador general, Fernando Carillo, interpusiera, el 26 de enero de 2017, una acción popular por los actos de corrupción en la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual la firma brasileña es socia junto a Episol –filial de Corficolombiana del Grupo Aval– y CSS Constructores, del ingeniero Carlos Solarte. La decisión suspendió definitivamente el contrato de la Ruta del Sol y la adición de la vía Ocaña-Gamarra, luego de que se estableciera que a través del pago de sobornos se logró la adjudicación de las obras.

La sentencia del Tribunal de Cundinamarca es el reflejo de la indignación que generó entre los colombianos la feria de sobornos que repartió Odebrecht. No solo llevaron a poner en jaque una de las principales obras de infraestructura del país, sino que, en palabras del magistrado Lasso, vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica. Por esa razón, el Tribunal responsabilizó por estos actos de corrupción a las sociedades Odebrecht y Episol, al igual que al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

La multa de 800.000 millones de pesos es ocho veces mayor a la propuesta que hace más de un mes presentó la firma brasileña a las autoridades colombianas a cambio de inmunidad total. La propuesta se centraba en pagar $109.000 millones (US$33 millones) para no tener que asumir su responsabilidad en los procesos penales y administrativos que se adelantaban contra los exdirectivos de Odebrecht. Con argumentos fundamentados, el Estado se negó a ese acuerdo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció el monto a partir de un análisis de los perjuicios provocados, como lo fueron los sobornos pagados, presentar la oferta más costosa en la licitación y obligar al Estado a estructurar un nuevo proyecto.

“Esta cifra equivale a cerca de 260 millones de dólares, monto que supera algo más de 22 veces los 11 millones de dólares que inicialmente ofreció la multinacional, para recibir beneficios en sus procesos penales, disciplinarios y fiscales en Colombia y puedan seguir contratando con el Estado. Este fallo es icónico en la lucha contra la corrupción y demuestra que las sanciones para este fenómeno pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilícitos”, sostuvo el Ministerio Público en un comunicado de prensa en el que celebró la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca.

La deuda tendrá que ser pagada a favor del Ministerio de Transporte, tanto por las empresas como las personas naturales. Como deudor también quedó la empresa CSS Constructores, que participó como socia minoritaria de la Ruta del Sol 2 y que, si bien no conoció de los hechos de corrupción, sí se benefició de ellos, según el fallo. El Tribunal estableció que los dineros recuperados solo se podrán destinar para finalizar la construcción de la Ruta del Sol 2, hoy a cargo del Invías. Asimismo, envió un mensaje de alerta a la ANI para que agilice el proceso de pago a los salarios y seguridad social que se les deben a los trabajadores de la Concesionaria Ruta del Sol.

A pesar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó las medidas cautelares que decretó en el 2017 sobre varios bienes de la Concesionaria Ruta del Sol, dejó en firme los embargos realizados a las empresas y personas naturales implicadas “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos”. Otra de sus órdenes es que, dependiendo de la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Bogotá en el pleito en el que la Concesionaria Ruta del Sol le exigió a la ANI una indemnización por más de 700.000 millones de pesos, el saldo a favor producto de la liquidación del contrato se convierta en un saldo a favor de la deuda.

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es inadmisible que Odebrecht y sus socios puedan seguir contratando con el Estado, por lo que los inhabilitó, al igual que a las personas involucradas, por 10 años, para proponer y celebrar contratos con entidades gubernamentales. Esto implicaría, que Odebrecht no entre a participar en la licitación del metro de Bogotá, proyecto en el que Margalida Smith, directora de Cumplimiento de la multinacional brasileña, dijo que estaban interesados. Pero la duda más grande por esta inhabilidad se centra en el futuro de los proyectos de cuarta generación, o las 4G, obras en las que Episol y CSS Constructores son socios en varias concesiones que tienen un valor de inversión billonario.

Episol, por ejemplo, está presente en proyectos como la vía a Villavicencio -donde se cayó el puente Chirajara-, la vía a Yopal, Pacífico 1 y Mulaló-Loboguerrero. Todos corredores estratégicos para el desarrollo vial del país y que juntos pueden sumar más de 4 billones de pesos en costos. Por su parte, CSS Constructores es otra de las grandes firmas que ganaron licitaciones de las 4G. Si bien, Carlos Solarte no resultó afectado con la decisión y es socio como persona natural en algunas concesiones, sobre sus hombros pesa un proceso penal por el caso Tunjuelo Canoas, el mismo por el que su hija, Paola Solarte, aceptó su responsabilidad.

El fallo histórico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca un precedente. Preocupa el futuro de las 4G y la suerte de billonarios proyectos en los que las sociedades inhabilitadas son socias. Por ahora, la principal inquietud de las autoridades es recuperar la plata perdida. Por esa razón, el Tribunal ordenó crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del cual hará parte el procurador general, el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo. El objetivo es solo uno: salvar la Ruta del Sol 2.

