A responder por 2.575 crímenes sexuales

La Fiscalía está en cuenta regresiva para radicar, ante los diferentes tribunales de Justicia y Paz que hay en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, las imputaciones masivas que lleva preparando más de un año, y que se realizarán en contra de 16 exmiembros de grupos ilegales que fueron escogidos por el organismo como prioritarios. Se trata de 13 exjefes paramilitares, dos exintegrantes de las Farc y un exmiembro del Ejército Revolucionario Guevarista. En agosto —la fecha exacta está por definirse— los magistrados de Justicia y Paz tendrán en sus despachos voluminosos expedientes para definir si esas personas, en el marco de la justicia transicional, deben ser hallados culpables.

Por estos días el proyecto de priorización de la Fiscalía ha causado bastante revuelo tras conocerse que podría implicar que delitos menores como el hurto de celulares o las lesiones personales podrían engavetarse. Sin embargo, en el escenario de Justicia y Paz, el ente investigador tiene claro que seleccionar personajes, y a través de ellos los delitos más atroces, es una necesidad y una urgencia para hacer que el modelo de justicia transicional, establecido durante el gobierno Uribe, culmine con relativo éxito. Relativo porque, como bien lo reconoce el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, los resultados de la Ley de Justicia y Paz no fueron “los esperados por las mismas víctimas, la sociedad, el país y la comunidad internacional”.

En el contexto de los diálogos en La Habana con las Farc, el alto Gobierno sabe bien que el tema de justicia y las responsabilidades que puedan llegar a imponerse sobre los guerrilleros es un tema crucial y aún sensible de tocar. En la Fiscalía hay también conciencia de que lo que se haga con el modelo de Justicia y Paz será un precedente para cualquier iniciativa que se emprenda con el fin de que se establezca en Colombia “una paz sostenible y duradera”. Según el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, el camino para conseguir esa paz es “afianzando el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados dentro del conflicto armado interno”.

En ese mismo ‘Plan de Acción’ se admite que el programa de Justicia y Paz representó “una dimensión no esperada que debió afrontar el aparato judicial”. Al fin y al cabo, a corte de diciembre de 2012, sólo las víctimas habían reportado más de 417 mil hechos en el marco del conflicto. En contraste, a la fecha, sólo se han producido 14 sentencias contra desmovilizados postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que se resumen en penas de máximo ocho años a cambio de verdad y reparación tanto económica como simbólica. “Las sentencias no atienden con suficiencia hechos criminales que reflejen patrones (...) que permitan consolidar aspectos esenciales de reconstrucción histórica de los hechos”, explica la Fiscalía.

De acuerdo con el ente, nada de lo que se ha hecho hasta la fecha permite detallar las estrategias de los grupos armados ilegales, sus dinámicas locales, regionales o nacionales, su logística, su modus operandi o los actores públicos y privados que interactuaron con ellos para darle así continuidad a su barbarie. Por eso, para las imputaciones que se aproximan, la Fiscalía tuvo en cuenta principalmente que los postulados escogidos debían ser “máximos responsables” de violaciones masivas de derechos humanos y que a través de sus actuaciones se revelarían “los contextos que se derivan de los patrones de macrocriminalidad y de victimización masiva por parte de los grupos armados al margen de la ley”.

El listado de la Fiscalía, como ya se ha divulgado, incluye nombres (ver infografía) de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hébert Veloza (alias H.H.) Ramiro Cuco Vanoy y Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna); el carcelero de secuestrados como Clara Rojas y su hijo Emmanuel, Ely Mejía Mendoza (alias Martín Sombra) y la sanguinaria excomandante guerrillera Elda Neyis Mosquera (alias Karina). El Ejército Revolucionario Guevarista tiene un único candidato en la lista de quienes serán imputados en agosto próximo: Olimpo de Jesús Sánchez, alias Cristóbal.

Los delitos que priorizó la Fiscalía son desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores, violencia sexual y crímenes contra indígenas, sindicalistas o miembros de la Unión Patriótica. La Fiscalía, además, imputará cargos por “casos de connotación”, aunque éstos son potestad de cada despacho y aún no han sido escogidos. En cuanto a estructuras, se escogieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el bloque central Bolívar, el bloque Cundinamarca y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En el escalafón de los desplazamientos, el mayor causante es Salvatore Mancuso, excomandante del bloque Norte, a quien le imputarán 45.496.

