A través de una tutela Carlos Hernán Rodríguez busca nuevamente mantener su cargo

Carlos Hernán Rodríguez se jugó en las últimas horas una nueva carta para intentar anular su elección como contralor de la República porque según una decisión del Consejo de Estado estuvo llena de irregularidades. Ahora su abogado presentó una nueva tutela en la que pide suspender los efectos del fallo que ordenó su salida del cargo.

Lea: Consejo de Estado confirma la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez

El pasado 25 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez al acoger una demanda presentada por los congresistas Jennifer Pedraza, Cristian Avendaño y Jorge Alberto Gómez, quienes pidieron anularla porque estuvo llena de irregularidades. Tras su estudio, el alto tribunal encontró que la sesión plenaria, en la que se hizo la elección, no fue convocada a tiempo, porque no transcurrieron los ocho días necesarios para que los miembros del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto.

Además, el Consejo de Estado encontró que para esta elección se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y los parámetros de la convocatoria fueron cambiados de manera injustificada, luego de que se conocieran los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander.

Lea además: El debate pendiente en la elección de los contralores

Ante esta decisión, la defensa de Rodríguez interpuso una recusación contra la magistrada Rocío Araújo Oñate, debido a que hizo parte de la decisión pese a que su hermana, María Juliana Araújo Oñate, estaba vinculada a la Contraloría General de la República en el cargo de asesora del despacho y, por tanto, debía declararse impedida. El recurso fue negado por el Consejo de Estado, al determinar que los argumentos son errados porque María Juliana Araújo Oñate había salido de la entidad desde el 19 de octubre de 2022 y la primera actuación de la magistrada Rocío Araújo Oñate se produjo el 21 de octubre de ese mismo año.

Esta decisión no fue bien recibida por Carlos Hernán Rodríguez, quien a través de su abogado interpuso una nueva tutela con la que busca tumbar la decisión. En ella exponen que el fallo que anuló su elección tuvo falta de análisis y, por lo tanto, incurrió en una decisión equivocada.

“Lo que sí ha podido demostrarse es que debido a esta falta de análisis, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló de manera indebida mi elección como Contralor General de la República. Su decisión, adoptada con base en argumentos insuficientes porque desatendieron su propia jurisprudencia, afectó severamente mi derecho a ocupar cargos públicos, en tanto me retiró de un empleo al que accedí con el pleno de las exigencias previstas para el efecto”,

En la tutela se reitera además que la magistrada Rocío Araújo Oñate, estaba impedida debido a que hizo parte de la decisión, pese a que su hermana, María Juliana Araújo Oñate, estaba vinculada a la Contraloría General de la República en el cargo de asesora del despacho y, por tanto, debía declararse impedida. Será el Consejo de Estado que nuevamente tendrá la última palabra en este caso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Carlos Hernán Rodríguez se jugó en las últimas horas una nueva carta para intentar anular su elección como contralor de la República porque según una decisión del Consejo de Estado estuvo llena de irregularidades. Ahora su abogado presentó una nueva tutela en la que pide suspender los efectos del fallo que ordenó su salida del cargo.

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El pasado 25 de mayo la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Carlos Hernán Rodríguez al acoger una demanda presentada por los congresistas Jennifer Pedraza, Cristian Avendaño y Jorge Alberto Gómez, quienes pidieron anularla porque estuvo llena de irregularidades. Tras su estudio, el alto tribunal encontró que la sesión plenaria, en la que se hizo la elección, no fue convocada a tiempo, porque no transcurrieron los ocho días necesarios para que los miembros del Congreso pudieran estudiar y sustentar su voto.

Además, el Consejo de Estado encontró que para esta elección se elaboró una tercera lista de elegibles sin justificación alguna y los parámetros de la convocatoria fueron cambiados de manera injustificada, luego de que se conocieran los resultados de la prueba de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida efectuada por la Universidad Industrial de Santander.

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Ante esta decisión, la defensa de Rodríguez interpuso una recusación contra la magistrada Rocío Araújo Oñate, debido a que hizo parte de la decisión pese a que su hermana, María Juliana Araújo Oñate, estaba vinculada a la Contraloría General de la República en el cargo de asesora del despacho y, por tanto, debía declararse impedida. El recurso fue negado por el Consejo de Estado, al determinar que los argumentos son errados porque María Juliana Araújo Oñate había salido de la entidad desde el 19 de octubre de 2022 y la primera actuación de la magistrada Rocío Araújo Oñate se produjo el 21 de octubre de ese mismo año.

Esta decisión no fue bien recibida por Carlos Hernán Rodríguez, quien a través de su abogado interpuso una nueva tutela con la que busca tumbar la decisión. En ella exponen que el fallo que anuló su elección tuvo falta de análisis y, por lo tanto, incurrió en una decisión equivocada.

“Lo que sí ha podido demostrarse es que debido a esta falta de análisis, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló de manera indebida mi elección como Contralor General de la República. Su decisión, adoptada con base en argumentos insuficientes porque desatendieron su propia jurisprudencia, afectó severamente mi derecho a ocupar cargos públicos, en tanto me retiró de un empleo al que accedí con el pleno de las exigencias previstas para el efecto”,

En la tutela se reitera además que la magistrada Rocío Araújo Oñate, estaba impedida debido a que hizo parte de la decisión, pese a que su hermana, María Juliana Araújo Oñate, estaba vinculada a la Contraloría General de la República en el cargo de asesora del despacho y, por tanto, debía declararse impedida. Será el Consejo de Estado que nuevamente tendrá la última palabra en este caso.

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