El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, señaló acaba de solicitar ante un juez de Barranquilla que no se reanude el proceso contra el hijo del presidente. ¿La razón? De acuerdo con el penalista, el fiscal Mario Burgos no le habría entregado ni la mitad del expediente contra el hijo mayor del primer mandatario, quien es procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante varios minutos y de manera presencial en los juzgados de Barranquilla, el abogado Henao enlistó las pruebas que, según él, figuran en el escrito de acusación contra Nicolás Petro pero no les fueron entregados a la bancada de la defensa.
La Fiscalía mostró durante la audiencia una línea del tiempo que demostraría cómo ha sido el descubrimiento probatorio por parte del ente investigador. Además de señalar que la defensa de Nicolás Petro no ha terminado de analizar las pruebas del expediente, aseguró que hay partes del expediente que mantienen una reserva legal. El fiscal Burgos dice que todo está en regla y que esta situación ha demorado una nueva imputación en su contra.
“Queremos dejar claro que el descubrimiento probatorio se hizo a carta cabal, completamente”, señaló el fiscal Mario Burgos, quien es investigado disciplinariamente por la supuesta filtración a medios de comunicación del video de la captura de Nicolás Petro.
La investigación contra Nicolás Petro
Nicolás Petro Burgos es el protagonista del expediente que este 2024 verá lo que podría ser el juicio del año. Lo que la Fiscalía ha revelado, hasta ahora, es que el hijo del presidente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de $1.000 millones.
Petro Burgos fue capturado en Barranquilla el 29 de julio pasado, junto a su exesposa Day Vásquez, quien hoy es la principal testigo en su contra y así arrancó una cinematográfica secuencia de hechos que, en un comienzo, prometía su colaboración con la justicia.
Sin embargo, en cuestión de días, esa posibilidad se vino abajo. La hipótesis consolidada en contra del exdiputado del Atlántico establece que se habría enriquecido injustificadamente y que habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades.
Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, la Fiscalía le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.
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