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El abogado Diego Henao, quien hasta ahora ejercía la defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, presentó su renuncia en el marco de la investigación que enfrenta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La salida de Henao responde, según sus propias palabras, a “un cambio en la estrategia de defensa”, tras una “reflexión profunda y respetuosa del proceso”.
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Nicolás Petro fue acusado por la Fiscalía de haberse apropiado de más de mil millones de pesos, que habrían sido aportados a la campaña presidencial de su padre en 2022. Según los elementos de prueba, entre junio y diciembre de ese año, Petro Burgos habría recibido 400 millones de pesos de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Marlboro”, así como sumas de dinero en efectivo de Alfonso del Cristo “El Turco” Hilsaca Eljadue, el político Máximo José Noriega Rodríguez y empresarios de Cúcuta y Villavicencio.
La renuncia del abogado se produjo luego de que la Fiscalía anunciara un posible preacuerdo en las negociaciones con Nicolás Petro, según informó la fiscal general Luz Adriana Camargo. “Desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos prémiales que hacen parte de la esencia del sistema acusatorio y una parte de no tener agenda política es que ese tipo de negociaciones no pueden autorizarse ni desautorizarse dependiendo de quién es el imputado. Sí hay un acercamiento ciertamente de los abogados del señor Nicolás Petro”, dijo la fiscal Camargo.
Tras la salida de Henao, la defensa de Nicolás Petro estará a cargo del abogado Ricardo Gaviria, quien ya lo ha representado en procesos disciplinarios anteriores y forma parte del equipo jurídico del presidente Gustavo Petro. Gaviria continuará con las negociaciones en busca de un preacuerdo con la Fiscalía, el cual con la salida del fiscal Francisco Barbosa y la llegada de Luz Adriana Camargo, se vislumbraba un posible cambio en el curso de la investigación.
La revista Cambio fue la primera en informar que ambas partes habían comenzado a explorar un preacuerdo para evitar un juicio prolongado y complicado, que representaría riesgos tanto para la defensa de Petro Burgos como para la Fiscalía. Inicialmente, el fiscal encargado del caso fue Mario Burgos, quien acusó al hijo del presidente de recibir dinero de fuentes cuestionables durante la campaña de Gustavo Petro, fondos que no fueron destinados a su propósito original, sino que resultaron en un incremento patrimonial injustificado de 1.053 millones de pesos.
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A pesar de la gravedad de estas acusaciones, la Comisión de Disciplina Judicial sancionó a Burgos por haber filtrado videos del arresto e interrogatorio de Nicolás Petro, lo que lo llevó a ser retirado del caso bajo sospechas de haber abusado de su poder en el proceso.
Con la llegada de la nueva fiscal, Lucy Marcela Laborde, las conversaciones para alcanzar un preacuerdo entre Petro y la Fiscalía fueron retomadas. Cambio señaló que los repetidos aplazamientos de las audiencias preparatorias indicaban que las partes estaban en plena negociación para llegar a un acuerdo. Una de las alternativas discutidas era que la fiscalía realizara un “ajuste de legalidad”, solicitando al juez la reclasificación de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, reemplazándolos por el cargo de estafa agravada.
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