La lista continúa. A quien más le imputarán desapariciones es a Julián Bolívar, excomandante del bloque central Bolívar: 13.182. Este bloque, señaló la Fiscalía además, fue el que más utilizó la desaparición forzada como método de guerra. Bolívar también es quien recibirá más imputaciones en materia de violencia sexual: 352. Quien más habría cometido crímenes contra integrantes de etnias indígenas es El Alemán, excomandante del bloque Élmer Cárdenas, a quien le imputarán 520 cargos. Diego Fernando Murillo Bejarano, El Alemán y Ramiro Cuco Vanoy tendrán que responder por cinco crímenes contra militantes de la Unión Patriótica.

Según el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, las solicitudes de imputación debían radicarse a más tardar en junio, lo que significa que el cronograma lleva ya casi un mes de atraso. Con esta estrategia, la Fiscalía espera conseguir condenas antes de que algunos exparamilitares, como Luis Eduardo Cifuentes (El Águila), Ramón Isaza o Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar) recobren su libertad tras haber estado ocho años tras las rejas. De los 16 postulados, sólo uno tiene condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia: Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, excomandante del bloque Héroes de los Montes de María y responsable de horripilantes masacres como la de Macayepo.

La urgencia de esta iniciativa se evidencia en el hecho de que no es Eduardo Montealegre su primer promotor. Ya en 2011 la fiscal general de entonces, Viviane Morales, había advertido que el organismo investigativo debía priorizar los casos de Justicia y Paz según la importancia de los responsables, la gravedad de los crímenes y la condición de las víctimas, advirtiendo que la propuesta “no era ideal, pero sí necesaria”. Morales, sin embargo, salió de la Fiscalía en febrero de 2012 sin que el proyecto alcanzara a cobrar vida. La misión la tiene la Fiscalía de Montealegre.

La Fiscalía está en cuenta regresiva para radicar, ante los diferentes tribunales de Justicia y Paz que hay en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, las imputaciones masivas que lleva preparando más de un año, y que se realizarán en contra de 16 exmiembros de grupos ilegales que fueron escogidos por el organismo como prioritarios. Se trata de 13 exjefes paramilitares, dos exintegrantes de las Farc y un exmiembro del Ejército Revolucionario Guevarista. En agosto —la fecha exacta está por definirse— los magistrados de Justicia y Paz tendrán en sus despachos voluminosos expedientes para definir si esas personas, en el marco de la justicia transicional, deben ser hallados culpables.

Por estos días el proyecto de priorización de la Fiscalía ha causado bastante revuelo tras conocerse que podría implicar que delitos menores como el hurto de celulares o las lesiones personales podrían engavetarse. Sin embargo, en el escenario de Justicia y Paz, el ente investigador tiene claro que seleccionar personajes, y a través de ellos los delitos más atroces, es una necesidad y una urgencia para hacer que el modelo de justicia transicional, establecido durante el gobierno Uribe, culmine con relativo éxito. Relativo porque, como bien lo reconoce el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, los resultados de la Ley de Justicia y Paz no fueron “los esperados por las mismas víctimas, la sociedad, el país y la comunidad internacional”.

En el contexto de los diálogos en La Habana con las Farc, el alto Gobierno sabe bien que el tema de justicia y las responsabilidades que puedan llegar a imponerse sobre los guerrilleros es un tema crucial y aún sensible de tocar. En la Fiscalía hay también conciencia de que lo que se haga con el modelo de Justicia y Paz será un precedente para cualquier iniciativa que se emprenda con el fin de que se establezca en Colombia “una paz sostenible y duradera”. Según el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, el camino para conseguir esa paz es “afianzando el deber del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas por los actores armados dentro del conflicto armado interno”.