Una multa histórica impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a Odebrecht y sus socios en la Ruta del Sol 2: deberán pagar 800.156 millones de pesos por la comisión de actos de corrupción. El fallo de 366 páginas del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano se dio luego de que el procurador general, Fernando Carillo, interpusiera, el 26 de enero de 2017, una acción popular por los actos de corrupción en la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual la firma brasileña es socia junto a Episol –filial de Corficolombiana del Grupo Aval– y CSS Constructores, del ingeniero Carlos Solarte. La decisión suspendió definitivamente el contrato de la Ruta del Sol y la adición de la vía Ocaña-Gamarra, luego de que se estableciera que a través del pago de sobornos se logró la adjudicación de las obras.

La sentencia del Tribunal de Cundinamarca es el reflejo de la indignación que generó entre los colombianos la feria de sobornos que repartió Odebrecht. No solo llevaron a poner en jaque una de las principales obras de infraestructura del país, sino que, en palabras del magistrado Lasso, vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica. Por esa razón, el Tribunal responsabilizó por estos actos de corrupción a las sociedades Odebrecht y Episol, al igual que al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

La multa de 800.000 millones de pesos es ocho veces mayor a la propuesta que hace más de un mes presentó la firma brasileña a las autoridades colombianas a cambio de inmunidad total. La propuesta se centraba en pagar $109.000 millones (US$33 millones) para no tener que asumir su responsabilidad en los procesos penales y administrativos que se adelantaban contra los exdirectivos de Odebrecht. Con argumentos fundamentados, el Estado se negó a ese acuerdo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estableció el monto a partir de un análisis de los perjuicios provocados, como lo fueron los sobornos pagados, presentar la oferta más costosa en la licitación y obligar al Estado a estructurar un nuevo proyecto.

“Esta cifra equivale a cerca de 260 millones de dólares, monto que supera algo más de 22 veces los 11 millones de dólares que inicialmente ofreció la multinacional, para recibir beneficios en sus procesos penales, disciplinarios y fiscales en Colombia y puedan seguir contratando con el Estado. Este fallo es icónico en la lucha contra la corrupción y demuestra que las sanciones para este fenómeno pueden ir más allá del derecho penal, tocando severamente el bolsillo de quienes cometen estos actos ilícitos”, sostuvo el Ministerio Público en un comunicado de prensa en el que celebró la decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca.

La deuda tendrá que ser pagada a favor del Ministerio de Transporte, tanto por las empresas como las personas naturales. Como deudor también quedó la empresa CSS Constructores, que participó como socia minoritaria de la Ruta del Sol 2 y que, si bien no conoció de los hechos de corrupción, sí se benefició de ellos, según el fallo. El Tribunal estableció que los dineros recuperados solo se podrán destinar para finalizar la construcción de la Ruta del Sol 2, hoy a cargo del Invías. Asimismo, envió un mensaje de alerta a la ANI para que agilice el proceso de pago a los salarios y seguridad social que se les deben a los trabajadores de la Concesionaria Ruta del Sol.

A pesar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó las medidas cautelares que decretó en el 2017 sobre varios bienes de la Concesionaria Ruta del Sol, dejó en firme los embargos realizados a las empresas y personas naturales implicadas “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos”. Otra de sus órdenes es que, dependiendo de la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Bogotá en el pleito en el que la Concesionaria Ruta del Sol le exigió a la ANI una indemnización por más de 700.000 millones de pesos, el saldo a favor producto de la liquidación del contrato se convierta en un saldo a favor de la deuda.

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es inadmisible que Odebrecht y sus socios puedan seguir contratando con el Estado, por lo que los inhabilitó, al igual que a las personas involucradas, por 10 años, para proponer y celebrar contratos con entidades gubernamentales. Esto implicaría, que Odebrecht no entre a participar en la licitación del metro de Bogotá, proyecto en el que Margalida Smith, directora de Cumplimiento de la multinacional brasileña, dijo que estaban interesados. Pero la duda más grande por esta inhabilidad se centra en el futuro de los proyectos de cuarta generación, o las 4G, obras en las que Episol y CSS Constructores son socios en varias concesiones que tienen un valor de inversión billonario.

Episol, por ejemplo, está presente en proyectos como la vía a Villavicencio -donde se cayó el puente Chirajara-, la vía a Yopal, Pacífico 1 y Mulaló-Loboguerrero. Todos corredores estratégicos para el desarrollo vial del país y que juntos pueden sumar más de 4 billones de pesos en costos. Por su parte, CSS Constructores es otra de las grandes firmas que ganaron licitaciones de las 4G. Si bien, Carlos Solarte no resultó afectado con la decisión y es socio como persona natural en algunas concesiones, sobre sus hombros pesa un proceso penal por el caso Tunjuelo Canoas, el mismo por el que su hija, Paola Solarte, aceptó su responsabilidad.

El fallo histórico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca marca un precedente. Preocupa el futuro de las 4G y la suerte de billonarios proyectos en los que las sociedades inhabilitadas son socias. Por ahora, la principal inquietud de las autoridades es recuperar la plata perdida. Por esa razón, el Tribunal ordenó crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del cual hará parte el procurador general, el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo. El objetivo es solo uno: salvar la Ruta del Sol 2.