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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el presidente de la República, Iván Duque firmaron un acuerdo con el que se le da cierre al examen preliminar que tenía el tribunal internacional sobre Colombia desde 2004, cuando el Estado fue incluido en la lista de países bajo observación por las graves situaciones de violencia que enfrentaba el país y por los crímenes de lesa humanidad. Con el reciente acuerdo, el Gobierno se comprometió a apoyar y hacer cumplir el acuerdo de Paz. ¿A quién afecta la decisión? ¿Por qué es importante? ¿Qué significa para el Gobierno la decisión? En El Espectador le contamos.
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¿A quién afecta esta decisión?
El acuerdo con el que se cerró el examen preliminar de a CPI afecta principalmente a las víctimas de los delitos sobre los que el tribunal internacional tenía puesta la lupa: promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc. La decisión ha generado opiniones divididas entre si es un voto de confianza en la justicia colombiana o si es una afrenta a las víctimas.
¿A qué se comprometió el Estado colombiano ante la Corte Penal Internacional?
El Estado dejó claro que no le incomoda permitir la mirada de la Corte internacional sobre sus avances en la administración de justicia. El Gobierno se comprometió a continuar apoyando los procesos de la justicia ordinaría el sistema de Justicia y Paz (en relación con el paramilitarismo) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (en relación con la dejación de armas de las extintas Farc). El Gobierno aseguró que entregará presupuesto para la Rama Judicial, protegerá a jueces, fiscales y comparecientes, y mantendrá informada a la Fiscalía de la CPI sobre los avances en Colombia.
¿Qué significa para el Gobierno esta decisión?
Como lo dijo el primer mandatario, “es algo histórico”, pues pone fin a un largo proceso de más de 15 años en el que la CPI ha estado con su lupa sobre los delitos de violaciones de derechos humanos en Colombia. Aun así, también significa un nuevo esfuerzo en la implementación y protección del acuerdo de Paz firmado con las Farc para la terminación del conflicto en 2016, como la protección y apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras el espaldarazo que le dio el tribunal internacional.
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Asimismo, Duque afirmó que con esta decisión “se sella un acuerdo entre Colombia y la CPI para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”. Además, pone al Gobierno en cintura con el fortalecimiento del aparato judicial, pues el presidente le dijo a Khan que espera estar a comienzos de 2022 visitando la CPI para llevar los avances del acuerdo que alcanzaron y “para mostrar que Colombia ante los ojos del mundo en estos 17 años de observación o examen preliminar ha fortalecido sus instituciones judiciales”.
¿Qué pasó durante el tiempo del examen preliminar?
La CPI abrió investigación preliminar contra Colombia en junio de 2004. En marzo de 2005, la Fiscalía el organismo internacional avisó al Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que tenía en su poder información sobre crímenes cometidos en Colombia que podrían ser competencia de la Corte. Entre 2007 y 2008, el entonces fiscal jefe Luis Moreno-Ocampo realizó visitas al país, como lo acaba de hacer Karim Khan. En 2010, el exfiscal Guillermo Mendoza y representantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia viajaron a la sede de la Fiscalía de la CPI en La Haya (Países Bajos), lo cual desembocó en una nueva visita del exfiscal Moreno-Ocampo a Colombia en septiembre de 2011.
En diciembre de 2011, la Fiscalía de la CPI publicó un primer informe relacionado con su examen preliminar. Durante los años que precedieron el informe, la CPI recibió información de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la guerrilla, el paramilitarismo y agentes estatales. “La Oficina da la bienvenida a los actuales esfuerzos del gobierno colombiano de buscar mayor apoyo internacional para las actuaciones judiciales nacionales y de promover la cooperación, tal y como ha explicado el actual presidente de Colombia D. Juan Manuel Santos”, quedó escrito en el informe. En noviembre la Fiscalía presentó un segundo informe, el cual fue confirmado en 2013, agregando la necesidad de estudiar delitos de desplazamiento y violencia sexual.
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¿Colombia podrá ser procesada nuevamente por la Corte Penal Internacional?
En el acuerdo de complementariedad entre el Estado y la Fiscalía de la CPI quedó firmado que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, el ente investigador internacional podrá reconsiderar su cooperación con Colombia si hay un cambio significativo en las circunstancias. Entre las razones podrían estar una obstaculización del progreso de justicia nacional o la falta de autenticidad en la aplicación efectiva de sanciones penales a los perpetrados de crímenes de guerra y en contravía de los derechos humanos. Y, especialmente, trabas en el desarrollo del trabajo de la JEP.
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“Depende de nosotros los colombianos y de las instituciones de justicia poder avanzar”, le dijo a este diario Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). En su concepto, tras aportar información clave para la decisión del fiscal Khan, como los diferentes balances de los organismos de justicia, todavía hay camino por recorrer. “Colombia no se va a descuidar. El Estado tiene unas obligaciones internacionales que está cumpliendo y mientras las siga cumpliendo la Corte pues no deberá entrar a reabrir el examen a Colombia”, señaló.
Según el Estatuto de Roma, si el fiscal llega a la conclusión de que existen fundamentos suficientes para abrir una investigación, situación que por ahora no pasó, presentará una petición a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. De esa evaluación depende la admisibilidad de la Corte, la cual podría determinar -o no- que un Estado fue permisivo con graves violaciones de derechos humanos, en el marco de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios y guerras de agresión.
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