En ese mismo ‘Plan de Acción’ se admite que el programa de Justicia y Paz representó “una dimensión no esperada que debió afrontar el aparato judicial”. Al fin y al cabo, a corte de diciembre de 2012, sólo las víctimas habían reportado más de 417 mil hechos en el marco del conflicto. En contraste, a la fecha, sólo se han producido 14 sentencias contra desmovilizados postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que se resumen en penas de máximo ocho años a cambio de verdad y reparación tanto económica como simbólica. “Las sentencias no atienden con suficiencia hechos criminales que reflejen patrones (...) que permitan consolidar aspectos esenciales de reconstrucción histórica de los hechos”, explica la Fiscalía.

De acuerdo con el ente, nada de lo que se ha hecho hasta la fecha permite detallar las estrategias de los grupos armados ilegales, sus dinámicas locales, regionales o nacionales, su logística, su modus operandi o los actores públicos y privados que interactuaron con ellos para darle así continuidad a su barbarie. Por eso, para las imputaciones que se aproximan, la Fiscalía tuvo en cuenta principalmente que los postulados escogidos debían ser “máximos responsables” de violaciones masivas de derechos humanos y que a través de sus actuaciones se revelarían “los contextos que se derivan de los patrones de macrocriminalidad y de victimización masiva por parte de los grupos armados al margen de la ley”.

El listado de la Fiscalía, como ya se ha divulgado, incluye nombres (ver infografía) de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Hébert Veloza (alias H.H.) Ramiro Cuco Vanoy y Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna); el carcelero de secuestrados como Clara Rojas y su hijo Emmanuel, Ely Mejía Mendoza (alias Martín Sombra) y la sanguinaria excomandante guerrillera Elda Neyis Mosquera (alias Karina). El Ejército Revolucionario Guevarista tiene un único candidato en la lista de quienes serán imputados en agosto próximo: Olimpo de Jesús Sánchez, alias Cristóbal.

Los delitos que priorizó la Fiscalía son desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores, violencia sexual y crímenes contra indígenas, sindicalistas o miembros de la Unión Patriótica. La Fiscalía, además, imputará cargos por “casos de connotación”, aunque éstos son potestad de cada despacho y aún no han sido escogidos. En cuanto a estructuras, se escogieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el bloque central Bolívar, el bloque Cundinamarca y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. En el escalafón de los desplazamientos, el mayor causante es Salvatore Mancuso, excomandante del bloque Norte, a quien le imputarán 45.496.

La lista continúa. A quien más le imputarán desapariciones es a Julián Bolívar, excomandante del bloque central Bolívar: 13.182. Este bloque, señaló la Fiscalía además, fue el que más utilizó la desaparición forzada como método de guerra. Bolívar también es quien recibirá más imputaciones en materia de violencia sexual: 352. Quien más habría cometido crímenes contra integrantes de etnias indígenas es El Alemán, excomandante del bloque Élmer Cárdenas, a quien le imputarán 520 cargos. Diego Fernando Murillo Bejarano, El Alemán y Ramiro Cuco Vanoy tendrán que responder por cinco crímenes contra militantes de la Unión Patriótica.

Según el ‘Plan de Acción’ de la Fiscalía, las solicitudes de imputación debían radicarse a más tardar en junio, lo que significa que el cronograma lleva ya casi un mes de atraso. Con esta estrategia, la Fiscalía espera conseguir condenas antes de que algunos exparamilitares, como Luis Eduardo Cifuentes (El Águila), Ramón Isaza o Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar) recobren su libertad tras haber estado ocho años tras las rejas. De los 16 postulados, sólo uno tiene condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia: Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, excomandante del bloque Héroes de los Montes de María y responsable de horripilantes masacres como la de Macayepo.

La urgencia de esta iniciativa se evidencia en el hecho de que no es Eduardo Montealegre su primer promotor. Ya en 2011 la fiscal general de entonces, Viviane Morales, había advertido que el organismo investigativo debía priorizar los casos de Justicia y Paz según la importancia de los responsables, la gravedad de los crímenes y la condición de las víctimas, advirtiendo que la propuesta “no era ideal, pero sí necesaria”. Morales, sin embargo, salió de la Fiscalía en febrero de 2012 sin que el proyecto alcanzara a cobrar vida. La misión la tiene la Fiscalía de Montealegre.